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Biden y Duque le tienden la mano a los migrantes venezolanos. Izq. venezolanos en EE. UU. (foto archivo El Nacional); der.: el presidente Iván Duque (foto Presidencia de Colombia). Comp. Runrunes.

@dhayanamatos

Como venezolana, migrante, defensora de derechos humanos e investigadora que trabaja con personas migrantes, refugiadas y necesitadas de protección internacional, debo reconocer que el hecho de que Colombia y Estados Unidos hayan emitido estatutos de protección temporal para los venezolanos me llena de regocijo.

Quienes andamos en estas lides, sabemos que un elemento fundamental para hacerle frente a la vulnerabilidad que afecta a la población migrante es regularizar su situación; esto permite tener los documentos en regla, poder buscar empleo formal, abrir una cuenta bancaria, cotizar en la seguridad social, cursar estudios, en fin, poder realizar un conjunto de actividades cotidianas, que son prácticamente imposibles de efectuar por aquellas personas en situación irregular, quienes comúnmente son denominadas “ilegales”.

No hay persona “ilegal”

Cabe destacar que no hay seres humanos ilegales, ya que las leyes son posteriores al hecho de ser persona; y considerar a alguien de esta manera viola su derecho humano al reconocimiento de su personalidad jurídica. A lo que se debe agregar el efecto estigmatizador del uso de este término, lo que lleva a criminalizar, sin justa causa, a quienes están en una situación administrativa irregular.

Son los Estados los que construyen socialmente la migración como un problema. Son los Estados los que instrumentalizan la migración para sus propios intereses. Son los Estados, en el contexto de la globalización económica, los que apuestan por la liberalización del capital, por el libre intercambio de los productos y, en temas de movilidad humana, por una regulación y control estricto de sus fronteras. Esto es lo que se conoce como las paradojas del proceso de globalización.

Así las cosas, en un contexto como el actual, la restricción de las fronteras y la estrategia de securitización implementada por muchos Estados (ejemplo claro es la estrategia de expulsión y control del presidente Sebastián Piñera de Chile) no logran su cometido, el cual es frenar las migraciones. Las personas siguen desplazándose aunque no tengan una visa u otro documento para su permanencia regular; lo que pasa es que lo hacen con mayores riesgos y esto exacerba su vulnerabilidad.

Además, ante la desesperación por salir y por establecerse en otro país, se convierten en blancos fáciles para las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, entre otros delitos de los cuales pueden ser víctimas.

Refugiados, migrantes y DD. HH.

En el caso de Venezuela, donde la migración es forzada y se da ante una emergencia humanitaria compleja, la situación es aun más grave. La distinción entre personas refugiadas, aquellas que huyen por ser perseguidas, y migrantes, quienes se movilizan “libremente” por razones variadas, entre las que se destacan las económicas, no es tan clara como a veces se pretende señalar.

Aunque hay una clara definición de lo que es una persona refugiada, no ocurre lo mismo con lo que es una persona migrante; no existe a nivel internacional una definición jurídica de esta categoría. A lo que se debe agregar, en el caso de las personas venezolanas, que es muy tenue esa línea entre refugiados y migrantes ya que estos últimos, que supuestamente salen por motivos económicos, lo hacen por encontrarse en un contexto de violación de sus derechos económicos, sociales y culturales que les impide proveerse de las condiciones materiales que aseguren una existencia digna.

Este escenario llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución 2/18, se refiriera a la movilidad de personas venezolanas como una migración forzada y exhortó a los países de la región a reconocer la condición de persona refugiada, de acuerdo con la definición de la Declaración de Cartagena sobre refugiados de 1984, que incorpora a esta categoría a quienes huyen de una violencia generalizada o por la violación sistemática de derechos humanos.

Esta declaración es del año 2018, cuando ya se empezaba a hablar de éxodo masivo, que ha ido aumentando hasta el punto de que, para inicios de 2021, ya había más de 5 millones de personas venezolanas fuera del territorio nacional. Este fenómeno solo es comparable por su magnitud, el impacto en los países vecinos y por la rapidez del desplazamiento, con el sirio, con la diferencia de que en este país del Medio Oriente hay una guerra declarada.

