Trece familiares directos e indirectos del contralor Manuel Galindo Ballesteros trabajan en el organismo que dirige desde diciembre de 2014. De aprobarse la reforma a Ley de Contraloría y del Sistema de Control Fiscal, el funcionario deberá responder por nepotismo

@boonbar

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, Manuel Galindo Ballesteros ha mostrado su reticencia a la reforma a la legislación que rige al organismo que dirige desde diciembre de 2014. En mayo de 2016, declaró que la Ley de reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal contiene “indicios de inconstitucionalidad” y que además la Asamblea Nacional no cuenta con la mayoría calificada para aprobar ese proyecto.

Pero Galindo Ballesteros no menciona que la reforma a la ley, que será presentado la próxima semana en segunda discusión por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, plantea una irregularidad que lo vincula. El numeral 28 del artículo 91 del proyecto incorpora por primera vez el nepotismo:  la responsabilidad administrativa de todo aquel funcionario que designe a familiares en cargos del organismo que dirige.

“Artículo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación:   

Numeral 28 Quienes designen, nombren, seleccionen o contraten a su cónyuge, concubino o personas con quienes estén vinculados por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en el órgano o ente en el cual se desempeñan o sobre los cuales ejerzan control de tutela, accionarial o estatutario.

De ser aprobada esta ley por la AN, Galindo Ballesteros deberá entonces responder por haber contratado bajo su administración a al menos 13 familiares directos en cargos de variable importancia dentro de la Contraloría General de la República, desde que fue designado por el presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2014 como parte del Poder Moral.

El nepotismo también ha sido incluido en el proyecto de reforma a la Ley Contra la Corrupción, pendiente por entrar en la agenda de discusión.

Contratar a familiares en la administración pública no es una práctica nueva de algunos funcionarios identificados con el chavismo. Galindo Ballesteros, abogado y profesor de posgrado, sustituyó en marzo de 2013 a  la primera dama Cilia Flores (con     quien tiene una relación de compadrazgo) en la Procuraduría General de la República. Entre 2006 y 2010 fue consultor jurídico de la Asamblea Nacional, justo en el período presidido por la primera dama.  Aparte, parientes de la ex procuradora también han ocupado cargos en los organismos que tuvo a cargo.

Galindo Ballesteros también preside desde diciembre de 2015 el Consejo Moral Republicano, que comprende la Contraloría General de la República, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

La familia contralora

El hijo: Alvaro Galindo León

Fue nombrado director de Despacho del Contralor (Gaceta Oficial 40.575) el 7 de enero de 2015. En la misma resolución, fue designado Guison Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores, como sub contralor general de la CGR. En julio de 2015 fue sustituido por José Javier Morales, ex diputado del partido de gobierno Psuv.  

La esposa del hijo: Suhei Marisel Araque Serrano

Ocupa varios cargos dentro de la CGR: es directora de la  asistencia al Despacho del Contralor; auditora interna en Comisión de servicio y analista agregada del Consultor.

El nieto: Mauricio Eduardo Galindo Bermúdez

El hijo del director del Despacho del Contralor y nieto del contralor ocupa el puesto de “analista asistente”  de la Dirección de Información y Cooperación Técnica.  A pesar de estar cursando Estudios Internacionales en la Universidad Santa María, tiene oportunidad de viajar al extranjero como representante de la CGR. Uno de sus últimos viajes fue a Paraguay (25 y 26 de abril de 2016) para asistir a la reunión del Comité de Creación de Capacidades (CCC) de la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacepfs). También acompañó a su abuelo en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en agosto de 2015 en Viena, Austria.

La novia del nieto: Marinely Trinidad Gervazzi Cañizalez

La novia de Mauricio Galindo Bermúdez ha ocupado varios cargos dentro de la CGR. La abogada egresada de la UCV en 2014,  trabaja en la dirección de la Asistencia al Despacho Contralor;  Secretaria de la Comisión de Contrataciones de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la CGR (Sersacon) y es secretaria de la Comisión de Contrataciones de CGR (Resolución 01-00-000095 del 25 de marzo de 2015) y forma parte de la junta directiva de la Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado Gumersindo Torres (Cofae), en la cual Numidia Rocío Flores, hermana de Cilia Flores, es miembro principal.

La hermana de la novia del nieto: Marianela Gerbazzi Cañizalez

Se retiró de la carrera de medicina en diciembre de 2012. Trabaja en el despacho del contralor desde el 26 de enero de 2015, según indica su ficha laboral del IVSS. Está adscrita a la dirección de Sistemas de control como auxiliar administrativo.

