PDVAL

 

Aníbal Solipa, gerente de la planta, informó: “Adicionalmente, dos gandolas con 57.600 kilos de Harina P.A.N. que se encontraban a las afueras de la planta, a la espera de ser despachadas a Makro y Pdval, fueron desviadas a la fuerza por las autoridades locales”.

Este bloqueo de la planta también ha impedido la recepción de 900 toneladas de maíz blanco, 341.000 kilos de alimentos balanceados para animales y 165.000 kilos de alimentos para mascotas.

El representante de la empresa recordó que Alimentos Polar despacha mensualmente más de 1.000.000 de kilos de Harina P.A.N. a los clientes en el estado Yaracuy, incluyendo a las empresas responsables de atender los programas sociales.

Solipa hizo un llamado a las autoridades para evitar este tipo de acciones ilegales e irregulares que ponen en riesgo el abastecimiento. “Estas actuaciones afectan el abastecimiento de harina precocida de maíz en un momento en el que todos debemos estar avocados a garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos sin interrupciones”, enfatizó.

Alimentos Polar ha denunciado en reiteradas oportunidades que el desvío de alimentos por parte de las autoridades afecta el normal abastecimiento de productos a sus casi 40.000 clientes en todo el país.

 

La diputada por el estado Bolívar, Olivia Lozano recibió denuncias de los habitantes de los municipios Sucre y Cedeño por politizar y asumir el control en el suministro de alimentos y medicinas “sólo para los militantes del PSUV”;  así como efectuar detenciones ilegales contra sus pobladores.

Lozano reveló como desde las Alcaldías de Sucre y Cedeño se promueve una especie de bachaqueo legalizado, el cual es controlado por los burgomaestres obteniendo cuantiosas sumas de dinero a expensas del hambre del pueblo. “Desde la Sub Comisión del Poder Popular de la AN investigaremos a los hermanos Amelia e Igor Falcón, quienes usando su investidura de alcaldes tienen a los ciudadanos sin alimentos, obligándolos a comprar los productos directamente en las oficinas municipales. Incluso eliminaron establecimientos como Mercal y Pdval siendo trasformados en mercados dirigidos directamente por la municipalidad. Aquí el bachaqueo es institucional y esto debe ser penalizado”.

El pasado viernes la alcaldesa del municipio Sucre, Amelia Falcón tras una protesta por falta de alimentos ordenó la detención y traslado a Ciudad Bolívar de vecinos de la población de Maripa, Alto Caura y comunidades Yekuana: Juan Vásquez, Carmen Ledesma,  Frankey Sarmiento (16 años) y Manuel Cudenuz.

“Vásquez y Ledesma van a ser presentados hoy por supuesta resistencia e irrespeto a la autoridad. Los otros dos indígenas fueron liberados”, informó Lozano.

La parlamentaria de la tolda naranja, recibió el informe de denuncia sobre los hechos de manos del Concejal de VP en Sucre del estado Bolívar, Napoleón Blanco, para presentarlo en la Asamblea Nacional y proceder a iniciar las averiguaciones sobre las acciones ilegales que cometen contra el pueblo los hermanos Falcón.

“Ya es hora de que los corruptos que hacen dinero mal habido y politizan el acceso a alimentos y medicinas se les juzgue por su responsabilidad. Basta de atropellos contra nuestro pueblo” , finalizó la representante de la AN.

 

 

No hay tiempo que perder. En Venezuela se pasa hambre, lo poco que se consigue tiene precios exorbitantes y la mayoría no puede adquirirlo. La desesperación es tal, después de horas y horas infructuosas en las colas que se hacen en los Mercales y Bicentenarios –en vías de extinción­–, que las personas ya están pasando de la impotencia a la acción vandálica, saquean camiones de carga, mercados municipales, automercados, supermercados y afines cada vez que llega uno de los rubros desaparecidos de la canasta básica. Eso acaba de ocurrir en el Luvebras de La Florida, en Caracas, cuando sacaron el arroz y dejaron el establecimiento en el suelo.