Estatutos de protección vs. alambradas

En estas circunstancias, es indudable que medidas como los estatutos temporales para la protección de personas migrantes venezolanas llenan de alegría a quienes pueden regularizar su situación. Pero también lleva a preguntarse si esto implica un cambio a nivel internacional en las estrategias de securitización y controles fronterizos que han marcado las políticas migratorias de la mayoría de los países durante los últimos años, hacia políticas inclusivas y centradas en el respeto de los derechos humanos.

La respuesta a esta interrogante es un no rotundo. No se observa un cambio de enfoque. Lo que se visualiza es, por el contrario, un aumento de los controles fronterizos incluso cierre de fronteras, aumento del personal militar en zonas limítrofes, exigencia de visas con un conjunto de requisitos cada vez más difíciles de cumplir, en fin, una serie de medidas que están muy lejos de centrarse en un enfoque humanitario y de derechos humanos.

Ante este panorama, las decisiones de los gobiernos de Iván Duque en Colombia y Joe Biden en Estados Unidos destacan. Se presentan como acciones humanitarias, que lo son, pero detrás de ellas hay que hurgar en eso que se conoce como la realpolitik, término de origen alemán, definido por el Diccionario de la lengua española como la “Política basada en criterios pragmáticos, al margen de ideologías”. En otras palabras, que estos gobiernos no tomaron estas decisiones por “buena gente”, sino porque mediante un análisis de costo-beneficio, las consideraron positivas para sus intereses.

El gesto de Duque

En el caso de Iván Duque, poco antes de la presentación del proyecto de decreto del Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos (ETPV), específicamente el 21 de diciembre de 2020, expresaba que las personas venezolanas irregulares no serían vacunadas porque implicaría una estampida de gente cruzando la frontera para hacerlo. ¿Qué llevó al presidente colombiano a cambiar de posición en un mes y extender la protección para los migrantes venezolanos?

Se han dado distintas explicaciones al respecto. Sobre todo tomando en cuenta de que se trata de una medida impopular; la mayoría de la población colombiana no dio su beneplácito a esa decisión.

Uno de los argumentos se vincula con el hecho de que en Colombia se concentra el mayor número de migrantes de nacionalidad venezolana y más de la mitad se encuentra en condición irregular. Regularizar a esta población implica que tendrá que aportar a las arcas nacionales mediante el pago de impuestos, en un momento donde los Estados buscan recursos de distintas maneras ante la crisis ocasionada por la pandemia de la covid-19.

Otros señalan que es un tema de trascendencia. Hasta ahora, Iván Duque no ha tomado ninguna medida que deje una huella histórica de su mandato, lo cual podría lograr con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, la más amplia protección humanitaria otorgada a personas venezolanas y que le ha valido elogios de la comunidad internacional.

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Pero no se puede olvidar que tanto durante su campaña, como a lo largo de su mandato, el gobierno de Iván Duque ha sido el principal oponente de Nicolás Maduro en la arena internacional, por tanto, esta medida demuestra congruencia entre el discurso y las acciones, de las cuales se espera obtener dividendos políticos.

Biden: giro de timón en temas migratorios

En el caso de Joe Biden, hay que recordar que durante el gobierno de Barack Obama fue vicepresidente y apoyó sus políticas migratorias, entre ellas, la expulsión masiva de migrantes, con cifras superiores a las registradas durante el mandato del xenófobo Donald Trump. Esto llevó a caracterizar al gobierno de Obama como el mayor expulsor en la historia estadounidense. Así que tampoco se puede presentar a Biden como el adalid de esta población.