La hija: Mayra Galindo León

Es presidenta de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la CGR (Sersacon) desde 24 de febrero de 2015 (Gaceta Oficial 40.607).

El esposo de la hija: David Burguillos Atencio

Es director de Sistemas de Control (Gaceta Oficial 40.576).

La otra hija: Abril Galindo León

Es asistente de odontología de la Dirección de Recursos Humanos.

El novio de la otra hija: Yanier Quintana Pérez

Trabaja en la dirección de la asistencia del despacho del Contralor.

El cuñado: Wuilmer León Flores

Hermano de la esposa del contralor. Ocupa la dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio (Gaceta Oficial 40.607). Se ha encargado de inhabilitar políticamente a dirigentes de la oposición por “inconsistencias de la declaración jurada de bienes. Tal fue el caso de Vicencio Scarano, ex alcalde del municipio San Diego (15 julio 2015)  y la ex diputada María Corina Machado (13 julio de 2015).

El sobrino: Antonio León Delgado

Dirección de Información y Cooperación técnica. Auxiliar administrativo.

La sobrina: Haydelin Villegas León

Es directora de Información y Cooperación Técnica (Gaceta Oficial  40.605).

El novio de la sobrina: Nelson López García

El ingeniero de telecomunicaciones labora en la dirección de Informática como analista senior.

Nepotismo

El nepotismo podría ser considerado delito por otras legislaciones. También ha sido incluido en el proyecto de reforma a la Ley Contra la Corrupción y para la salvaguarda del patrimonio público, pendiente por entrar en la agenda de discusión. El artículo 30 reza que «los funcionarios públicos no podrán designar, nombrar, seleccionar o contratar a su cónyuge, concubino o personas con quienes estén vinculados por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en el órgano o ente en el cual se desempeñan o sobre los cuales ejerzan control de tutela, accionarial o estatutario«.

De aprobarse la reforma a la Ley contra la Corrupción, Galindo Ballesteros al igual que otros funcionarios de la administración pública nacional, estadal y municipal que han favorecido familiares con cargos en los organismos que dirigen, tendrán que rendir cuentas sobre las prácticas de nepotismo.

El nepotismo como riesgo de corrupción

 

Convención Interamericana contra la Corrupción:

En artículo III contempla medidas preventivas. Los Estados parte tiene el deber de incorporar en sus propios sistemas institucionales, normas destinadas a crear, mantener y fortalecer: 1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas.  Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses. El nepotismo es una de típica situación  de  conflicto de intereses

 

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción  

Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, procurará adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas (artículo 7, numeral 4).

También procurará adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas.

 

Comité de Expertos del MESICIC (Mecanismo Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción

Medidas sugeridas a Venezuela: a) Revisar y analizar la posibilidad de reglamentar el régimen de prevención de conflictos de intereses, impedimentos, inhabilidades y prohibiciones relacionadas con los altos cargos del Estado, teniendo en cuenta las particularidades e importancia de los mismos, así como los mecanismos para hacerlos efectivos.

Considerar, entre otros aspectos, la previsión de una incompatibilidad en el ejercicio de las funciones públicas, respecto a otras actividades que pudiera afectar su imparcialidad; el fortalecimiento del régimen de sanciones; y la previsión de un órgano, dotado de plena autonomía, que vele por el debido cumplimiento de esta reglamentación

Utilizar las declaraciones juradas de bienes patrimoniales, ingresos, activos y pasivos, para detectar y evitar conflictos de intereses

 

Código de Ética de las Servidoras y Servidores Públicos

Dictado por el Consejo Moral Republicano el 12/12/2013 (G.O. 40.314), incorpora dentro de las prohibiciones de los funcionarios públicos (artículo 6), diversas situaciones de conflicto de intereses, aunque no enuncia en forma expresa el nepotismo.

 

Anteproyecto de Ley contra la Corrupción y para la Salvaguarda del Patrimonio Público

Incorpora un capítulo de conflicto de intereses (artículos 28 al 35), que incluye al nepotismo.  Aún no ha sido presentado en primera discusión por la actual AN.

 

Ley sobre Conflictos de Intereses

La CGR, en representación de Venezuela, informa ante el MESICIC que existe este proyecto, anuncia el informe. Ese proyecto se encuentra en la AN, no fue discutido ni aprobado por el parlamento anterior.  

