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Observatorio de Gasto Público

Cedice alerta sobre opacidad con la Ley de Presupuesto Nacional

EL EQUIVALENTE a más de 25 millones de dólares se solicitó en el mes de enero en créditos adicionales a la Ley de Presupuesto Nacional, cuya aprobación tuvo lugar sin la supervisión y el control correspondiente por parte de la Asamblea Nacional (AN).

La denuncia la hizo el Observatorio de Gasto Público (OGP) del Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), que detectó dos créditos adicionales que sumaban la totalidad del monto en las Gacetas Oficiales N° 41.564 y 41.566 del 15 y 17 de enero, respectivamente.

Según lo revelado por las Gacetas Oficiales, los órganos receptores de estos créditos adicionales fueron el Consejo General de Gobierno y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

La coordinadora del OGP, Dra. Sary Levy, explica que los créditos adicionales son destinados “a cubrir gastos necesarios no previstos o insuficientes, y en su trámite se ha de demostrar que el Tesoro Nacional dispondrá de los recursos para atender dicha erogación. Dichos créditos adicionales han de ser aprobados por la Asamblea Nacional y publicados en Gaceta Oficial”. Añadió la economista que este último trámite no se llevó a cabo.

Levy, quien fue decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela también alertó sobre la opacidad y la ligereza con la que el gobierno nacional maneja los créditos adicionales.

“Según reporta Transparencia Venezuela, en 2018, se aprobaron créditos adicionales por más de Bs.500 millardos, lo que en términos nominales llevó al presupuesto a 141% del monto aprobado. Asimismo, únicamente se publicaron en Gacetas Oficiales 149 decretos, correspondientes al 60% de los créditos aprobados”, recordó.

Por esta razón, Cedice Libertad, a través de su OGP realiza análisis y reportes periódicos sobre el manejo presupuestario y la política fiscal, a fin de brindar a la ciudadanía de una manera sencilla, como se ejecuta el mismo y cual eficiente es para solucionar los problemas de la sociedad.

No hay dinero para alimentos ni medicamentos, pero sí para la Constituyente

EN UN PAÍS CON GENTE COMIENDO DE LA BASURA y con el ingreso per cápita más bajo de Latinoamérica, la principal propuesta del Poder Ejecutivo para enfrentar los problemas económicos, sociales e institucionales, consiste en convocar una Asamblea Constituyente, que además de omitir la democrática participación ciudadana, no estaba presupuestada para este año.

Karelys Abarca, del Observatorio de Gasto Público (OGP) de Cedice Libertad, estimó que la Asamblea Nacional Constituyente podría costarle al Estado 5 mil 989 millones de bolívares, equivalente a 8,6 millones de dólares a tasa DICOM.

Venezuela enfrenta una situación crónica de escasez de alimentos y medicamentos, debido a que, entre otros factores, las empresas tienen un acceso limitado a las divisas para importar materias primas e insumos para producir. Además, una deuda externa que suma más de 193 mil millones de dólares, generando elevados niveles de servicio de deuda.

“Como esta convocatoria no estaba presupuestada, requeriría un crédito adicional que, dadas las restricciones internas, más temprano que tarde terminará como un incremento de la deuda externa. Resultaría incluso mucho más costosa si se plantea con voto manual, como lo insinuó Nicolás Maduro el pasado 20 de febrero, y si viene acompañada de referendos consultivos”, dijo Abarca.