El estatuto de protección temporal (TPS por sus siglas en inglés) para venezolanos fue una de las promesas del hoy presidente de Estados Unidos durante su campaña presidencial y responde a ese giro de timón que se observa en el abordaje de los problemas migratorios, donde, por lo menos en el discurso, se busca transformar las estrategias de securitización, las medidas de arresto de migrantes y la violación de derechos humanos que fueron recurrentes durante el gobierno de Trump. Por ahora, no ha sido fácil implementar los cambios por las limitaciones legales y burocráticas para hacerlo.

El TPS supone una diferencia importante con su antecesor Trump, quien se concentró en el establecimiento de sanciones para Venezuela y en el apoyo a Juan Guaidó, pero que esperó hasta su último día en la Casa Blanca para prohibir la expulsión de personas de Venezuela, una protección mucho más limitada que la que proporciona el TPS.

Pero independientemente de las razones de los gobiernos, para los venezolanos en Colombia y Estados Unidos los nuevos estatutos les dan motivos para caminar con más tranquilidad, por eso debemos mostrar nuestro agradecimiento.

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@victoralvarezr

El nuevo gobierno que resulte de unas elecciones limpias y transparentes recibirá un país en ruinas y tendrá que aplicar drásticas medidas para corregir los desequilibrios macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación.

Para aliviar el déficit fiscal, y erradicar el financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, tendrá que sincerar las tarifas de los servicios públicos de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones; ello no sería bien recibido en un país exhausto, castigado por una prolongada escasez y voraz hiperinflación. Por eso, a las medidas de ajuste macroeconómico suele atribuírseles un impacto social y costo político que desemboca en el fracaso de los gobiernos que las aplican.

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¿Cómo explicarle al ciudadano de a pie, al pequeño y mediano empresario, a una ONG el impacto que tienen los desequilibrios macroeconómicos sobre el empleo, el poder adquisitivo de los presupuestos de hogares, empresas e instituciones y, en general, sobre la calidad de vida y la prosperidad de una nación? ¿Cómo explicarles qué es la macroeconomía, de qué se enferma y cómo nos contagia?

¿Cuáles son los valores actuales y qué tan lejos estamos de los valores normales?

En el debate político se suele escuchar una y otra vez que “sin cambio político no habrá cambio económico”. Sin embargo, el gobierno autoriza la apertura del mercado interno a toda clase de importaciones, levantó los controles de cambio y de precios, desregula y libera la economía, bendice la dolarización y, por si fuera poco, anuncia un proceso de apertura a la inversión extranjera y privatización de empresas públicas. ¿Se puede decir que ese conjunto de medidas conforma un programa de reformas económicas?

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¿Cuáles deberían ser las medidas en materia fiscal, monetaria, cambiaria, de precios, etc. que no deberían faltar en un verdadero programa de estabilización macroeconómica? ¿Cuáles serían las medidas correctas, en qué orden lógico deberían ser aplicadas y cuál sería la velocidad de ejecución más adecuada para las condiciones en las que se encuentra el país?

¿Cuáles indicadores macroeconómicos tendrían que comenzar a dar rápidas y significativas señales de mejoría para darle al ciudadano de a pie la certeza de que el programa de reformas va por el camino correcto y debe ser apoyado?

¿Con qué frecuencia se deberían evaluar los avances hacia los objetivos y metas planteados para estar seguros de que el programa de reformas fue bien diseñado y está siendo bien ejecutado?

Estas preguntas las responde por Leonardo Vera, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, en la conversación que sostuvimos con él en el marco del ciclo Diez conversaciones estelares con diez de los mejores economistas de Venezuela.

Ver video Diez conversaciones estelares con diez de los mejores economistas de Venezuela. Temporada 1. Capítulo 1. Canal Pedagogía Económica con Víctor Álvarez R

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@juliocasagar

El principio básico de la percepción de la Terapia Gestalt establece que “El todo es más que la suma de las partes” En otros terrenos del pensamiento humano y de la vida social, este principio es irrebatible. La concreción de esfuerzos patentizados en alianzas, en acuerdos, en esfuerzo común, suele ser siempre más que la sumatoria de las partes que han participado en el proceso de la formación de ese todo.