Uno de los primeros casos de corrupción en los que incurrió el movimiento político que devino en Chavismo fueron los intentos de golpe de estado de 1992. En esa ocasión, miembros de las fuerzas armadas usaron en provecho particular los recursos que la República había puesto a su cuidado para procurar llegar al poder. No repararon en asesinar venezolanos, destruir infraestructura y bienes móviles usando las armas que el pueblo venezolano les había confiado.

Desde su llegada al poder, el chavismo fue mostrando sus gustos por las formas torcidas. Por poner las cosas de manera tal que beneficiaran los intereses del grupo político aunque no necesariamente a los objetivos asociados al mismo. Muy temprano en la era chavista aparecen problemas como el nunca bien investigado y por supuesto no castigado Plan Bolívar 2000. Comenzaron a aparecer ricos de la nada. Las fortunas generadas a la sombra del negocio con el gobierno son muchas más que en toda la historia de Venezuela desde su descubrimiento. Varios de los que negociaron con el gobierno pueden ser llamados fantastillonarios. Ninguno de ellos es caso de estudio de las escuelas de negocio porque se sabe el oscuro origen de sus riquezas.

El nepotismo, reconocida forma de corrupción en la literatura sobre el tema, es norma en el gobierno venezolano. El chavismo es una gran familia que se ha enriquecido de forma vulgar a través de su acceso al poder. No vale la pena nombrar los casos de corrupción más destacados. Basta con decir que no es ético nombrar a un hijo ministro o que un hijo de un gobernador, golpista del 4F, tenga negocios con la administración de su padre.

En términos de corrupción el chavismo rompe el molde con lo político y lo administrativo. Nunca una clase gobernante había abusado tanto del poder como la dirigida por Hugo Chávez. Él mismo fue uno de los que violentó el poder político de una forma grosera y arbitraria. Basta recordar su respuesta a la derrota que sufrió su fracasado intento de modificar una constitución que todavía no cumplía diez años. Fue introduciendo cambios a través de decretos gracias a poderes habilitantes que le daba una Asamblea Nacional postrada a los deseos del capataz.

Una vez pierden la mayoría calificada en las elecciones de 2010, usan los últimos meses del mandato no ratificado por el pueblo para introducir el resto de las leyes que le permitían a un Chávez ya totalmente dañado por el exceso de poder, aprobar leyes que configuraban su mamotreto socialista previamente rechazado en la urnas por el pueblo. Lo que algunos llaman astucia e inteligencia no es más que una vulgar ausencia de escrúpulos para manejar los hilos institucionales a favor de los intereses políticos privados, ajenos a lo previsto en la constitución que él mismo creó. Un caso de corrupción política que queda para el momento de escribir el papel de este sujeto en la historia venezolana.

El manejo mediático y administrativo de la enfermedad de Chávez es otro caso que deberá ser revisado desde una perspectiva ética. Lo primero, esconder la gravedad del estado de salud del presidente. Se debe entender que cuando lo privado de una persona afecta a lo público, entonces pierde su característica de reservado en cuanto a las consecuencias que el desarrollo de la enfermedad pueda acarrear al país.

La oscuridad administrativa de esta etapa del gobierno de Chávez es total. Una persona, lógicamente dedicada a luchar por su vida, pierde la capacidad de mantenerse vigilante del complejo manejo que requiere la conducción de un país. Se debió, por ejemplo, informar sobre los gastos asociados al cuidado de la salud del mandatario. Se debió informar sobre los costos del manejo del país a control remoto y que requirió entre otras cosas un puente aéreo permanente entre Caracas y La Habana.

En la fase final de la enfermedad se le mintió al pueblo sobre largas reuniones que Chávez mantenía con sus ministros. Aparecían puntos de cuenta con la firma del presidente nombrando altos cargos y seguramente habrá muchos aprobando recursos. Se aprovechó este momento para hacer y deshacer en términos de los intereses políticos privados de la cúpula gobernante.

Saltando varios años de oscuridades y trapisondas llegamos al resultado electoral del 6D de 2015. Debo señalar que no me sorprendió. Me toco explicar a muchos analistas y políticos españoles que la oposición ganaría fácilmente las elecciones y me atreví a decir que la MUD contaría con 113 diputados. Está grabado en programas de televisión. Los resultados desataron los demonios de una clase corrompida hasta los tuétanos. Llegaba al poder una gente con capacidad de auditarlos, de fiscalizarlos y de ponerlos a disposición de autoridades competentes para su debida investigación.