En lo que va de año se han contabilizado casi 130 saqueos. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha registrado más de 350 actos violentos por falta de comida. La semana pasada, en Timotes, estado Trujillo, una turba enardecida por falta de respuesta gubernamental saqueó Pdval y lo destruyó en cuestión de minutos, después de cargar con bultos de leche, pañales, jabón, azúcar y otros productos de la canasta familiar; en la ciudad capital todos los días hay protestas, agudizadas por situaciones irregulares y abusivas de efectivos de los cuerpos de seguridad, que llegan fuertemente armados a los expendios, escoltando a miembros de los “colectivos”, amedrentando a los dueños para que les vendan los alimentos en las cantidades exigidas y dejando desabastecidas a las personas en las colas.

La crispación es colectiva. Ante la incontrolable oleada de protestas y saqueos,  la respuesta del gobierno ha sido decretar el estado de excepción y emergencia económica, para reprimir al pueblo y culpar a empresarios y comerciantes de su fracaso en las políticas económicas. El gobierno no se siente culpable por el cruel espectáculo de la miseria, transmitido en todas las cadenas internacionales de televisión como un hecho insólito y sin precedentes en un país petrolero, depauperado y muerto de hambre, pero que se da el lujo de entregar 1.400 millones de dólares a Cuba para que desarrolle un plan de agricultura urbana, y le sigue regalando 100 millones de barriles de petróleo diarios.

Por más que cacareen la guerra económica y le echen la culpa al imperio, la gente reconoce que el modelo revolucionario es un fraude y que el mayor enemigo del pueblo es el gobierno de Nicolás Maduro; por eso, por el inaceptable deterioro de la vida quieren revocarlo. Pero el hambre no va a esperar al revocatorio, mucho menos si se realiza el año que viene, para dejar el mal gobierno en manos del ex adeco Aristóbulo Istúriz, que es el mismo musiú con diferente cachimbo.

Cuando se acabe la paciencia y explote la olla de presión social también terminarán con los planes de referéndum revocatorio; y cuando eso suceda actuará la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Los escenarios son preocupantes. Por un lado está el grupo del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, con el cual se cobija el gobierno; se trata de un sector débil y desprestigiado, fracturado por quienes se disputan el legado de Chávez y se asumen como los verdaderos herederos: Clíver Alcalá Cordones y Miguel Rodríguez Torres, que vienen tomando protagonismo ante la inminente caída del régimen. Por otro lado, se abre la posibilidad para que actúe un sector disidente, institucionalista, que estuvo dispuesto a irrumpir el pasado 6-D si desconocían los resultados parlamentarios, con la diferencia de que hoy está conectado con grupos opositores que hacen resistencia a escala nacional y con algunos líderes políticos importantes, dispuestos a apoyarlos de no darse ninguna salida que ponga fin a este ciclo de oprobio.

 

@AliasMalula

El Nacional 

Las largas colas en los principales canales de distribución de alimentos del gobierno se deben a una menor oferta de productos, sin embargo en la memoria y cuenta del Ministerio para la Alimentación se señala que se crearon nuevos canales “con el fin de distribuir equitativamente los alimentos en todos los sectores de la población venezolana y principalmente a la población más vulnerable”

@lmaracara

Mercal, Pdval y Abastos Bicentenario, principales canales de la red de distribución de alimentos del gobierno, experimentaron un desplome de 35,56% en la cantidad de beneficiarios atendidos durante 2015, cifra equivalente a casi 8 millones de personas, según se refleja en la Memoria y Cuenta del Ministerio para la Alimentación.

La contracción de la producción, poca disponibilidad de rubros (alegando deficiencia en otros componentes para elaboración de productos terminados, como: plásticos, tintas, frascos, tapas, etiquetas, enlatados y en el caso de animales vivos -pollo- alimentos balanceados y vitaminas) y la disminución del número de establecimientos impactaron de manera significativa el acceso a los alimentos de la población más vulnerable.