Ese acuerdo, obviamente, debería reconocer que todos: empresarios, dirigentes políticos y sociales, tienen todo el derecho de tratar de proteger sus intereses legítimos. En efecto, tanto derecho tiene un empresario a defender su empresa, como un dirigente político a postular su liderazgo y recurrir a sus conciudadanos para validarlo.

Otro elemento importantísimo sería reconocer que, en el duro camino de lograr la libertad total, podrían y deberían alcanzarse logros parciales. Esto está en la esencia misma de toda lucha política. No hay trasformación alguna que se haya logrado, en la lucha contra poderosos adversarios, de la noche  a la mañana o de una sola vez.

Probablemente, la más emblemática de las lecciones, en este sentido la leamos en el decurso de la Revolución rusa. En sus prolegómenos ocurrió el enfrentamiento de dos facciones del Partido Obrero Social Demócrata Ruso. Una, la de los bolcheviques (en ruso significa maximalistas); y la otra, la de los mencheviques (que significa minimalistas). Teóricamente, los primeros eran los partidarios de derrocar los zares con la fuerza de su propia organización e instaurar el socialismo directamente. Los segundos, planteaban la necesidad de alianzas con otras organizaciones y que tal proceso sería necesariamente gradual.

Paradójicamente, los grandes maestros del gradualismo fueron, en realidad, los bolcheviques quienes, desde 1905 cuando formaron el primer soviet, hasta 1917 cuando lanzaron la consigna ¡Todo el poder a los soviets!, forjaron alianzas y convivieron con numerosos adversarios políticos.

Tanto fue así, que dejaron como legado para la lucha política el axioma según el cual todo proceso de cambio pasa por un periodo de “dualidad de poderes”. Dicho de otra manera: mientras no seas poder, crea un poder alterno para enfrentar al poder establecido. En Venezuela, en el 2015, con la extraordinaria victoria parlamentaria de la oposición, se comenzó un periodo objetivo de dualidad de poder.

Ya las calles habían demostrado que Maduro era minoría, pero la conquista de la AN convirtió en tangible lo que hasta ese momento no lo era. Este proceso conoció altas y bajas, hasta que vino el hito de esa dualidad con la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino. Esto logró no solamente volver a recuperar el entusiasmo social interno, sino el prodigio inimaginable de lograr que más de 60 países (las democracias más importantes del mundo) desconocieran a Maduro y le reconocieran a él. Un hecho sin parangón en la historia universal contemporánea. Al fin, se visualizó un poder dual con perspectivas ciertas.

Estos dos acontecimientos, debemos subrayarlo, tuvieron un denominador común: la estrecha unión de todos los factores democráticos de la nación. Una excelente demostración de cómo se pusieron de lado intereses particulares y de cómo se logró esa unión superior para avanzar.

Incluso, las luchas graduales, las que pueden permitirnos acceder a posiciones para disputar el poder  “oficial”, deben ser planteadas y desarrolladas como parte de un plan estratégico común que es el de salir del régimen que nos oprime.

Aquí van unas líneas que pudieran permitirnos transitar este espinoso y minado camino. Las proponemos con toda humildad desde Carabobo. Desde donde libramos la batalla que selló nuestra independencia en 1821; donde nació Venezuela como Republica independiente en 1830 y donde comenzó la industrialización a finales de los años 50.

1. Un acuerdo de todos los sectores interesados en recuperar la democracia debería comenzar por plantear un amplio avenimiento de todo el país para hacer frente a la horrorosa crisis humanitaria, comenzando por un pacto nacional para hacer frente a la COVID-19 y para acelerar la llegada de las vacunas a ser aplicadas universalmente.

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2. Un acuerdo de esta naturaleza debería elaborar un protocolo común que haga frente a los reclamos y exigencias para que se logre el respeto de derechos básicos, como la libre expresión, la libertad de los presos políticos y militares; el regreso de los exiliados; el establecimiento de condiciones electorales establecidas en la Constitución; las libertades económicas, el respeto al derecho de propiedad, el inmediato cese de invasiones urbanas y privadas; la garantía de seguridad jurídica y personal; la eliminación de las trabas burocráticas y fiscales.

