municipio Gran Sabana

La periodista Jhoalys Siverio aseguró que más del 80% de la población de Santa Elena de Uairén quedó bajo las aguas tras el desbordamiento del río Uairén

Unas 3.660 personas se vieron afectadas por las intensas lluvias que cayeron el fin de semana en Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana del estado Bolívar.

De acuerdo con el gobernador de la entidad, Ángel Marcano, los ciudadanos resultaron afectados por el desbordamiento de un río a causa de las lluvias.

A través de su cuenta de Instagram, Marcano explicó que las personas afectadas han recibido «todo el apoyo» por parte del Gobierno nacional.

Según explicó el gobernador, el apoyo a las familias incluye «medicinas, comida, cualquier cantidad de enseres, colchonetas y mosquiteros».

También, indicó que el sábado, 30 de julio, 12 sectores del municipio estaban bajo el agua o con anegaciones.

Para este lunes, dijo Marcano, solo tres comunidades siguen inundadas, aunque con niveles que han ido bajando «muy rápido».

Asimismo, señaló que más de 400 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) están desplegados en las zonas afectadas, para apoyar la distribución de unas 60 toneladas de alimentos y otro tipo de ayuda.

Por otra parte, aseguró que las personas que todavía se encuentran en refugios son atendidas por equipos médicos. Además, dijo que las lluvias no dejaron ningún herido o fallecido.

De acuerdo con una nota de El Pitazo, los sectores afectados son Casco Central, Brisas del Sampay, Brisas de Dios, El Nazareno, Caño Amarillo, El Valle de Guayabal, El Salto, Cielo Azul, Los Pinos, La Constituyente y Briceño.

En la mayoría de los casos, los pobladores perdieron electrodomésticos y otros enseres debido a las inundaciones.

🗞️ #DeInterés || Efectivos del #CZ62Bolívar realizaron inspección en sectores afectados por la crecida del río Uairén

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Por su parte, la periodista Jhoalys Siverio aseguró que más del 80% de la población de Santa Elena de Uairén quedó bajo las aguas tras el desbordamiento del río Uairén.

#30Jul El desborde del rio Uairén en Santa Elena, Gran Sabana, afectó al menos al 80% de la población. Habitantes estiman que la mitad de los sectores del municipio están sin electricidad. Quienes poseen wifi brasilero lo han puesto a disposición para poder comunicarse 📷Cortesía pic.twitter.com/2rCqnUWn6G

— Jhoalys Siverio (@Jhoalys) July 30, 2022

*Con información de El Pitazo

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Líderes del Sector VI rechazaron la criminalización del Pueblo Pemón

Morelia Morillo Ramos // @moreliamorillo

Acompañado del consejo de ancianos, que es la instancia de mayor peso entre las autoridades indígenas y de alrededor de 200 personas más entre hombres y mujeres, todos ellos habitantes de las 28 comunidades que agrupa el Sector VI-Akurimú del Pueblo Indígena Pemón, el capitán general Jorge Gómez, se pronunció este lunes 30 de diciembre contra los atropellos que -dijo- está sufriendo su gente, especialmente los jóvenes, en el contexto de las investigaciones vinculadas al asalto contra el Batallón de Infantería de Selva “General Mariano Montilla”, localizado sobre la Troncal 10, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar.

La Gran Sabana, el último municipio venezolano en la frontera con Brasil, es el territorio ancestral del Pueblo Indígena Pemón, un grupo de origen caribe conformado por alrededor de 30.148 personas de acuerdo con el Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística en 2011. El Sector Pemón VI-Akurimú es el de mayor población, con al menos 19 mil habitantes según los registros de sus autoridades tradicionales.

En el comunicado que sirvió de guía a sus declaraciones, los líderes del Sector VI rechazaron la criminalización del Pueblo Pemón tras un hecho en el cual habría participado un grupo de sus jóvenes y el señor Ricardo Delgado, ex alcalde del del municipio Gran Sabana e indígena pemón, quien a través de dos entrevistas de prensa habría asumido su responsabilidad.

