Carlos Maneiro, Luis Martínez, Jholbert Godoy y Argelis Rovaina fueron llevados ante el Palacio de Justicia y presentados por los delitos de instigación al odio, asociación para delinquir y obstrucción de la vía pública
Los jóvenes Carlos Maneiro, Luis Martínez, Jholbert Godoy y Argelis Rovaina, activistas de Voluntad Popular detenidos por Polichacao durante un homenaje a Neomar Lander, fueron llevados la noche del 9 de junio ante el Palacio de Justicia. Así lo informó a El Pitazo Kelvin Zambrano, abogado y miembro de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
Vía Twitter, la coalición precisó que la audiencia de presentación se llevó a cabo en el Tribunal 1 de Control, a cargo del fiscal 74 nacional, y que los cuatro activistas son asistidos por la defensa pública.
En otro mensaje, se lee: «Están siendo presentados por los delitos de instigación al odio, asociación para delinquir y obstrucción de la vía pública».
Dos horas más tarde, la coalición informó que fue diferida para el 10 de junio la decisión con respecto a la audiencia de presentación de los jóvenes.
#URGENTE En este momento se desarrolla la audiencia de presentación de los 4 jóvenes activistas de Voluntad Popular, ante el Tribunal 1 de Control, a cargo del Fiscal 74 Nac. Están siendo asistidos por la defensa pública.
— Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) June 10, 2022
#EnDesarrollo Los 4 jóvenes de voluntad popular, están siendo presentados por los delitos de Instigación al odio, asociación para delinquir y obstrucción de la vía pública.
— Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) June 10, 2022
#ATENCION Acaba de ser diferida para mañana la decisión con respecto a la audiencia de presentación de los 4 jóvenes de Voluntad Popular.
— Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) June 10, 2022
Se comunicaron con familiares
Luego de 48 horas, los jóvenes lograron comunicarse con sus familiares. A estos activistas los detuvieron el pasado 7 de junio, durante un acto en recuerdo de Lander, uno de los jóvenes asesinados en las protestas de 2017.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón reveló que Martínez, Rovaina, Godoy y Maneiro están recluidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar ( Dgcim) en Boleíta.
«Luego de 48 horas, lograron comunicarse con sus familiares. Exigimos el respeto y la garantía de sus derechos», instaron en un mensaje en Twitter.
RAFAELA REQUESENS, PRESIDENTA DE LA FCU, informó en la tarde de este viernes que la audiencia de su hermano, Juan Requesens, diputado de la Asamblea Nacional, fue diferida nuevamente.
“Diferida nuevamente la audiencia de mi hermano Juan Requesens. Aún el MP se encuentra en uso del derecho de palabra. Continúa el próximo martes a las 2:00 pm”, indicó Requesens por Twitter.
La dirigente estudiantil detalló que los abogados del diputado llegaron a la 1:30 pm, a pesar de que la hora pautada para el comienzo del proceso penal era a las 9:00 pm.
La audiencia preliminar de Requesens fue suspendida por quinta vez y ha estado privado de libertad desde hace 241 días.
Los dirigentes de Primero Justicia señalaron que, ante la falta de pruebas en contra del parlamentario, han retrasado los procesos judiciales para obligarlo a permanecer «secuestrado» en El Helicoide.
ESTE LUNES en horas de la mañana, trasladaron al Palacio de Justicia al director del despacho del presidente de la Asamblea Nacional (AN) Juan Guaidó, Roberto Marrero para realizar su audiencia de presentación.
En este momento nuestro hermano y director del despacho del presidente @jguaido, @ROBERTOMARRERO,está siendo trasladado al Palacio de Injusticia para su audiencia de presentación.#LiberenAMarrero
El abogado de Joel García, defensor de Roberto Marrero advirtió sobre la complicidad del Ministerio Público, los Tribunales y el régimen de Nicolás Maduro para llevar a cabo un «linchamiento político contra su defendido, el líder de Voluntad Popular y preso de conciencia, Leopoldo López, y el presidente encargado», a quienes pretenden vincular con presuntos actos terroristas.