3. Este protocolo debería contener también mecanismos para tramitar las diferencias entre los sectores que concurran al acuerdo, sean estos políticos o gremiales. Es urgente dejar de tramitar estentóreamente las lógicas diferencias entre nosotros.

4. Igualmente se deberían acordar mecanismos de lucha unitarios para apoyar los planteamientos sectoriales acordados y, en particular, la concreción de elecciones libres en el país. Para lo cual nos apoyan las democracias más importantes del planeta. Este último punto es de importancia capital. Venezuela es un problema político planetario y en su solución están interesados muchos países.

Una hipotética negociación internacional, que supere las falencias de formato de Oslo y Barbados, debe conseguirnos unidos en torno a estos pedidos de elecciones libres. Sería una tragedia que intereses subalternos nos muestren ante nuestros aliados como un saco de gatos, sin estrategia común.

Como se verá, una alta dosis de voluntad política, de sindéresis, de sacrificios particulares, nos van a demandar lograr acuerdos como los que aquí sugerimos. Nadie debe pensar que su plan, su interés, su propuesta, es más importante que la de los demás, por mucho que parezca urgente en este momento. No le quitemos la vista a la pelota. Las libertades de unos, no son más importantes que la libertad para todos.

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Cada vez que revisemos nuestra industria petrolera, debemos recordar: En 1998 Colombia producía 775.000 bd, Brasil 1.003.000 bd y Venezuela 3.447.000 bd (Fuente BP).

En este inicio del 2020 Colombia está en torno a los 900.000 bd, Brasil 3.110.000 bd y Venezuela en 733.000 bd (Fuente OPEP). Pronto tendremos que meter a Guyana en estas comparaciones, quien va encaminado a una producción promedio de 100.000 bd y que en cuestión de 5 años estaría produciendo mucho más petróleo que nuestro país. Hace 10 años producíamos 6 veces más petróleo que Ecuador, todo parece indicar que para dentro de 1 año, ese país nos superará (ya se salieron de la OPEP para quitarse las ataduras de la organización y poder aumentar su producción).

¿Qué hicieron esos países para aumentar la producción? Todo lo contrario, a lo que hizo Venezuela, sobre todo en los últimos años.  Por ejemplo: colocar a personas que sean expertos del negocio petrolero al frente de la industria petrolera, parece algo obvio, pero hay países donde el reparto del poder entre la élite gobernante, impide que eso ocurra. 

La Junta Directiva actual de Pdvsa ha sido consistente, en cada inicio de año le prometen a Maduro y al país que ellos van a aumentar la producción petrolera en 1.000.000 bd. No por casualidad, su gestión muestra un descenso en la producción (desde que tomaron posesión de sus cargos hasta la fecha) de 1.000.000 bd (más del 50%). Mas allá de que podamos entender que hay un efecto sanciones, la realidad es que hoy nuestra industria petrolera muestra una exacerbación del deterioro y no hay muestras de que se estén tomando acciones concretas para revertir tal situación.

Sobre planes de recuperación de la industria petrolera, hay abundante literatura de gente seria. Desde economistas, ingenieros hasta organizaciones que agrupan a las empresas petroleras privadas, hay cierto consenso en torno a que se puede recuperar buena parte de lo perdido en estos últimos años, no obstante, pareciera que o no hay la voluntad política para hacerlo o no hay interés de quienes toman las decisiones o tan sencillo como la opción de dejar de ser un país petrolero para convertirnos en el nuevo Haití de la región ganó la batalla dentro del gobierno de Maduro. Esta última posibilidad, nos llevará a ser un país pobre para siempre.

Recuperar la producción petrolera debería ser una obsesión, el país necesita a toda costa aumentarla, la única industria capaz de generar en el corto plazo, de manera sostenible y en volúmenes importantes, divisas que sirvan para orientar esta economía al crecimiento económico, es la petrolera, además que sirva como palanca para los demás sectores económicos del país. 