En 2014 a través de Mercal, Pdval y Abastos Bicentenario el gobierno atendió un total de 22 millones 479 mil 746 personas y en 2015 esa cifra bajó a 14 millones 433 mil 816.

Solamente Mercal dejó de beneficiar 5 millones 839 mil 800 personas entre 2014 y 2015, con una caída de 43,70% al pasar de atender a 13 millones 362 mil 612 personas en 2014 a 7 millones 522 mil 812 el año pasado.
Esto explica, en parte, las largas colas en los establecimientos de Mercal, donde los usuarios deben pasar hasta 18 horas en largas filas para adquirir un pollo o un paquete de carne de 2 kilogramos.

A la caída en la producción, importación y distribución se suma que el año pasado 7 mil 864 establecimientos estuvieron inactivos, de un total de 11 mil 473, es decir 68% de los locales bajaron sus Santamaría por diversas razones.

Pero de la Misión Alimentación, Mercal no fue el único canal que dejó de atender a un número importante de usuarios. Los documentos entregados en la Asamblea Nacional indican que en la red Pdval hubo una significativa disminución de personas atendidas.

En la Memoria y Cuenta consta que el año pasado el número de usuarios beneficiados descendió a 4 millones 516 mil 889; una baja de 28,18% respecto a las 6 millones 289 mil 692 en 2014.

MinAlimentación dice en su informe que pese a que destinaron “la mayor asignación de materia primas al sector privado”, éste cumplió con solo 45% de la distribución u oferta de productos para el sector público.

Respecto a la contracción en la atención del número de beneficiarios, a través de los principales canales de la Misión Alimentación, el despacho dice en los documentos que “con el fin de distribuir equitativamente los alimentos en todos los sectores de la población venezolana y principalmente a la población más vulnerable, el presidente Nicolás Maduro, creó la figura de mercados comunales a cielo abierto, como un nuevo mecanismo de distribución directa de los alimentos, con el acompañamiento de los consejos comunales”.

El despacho acota que a través de “otras redes de la Misión Alimentación se atendieron 10 millones 570 mil 911 personas, lo que elevaría a 25 millones 4 mil 727 el total de personas beneficiadas en 2015”.

Con otras redes el despacho se refiere a Lácteos Los Andes (heladerías, vaso de leche escolar, panaderías, areperas, entre otros), CDR Venezuela (panaderías y areperas), Industrias Diana (Abastos Venezuela, panaderías, rutas comunales), Red Social (programas sociales alimentarios, CDI, escuelas hospitales, centros penitenciarios, entre otros).

Foto: Correo del Orinoco

El alcance de las redes indirectas de distribución también ha ido decreciendo en número de establecimientos, como los Pdvalitos comunales y la red de areperas que bajaron de un mil 794 en 2014 a 324; una merma de un mil 470 establecimientos. También cayó la cantidad de casas de alimentación de Fundaproal. En 2014 había 6 mil y 2015 terminó con 4 mil 500.

Asegura la cartera de alimentación que “en el caso de las redes indirectas, que no son administradas por el Estado, éstas se han ido transformando en espacios de distribución y consumo de alimentos bajo la supervisión, administración y consumo de las comunidades organizadas y consejos comunales directamente”.

Cae cobertura de programas sociales alimentarios

Dentro de lo que el gobierno denomina programas sociales (atendidos por MinAlimentación) se encuentran los centros penitenciarios, Centros de Diagnóstico Integral (CDI) , hospitales, sistemas de alimentación escolar, comedores del Instituto Nacional de Nutrición, refugios y casas de alimentación.

De acuerdo al documento oficial a estos programas también le fue recortada la atención. El año pasado se distribuyeron a través de éstos, 331 mil 325 toneladas de alimentos, una merma de casi 10%, respecto a las 364 mil 817 toneladas de 2014.

Esto afectó a 117 mil 531 personas de sectores altamente vulnerables. Por ejemplo se dejaron de atender a 22,81% de quienes acudían a los comedores del Instituto Nacional de Nutrición. El número de personas atendidas bajó de 11 mil 302 a 8 mil 723.