La corrupción se soltó el moño. Lo primero fue crear un tribunal supremo afín al partido político. Lo hace una AN al borde de la extremaunción brincando lapsos y obviando requisitos. Diputados del PSUV terminan como magistrados, abogados que no cumplen los requisitos ocupan los cargos. ¿Qué se podía esperar de unos sujetos que aceptan estos nombramientos? Inmoral y corrupta obsecuencia. Eso es lo que vivimos.

Comienza el vía crucis del pueblo venezolano. Lo primero fue desmentir que tenemos el mejor sistema electoral del mundo. Vamos para un año y la sala electoral del tsj (todo en minúsculas) todavía no resuelve el caso del Estado Amazonas. Esto permite después de distintas acciones a la sala constitucional dirigida por una ex funcionaria del gobierno de Chávez y miembro del PSUV, declarar en desacato a la Asamblea Nacional.

Un CNE compuesto por ex miembros del PSUV impide a través de prácticas totalmente inmorales la realización del referéndum revocatorio. Todavía aparece un golpista del 4F en el programa de Rangel alegando que el chavismo está en su mejor momento. Carcajadas estruendosas y prolongadas. A menos que el mejor momento se refiera al de haber alcanzado la cúspide del descaro, cara-durismo, hipocresía, insensibilidad y corrupción de una clase política en la historia venezolana.

Cuando el norte de una clase política es su interés particular en contra del bienestar del país, la corrupción será siempre el mecanismo que torcerá lo legal para poner las cosas a favor de la cúpula podrida.

Cuando la corrupción es gobierno, le queda muy difícil a los demócratas lograr objetivos con apego a la constitución.

Muchos artículos de los últimos días hablan de la dictadura en Venezuela como algo reciente. En particular a partir de la grosera imposición del presupuesto de la nación por el dictador Maduro. En la última semana de Mayo y la primera de Junio publiqué un artículo en dos entregas titulado Venezuela Sufre en Dictadura.

El reconocer el tipo de gobierno que sufrimos, lleva a repensar las estrategias y a extremar los esfuerzos por liberar a Venezuela de una dictadura de republiqueta bananera al peor estilo de mediados del siglo veinte. Es un compromiso de los venezolanos con esa generación que ya se abre paso para tomar las riendas del país.

@botellazo

La Asamblea Nacional aprobó este martes en primera discusión el proyecto de Ley contra la Corrupción y para la Salvaguarda del Patrimonio Público, el cual introduce al instrumento jurídico venezolano un importante conjunto de elementos normativos en materia de lucha contra la corrupción.

El Diputado a la Asamblea Nacional y Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, Freddy Guevara, explicó que el texto incorpora como sujetos de aplicación de la ley a los consejos comunales, comunas, cooperativas y demás instancias organizativas del denominado Poder Popular; así como a todas las personas naturales o jurídicas, del sector público o privado, que en cualquier forma contraten, negocien o celebren operaciones con cualquiera de los órganos o entes del sector público, que en cualquier forma intervengan en la administración, manejo o custodia de bienes y recursos públicos.

Por otra parte, y atendiendo las recomendaciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se establece la obligación de todo funcionario de presentar, junto a la declaración jurada de patrimonio, su declaración jurada de intereses, en la cual debe dejar constancia de las actividades económicas, financieras y profesionales que desarrolla al margen de la función pública, así como los vínculos familiares y cualquier circunstancia que pueda generar conflicto de intereses.

En este sentido, Guevara recalcó que se consagra el nepotismo en el ordenamiento jurídico venezolano, prohibiendo a todo funcionario público designar, nombrar, seleccionar o contratar a su cónyuge, concubino o personas con quien esté vinculado por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En caso de producirse esta irregularidad, la norma estipula la nulidad de todas las designaciones, nombramientos, selecciones o contrataciones realizadas por las máximas autoridades jerárquicas, de familiares o personas naturales o jurídicas con quienes tengan relaciones financieras o comerciales.

La Ley también dedica un capítulo destinado al fortalecimiento de la rendición de cuentas. Al respecto, Guevara indicó que se sanciona con responsabilidad administrativa y penal la omisión de demostrar el uso o destino de los fondos públicos cuya administración les ha sido confiada, en virtud de que a pesar de que la Constitución y diversas leyes establecen tal obligación, su incumplimiento no acarreaba ningún tipo de sanción.

Por otra parte, como aspecto novedoso se incorpora la obligación de que todo funcionario que reciba dinero para viáticos, pasajes y otros gastos deberá presentar informe de la gestión encomendada y la utilización de dichos recursos públicos.