Para eso, Venezuela necesita reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos en algunos artículos (no debe ser la prioridad, al menos en el corto – mediano plazo, una nueva ley, sobre todo por el difícil escenario político), para eso deben ocurrir consensos mínimos en el ámbito político para que esos cambios ocurran respetando la legalidad y las instituciones. El conflicto político actual en nuestro país hace que ese objetivo de lograr cambios en la Ley Orgánica de Hidrocarburos luzca lejano. Aumentar la participación de las empresas privadas en las empresas mixtas, atrayendo con esto tecnología, recursos financieros y humanos, es un punto fundamental para lograr un aumento en la producción petrolera y no debe ser para nada complicado lograr acuerdos en relación a esa idea. Nadie en su sano juicio en la actual Venezuela puede criticar la entrada y aumento de responsabilidades del sector privado en el sector petrolero. 

La revisión de la Ley Orgánica de Hidrocarburos también debe tomar en cuenta la no satanización de la inversión extranjera, como ha sido la practica común de algunos sectores radicales de izquierda venezolanos. Hoy Venezuela compite con Brasil, con Guyana, con Colombia, con Ecuador, con Argentina, con Ecuador (por solo nombrar 6 países), en la región, para atraer inversión extranjera. Esto indica que hay que ser agresivo, entender la situación actual del mercado de nuestra industria y la necesidad que como país tenemos en la actualidad.

El debate estéril sobre la soberanía debe quedar atrás. Otorgarles mayor participación a los privados, buscando más divisas para el país debería ser un argumento suficiente. Generar ingresos que permitan al gobierno de turno mejorarle la calidad de vida a sus habitantes es ser mucho más soberano que insistir en que los recursos naturales solo los pueden explotar las empresas públicas de ese país. Menos pobreza y más bienestar es soberanía.

Ojalá y las cosas cambien en la industria petrolera de Venezuela. Es necesario para disminuir la pobreza, atacar la hiperinflación e impulsar esta economía que se empequeñece a un ritmo preocupante.

Los venezolanos nos jactamos de haber tomado la iniciativa, junto con Arabia Saudita, de crear una organización que protegiera nuestros intereses petroleros vis a vis las trasnacionales. En 1960, Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela fundaron la OPEP. ¿Cómo evolucionó la producción de esos cinco miembros iniciales? Comparemos sus respectivas producciones en cinco fechas: 1- Cuando se fundó la organización. 2- Cuando se estatizó la industria petrolera venezolana en 1976. 3-En el 2001, último año de la Pdvsa meritocrática. 4- A octubre de este año 2016 y 5- Al 1 de enero 2017, cuando se aplicarán nuevas cuotas. La data es tomada del Boletín de Estadísticas Anuales de la OPEP y no incluye condensados, ni líquidos del gas natural.

1- En 1960, Irán producía 1.067.000 barriles por día (b/d), Irak 972.200 b/d. Kuwait 1.691.000b/d, Arabia Saudita 1.315.000 b/d y Venezuela 2.846.000 b/d. Es decir, éramos los principales productores, aportando un 34% del total de los cinco miembros.

2- En 1976, Irán produjo 5.882.000b/d, Irak 2.415.400 b/d, Kuwait 2.145.400 b/d, Arabia Saudita 8.577.200 b/d y Venezuela 2.294.400 b/d.  Es decir bajamos al cuarto lugar, aportando un 10,76%.  Este descenso es explicable no solo por las grandes inversiones realizadas en los otros países, sino porque en Venezuela la ley establecía que las concesiones vencían en 1983 y, como reacción, las empresas transnacionales dejaron de invertir en exploración y mantenimiento. Como se sabe  esas empresas tuvieron que abandonar el país en 1976 porque adelantamos la nacionalización o estatización. A partir de esa fecha la política petrolera fue de restringir la producción con el postulado de que había que dejar petróleo para las futuras generaciones, tomando también en cuenta que en esos años las reservas probadas eran poco cuantiosas.