Al respecto, en el escrito los líderes del Sector VI manifestaron su rechazo a los sucesos ocurridos en el Batallón de Infantería de Selva “Mariano Montilla”:

Estando conscientes de que bajo ninguna circunstancia se debe autorizar ni fomentar acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente, la integridad territorial, la soberanía y la independencia política del Estado Venezolano”.

E igualmente expresaron su rechazo a los actos discriminatorios contra las comunidades y sus habitantes de parte de las instituciones militares y civiles; el rencor y ensañamiento hacia aquellos que han presentado sus denuncias por los abusos y la tardanza en las investigaciones con respecto a las incursiones armadas en las que han muerto integrantes de este pueblo.

Desde los hechos del 22 de diciembre pasado, según denunciaron algunos de los presentes, se desconoce la identidad de los dos indígenas fallecidos en las cercanías de Paraitepui de Roraima; se produjo el allanamiento no autorizado en la comunidad de Kumakapay y aparentemente este lunes también en la comunidad de Wará; se desconoce el paradero de los tres detenidos el día 28 de diciembre en la comunidad de San Luis y se siguen reportando malos tratos en las alcabalas contra los indígenas, especialmente cuando visten de negro o usan botas de aspecto militar.

El propio Gómez dijo no saber si es cierta la información, que circula en redes sociales, según la cual el Tribunal Militar 17 de Control, a solicitud de la Fiscalía Militar, ordenó su aprehensión por el caso “Mariano Montilla”.

Desde el 13 de marzo de 2018, fecha de la desaparición de Oscar Mella, el territorio pemón, una región conocida por sus incomparables bellezas escénicas y por su tranquilidad a pesar de la violencia generalmente asociada al resto del país, se convirtió en escenario de una serie de hechos violentos, estos aparentemente provocados por la existencia de grupos vinculados a las mafias mineras y la determinación de los grupos armados institucionales de controlar sus acciones. Así ocurrió en Canaima el ocho de diciembre de 2018; en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén el 22 y 23 de febrero de 2019 y en Ikabarú el 22 de noviembre de 2019.

En referencia a esa seguidilla de sucesos violentos, Gómez se mostró preocupado ante la posibilidad de que existan intereses personales, vinculados al Gobierno, interesados en apoderarse de los territorios indígenas y en ese sentido hizo un llamado a los organismos nacionales e internacionales a amparar a esa población indígena que representa, siempre de acuerdo a las leyes vigentes nacional e internacionalmente.

Por todo lo anterior, la Capitanía General del Sector VI decidió convocar a las capitanías generales de los sectores 3, 5, 7 y 8 del Consejo de Caciques del Pueblo Pemón a la resolución del conflicto; así como la activación del Tribunal “Mayín Nonkanín” de Jurisdicción Especial Indígena del Sector VI para atender la situación actual.

«Nos sentimos bajo una amenaza. No sabemos qué es lo que pueda ocurrir esta noche», recalcó el capitán indígena de Parkupik

El capitán de la comunidad indígena pemón de Parkupik del sur estado Bolívar, Walter Torres, informó la noche de este martes, 26 de noviembre, que un grupo armado podría atacar a su pueblo tal como ocurrió hace cinco días en la localidad vecina de Ikabarú, donde se ejecutó una masacre que dejó al menos ocho muertos y un herido.

«No sabemos quién está detrás de todo esto, pero sí sabemos que hay un grupo armado que está tomando el control del Sector 7 (del Territorio Pemón, en el municipio Gran Sabana de Bolívar). Tengo entendido que están cerca de mi comunidad, en Fariñero», advirtió Torres.  La distancia entre los presuntos atacantes y su pueblo, dijo a través de un audio que envió vía Whatsapp, es de dos kilómetros.

«Nos sentimos bajo una amenaza. No sabemos qué es lo que pueda ocurrir esta noche», recalcó.