“Lo que vemos en este proceso judicial es el uso, una vez más, de los Tribunales del Estado para llevar a cabo un linchamiento político”.
Alertó que, tras una serie de fotografías difundidas por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), se le podrían imputar nuevos delitos a Roberto Marrero. Además, aseguró que las imágenes hechas públicas por Jorge Rodríguez no se encuentran en el expediente de su defendido y reiteró que el Ministero Público no puede develar información a nadie.
Según el Gobierno «Marrero estaría involucrado en el contrato de personas provenientes de Guatemala y Colombia para cumplir con el plan de reclutamiento y entrenamiento de sicarios».
Por otra parte, Reinaldo Marrero, hermano de Roberto, llamó a la comunidad internacional y a los venezolanos a mantenerse firmes exigiendo la libertad plena de Marrero. “Como familia esperamos que este lunes se haga la audiencia de mi hermano, sabemos que serán días largos. Desde este lugar, hacemos un llamado a toda la comunidad internacional y al país para que nos acompañe a exigir con fuerza la libertad de Roberto, que no tiene nada que ver con esos delitos infames que le pretenden imputar”.
ESTE VIERNES, el preso político Juan Requesens fue trasladado desde El Helicoide al Palacio de Justicia.
Esta información fue compartida por la hermana del preso político, Rafaela Requesens quien a través de su cuenta en Twitter publicó un vídeo de lo acontecido.
El padre de Juan Requesens señaló que esperan que la liberación de su hijo suceda hoy y los invita a seguir los lineamientos de la Constitución.
Por otra parte, el diputado de la Asamblea Nacional Tomás Guanipa expresó que están esperando el pronunciamiento de la Fuerza Armada Nacional en términos de defender la democracia, la Constitución y el derecho de los venezolanos a ser libres.
Ninguno de los 44 presos políticos del gobierno de Nicolás Maduro que fueron puestos en libertad por la asamblea nacional constituyente conoce las condiciones en las que comenzará su vida fuera de la cárcel porque los tribunales están cerrados.
Así lo afirmó el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, al diario El Nacional, quien detalló que en el Palacio de Justicia las labores se reanudarán el 8 de enero de 2018, fecha en la que se prevé que los liberados puedan saber cuáles son las restricciones de su excarcelación.
Romero indicó que dos abogadas del Foro Penal, que representan a la mitad de los indultados, asistieron a la sede de los tribunales. «Pero no hubo audiencia ni despacho. Tampoco te dan acceso al expediente ni la posibilidad de que se presenten», aseguró al impreso. Precisó que 7.171 personas de las 12.013 que fueron detenidas por motivos políticos desde 2014 se mantienen con restricciones a su libertad.
Una de las liberadas el sábado pasado que no encontró al juez fue la hispano-venezolana Andrea González, que llevaba 2 años y 4 meses detenida junto a su amiga Betty Grossi acusada de querer matar a la hija del dirigente chavista Diosdado Cabello.
González y Grossi acudieron al Palacio de Justicia de Caracas acompañadas por su abogado, Joel García.
Según confirmó García a Efe, sus clientes no han recibido ninguna novedad, y «los tribunales no van a despachar hasta el 8 de enero».
Jhosman Paredes, otro liberado, escribió en su cuenta de Twitter: «Me encuentro a las afueras del Palacio de Justicia cumpliendo con mi deber de venir a presentarme ante el tribunal que lleva mi causa. Ahora me informan que no hay despacho».
«Cuando ocurren liberaciones, lo normal es ir al siguiente día hábil para presentarse ante el tribunal correspondiente. Como casi todas las boletas de excarcelación llegaron el sábado, todos acudimos ayer (el martes, 26 de diciembre) al Palacio de Justicia para que los tribunales que estaban a cargo nos informaran sobre las condiciones de los excarcelados», explicó Mariana Ortega, abogada del Foro Penal.
La jurista pensaba que se iba a habilitar algún despacho, pero después de esperar una orden por parte del presidente del Circuito de Tribunales de Caracas, tanto abogados como excarcelados se retiraron sin respuesta.