En las casas de alimentación la cantidad de personas favorecidas por este ministerio disminuyó 39%, y pasó de 499 mil 959 a 304 mil 606, es decir 195 mil 535 personas menos.

Los atendidos en los centros penitenciarios cayó casi la mitad, así como en los refugios.

Solamente se incrementó los beneficiarios en los hospitales que subió de 173 mil 317 a 181 mil 51.

La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó el inicio de una investigación por las múltiples denuncias de irregularidades administrativas cometidas a través de los distintos mecanismos del control de cambio vigentes en Venezuela desde 2003 hasta la fecha, por un monto superior a los 200 mil millones de dólares, tras la denuncia presentada por el diputado Ismael García, vicepresidente de esa instancia.

Entre otros casos, García pidió investigar el uso de $230 mil millones asignados para la importación de alimentos, ya que aseguró que 60% de ese dinero se otorgó a empresas de maletín. «54% de los alimentos importados entre 2008 y 2010 se entregó a Pdval, pero 44% de esa comida se pudrió en los contenedores. No hay ningún responsable por las 116.808 toneladas de comida que se pudrió en los puertos», aseveró.

El Presidente de la Comisión, diputado Freddy Guevara, explicó que la investigación abarca a funcionarios, ex funcionarios y empresarios señalados por la presunta comisión de ilícitos administrativos en perjuicio del patrimonio público a través de cuatro esquemas: sistema financiero, mecanismos de control de cambio, importación de alimentos e importación de medicinas. Serán investigadas las siguientes personas:

a) Sector financiero:

– Ex Tesoreros de la Nación: Alejandro Andrade, Claudia Díaz y Carlos Erick Malpica Flores.

– Actual Tesorero de la Nación, Nelson Lepaje Salazar.

– Ex ministro de Comercio y actual Superintendente del SENIAT, teniente José David Cabello.

 

 

b) Sector cambiario:

– Ex presidente de Cadivi, general Manuel Barroso.

– Presidente de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), general Giuseppe Yoffreda.

c) Sector alimentos:

– Ex Ministros de Alimentación: general Rafael Oropeza, general Félix Osorio, general Carlos Osorio y mayor general Hebert García Plaza.

 

 

d) Sector salud:

– Ex Ministros de Salud, general Jesús Mantilla y coronel Eugenia Sader.

– Presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, teniente coronel Carlos Rotondaro.

e) Sector privado:

Empresario Tomás González.

“Hemos decidido abrir hoy una investigación por las denuncias relacionadas a casos de corrupción que se conocieron en el país, pero que nunca se abrieron investigaciones, a pesar de que la Contraloría General de la República mantenía conocimiento de los mismos; oficialmente se conoce que entre CADIVI y CENCOEX se liquidaron entre 2003 y 2014, 230 mil millones de dólares para la importación de bienes y servicios, incluidos en estos medicinas y alimentos realizados entre empresas públicas y privadas”, informó García.

Guevara destacó que: «Esta es la segunda mega investigación que abrimos por el gran saqueo sufrido por nuestro país a lo largo de 17 años, luego de la que aprobamos la semana pasada sobre la gestión de Rafael Ramírez al frente de PDVSA. En esta oportunidad, acordamos investigar el esquema de control de cambio impuesto en Venezuela desde 2003, el cual permitió a los jerarcas del gobierno llevar adelante un conjunto de operaciones irregulares por miles de millones de dólares. Esas operaciones incluyen desde la colocación de instrumentos financieros como las notas estructuradas, hasta un sinnúmero de mecanismos cambiarios fracasados que permitieron a unos pocos enriquecerse de la noche a la mañana, pasando por importaciones mil millonarias de alimentos y medicinas que arribaron al país en estado de descomposición o que simplemente nunca llegaron”.