El capitán indígena alertó que las comunidades deben «tomar posiciones» y aseguró que enfrentará la amenaza armada con diálogo. «Pero si ellos tienen otras medidas, no tendremos otra opción. Y esa opción es que no vamos a huir de la comunidad, negativo», sentenció.

Torres llamó a otros capitanes indígenas a estar en guardia ante cualquier ataque. «Nuestro municipio está siendo azotado solamente para poder tomar el control de nuestro territorio», señaló.

El lunes, Torres dijo en un video que su comunidad estaba amenazada por Justo Noguera Pietri, gobernador del estado Bolívar, y rechazó las «formas de proceder» de esta autoridad  regional en hechos anteriores, como el ataque en Canaima y las matanzas de febrero de 2019, cuando quedaron totalmente desprotegidos.

«Denunciamos públicamente al régimen de Venezuela, comandado por Nicolás Maduro Moros y el gobernador Justo Noguera, como único responsable de cualquier ataque que se le cause a nuestras comunidades indígenas, cuyo único interés es despojarnos de nuestras tierras para sus convenios con otros gobiernos», insistió.

Desde que ocurrió la masacre, la comunidad de Ikabarú está incomunicada. «Tumbaron las torres de comunicación», afirmó el ex alcalde de Gran Sabana, Ricardo Delgado, quien hoy está en el exilio.

Cinco días después de la matanza, presuntamente cometida por una banda armada que quiere tomar el control de los yacimientos de oro de la zona, ninguna autoridad regional o nacional se ha pronunciado sobre el asunto. A través de videos difundidos en redes sociales, se supo que el gobernador de Bolívar, Justo Noguera, estuvo en la comunidad para calmar a los pobladores. En la zona se sospecha que el ataque, en realidad, lo hicieron oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que actuaron de forma encubierta, tal como lo hicieron en Canaima el pasado 8 de diciembre de 2018, cuando asesinaron a un pemón e hirieron a otros dos.

DESDE PRINCIPIOS DE AÑO, cuando comenzó la represión de Nicolás Maduro contra el pueblo Pemón que abogaba por el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, se han desplazado más de 900 indígenas de 14 comunidades fronterizas.

“Luego de un recorrido de más dos meses por Boa Vista, pude constatar que al menos 900 pemones se encuentran desplazados en tres comunidades de Brasil, tras el ataque sistemático de cuerpos de seguridad del Estado y grupos colectivos armados registrado en Kumarakapay el pasado 22 y 23 de febrero”, afirmó Olnar Ortiz, coordinador de pueblos indígenas de Foro Penal en el estado Bolívar.

Desde esa fecha Kumarakapay, comunidad ubicada en el municipio Gran Sabana, fue militarizada. “Siete personas, entre ellos cuatro indígenas, fueron asesinados. Otros 57 resultaron heridos y hubo 62 detenidos, la mayoría en allanamientos entre el 22 y 28 de febrero, cuando los perseguían por tener fotos y videos de lo ocurrido en sus celulares (…) El pueblo Kumarakapay ha sido vilmente masacrado”, denunció Ortiz.

Recordó que las violaciones de derechos humanos al pueblo pemón datan del año 2006, cuando grupos armados irregulares llegaron al municipio Gran Sabana. “Esta comunidad era la que le hacía el frente por más de 10 años a la explotación minera”, dijo.

Adicionalmente, Ortiz alertó que las condiciones de los indígenas desplazados son precarias, pese al apoyo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) brinda a un grupo de ellos.

“Kumarakapay es una comunidad turística que pese a la situación de Venezuela estaba trabajando para sustentarse, pero ahora están desplazados en una zona en la que se encuentran a la intemperie. Aquí hay albergados 46 indígenas, de los cuales 26 son niños con traumas por lo que están viviendo”, apuntó.

Mencionó el caso de Cliver Pérez, de 24 años, asesinado en Kumarakapay, cuya familia tuvo que abandonar sus comunidades tras los hechos. “También hay indígenas afectos al oficialismo que están amenazando a nuestros hermanos pemones”, señaló en rueda de prensa este lunes.

