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Venezolanas tienen un mayor nivel de instrucción universitaria pero ganan menos que los hombres
El estudio arrojó que, en el rango de ingresos personales entre hombres y mujeres en Venezuela hay una gran brecha

 

La empresa More Consulting publicó los resultados del estudio «Perfil Venezolano», en el que midieron la ocupación y el nivel de ingreso de los hombres y las mujeres en Venezuela. 

El estudio, que contó con 1.200 participantes, arrojó que aunque las mujeres tienen un nivel de educación universitaria superior a la de los hombres, son estos quienes ganan más dinero.

Según la investigación, 24,3 % de las mujeres declararon tener un nivel de educación pregrado (universidad) completa, y el 15,6% de los hombres el mismo nivel de educación.

Pero en el rango de ingresos personales entre hombres y mujeres en Venezuela hay una gran brecha, pues en todas las escalas de salarios, los hombres son quienes ganan, por gran diferencia, más dinero. 

Según la encuesta, 5.1 % de los hombres ganan entre 301 a 600 dólares, y solo 2,4% de las mujeres tienen ese sueldo.

2,5 % de los hombres ganan entre 601 a 1000 dólares, frente al 0,4 % en representación de las mujeres. 

Desempeño por género

Por otra parte, la encuesta indicó que 45,2 % de los hombres trabajan por cuenta propia, frente a un 25,8 % de las mujeres. 

Otro dato de este estudio es que 25% de las mujeres se dedican a las labores del hogar, mientras que solo el 0,9 % de los hombres se ocupan de los quehaceres de la casa. 

La cantidad de hombres desempleados en el país es mayor (7,2 %) al porcentaje de las mujeres (2,6 %).

En Venezuela hay más mujeres que hombres estudiando. El informe de More Consulting arrojó que 5,9 % de las féminas venezolanas estudian, frente al 3,4 % de los hombres. 

Lee también: Consecomercio afirma que cerca del 40% del sector comercial se ha reducido en 2022

Puede ver la encuesta AQUÍ

Constructoras de paz | Mujeres con VIH en Carabobo son discriminadas en centros de salud
Actualmente, son más de 900 mujeres carabobeñas que se enfrentan a una fuerte discriminación en centros de salud cada vez que van y dicen que son VIH positivo

 

Matilde* tiene 25 años y vive en el municipio Diego Ibarra, en el Eje Oriental de Carabobo. Se enteró hace un par de años de que tenía VIH porque su expareja le dijo que había dado positivo a un examen. Después de recibir el positivo ella también, nada cambió. Aunque tuvo acceso a la atención médica, nunca pudo acceder a un tratamiento. 

Una vez intentó ponerse en control. Pidió cita con una infectóloga que atiende en el Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde de Naguanagua, conocido como Hospital Carabobo. Llegó temprano y tenía a ocho personas delante de ella. Ahí escuchó muchas historias, la mayoría negativas porque los pacientes estaban preocupados por la falta de medicamentos.

Salió de ahí con varios papeles, lista para ir a la farmacia del hospital a buscar su tratamiento. Pero no lo consiguió. “Lo que llega es por donaciones y este mes ya se agotó todo. Intenta en unas semanas”, le dijeron. A pesar de que su intención era tener su medicación para controlar el VIH, no fue posible. Al no tener síntomas, la urgencia no era tanta.

Altos precios no ayudan

El problema con la administración de los medicamentos para pacientes con VIH no es nuevo. Los antirretrovirales y todos los tratamientos que ingresan al país son gracias a las gestiones de organismos de cooperación internacional.

Desde el año 2016 el Estado no compra medicamentos para personas con VIH ni para las enfermedades que puedan surgir”, aseguró Eduardo Franco, quien es presidente de la Fundación Manos Amigas por la Vida (MAVID) en Carabobo.

A esto se suma que los exámenes de laboratorios mínimos para el control del virus no los hacen en centros públicos. “Los pacientes de bajos recursos no se los pueden hacer en privados porque son muy costosos. Lo peor es que se requieren para que puedan recibir las medicinas que están ingresando de la comunidad internacional”, dijo Franco. 

Actualmente, son más de 900 mujeres carabobeñas que están en la base de datos de MAVID, todas, embarazadas o no, se enfrentan a una fuerte discriminación en centros de salud cada vez que van y dicen que son VIH, por lo que muchas prefieren callar su condición para no ser señaladas.