Sobre el peculado de uso, la ley contempla la obligación de utilizar los vehículos pertenecientes al sector público únicamente para la realización de labores o prestación de servicios inherentes a las funciones y actividades propias del ente al que estén asignados, estableciendo que el incumplimiento de dicha obligación se sancionará con responsabilidad penal, con una agravante en aquellos casos en los que la utilización de los vehículos, naves o aeronaves del Estado se haga con fines políticos o electorales.

Guevara subrayó que la Ley contra la Corrupción y para la Salvaguarda del Patrimonio Público incrementa todas las penas establecidas en los delitos previstos; establece que en casos de corrupción deberá restituirse el 100% del lucro o beneficio obtenido; mientras que para los delitos en los que se haya producido un lucro o beneficio para el funcionario público o particular, se determinar multas del cien por ciento (100%) del lucro o beneficio obtenido.

“Quien se robe el dinero debe devolverlo al 100%. Quien sea corrupto debe cumplir su pena frente al Estado. Ya basta de que se despilfarren los recursos de todos los venezolanos y no se castigue a ningún responsable. Una empresa que sea investigada por corrupción no puede seguir trabajando o contratando obras para el Gobierno”, enfatizó.

Para finalizar, Guevara destacó que el texto también introduce como elementos novedosos en la legislación venezolana el delito del blanqueo de bienes producto de la corrupción y la figura de la Cooperación Eficaz, como un mecanismo que permita a aquellos sujetos involucrados en la comisión de los delitos tipificados en esta Ley disminuir la pena que sea aplicable, cuando suministren datos o información precisa, verídica y comprobable que conduzca al esclarecimiento de la comisión de delitos y la identificación de los presuntos responsables, la ubicación y destino de los recursos, bienes y demás activos extraídos de manera ilícita del patrimonio público.

“A aquel que sirva de testaferro y esté dispuesto a denunciar a sus jefes, el Estado venezolano le dará los beneficios para ponerse a derecho”, sentenció.

En la Contraloría General de la República, órgano cuya misión es «velar por la gestión y el correcto uso del patrimonio público»,  trabajan 13 familiares del titular de la institución, Manuel Galindo.

En el sistema judicial trabajan 45 parientes de 14 altos funcionarios o ex funcionarios  que ocuparon puestos claves en Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Defensa Pública y  la Defensoría del Pueblo.

Al menos 43 familiares -hijos, sobrinos, esposos, hermanos-  de altos jerarcas del chavismo ocupan posiciones relevantes en el servicio exterior venezolano.

Para muestra del nepotismo de Estado, estos tres «botones»,  analizados ayer en un foro organizado por la Organización No Gubernamental (ONG) Transparencia Venezuela, la cual  puso de nuevo la lupa sobre estos casos, develados por indagaciones propias e investigaciones periodísticas.  Entre éstas últimas destaca el reportaje publicado por Runrunes  a principios de julio pasado desarrollado por la periodista Lisseth Boon.

Sobre la base de este trabajo, la ONG solicitó a la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional investigar, y eventualmente sancionar, al Contralor; pero hasta la fecha el Parlamento no ha respondido.

El nepotismo, entendido como el favoritismo desplegado por funcionarios públicos que gozan de poder y autoridad, para ingresar o influir en el ingreso de familiares y amigos en la administración pública, violenta el ordenamiento jurídico venezolano,  precisó  Transparencia Venezuela: Constitución (Art. 145 y 146), la Ley contra la corrupción (Art. 14), el Código de Ética de las Servidoras y los Servidores Públicos (Art. 6, numerales 1, 4, 10, y 11) y la Ley del Estatuto de la Función Pública (Art. 33, numeral 10, literal a. y b. y Art.40).

«Sabemos que la Administración Pública completa; es decir el Gobierno Nacional, pero también los regionales y municipales, han sido permeados por el nepotismo y están plagados de casos de conflictos de interés que van en detrimento del patrimonio público, por lo que hemos decidido iniciar una cruzada para presionar públicamente para la sanción administrativa, política, disciplinaria, penal o social de los funcionarios que incurran en esta práctica, advierte la directora ejecutiva de la ONG,  Mercedes de Freitas, quien resaltó los hallazgos de una investigación llevada a cabo por la organización.   El trabajo -explicó- se basó en la revisión de gacetas oficiales, notas de prensa, denuncias o información disponible en los sitios web de diversos organismos oficiales.