Diputado Pedro Carreño no entregó el informe correspondiente a 2015

La Comisión tenía previsto que el diputado Pedro Carreño entregara hoy su informe de gestión 2015, sin embargo, el diputado no hizo entrega del documento, incumpliendo con lo estipulado en el reglamento que exige esta rendición de cuentas. Carreño pidió el derecho de palabra al culminar la exposición del diputado Ismael García para hacer notar que la Comisión estaba abriendo investigaciones sin pruebas, a lo que el presidente de la Comisión le respondió que las pruebas se recaban una vez iniciada la investigación.

Frente a las acusaciones de corrupción que señalan a funcionarios y ex funcionarios del Gobierno, Carreño acotó que: «Cuando un funcionario roba dentro de un gobierno revolucionario, se trata de un infiltrado», afirmación que causó risa entre los presentes.

Caso Banco Industrial de Venezuela

 

 

La Comisión de Contraloría también aprobó la apertura de una investigación por presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de liquidación y disolución del Banco Industrial de Venezuela.

Guevara recordó que cualquier medida debía ser aprobada por la Asamblea Nacional, toda vez que dicho banco fue creado mediante ley del Congreso Nacional en 1937. Indicó que solicitará a la plenaria de la Asamblea Nacional la conformación de una comisión mixta, integrada por Contraloría, Finanzas y Desarrollo Social, para ahondar en el caso de la entidad financiera.

Durante la sesión de la Comisión, trabajadores del banco ejercieron derecho de palabra para denunciar que la medida afecta a 2600 empleados activos y 1080 jubilados en todo el país.

El subsidio directo anunciado como medidas económicas para sortear la crisis debe cumplir varios requisitos antes ser activada.

¿Con qué recursos será financiada? ¿A cuántos beneficiará? ¿Dónde podrá ser usada? ¿Es igual a la negra de Rosales? ¿Es viable la tarjeta Misiones Socialistas?

@boonbar

 

La Socialista versus Mi Negra

El Gobierno tendrá que recurrir no sólo al tricolor para diferenciar su tarjeta “Misiones Socialistas para los hogares de la patria” de la tarjeta “Mi Negra”, que lanzó el candidato Manuel Rosales durante la campaña presidencial de 2006.  Desde que Nicolás Maduro anunció su lanzamiento el miércoles 17 de febrero de 2016, no han cesado las comparaciones entre ambos instrumentos financieros que buscan dar un subsidio directo a los más necesitados,  teniendo como base  la renta petrolera.

Al asumir el propósito benefactor de la tarjeta socialista para enfrentar la emergencia económica, Maduro le estaría dando implícitamente la razón al programa de subsidio nunca aplicado de Rosales -hoy detenido en el Sebin- que en su momento fue criticado por el chavismo y acusado de artilugio populista para captar votos.

No sólo Rosales y el comando electoral de la oposición defendieron a Mi Negra en su momento. La idea se fundamenta en tesis expuestas por especialistas venezolanos como Alberto Quiroz Corradi y Francisco Monaldi, quienes apoyaban la idea de que todos los ciudadanos tienen derecho a participar de los ingresos petroleros. Así ocurre en regiones productoras como Alaska, donde existe un fondo destinado a la redistribución de la riqueza entre todos los habitantes.

Tanto Mi Negra como la Socialista apelan al principio constitucional de que el pueblo venezolano es el dueño del petróleo y el Estado su administrador. Pero en el caso de la tarjeta de Maduro, la condición de subsidio basado en los dividendos del crudo entra en contradicción con el nuevo propósito del Gobierno chavista de “superar el rentismo petrolero” para dar paso a la productividad para activar la economía venezolana.

A la tarjeta La Socialista y a Mi Negra la separan 10 años y el contraste entre la Venezuela de anaqueles rebosantes y variados con más de 100 dólares por barril de 2006 y el país de escasez extrema de 2016 con el petróleo por debajo de $30. Sirva de punto de comparación el video de la campaña de La Negra:

 

En 2010 y desde el exilio, Rosales reclamó la autoría de su propuesta de subsidio cuando Chávez lanzó un nuevo instrumento financiero de ayuda social, la Cédula del Buen Vivir, emitida por el Banco de Venezuela. Aunque se trataba de una tarjeta de crédito y no de débito como La Negra, el ex gobernador del Zulia la criticó por considerarla una “mala copia de La Negra, un engaño para el pueblo”.