Este trabajo fue publicado en el microsite  de Mujeres Constructoras de Paz que estrenó IPYSveEsta red de periodistas recoge noticias, entrevistas e informes sobre la situación en la que se encuentran las mujeres en un país como Venezuela, caracterizado por una crisis humanitaria compleja.

 

(*) Nombre ficticio para proteger su identidad.

 

Constructoras de paz: Niñas y adolescentes venezolanas son víctimas de violencia dentro y fuera del país
Una de cada cinco niñas encuestadas por Plan Internacional dijo que está o ha estado embarazada, siendo 16 la edad promedio de embarazo entre las niñas y adolescentes migrantes

 

Un estudio denominado “Adolescentes en Crisis: voces de la migración venezolana en Colombia, Ecuador y Perú – Informe Regional” de la organización Plan Internacional, revela que las menores migrantes venezolanas no se sienten seguras en estos países de acogida de la región.

De acuerdo con el informe, la violación, el acoso y la explotación sexual comercial son los principales temores de las niñas y adolescentes migrantes y refugiadas que huyen de la crisis humanitaria de Venezuela.

Una de cada cinco niñas encuestadas por Plan Internacional dijo que está o ha estado embarazada, siendo 16 la edad promedio de embarazo entre las niñas y adolescentes migrantes.

Asimismo, el informe recoge que el 52 % de las niñas se ha preocupado por no tener qué comer y el 44 % dijo que, a veces, han dormido con hambre o recurren a mendigar, siendo una situación de exposición a vejaciones y abusos contra su integridad.

Flagelo de la violencia 

La violencia también azota a las féminas venezolanas dentro de su país. En el primer semestre del presente año, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) registró 571 casos de niños y adolescentes víctimas de violencia y 817 casos de violencia contra la mujer en sus distintos tópicos.

De los delitos cometidos contra los menores, la organización reveló que las víctimas féminas duplican a las masculinas, siendo padre o padrastro, otro pariente, o conocidos de la familia, los principales victimarios.

Respecto a los casos de explotación sexual, el informe apunta que las mujeres han sido las víctimas en el 96 % de los casos, así como también han sido el foco de los casos de violación al figurar en un 84 % sobre este delito.

El escenario es preocupante, por eso, organizaciones han hecho hincapié en la necesidad de profundizar en la educación sobre la equidad de género y una vida libre de violencia, al igual que una mayor participación por parte de los Gobiernos en políticas de protección para niñas, adolescentes y mujeres sin distinción de raza, nacionalidad o condición migratoria.

Este trabajo fue publicado en el microsite  de Mujeres Constructoras de Paz que estrenó IPYSve. Esta red de periodistas recoge noticias, entrevistas e informes sobre la situación en la que se encuentran las mujeres en un país como Venezuela, caracterizado por una crisis humanitaria compleja.

Coalición LATAM presenta investigación sobre el papel de las mujeres y personas LGBTIQ+ en la soberanía alimentaria
45 periodistas de Argentina, Ecuador, México, Perú y Venezuela coordinaron de forma colaborativa, transnacional y descentralizada durante siete meses
Recopilaron testimonios que prueban que, pese a los estereotipos, las mujeres y las personas LGBTIQ+ están muy relacionadas con la siembra, distribución y consumo de los alimentos
La investigación fue apoyada por la International Women’s Media Foundation

Foto: Bicky Ramírez (México)

 

Las mujeres y las personas LGBTIQ+ son parte fundamental del cultivo de alimentos en Latinoamérica, aunque los estereotipos nos digan lo contrario. Este grupo de la población está mucho más relacionado con el derecho a la soberanía alimentaria de sus comunidades de lo que comúnmente se cree. Por eso, durante los últimos siete meses un equipo de 45 periodistas de Argentina, Ecuador, México, Perú y Venezuela trabajaron en conjunto para responder las preguntas:

  • ¿Cómo intervienen las mujeres y las personas LGBTIQ+ en las decisiones sobre qué alimentos consumir en sus núcleos familiares?
  • ¿Qué obstáculos encuentran a diferencia de los hombres cis heterosexuales cuando se trata de la siembra, distribución y consumo de los alimentos?

De estas inquietudes iniciales nace la investigación “Cultivar, distribuir, comer: la ruta hacia la soberanía alimentaria”, que se presentó esta semana a través del sitio web https://cultivardistribuircomer.distintaslatitudes.net/.

Ahí se recopilan los testimonios de mujeres y poblaciones LGBTIQ+ de  Argentina, Ecuador, México, Perú y Venezuela involucradas en el ejercicio de la soberanía alimentaria de sus familias y sus comunidades, en distintas partes de la región, así como los hallazgos más importantes de la investigación.