Una tercera exploración, también periodística, expuesta por Transparencia Venezuela, descubrió que los personajes de confianza han desplazado a los diplomáticos de carrera en el servicio exterior venezolano.

La justicia venezolana no es ciega a la ahora de sentenciar, como lo demuestra el hecho de que el Gobierno no pierda un caso desde 2003 en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sino también a la hora de contratar. Pese a que el artículo 145 de la Constitución es claro al señalar que “los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna” y que “su nombramiento y remoción no podrán estar determinados por la afiliación u orientación política”, en la práctica los nexos sanguíneos y afectivos con ciertos funcionarios parecen ser más apreciados por los organismos del sistema de administración de justicia que los títulos y especializaciones.

Una revisión realizada a documentos como la Gaceta Oficial, notas de prensa, denuncias o información disponible en los sitios web de los distintos organismos arrojó que 45 parientes de 14 altos funcionarios o exaltos funcionarios ocupan u ocuparon puestos claves en organismos como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Ministerio Público, la Defensa Pública o la Defensoría del Pueblo.

Entre los parientes de altas autoridades que se desempeñan en puestos claves en la administración judicial destaca María Adelaida Maduro, hermana del presidente Nicolás Maduro y quien se desempeña como directora de la Defensa Pública. La pariente presidencial estuvo vinculada sentimentalmente con Ciro Araujo, quien se desempeñó como defensor público general desde 2011 hasta el año pasado, cuando la anterior Asamblea Nacional lo removió en un extraño procedimiento, bajo el alegato de que “abandonó el cargo” al irse de viaje sin permiso de ese organismo.

La primera dama Cilia Flores tuvo a un hermano, Rogers Flores, al frente del departamento de Recursos Humanos de la Defensa Pública, pero él se retiró antes de la remoción de Araujo. La actual diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela por Cojedes tiene desde diciembre de 2014 a Edgar Gavidia, hermano de su primer marido, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como magistrado de la Sala Social.

Pero antes llegó a tener a un hijo, El nepotismo se pasea impunemente por el Poder Judicial; y a un sobrino, Irvin Molina Flores, como jueces, aunque ambos pidieron un permiso al TSJ en 2014.

En el máximo juzgado no son pocos los magistrados han conseguido que parientes fueran contratados por ese organismo. La expresidenta del TSJ y ahora magistrada emérita Luisa Estella Morales, colocó a sus tres hijas en distintos puestos, siendo Leticia Acosta Morales la que posiciones de mayor relevancia ocupó, pues durante los once año que su madre estuvo en el máximo juzgado fue magistrada de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y coordinadora de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM); y por último una de las asistentes.

De la sucesora de Morales en el TSJ, la magistrada Gladys Gutiérrez, hasta el momento no se conoce que haya favorecido a parientes propios, pero sí a los de otros funcionarios como los del fallecido Hugo Chávez, pues en 2013 fue la principal promotora de la designación del hermano del desaparecido mandatario y expresidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Argenis Chávez, como director de la Magistratura, desde donde administró el 85% de los fondos del Poder Judicial.

Sin embargo, los ahora jubilados Marco Tulio Dugarte y Luis Franceschi son con casi toda seguridad los que lideran la lista de familiares y amigos contratados. Dugarte, a su paso por la DEM, colocó al menos siete parientes, entre los que destacaban su esposa Subgey Saab; mientras que Franceschi aprovechó su puesto de magistrado de la Sala Social para hacer lo propio con 14 familiares y amigos a los que ubicó en los tribunales de Bolívar, algunos de los cuales como su hermana Haydee Franceschi aún continúan, según los registros del TSJ.

En 2007 al ser consultado sobre las acusaciones de neopotismo, Dugarte afirmó: “El ataque es porque mi esposa, que es abogada, trabaja aquí en la DEM como asesora mía (…) Cuando llegas a una institución donde tienes que hacer profundos cambios y no conoces en los empleados, en quién más puedes confiar sino en tu esposa para que te ayude. Si no fuera esposa mía nadie diría nada (…) Si me dijeran que tengo a 20 familiares lo entiendo, pero eso no es así, sólo son casos puntuales”.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, también ha colocado a tres sobrinas en distintas posiciones, mientras que la exdefensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, nombró a su hermano Daniel como director de Atención al Ciudadano y a su hermana Yannelis como defensora delegada en Puerto Ordaz. En la actualidad el hermano de Ramírez labora en el TSJ.