La tarjeta Mi Negra es una oportunidad para la superación familiar, la roja es racionamiento y atraso

— Manuel Rosales (@manuelrosalesg) March 13, 2014

En un comunicado publicado en la web del partido Un Nuevo Tiempo en 2010, Rosales afirmó: “más temprano que tarde la tarjeta Mi Negra será una realidad en Venezuela”, destacándola como una posibilidad de salir del espiral de la pobreza.

La Cédula del Buen Vivir fue relanzada -sin éxito- por Maduro tres años después, destinada a los jóvenes para estimular la cultura del ahorro y socialización bancaria.

La idea de Mi Negra de Rosales también pretendió ser revivida en 2011 por su pupilo político, Pablo Pérez, durante la campaña para las primarias por la candidatura presidencial de la oposición.

 

¿Barriles con fondo?

Nicolás Maduro afirmó que tarjeta socialista tendría como fin beneficiar a las familias inscritas en la Misión Hogares de la Patria como un “complemento del subsidio” directo para alimentación y salud. Mientras mostraba el plástico en pantalla, el presidente dijo que sería “un mecanismo de amarre de los programas sociales y financiamiento a las familias, de protección a los niños y a las madres del barrio”.

Dijo que sería distribuida entre 1,2 millones de las familias más pobres del país. No detalló los criterios para su respectiva asignación ni los mecanismos para evitar la discrecionalidad política que favorezca a militantes del chavismo ni distorsiones como usurpasión de identidad y revendedores.

Lo que no especificó es cómo se protegería el monto de esas ayudas ante la volatilidad del mercado petrolero.  En 2016, la caída de los precios del crudo es la tendencia.

El economista Luis Oliveros se pregunta cuánto será el monto de cada asignación y cómo el Gobierno va a financiar esa tarjeta: si es por el BCV imprimiendo dinero o  vía ingresos ordinarios. Considera que el aumento de la gasolina hubiese sido una buena forma de financiarla, pero todo indica que no ocurrirá así.

Si de ayuda social se trata, el subsidio directo es mejor que las misiones, considera Oliveros. «Es preferible darle dinero a la gente que implementar supuestos programas sociales que en realidad son instrumentos para crear dependencia».

 

El plástico también escasea

Si se parte de la cifra de posibles beneficiarios aportada por Maduro, para activar la tarjeta socialista se deberán emitir  más de un millón de tarjetas de plástico.  ¿Está en capacidad la banca pública de atender esa demanda?

Existe un antecedente: en abril de 2015, cuando el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) decidió limitar la emisión de cupos de dólares viajeros a la banca pública, más de 2 millones de tarjetahabientes debieron emigrar de las entidades privadas. La prensa recogió las quejas de entonces: los bancos no tenían suficiente material para emitir plásticos. La escasez también tocó a los bancos del Estado.

 

¿Dónde raspar la tarjeta?

Las tarjetas socialistas con “chip moderno” como anunció Maduro podrían ser utilizadas en Mercal, Farmapatria y Pdval. Los beneficiarios de la tarjeta socialista ya no podrán contar con Abastos Bicentenario ya que Maduro aseguró que esta red estatal “se pudrió”, por lo que será clausurada.

Está por verse si durante  la anunciada reestructuración de la Misión Alimentación que agrupará en una megacorporación a Mercal y Pdval se podrá utilizar la tarjeta socialista.

Maduro también aseguró que la tarjeta socialista se apoyaría en el sistema de 12 mil bodegueros y mercados comunales a cielo abierto. Pero muchos de estos establecimientos carecen de puntos de venta, así como también ocurre en buena parte de los Mercales y Pdvales.