Ortega, que agregó que muchos de sus representados no son de Caracas y tendrán que quedarse en la capital mientras esperan.
Enzo Scarano, alcalde del municipio San Diego, informó este lunes que la oposición logró entregar un documento ante el Palacio de Justicia para exigir la remoción de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Los puntos de salida en Valencia para la marcha del Día del Trabajador fueron el Central Madeirense de La Isabelica, Enrique Tejera / avenida Aranzazu, Tijerazo, Plaza Santa Rosa y Shopping Center.
Pero piquetes de la Policía Nacional impidieron que los manifestantes se movilizaran.
Al parecer este es el motivo por el que Enzo Scarano decidió ir solo hasta el Palacio de Justicia a entregar el documento.
La oposición realiza en Caracas dos movilizaciones: una en el oeste, dirigida al Consejo Nacional Electoral, y otra en el este, que va hacia el Tribunal Supremo de Justicia.
Las exigencias son, además de que sean removidos los magistrados, respeto a la Asamblea Nacional, apertura de un canal humanitario, cronograma electoral y liberación de los presos políticos.
Los requisitos que pide el artículo 244 del COPP para ser fiador son: ser de reconocida buena conducta, responsable, tener capacidad económica para atender las obligaciones que contrae y estar domiciliado en el territorio nacional
A los documentos que dispone la ley para ser fiador, varios jueces han añadido tres nuevos requisitos: antecedentes penales, devengar al menos 180 unidades tributarias y ser empleado público. En la práctica, la maniobra incrementa indefinidamente el período de detención de los manifestantes pese a que la Fiscalía, en muchos casos, ha solicitado dejarlos en libertad
“FIANZA ES IGUAL A PRIVATIVA. Es una estrategia judicial macabra”, afirman de entrada los juristas consultados. Aunque el Ministerio Público solicitó medidas sustitutivas de libertad para los detenidos en las manifestaciones del 4 y 6 de abril de 2017, varios jueces han optado por pedir fiadores con el fin de retrasar la liberación de los detenidos, explica el abogado Joel García.
Si bien la solicitud de fianza está contemplada en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), en la práctica, la medida se ha erigido como una estrategia para mantener detenidos a los manifestantes de manera indefinida ya que el proceso de constituirse como fiador puede tomar meses, dice García, quien a través de la ONG Fundeci lleva la defensa de numerosos presos políticos venezolanos.
“Trabas administrativas” para dejarlos detenidos
Los requisitos que el artículo 244 del COPP pide para ser fiador son relativamente fáciles de cumplir. Sin embargo, varios jueces han añadido otros requisitos que inevitablemente enlentecen la consignación de los documentos. A esto se suma que, una vez consignados los documentos al Tribunal, este se toma un tiempo indefinido para verificar la veracidad de los mismos.
Traba 1: Tramitar antecedentes penales
La abogada de Fundeci, Elenis Rodríguez, explica que una las “trabas administrativas” que ralentizan la constitución de los fiadores es la presentación de antecedentes penales, trámite que comienza con la gestión en línea a través de la página del Ministerio de Interior y Justicia, tras lo cual la persona debe ir a una audiencia en el edificio París de La Candelaria, en Caracas, para que verifiquen la veracidad del documento. Solo esto puede tomar unos 20 días hábiles.
Traba 2: Ganar más de 180 UT
La segunda “traba” está en imponer el límite máximo de unidades tributarias devengadas, es decir, 180 UT. Esto pese a que el artículo 249 del COPP dice que los jueces deben evitar imponer medidas “imposibles” de cumplir para personas en situación de precariedad económica.
Traba 3: Ser funcionario
La tercera “traba” provino de Rosario Herrera, juez segundo de municipio de la circunscripción judicial del estado Lara, en cuya decisión añadió que los fiadores tienen que ser empleados públicos.
