En la Contraloría General de la República, órgano cuya misión es «velar por la gestión y el correcto uso del patrimonio público», trabajan 13 familiares del titular de la institución, Manuel Galindo.
En el sistema judicial trabajan 45 parientes de 14 altos funcionarios o ex funcionarios que ocuparon puestos claves en Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Defensoría del Pueblo.
Al menos 43 familiares -hijos, sobrinos, esposos, hermanos- de altos jerarcas del chavismo ocupan posiciones relevantes en el servicio exterior venezolano.
Para muestra del nepotismo de Estado, estos tres «botones», analizados ayer en un foro organizado por la Organización No Gubernamental (ONG) Transparencia Venezuela, la cual puso de nuevo la lupa sobre estos casos, develados por indagaciones propias e investigaciones periodísticas. Entre éstas últimas destaca el reportaje publicado por Runrunes a principios de julio pasado desarrollado por la periodista Lisseth Boon.
Sobre la base de este trabajo, la ONG solicitó a la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional investigar, y eventualmente sancionar, al Contralor; pero hasta la fecha el Parlamento no ha respondido.
El nepotismo, entendido como el favoritismo desplegado por funcionarios públicos que gozan de poder y autoridad, para ingresar o influir en el ingreso de familiares y amigos en la administración pública, violenta el ordenamiento jurídico venezolano, precisó Transparencia Venezuela: Constitución (Art. 145 y 146), la Ley contra la corrupción (Art. 14), el Código de Ética de las Servidoras y los Servidores Públicos (Art. 6, numerales 1, 4, 10, y 11) y la Ley del Estatuto de la Función Pública (Art. 33, numeral 10, literal a. y b. y Art.40).
«Sabemos que la Administración Pública completa; es decir el Gobierno Nacional, pero también los regionales y municipales, han sido permeados por el nepotismo y están plagados de casos de conflictos de interés que van en detrimento del patrimonio público, por lo que hemos decidido iniciar una cruzada para presionar públicamente para la sanción administrativa, política, disciplinaria, penal o social de los funcionarios que incurran en esta práctica, advierte la directora ejecutiva de la ONG, Mercedes de Freitas, quien resaltó los hallazgos de una investigación llevada a cabo por la organización. El trabajo -explicó- se basó en la revisión de gacetas oficiales, notas de prensa, denuncias o información disponible en los sitios web de diversos organismos oficiales.
Una tercera exploración, también periodística, expuesta por Transparencia Venezuela, descubrió que los personajes de confianza han desplazado a los diplomáticos de carrera en el servicio exterior venezolano.
