Observatorio Venezolano Contra la Violencia

“LA VIOLENCIA DELINCUENCIAL ha penetrado territorios con tradición pesquera, turística y agrícola en el estado Sucre durante los últimos 15 años”, así lo señaló el coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia Sucre, Jesús Subero, durante la presentación de la ponencia “Violencia y Territorios Delictivos en el estado Sucre”; presentada en la sala de postgrados de la Facultad de Arquitectura y urbanismo de la Universidad Central de Venezuela.

La participación sucrense se logró en atención a la invitación realizada por el OVV Región Capital, coordinado por Iris Rosas, al Foro “Impacto de la Violencia en el Territorio y Ciudadanía”, el cual contó con la bienvenida, a cargo del decano de la facultad de arquitectura y urbanismo de la UCV Gustavo Izaguirre, así como el coordinador del OVV Lara Carlos Melendez, quien formó parte del panel de especialistas, junto a la representante nacional del OVV Gloria Perdomo.

Subero indicó que el estado Sucre se ubicó en el séptimo lugar de homicidios en todo el país en 2017, al reportar 81 muertes violentas por cada 100 mil habitantes de acuerdo al estudio realizado por el OVV Sucre.

En el análisis histórico, destacó el movimiento migratorio de las bandas delincuenciales, que operaban en el centro del país, las cuales realizaban desplazamientos hacia el oriente para evadir la captura de los cuerpos de seguridad del Estado, pero en la actualidad, se han convertido en bandas delictivas que controlan cada uno de los 15 municipios.

Como consecuencia de esta situación, delitos como la piratería de mar han evolucionado para alterar los horarios de faena en las penínsulas de Paria, con marcada organización criminal y en Araya, donde se producen enfrentamientos entre la población que habita en extrema pobreza.

Los piratas no sólo se roban los motores y enseres de pesca prácticamente a diario, sino que también cometen homicidios en la noche y madrugada, razón por la que los pescadores se han limitado a cumplir sus faenas a plena luz del día y más cerca de la costa, con graves consecuencias como el empobrecimiento productivo, familiar y social; debido a la limitada oferta para el consumo de la población.

“Las condiciones costeras fronterizas, sumadas al poco control de las autoridades responsables de la vigilancia de ambas penínsulas, han facilitado la incidencia delictiva y criminal como un hecho común para sus pobladores, es decir, la acción de los cuerpos de seguridad marítima se ha limitado al patrullaje en lanchas y un helicóptero que sobre vuela hasta el lugar donde alcance el combustible” añadió el coordinador del OVV Sucre.

Por otra parte, dentro del análisis de las nuevas formas de violencia, Subero se refirió a los constantes asaltos en carreteras como un hecho común en todos los accesos del estado Sucre, pero mayormente en la troncal 9 de la carretera nacional (desde Puerto La Cruz en el estado Anzoátegui, hasta Güiria en Sucre).

Son constantes las manifestaciones en reclamo a los alimentos y medicinas, debido a la crisis humanitaria del país, pero sobre todo, por la escasez de tratamiento para enfermedades como el paludismo. Sin embargo, los delincuentes han aprovechado la oportunidad para saquear vehículos particulares, camiones de carga alimenticia y comercial a cualquier hora del día, con mayor énfasis en el eje costero Cumaná –Arapo- Puerto La Cruz y el sector Muelle de Cariaco en el municipio Ribero.

“Esta situación ha facilitado el crecimiento de la violencia en Cumaná, (primera ciudad fundada en el Continente americano hace 502 años) y otras poblaciones como Carúpano, Araya y Güiria e inclusive, en poblados como Cumanacoa, Cariaco, Casanay y Santa Fe, con la presencia de grupos armados dedicados a la ejecución de acciones delincuenciales y criminales, entre las que se destaca el homicidio, el atraco, la extorsión y el secuestro” detalló el Coordinador.

La ocurrencia de este tipo de sucesos ha afectado de manera considerable, el desarrollo turístico y se evidencia en los atracos registrados en balnearios y playas como Arapo, Arapito, Araya, entre otras, además en casas de playa y posadas.

Ante este panorama Subero puso de manifiesto la necesidad de establecer políticas de seguridad y prevención social, orientadas de manera adecuadas a la búsqueda de controlar la acción violenta y delictiva, para el rescate de la idiosincrasia y tranquilidad ciudadana en espacios públicos.