“Por supuesto que esta juez lo que buscar es retrasar más la posibilidad de libertad inmediata de los ciudadanos para quienes el Ministerio Público solicitó medidas sustitutivas. Desde las detenciones del 4 de abril, varios jueces están aplicando la constitución de fianza con unidades tributarias exageradas que oscilan entre las 150 y 180, pero si además le añades que deben ser funcionarios lo que se logra es discriminar quién puede o no ser fiador, cosa que no está prevista en la norma. ¿Qué empleado público se va a prestar a ofrecerse como fiador de un preso político?, ¿Quién va a superar el miedo a ser objeto de persecución por ser solidario con otra persona? No es de extrañar que luego se proceda contra esos funcionarios”, argumenta Rodríguez.
García agrega que en el caso de los manifestantes detenidos durante las recientes protestas, la Fiscalía ha solicitado medidas de coerción sin existir elementos de convicción, es decir, que no cumplen con los requisitos concurrentes del artículo 236 del COPP. “El MP ha pedido cautelares de presentación pero los jueces han ido más allá y les colocan fianzas económicas. ¿Para qué? Para tenerlos presos por el tiempo que les dé la gana”, acota.
La maniobra judicial para ralentizar el proceso de liberación se aplicó con 8 detenidos de las protestas del 6 de abril, a saber, Ricardo Padilla, Mathews Rubio, Fernando Caballero, José Figueroa, Armando Rodriguez Montero, Daniel Rangel, Reinaldo Cadavid y Jopner Peña.
Tras la audiencia, el Tribunal 23 de control a cargo de la juez Eiling Valdez admitió la precalificación fiscal solicitada por el Ministerio Público y dictó libertad plena para 3 ciudadanos, pero para los estudiantes ordenó la presentación de dos fiadores que ganen 150 UT. “Eso significa que nuestros defendidos, hasta tanto no consignemos las respectivas fianzas, seguirán presos”, describe Rodríguez.
De acuerdo con información de Fundeci, los jueces que se han sumado a esta maniobra son: Jimai Montiel Calles, presidente del Circuito Penal de Caracas; Gilbreir Rivero, juez 15 de Control que atendió las detenciones del 4 de abril en Caracas; Alejandro Badell, juez 25 de Control que atendió parte de los detenidos el 8 de abril; Eiling Valdez, juez 23 de control que atendió la otra parte de los detenidos el 8 de abril; y la juez Rosario Herrera, juez segundo de municipio de la circunscripción judicial del estado Lara.
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“Con esta maniobra se viola el derecho a la libertad personal, ya que el MP -que es el órgano que imputa al ciudadano-, solicitó la medida sustitutiva al juez y estos, aunque han aceptado la medida, han añadido la constitución de fianza lo cual resulta en que las personas se mantengan presas”, explica Rodríguez.
Los abogados de Fundeci acotan que existe una cuarta “traba” para la liberación de los detenidos. “Todo ese esfuerzo de conseguir al fiador puede ser en vano porque después de que el tribunal verifique las fianzas y emita la boleta de excarcelación, el Sebin no le dará cumplimiento”, dice García. En ese limbo están numerosos presos políticos, entre ellos el dirigente político Yon Goicochea y 14 policías del municipio Chacao.
Mención especial: decisión del juez Oswaldo Flores
El domingo 9 de abril, la Fiscalía solicitó la libertad plena para los ciudadanos que aprehendieron protestando en Maracay, estado Aragua. No obstante, el juez Oswaldo Flores, segundo de control de la circunscripción del estado Aragua, ordenó la privativa de libertad. “Es decir, incurrió en lo que en derecho se conoce como “extra petita” porque el MP solicitó la libertad plena para esos ciudadanos y él decidió otra cosa”, describe Rodríguez.
Este sábado 1 de abril, en horas de la tarde, el director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, informó que fueron liberados los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) que habían sido detenidos un día antes (el viernes) durante las protestas contra el Tribunal Supremo de Justicia.
Rafael Álvarez y Andrés Oliveros fueron apresados frente a la sede del Palacio de Justicia, cuando manifestaban su rechazo a las sentencias 155 y 156 de la máxima corte venezolana que disolvieron la Asamblea Nacional.
3.50pm En libertad estudiantes UCV Rafael Uzcátegui y Andrés Oliveros. En poco salimos del tribunal pic.twitter.com/lgRJ3l9kbM