Más de 50% de los puntos de venta de Mercal en todo el país están inactivos, según la Memoria y Cuenta 2014 del MinAlimentación  (7.932 de un total de 14.657 comercios de esta red). En el caso de Pdval, la falla es aún mayor: 77% de los puntos de venta no funcionaban (1.587 de un total de 2.057 en todo el país).

 

 

Gente desesperada venció el control de los GN y se lastimaron a personas de la tercera edad y con muletas, que fueron arrastradas y llevadas por el suelo del área de acceso

Un pollo. O dos en el mejor de los casos. Ese producto de primera necesidad y a precio regulado fue el protagonista del caos que se vivió durante la jornada del 23 de enero en los establecimientos de Pdval ubicados en el sector Guaracarumbo de Catia La Mar, El Ceibo en Macuto y Guanape en La Guaira.

“La gente comenzó a hacer la cola desde la medianoche. El viernes recibimos el pitazo que había llegado el pollo y la venta sería este sábado. La gente quería entrar desesperada y los guardias nos decían que teníamos que esperar, así que la fuerza de la misma gente hizo que entráramos a la fuerza. Me dio dolor con la cola de la tercera edad, porque el gentío se los llevó por el medio”, cuenta Rosaura Sevilla, vecina de Guaracarumbo, y quien aguardó por siete horas para comprar un pollo en el Pdval de Catia la Mar.

El caos descrito por Sevilla fue captado en un video que se hizo viral a través de las redes sociales. Allí se observa como la gente desesperada venció el control de los GN y cómo se lastimaron a personas de la tercera edad y con muletas, que fueron arrastradas y llevadas por el suelo del área de acceso.

 

 

 

ALERTA Situacion Irregular En Pdval de Catia La Mar HAY HAMBRE Y COMIDA NO HAY pic.twitter.com/oieFP2qk5V

— Sol Rojas (@sol651) enero 23, 2016

Avalancha por comida PDVAL de Catia La Mar @Mmorin_informa @ileanayacobelli @AlbertoRT51 así estamos pic.twitter.com/6i8sThOBpf» — Deivis Betancourt (@Asiempezo) enero 24, 2016

 

Con estupor he venido observando la reacción de la primitiva clase gobernante ante los abrumadores resultados electorales del 6D. El mensaje del pueblo fue claro y contundente. Hubo un castigo al manejo corrupto de los bienes públicos que ha sometido a los venezolanos a la peor calidad de vida del continente americano. Un claro rechazo a la política de compra de votos a través del más vulgar tráfico de derechos que se conozca en la historia venezolana.

Quizás la más ofensiva de las actuaciones fue la de Maduro diciendo que él pudiera construir quinientas mil viviendas pero no lo va a hacer porque no votaron por él. ¿Qué se ha creído Maduro? ¿En qué idioma hay que explicarle que es un empleado público? ¿Cómo se le revela que no es un rey absolutista sino una persona con el mandato de servir a la población independientemente de su preferencia política?

Esta afirmación de Maduro en un país con instituciones menos primitivas que las nuestras hubiese provocado una rápida reacción del resto de los poderes. Lo que pudimos ver fue un vulgar acto de represalia en contra de una población que el presidente concibe obligada a votar por él a cambio de poder acceder a un derecho. En la literatura de la ciencia política este comportamiento se tipifica como corrupción y así debe entenderse. Porque los recursos que administra Maduro no son de su posesión, porque ni siquiera su voluntad de construir o no viviendas le pertenece. Él está constitucionalmente obligado a hacer lo necesario para que los venezolanos accedan a lo que es su derecho sin que medie chantaje alguno.

En el mismo tenor de Maduro, Cabello le da por regalar a sus empleados los equipos y señal de ANTV. ¿Quién le dijo al capitán Cabello que eso es de él? ¿De dónde saca que el puede disponer de bienes de la nación de forma tan grosera? ¿Cómo se le ocurre a este señor privatizar una televisora del estado sin cumplir los requisitos de ley?