EL ESTADO SUCRE NO ESCAPA del incremento de la acción delictiva y la inseguridad con la participación de grupos motorizados quienes, incluso, utilizan este tipo de vehículo para crear nerviosismo y estimular el miedo en la población que se encuentra cada vez más vulnerable debido a la crisis política, económica y social del país.

“Aquí vivimos en una constante zozobra. En la subida de Corporiente por ejemplo, vemos cómo las personas que van a pie son atacadas a cualquier hora. Los motorizados les arrebatan las bolsas de comida cuando vienen del abasto Bicentenario o les roban las carteras y celulares” comenta Marina Vallera, quien trabaja en la calle Bolívar de Cumaná.

Son cada vez más frecuentes los robos cometidos por sujetos a bordo de vehículos tipo motos que aprovechan la aglomeración de gente en las colas y despojarlos de sus pertenencias (incluyendo productos de primera necesidad) para luego huir de manera velozmente.

Para Nancy Pereda la situación no es distinta en el centro de Carúpano, pues asegura que no cumple la jornada laboral con tranquilidad y son reiteradas las oportunidades que ha presenciado robos y atracos con la actuación, principalmente, de jóvenes motorizados.

Moto, armas y drogas, la combinación del miedo

En el análisis realizado por el Observatorio Venezolano de Violencia Sucre, coordinado por Jesús Subero, queda sentada la incidencia de las acciones delictivas con la utilización de armas de fuego, motos para el rápido desplazamiento de los antisociales y el uso de drogas como estímulo para la actuación. Los móviles de venganza y sicariato son los que cobran más vidas en estos casos.

Lo preocupante es que debido a la situación del país, los ciudadanos se encuentran cada día más indefensos frente a grupos delictivos que aprovechan hasta el congestionamiento de las paradas de transporte -debido a la falta de unidades, insumos y repuestos- para cometer robos masivos que anteriormente efectuaban dentro de los propios vehículos del transporte público.

“Definitivamente, andamos a la buena de Dios porque hasta la falta de efectivo nos deja indefensos. A mí me pasó cuando iba al gimnasio a las 6:00 de la mañana, y aunque intenté evadir al motorizado, me hizo detener para pedirme dinero pero como solo llevaba mi morral con la toalla y el agua para entrenar, se robó mi celular de mala gana porque eso no era lo que buscaba. Quería el dinero” explicó Deisy Contreras.

La política de la violencia motorizada

En Sucre durante episodios trascendentales del histórico acontecer, los grupos motorizados se han organizado para respaldar la actuación política del oficialismo, como ocurrió durante el período de manifestaciones antigubernamentales este 2017.

Mientras en horas de la mañana se registraban la mayoría de las movilizaciones opositoras, entre el mediodía y el final de la tarde, los llamados “colectivos” recorrían calles, avenidas y zonas populares tanto de Cumaná como de Carúpano, para promover un ambiente de violencia que incluyó daños a sedes de organizaciones políticas y viviendas, además de enfrentamientos con la ciudadanía.

La situación no es nueva, ya el 14 de junio de 2016 se registraron saqueos en el centro de Cumaná, así como zonas populares como Caigüire y el Mercadito de La Llanada en las parroquias Valentín Valiente y Altagracia respectivamente, donde los principales promotores de estos hechos se desplazaron a bordo de motos, comandados por dirigentes reconocidos dentro del sector oficial, quienes al poco tiempo de su detención, fueron dejados en libertad, lo cual deja en evidencia la impunidad que impera en el país.

Igualmente, durante los últimos años al finalizar cada evento comicial, cuando crece la expectativa sobre los resultados, un nutrido grupo de motorizados se desplaza por los alrededores de los centros electorales para promover escaramuzas entre los participantes y dejar en evidencia el triunfo oficial o peor aún, amenazar con iniciar actos vandálicos si los resultados no son favorables al sector que los controla.
Un medio de transporte más

Por otro lado, la ciudadanía ha encontrado en el uso de motos un alivio a la carga diaria frente a la escasez de transporte público para llegar a tiempo a sus lugares de trabajo o retornar a sus hogares. Sin embargo, recorrer las calles a bordo de este tipo de vehículos también ha sido motivo de discriminación para personas trabajadoras como Jesús Salazar, quien se desplaza diariamente desde la comunidad de Lomas de Ayacucho hasta la Avenida Miranda, donde labora como mensajero.