Esta es una serie de Reportajes del nepotismo en le gobierno que presenta Transparencia Venezuela 

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Transparencia Venezuela solicitó ante la Asamblea Nacional (AN) la inmediata apertura de una investigación sobre la asignación de cargos en la Contraloría General de la República a familiares cercanos al Contralor General Manuel Galindo Ballesteros. De comprobarse el ilícito de nepotismo, la organización exigirá la remoción del funcionario por el incumplimiento de los deberes que su investidura le impone.

En una carta dirigida al presidente de la AN, Henry Ramos Allup y demás miembros de la junta directiva del parlamento, la organización se apoya en el artículo 274 de la Constitución  que establece que el Poder Ciudadano – del cual forma parte la Contraloría- tiene el deber de prevenir los actos que atenten contra la ética pública y moral administrativa. Recuerda además que el Código de Ética de las Servidoras y Servidores Públicos precisa que está terminantemente prohibido que los funcionarios públicos intervengan en las decisiones  en asuntos de interés particular que puedan beneficiar a «cónyuge, concubina o concubino o parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad».

Solicitud ante la AN por caso del Contralor 16-07-16 by lisboon on Scribd

La petición de investigación sobre nepotismo contra el Contralor fue formalizada ante la AN el jueves 14 de julio de 2016, luego de que el propio presidente del Poder Moral justificara públicamente que ha contratado a familiares en su despacho. Esta «admisión pública de la infracción de sus deberes» fue la respuesta  del Contralor al reportaje «En la Contraloría General todo queda en familia», publicado en Runrun.es (01-07-16), que reveló que 13 parientes de Galindo Ballesteros tienen cargos en la CGR.

En una entrevista para Venevisión (07/07/2016), Galindo Ballesteros hizo la distinción entre «nepotismo negativo y positivo». Al respecto, la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas aclara que todo nepotismo siempre implica «abuso de poder, tráfico de influencia, riesgo de corrupción e impunidad, así como debilidad en la calidad de la gestión». Además, la norma internacional firmada por Venezuela en las Convenciones Interamericana y de las Naciones Unidas contra la corrupción «impiden la participación de familiares hasta el procesos de concurso de ingreso».

El Presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, presentó los alcances del proyecto de Reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, el cual será sometido a segunda discusión en la plenaria del Parlamento el próximo jueves.

En compañía de los parlamentarios Ismael García y Carlos Berrizbeitia, Guevara señaló que la propuesta de Reforma comprende 19 modificaciones del articulado vigente, con la finalidad de adecuar el conjunto de leyes anticorrupción a lo estipulado en la Constitución Nacional.

Al respecto, explicó que la propuesta abarca cuatro aspectos clave dentro de la administración pública venezolana: nepotismo y demás formas de conflicto de interés; rendición de cuentas; inhabilitaciones políticas y fortalecimiento del sistema nacional de control fiscal.

“El nepotismo es uno de los peores vicios que existe en nuestro país. La semana pasada escuchamos con asombro las lamentables declaraciones del Contralor General cuando dijo que había nepotismo bueno y nepotismo malo. Todo nepotismo es malo, porque todo abuso de poder es malo. Es por eso que en esta Reforma que hoy presentamos se introduce por primera vez en el marco jurídico venezolano regulaciones en materia de conflictos de intereses. A partir de la aprobación de esta reforma, se acabó ese bochinche de meter en cargos directivos a la tía, a la prima, a la mamá. Este instrumento presenta nuevas causales de sanción contra aquellos funcionarios que incurran en esa práctica. Igualmente, la Contraloría General deberá tomar acciones en aquellos casos que violenten la cláusula de conflicto de intereses. Por ejemplo, si un funcionario que aspire a un cargo tiene una empresa de alimentos, entonces no puede asumir el cargo de dirigencia en el Ministerio de Alimentación”, puntualizó.

Acerca de la rendición de cuentas, Guevara informó que la propuesta incorpora sanciones de reparo y responsabilidad administrativa a los funcionarios que no presenten los comprobantes que demuestren en qué han gastado los recursos públicos.

“Este ha sido uno de los elementos que ha contribuido al despilfarro de los recursos públicos y al incremento de la corrupción. La rendición de cuentas fue eliminada en anteriores reformas hechas a la Ley de Contraloría, la última en 2010 cuando la Asamblea era controlada por el partido de gobierno.»