Ortiz informó que en la Procuraduría General de Roraima reposa un expediente sobre este caso para que el Estado brasileño realice las investigaciones pertinentes.

El pasado 28 de febrero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) dictó una serie de medidas cautelares de protección para los pemones de Kumaracapay y para el propio Olnar Ortiz, por solicitud del Foro Penal. “El próximo 9 de mayo se llevará a cabo una audiencia sobre este caso en Jamaica”, agregó el coordinador de Pueblos Indígenas de Foro Penal.

Más de mil arrestos en lo que va de año

Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, insistió en que este año ha sido el peor en las últimas dos décadas en cuanto a la detención de personas por motivos políticos. Al día de hoy, la ONG registra 775 presos políticos, y desde el 1 de enero registra 1.683 personas detenidas arbitrariamente.

“Se ha llevado a cabo una persecución muy particular (…) por un lado hemos visto personas que prestan el sonido o las tarimas a Juan Guaidó (…) hemos visto más de 10 personas por lo menos que han detenido por montar sonido, técnicos de sonido y de tarimas. También de Roberto Marrero y Gilbert Caro. Los trabajadores de Corpoelec y otras industrias básicas”, manifestó.

Por último, Romero denunció la aparición de un nuevo centro de reclusión conocido por policías y detenidos como el “inframundo”, ubicado en zona 7 de Boleíta norte, estado Miranda, donde se practican torturas y violaciones a los derechos humanos.

EL OBSERVATORIO DE DERECHOS INDÍGENAS de la Asociación Civil Kapé Kapé repudia el ataque armado de efectivos de la Guardia Nacional a indígenas pemones de la comunidad de Kumarakapay, del municipio fronterizo de la Gran Sabana en Bolívar.

Kapé Kapé considera inaceptable la muerte de Zoraida Rodríguez en un hecho de sangre que enluta a esta familia, más aún por haber sido perpetrado por funcionarios de la GN, que sin mediación alguna abrieron fuego contra el grupo de la guardia territorial pemón que impedía el paso de los efectivos en defensa de la llegada de la ayuda humanitaria a la frontera con Brasil.

Accionar armas de fuego indiscriminadamente a un grupo de ciudadanos es una práctica inaceptable que debe ser investigada a fondo y determinarse las responsabilidades que correspondan, más aún cuando quien lo hace son efectivos del Estado, responsables de garantizar la integridad de la población y su defensa.

En este sentido, expresamos nuestra preocupación por la actuación cada vez más amenazante y violenta de los cuerpos militares en asuntos que afectan a las comunidades indígenas.

Ante las denuncias de las comunidades que apuntan que éste no es una práctica aislada, consideramos necesario que el Estado y sus instituciones garanticen el respeto y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Es inaceptable que ciudadanos venezolanos mueran a manos de los funcionarios que deben protegerlos.

Zoraida Rodríguez fue asesinada y por lo menos otros 15 miembros de su comunidad resultaron heridos tras la arremetida de un convoy de la Guardia Nacional a esta comunidad pemón del municipio Gran Sabana. Todos, tanto los fallecidos, como los heridos presentaron heridas de bala.

Tony Rodríguez, hermano de la fallecida, contó a Kapé Kapé que mientras que la comunidad se mantenía impidiendo que se cerrara la vía para trancar  el paso de la ayuda humanitaria por esta zona fronteriza del estado Bolívar, efectivos militares comenzaron a disparar contra los presentes.

Este ataque ocurrió en medio de una caravana de 6 convoys del Ejército que se movilizaban hacia el sur del país cuando la guardia territorial pemón salió al sitio e impidió el paso para impedir que llegaran a la frontera con Brasil y rechazaran el ingreso de la ayuda humanitaria, que se espera ingrese por Roraima y otros puntos fronterizos del país.

Con información de Kapé Kapé