“He notado cómo la gente se asusta cuando llego a un lugar en la moto o me bajo con el casco, lo tratan a uno feo pero yo solo hago mi trabajo. También dicen que las calles son una anarquía por los motorizados, pero tampoco hay control y no todos somos culpables porque el Gobierno no ha hecho nada para atender las necesidades del pueblo” añadió.

NI LA POBREZA, NI LA DESIGUALDAD son las causas directas de las grandes tendencias de criminalidad en Venezuela desde el siglo XXI, demostró una reciente investigación del Laboratorio de Ciencias Sociales, con apoyo del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido y del Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional de Canadá.

A diferencia de otros países de América Latina, entre 2000 y 2010 los asesinatos aumentaron sostenidamente en 300% en el país, con más de 129.000 homicidios, a pesar de los altos ingresos provenientes del petróleo, de la disminución de la pobreza que en 2010 fue menor de 27,8%, y de la desigualdad que se redujo en 0,394. En contraste, en Colombia, por ejemplo, la violencia disminuyó en el mismo período, con un porcentaje de pobreza más alto que el venezolano (44,3%) y un incremento de la desigualdad de 0,578%.

“En el año 1997, Colombia tenía una tasa de 63 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que en Venezuela la tasa era de 19 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, entre ambas tasas había una diferencia de 40 puntos. Pero con la llegada del siglo XXI y particularmente en los 5 primeros años de ese ciclo, las tasas se homologaron en 38 homicidios. Pasados 10 años del nuevo siglo, en Colombia los asesinatos habían disminuido a la mitad (32 por cada 100.000 habitantes), en tanto que en Venezuela se triplicaron al alcanzar los 67 por cada 100.000 habitantes”, señala el estudio.

Los datos prueban además el crecimiento “rápido y grande” de la tasa de homicidios en Venezuela “nunca antes ocurrido en la región”, según el sociólogo Roberto Briceño-León, director de Lacso y autor del estudio.

“Si bien a partir de la década de los ochenta se incrementó la violencia en casi todos los países de la región, desde el año 2000 organismos internacionales adoptaron decisiones que empujaron a las ciudades a reducir sus tasas de homicidios: en São Paulo fue de 10 por cada 100.000 habitantes, en Bogotá de 14 por cada 100.000 habitantes, pero en Caracas fue de 150. Venezuela está entre los países más violentos, como Salvador y Haití; lo que cambia es si está en primer lugar o en segundo lugar”.

Una tendencia progresiva que se mantendrá al cierre de 2017, según apunta Briceño-León, al considerar que en 2016 se registraron 28.000 homicidios, con una tasa de 91% por cada 100.000 habitantes.

Fracaso en la no violencia

La investigación se propuso descubrir por qué no descendió la cifra de homicidios en Venezuela en esa década, lo que sí ocurrió en el resto de los países y es posible que eso continúe en el tiempo. “Eliminar la pobreza y reducir la desigualdad son metas sociales válidas y encomiables por sí mismas, pero no se justifica que se conviertan en causas de los asesinatos ni que ayuden a comprender los mecanismos que permiten reducir los homicidios en América Latina”, afirma.

La respuesta está en el irrespeto a la institucionalidad y en el fomento de la violencia frente a la falta de castigo durante esos 10 años. “El sentido de lo moral y de lo correcto se perdió por las acciones del gobierno de Hugo Chávez y por sus mensajes de elogio a la violencia, con las inevitables consecuencias de impunidad”, sostiene el sociólogo y experto en violencia urbana.

En esa década destacan dos picos en los cuales se incrementan las muertes violentas, señala. El primero se ubica en el año 2003 cuando ocurren 11.430 homicidios, lo que conduce desde 2004 a la censura impuesta sobre la información de las cifras reales de homicidios. “Los datos se retiraron de las páginas web de los despachos oficiales y del INE, y se clausuró la oficina de prensa de la PTJ”, recuerda Briceño-León. El segundo pico se produce en 2006. Los asesinatos aumentaron de una forma estrepitosa en el momento de mayor riqueza petrolera, de distribución de bienes y de dinero, de los 9.000 dólares que dio Cadivi que la gente usó para raspar tarjetas; es el tiempo en que el gobierno de Hugo Chávez informa a organismos internacionales que bajó la pobreza.