El tercer aspecto fundamental es el de las inhabilitaciones. En este sentido, Guevara señaló que en la reforma propuesta se plantea que las inhabilitaciones dictadas por la Contraloría General de la República estén restringidas únicamente a funcionarios de carrera y de libre nombramiento y remoción, con lo que se suprime la potestad del Contralor de acordar tales sanciones para la postulación, la elección y el ejercicio a cargos de elección popular.

En cuanto a funcionarios de elección popular, Guevara precisó que la reforma se adapta a la Constitución Nacional, al establecer que dichos funcionarios solo podrán ser inhabilitados previa sentencia judicial penal y firme, dictada por el Poder Judicial, en concreto, por un tribunal penal competente, tal como lo establece la Carta Magna en sus artículos 65 y 42.

“Las inhabilitaciones deben ser para castigar la comisión de delitos de corrupción por parte de funcionarios públicos a todo nivel, y no para ser utilizado como arma para la retaliación política y el pase de factura a funcionarios o candidatos contrarios a los intereses del gobierno. Debemos poner fin a la política perversa empleada por este régimen de inhabilitar a adversarios políticos por temor a ser derrotado en procesos electorales”, sentenció.

Finalmente, la reforma plantea un conjunto de medidas para fortalecer el Sistema Nacional de Control Fiscal, tales como la sujeción de la función de control a la planificación anual que deberá tomar en cuenta los planteamientos de otros Poderes Públicos, las denuncias recibidas y proyectos en los que se haya invertido la mayor cantidad de recursos, con el objetivo de disminuir la infectividad de los planes de fiscalización de la Contraloría. “De acuerdo con la tendencia actual, la Contraloría se ocupa fundamentalmente de fiscalizar alcaldías y órganos pequeños con poco presupuesto, dejando sin control los grandes fondos del Estado que se dejan abiertos para hacer mega guisos”, puntualizó Guevara.

También se amplían las competencias de la Contraloría General de la República para que controle la armonización de las políticas monetarias, fiscal y cambiaria para garantizar la estabilidad macroeconómica y la aplicación de los principios constitucionales que rigen la materia, especialmente el de equilibrio fiscal, además de fijar sanciones para aquellos funcionarios que impidan la divulgación de cifras oficiales e indicadores macroeconómicos, y disminuir así la opacidad de la gestión gubernamental.

Finalmente, se condiciona la posibilidad de intervenir contralorías estadales y municipales supeditando su ejercicio a la opinión favorable de los Consejos Legislativos y de los Concejos Municipales, además de normar los concursos públicos para la designación de los contralores estadales y municipales, conforme a los artículos 163 y 176 de la Constitución.

“Lo hemos dicho: en Venezuela la corrupción mata. Tenemos la obligación moral y política de ponerle fin a esa situación, en donde no hay comida ni medicinas porque el dinero destinado para su producción o importación se los robaron unos privilegiados. La Contraloría General de la República debe estar al servicio de la salvaguarda del dinero de los venezolanos, no de la defensa de los intereses de un grupito”, destacó.

El Contralor General de la República, Manuel Galindo Ballesteros, admitió que en su despacho existe nepotismo, distinguiéndolo entre «nepotismo positivo» y «nepotismo negativo».

En entrevista con Venevisión el jueves 7 de 2016, el funcionario respondió al reportaje publicado en Runrun.es, que identifica a 13 familiares de Galindo Ballesteros que fueron favorecidos con cargos en su despacho.

Declaró que «para hablar de nepotismo hay que tener suficiente capacidad de diferenciar entre nepotismo positivo y nepotismo negativo. Tendrías que remontarte por allá, desde la monarquía del siglo XVIII para acá. Cuando se materializa un nepotismo negativo y podría ser sujeto de investigación, es cuando un familiar o una persona allegada a una autoridad  que lo contrate no reúne las condiciones profesionales o el perfil suficiente para ejercer el cargo».

Galindo Ballesteros manifestó sentirse «muy orgulloso de su gestión» de año y medio frente a la Contraloría General de la República, organismo que enarbola «la lucha contra la corrupción».

Justo antes de responder por el nepotismo en la Contraría, Galindo Ballesteros resaltó que la bandera y lucha concreta contra la corrupción de la Contraloría consiste en «rescatar los valores morales de cada funcionario y funcionaria que maneja dinero del Estado, comenzando por el criterio propio».

El Contralor agregó que «la responsabilidad de manejar dinero ajeno es lo primero que tenemos que rescatar. La corrupción nunca la vamos a exterminar del todo. Es como un cuero seco, se pisa por un lado y se levanta por el otro. Hay que prevenir y combatir».