En ese mismo orden de ideas, a Cabello se le ocurrió la ridícula idea de juramentar una asamblea nacional comunal sin asidero alguno en la legislación y menos en la Constitución Nacional. Lo que hizo Cabello fue crear mecanismos delincuenciales para entorpecer e impedir la instalación la legítima Asamblea Nacional que nace del proceso electoral del 6D. Esta actuación de Cabello constituye presuntamente corrupción política.

Los medios de comunicación del país están repletos de denuncias de este tenor. Hemos sabido que a unas personas se les arrebataron los taxis que se les habían entregado porque supuestamente no habían votado por el GPP. ¿Qué clase de inmundicia es esta? ¿A quién se le ocurre que estos actos puedan tener el más mínimo viso de legalidad? Constituyen actos corruptos que deben ser sancionados con todo el peso de la ley.

Del sur del país nos llegan noticias según las cuales a los que no podían probar haber votado por el GPP no se les permitía acceso a los PDVAL. ¿Quién dio esa orden? ¿Quién le dijo al que dio la orden que el PDVAL es de su propiedad para tomar semejante medida? ¿Por qué la persona que tomó esa decisión no está tras las rejas como el vulgar criminal que es?

Lo más indignante de esta situación, violatoria de los derechos humanos de las personas sometidas a estas vejaciones, es que no ha habido autoridad alguna que haya levantado su voz contra semejantes atropellos. ¿Qué tiene que decir el defensor del pueblo? ¿Es que su compromiso con el proceso político le impide tomar medidas para defender los derechos de estos ciudadanos? ¿Y la fiscal? Sabemos que su apego al proceso político la obliga a hacer caso omiso de la Constitución pero, levantar su voz antes estos maltratos le ayudaría a ganarse unos punticos que bastante le hacen falta.

Para desgracia de la corrupta clase política que hoy ocupa posiciones de autoridad, el pueblo decidió el 6D comenzar a restarles poder. La elección de una nueva Asamblea Nacional es un paso hacia la institucionalización del país. Por primera vez en varios lustros, los poderes del Estado se verán sometidos al control del poder legislativo.

Comenzaremos a saber de toda la corrupción de la que ha sido capaz quienes han usufructuado el poder en beneficio propio. Podremos entender a dónde fueron a parar todos esos recursos dilapidados a manos llenas por unos seres que, ensoberbecidos por el poder, pensaron que nunca rendirían cuenta.

Es menester que la nueva Asamblea Nacional legisle al respecto. Hace falta una ley dirigida a recuperar los bienes de la nación. No puede admitirse que unos personajes que se han enriquecido de una forma tan inmoral se salgan con la suya y dediquen el resto de sus vidas a disfrutar los dineros que le esquilmaron a los venezolanos a través de todos los mecanismos de corrupción que puso a funcionar el chavismo.

En momentos que las arcas de la nación han sido saqueadas, que el peso de la deuda externa merma nuestra capacidad para afrontar los retos de abatir la escasez, que el precio del petróleo cae muy por debajo de lo presupuestado para el año 2016, no le vendría mal al país comenzar a incautar bienes que se saben adquiridos a través de corruptelas y negocios turbios con el gobierno de turno.

La inclemente persecución al narcotráfico puede ser otro mecanismo que le permita a la nación hacerse de fortunas y bienes que se necesitan para paliar la catastrófica situación financiera que la pésima administración de los últimos quince años le hereda a futuras generaciones.

La paz no es sinónimo de perdón de actos dolosos de ningún tipo. Hemos visto y sufrido desmanes de todo tipo. La forma de minimizar la probabilidad que los mismos se repitan en el futuro es castigando debidamente a los culpables de todos los crímenes que han ido quedando sin investigar gracias a la desidia de una Asamblea Nacional que hasta ahora estuvo entregada sumisamente al poder ejecutivo.

La Asamblea Nacional es la representación del pueblo y tiene el compromiso de generar una nueva situación de orden en la que prevalezcan la justicia, y la certidumbre de que las malas acciones serán debidamente castigadas. Las expectativas son muy altas, el reto que eso impone es muy grande. Estoy seguro de que no nos defraudarán.

@botellazo