“El gobierno es responsable por omisión y comisión por lo que no ha hecho hasta ahora y por lo que ha hecho de forma equivocada”, afirma.

El especialista cita el decreto presidencial de 2007 mediante el cual se declara el 4 de febrero como fecha patria, que fue también el primer decreto de la Ley Habilitante. “Fue un elogio a la violencia institucional, como lo fueron también las celebraciones del Caracazo de 1989 y los fallidos golpes de Estado de 1992. Es la única explicación del crecimiento abismal de la criminalidad en Venezuela. Cuando hay una destrucción del tejido social y de las reglas, el proceso de violencia se da en cascada y seguirá por inercia”.

Briceño-León piensa que la tendencia hacia arriba persistirá, como ocurrió en los años posteriores, si no se adoptan correctivos.

“La respuesta debe venir del derecho penal desde la institucionalidad; se requiere de una cultura ciudadana máxima; de una internalización de la moral y de los valores de la sociedad, así como de un control social antes que un control penal por el Estado; de una sociedad donde las consecuencias desagradables para el criminal, como decía Durkheim, tengan un fuerza más social que penal. Solo así podremos pensar en una reducción sostenible de los homicidios”.

EL OVV BOLÍVAR REPORTÓ 121 HOMIDICIOS en agosto. Un enorme repunte considerando que el mismo mes, pero en 2016, se produjeron 71 homicidios.

50 homicidios más que el año pasado, lo que se traduce en un crecimiento de 70 % comparando agosto del año pasado con el que acaba de transcurrir.

El coordinador del OVV Bolívar, Eligio Rodríguez, indica que “son cifras preocupantes y especialmente alarma la escalada en agosto. No cabe duda que no existen políticas por parte del ejecutivo regional y lamentablemente la violencia es la acción y la reacción.”

Informa Rodríguez que “las malas condiciones del estado y sus municipios agrava la situación y aumenta el grado de descontrol, donde bandas delictivas (organizadas y no organizadas) operan al desafuero de la justicia y con absoluta impunidad en la región”.

De los casos reportados el 80% fueron perpetrados usando arma de fuego y se mantiene la ecuación de que las víctimas son en un 90% hombres y el resto mujeres. Así mismo, las víctimas han indicado la partición de funcionarios del estado en dichos delitos (35%).

Finalmente, siguen generando preocupación los casos del sur del estado. El pasado 14 de agosto se reportaron 7 muertes en supuesto enfrentamiento entre una supuesta banda de delincuentes y efectivos del Ejército, en una zona boscosa del sector El Perú, El Callao. Se trataba de personas sin identificación y en situaciones irregulares.

LUEGO DE SEIS MESES DE 2017 y en más de 100 días de alta conflictividad social, la balanza continúa inclinada hacia el lado de la violencia en el estado Bolívar donde ocurrieron 316 homicidios durante ese primer semestre.

«Preparense para un tiempo de masacre y de muerte, si fracasara la revolución bolivariana, prepárense…pónganse las pilas todos”. Nicolas Maduro.

Según cifras del Observatorio Venezolano Contra la Violencia, 24.980 personas fallecieron de forma violenta el año pasado, 82 por cada 100 mil habitantes, ubicando a nuestro país como el segundo mas violento del mundo. En el mes de Marzo de este año, fallecieron 485 personas por hechos violentos, sólo en el Area Metropolitana de Caracas y 468 en el recién finalizado mes de Mayo. 58  policías  han sido asesinados al 31 de Mayo, en su mayoría, para robarles el arma.

Un Venezolano muere cada hora víctima de la violencia en Venezuela. El abogado y criminólogo Fermin Mármol Garcia, dijo en una entrevista, que en Venezuela convivian más de 18 mil bandas criminales, de las cuales por lo menos 12 mil están en el delito violento, como los robos, secuestros y asesinatos. Mármol Garcia también afirmó que de cada 100 delitos que se cometen,  solo 6 son castigados, que los  colectivos armados, el Frente Bolivariano de Liberación Nacional y sus distintas fracciones  en Apure, Barinitas y Táchira,  los sindicatos de la construcción y las mega bandas criminales de los pranes en las cárceles, son intocables.