3- Gracias a la política de apertura  iniciada en 1992 para permitir que compañías privadas invirtieran en Venezuela bajo los esquemas de Convenios Operativos, Asociaciones Estratégicas y  Esquema de Exploración a Riesgo y Ganancias compartidas, y al manejo de Pdvsa y sus filiales como empresas comerciales, sin descuidar programas de responsabilidad social, nuestra producción empezó a repuntar.  En el 2001, último año de la Pdvsa meritocrática la  producción fue de  2.791.900 b/d. En relación a los fundadores mencionados, nuestra participación subió al 14,85%.

4- En el último Monthly Oil Market Report de la OPEP de noviembre 2016, la organización informó que la producción de Venezuela  al mes de octubre fue de 2.067.000 b/d, mientras que Irán produjo 3.690.000 b/d, Irak 4.561.000 b/d, Kuwait 2.838.000b/d y Arabia Saudita 10.532.000 b/d. Es decir que nuestra contribución actual es  de solo 8,72%. Del 2001 a la fecha dejamos de producir  724.900 b/d. Las causa de esta caída son conocidas: despido de casi 23.000 trabajadores calificados que se sumaron al paro cívico, designación de gerentes y directores  no capacitados, politización de Pdvsa y filiales, cambio de la misión de la empresa la cual paso de ser una petrolera con programas de responsabilidad social, a una empresa cuya misión principal es ejecutar y financiar programas de responsabilidad social, escaso presupuesto de inversión y elevada corrupción.

5- En la reciente reunión de la OPEP,  Venezuela aceptó reducir su producción en  95.000  b/d.  Al mismo tiempo reconoció  que nuestra producción  es de 2.067.000 b/d. A partir del 1 de enero del 2017, nuestra cuota  será  de 1.972.000 b/d, mientras que Irán producirá 3.797.000 b/d, Irak 4.351.000 b/d, Kuwait 2.707.000 b/d y Arabia Saudita 10.058.000 b/d. Nos corresponderá el 8,61% de la torta de los cinco miembros fundadores.

Actualmente la OPEP está integrada por 14 países. Sin embargo, a partir del año entrante quedan excluidos de cuota Libia y Nigeria e Indonesia fue suspendida por no acatar la reducción. Los once países restantes aportarán  29.804.000 b/d, por lo que nuestra contribución será de  solo un 6,6%. Lamentablemente Pdvsa no recorta voluntariamente, sino que su producción sigue cayendo por inepta.   Como dice Nelson Hernández ¨Venezuela dejará petróleo en sus yacimientos y  ¨ese recorte es un saludo a la bandera¨.

Pasamos de ser el primer productor de la OPEP cuando se fundó esta organización a ocupar el sexto lugar actualmente.  Tenemos supuestamente las mayores reservas petroleras del mundo, pero somos el socio gaznápiro de la OPEP.

Como (había) en botica: Tal día como hoy, en el 2002, instigado por el odio predicado por el difunto, el fanático Joa Gouveia asesinó  en la plaza Altamira a  Keyla Guerra, Josefina Inciarte y Jaime Giraud.  Maduro,  defenestrado por  Mercosur, insiste en que es su presidente. Se parece a Víctor Manuel de Saboya, quien  predica que es  rey de Italia. Un régimen que asesina campesinos, encarcela a médicos, twitteros y obreros  es porque agoniza.  Perdomo Camacho, comisario del Sebin, asesino de  Bassil  fue sentenciado a 29 años, pero recordemos que los asesinos de Maritza Ron, los paramilitares rojos Parra Linares,  Jiménez Eslasa y  Ramos Poche, fueron  sentenciados benignamente a ocho años, pero  solo estuvieron presos tres.   ¡Bravo por Mitzy, Antonieta y Lilian! Lamentamos el fallecimiento de  Guido Grooscors, quien fue un gran luchador por la democracia. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com