En los últimos 15 años, los venezolanos hemos sido testigos de  cómo el gobierno nacional ha promovido y protegido a estas bandas, permitiendo que se creen micro estados dentro del Estado, donde impera la ley de estos grupos, y donde los mismos organismos de seguridad tienen prohibido entrar. Las armas que se supone están controladas por el Estado, están en manos de la delincuencia, incluso las más modernas, adquiridas en el gobierno de Chávez.   La descarada impunidad ha permitido que la delincuencia se reproduzca, como la forma más  fácil de obtener dinero y poder, porque nadie los castiga, nadie los busca y por lo tanto, actúan a sus anchas a todo lo largo del territorio nacional. Es decir, no sólo  la delincuencia organizada consigue el camino libre para actuar,  sino que la amateur se cobija  en la impunidad para mantener en zozobra y pánico a la población.

Además  de lo anterior, el gobierno de Maduro ha fomentado la creación de nuevos grupos. Provea, ONG Venezolana en su informe anual, denunció la creación de los Comandos Populares Antigolpe, las Milicias Estudiantiles y Campesinas, las Brigadas contra los Grupos Generadores de Violencia y la Fuerza Choque de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se suman a las  Milicias Obreras —creadas en 2010— cuyo objetivo es enfrentar a sectores que protestan o disienten políticamente del gobierno. Grupos generadores de violencia para acallar el malestar social que actúan «legalmente».

En muchas de las bandas de la delincuencia organizada, hay funcionarios de los distintos organismos de seguridad del Estado, eso explica por ejemplo casos de secuestro express donde las víctimas han sido monitoreadas y bien escogidas. El empobrecimiento de la población, es uno de los principales  factores del incremento de los índices  de criminalidad.  Provea indicó, que si no hay cambios urgentes en las políticas del gobierno, a finales del 2015 habrá 12 millones de pobres, en un país donde los dividendos que producen los recursos petroleros y naturales, no son invertidos en el bienestar social ni en infraestructura.

Para rematar este panorama, los organismos de seguridad del estado están dedicados a perseguir a manifestantes que a lo largo del todo el país tienen más de un año protestando por las calamidades diarias que padece la población. Según cifras de Foro Penal Venezolano, más de 3700 personas han sido detenidas entre Febrero del 2014 y Mayo de 2015. 2053 de esos detenidos están siendo procesados penalmente, y 135 casos de torturas fueron registrados, denunciandose ensañamiento y crueldad especial en los jóvenes. Más de 600 personas fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Provea registró 1032 heridos en el marco de éstas protestas.

Nos preguntamos entonces, cual es el significado exacto de las palabras pronunciadas por Maduro. Masacre y muerte es lo que ha padecido el pueblo venezolano, entre el hampa y la persecución política.  A que se refiere cuando dice ¿“prepárense”? Porque los venezolanos decentes podríamos presumir que la intención es alertar a sus radicales para un enfrentamiento civil, donde sólo  un lado está armado y es justamente el gobierno nacional y sus bandas  identificadas, a las que se suman los grupos criminales que han hecho del delito una fuente fácil para obtener ganancia, gracias a la impunidad.  ¿Podríamos entonces presumir que la impunidad y la permisividad de grupos civiles armados es política de estado?

La violencia atrae violencia. Quien siembra odio, cosecha tempestades. La ciudadanía está como volcán a punto de hacer erupción. Aguanta callada hasta ahora, la humillación de hacer colas para obtener alimentos según su número de cédula, que la delincuencia le mate a los hijos, a los esposos, a las madres, a los padres y el gobierno sólo se vanaglorie por detener a los presuntos culpables de la muerte de Serra, uno entre miles de venezolanos asesinados.  La población observa como el gobierno en vez de atender la emergencia sanitaria y la crisis por la escasez de medicinas, se ocupa  de fabricarle expedientes a quienes disienten, de perseguir a los periodistas y medios de comunicación, de hacer pataletas porque Ex Presidentes exigen liberar a los presos políticos, y sobre todo, como pierden  el tiempo que deben emplear en gobernar, en montar circos de TV para seguir haciéndose propaganda  y tratar de remontar en las encuestas, que no le dan más del 15%.  El tiempo de los shows terminó. Las consecuencias del desgobierno, de la corrupción y del despilfarro, les está tocando la puerta a marrazos.

@Tamara_Suju