Entre estos se encontró que las mujeres y las personas LGBTIQ+ se relacionan estrechamente con la siembra de alimentos, pero el sector de la distribución de los mismos se encuentra en su mayoría en manos de hombres, excepto por la comercialización, en la cual las mujeres tienen un papel visible en las tiendas y mercados de la región. El reconocimiento de los derechos laborales de las personas LGBTIQ+ en algunos países está abriendo brecha en el sector alimenticio para esta población, pero su presencia todavía no es tan visible.

Aunque los cinco países que abarca la investigación tienen contextos políticos, sociales y económicos muy diferentes, las problemáticas que aquejan a quienes se encargan de sembrar y distribuir nuestros alimentos suelen ser las mismas: la violencia, el despojo de tierras, el cambio climático, la migración y el crecimiento de la industria del monocultivo y prácticas dañinas para el medioambiente y la salud.

Esta es la primera investigación colaborativa hecha por la Coalición LATAM, una iniciativa de Factual / Distintas Latitudes, que nació en junio de 2021. Nueve de los 11 medios que la integran actualmente participaron en la creación de esta investigación: Revista Colibrí, de Argentina; Cápsula Migrante, de Venezuela / Perú; La Andariega, de Ecuador; Distintas Latitudes, Es Para Mi Tarea, La Desvelada, Altavoz LGBT+ y Memorias de Nómada, de México; y La Antígona, de Perú.

Sobre el gran reto que significó crear una redacción transnacional con 45 periodistas, en donde la mayoría no se conocen presencialmente, se creó el podcast “El detrás de Cultivar, distribuir, comer”, donde se habla de la toma de decisiones, las medidas de autocuidado, los desafíos y los aprendizajes generados tras la experiencia.

El sitio web también contiene cinco fotorreportajes que dan un vistazo a las mujeres que integran los colectivos, cooperativas y espacios comunitarios que son centrales en la soberanía alimentaria de América Latina.

“Cultivar, distribuir, comer”, una investigación multimedia y colaborativa sobre soberanía alimentaría en cinco países de América Latina, que realizan 9 medios de la Coalición LATAM con el apoyo del Fondo Howard G. Buffett para Mujeres Periodistas de la International Women’s Media Foundation.

 

Ipys estrena microsite que muestra la realidad de Venezuela desde la perspectiva de las mujeres
El sitio web recoge noticias, entrevistas e informes sobre la situación en la que se encuentran las mujeres en Venezuela

 

El Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) estrenó este lunes, 18 de julio, el microsite “Tejiendo redes: Constructoras de paz en Venezuela”. 

El proyecto integra a una red de mujeres activistas, líderes comunitarias y periodistas, que sumaron esfuerzos para evidenciar las condiciones de precariedad y desigualdad de la mujer venezolana.

En el microsite se pueden encontrar noticias, entrevistas e informes, además de contenidos audiovisuales, que muestran la realidad nacional desde la perspectiva femenina.

“Tejiendo redes: Constructoras de paz en Venezuela”  promueve la firme idea de que las mujeres tienen protagonismo en la construcción del pacifismo en el país.

La plataforma ha brindado capacitación en temas como educación, migración, acceso a la salud, violencia basada en género, participación política y comunidades indígenas.

El 08 de marzo de este año, en el Día Internacional de la Mujer, IPYS Venezuela hizo público el lanzamiento del proyecto “Mujeres Constructoras de Paz”.

Varias organizaciones como Fe y AlegríaEncuentrosSoy Mujer y Diario La Nación, se aliaron de manera estratégica para poner en marcha este proyecto que abarca 12 estados del país, entre ellos: Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Carabobo, Delta Amacuro, Distrito Capital, Lara, Mérida, Portuguesa, Sucre, Táchira y Zulia.  

microsite

Claves | Utopix contabiliza 41 femicidios en primeros dos meses de 2022: Miranda el estado con más casos
Según Utopix, durante el año 2020 los feminicidios se incrementaron de manera alarmante al asesinato de una mujer cada 34 horas, en comparación con 2016, cuando ocurría un feminicidio cada 72 horas

 

La organización Utopix informó este martes, 29 de marzo, que en los primeros meses de 2022 contabilizó 41 femicidios, lo que representa un promedio de un asesinato de una mujer cada 35 horas. 

A través de un informe publicado en su página web, la ONG señaló que desde el Estado no existe ninguna propuesta concreta ni políticas públicas referidas a la prevención, atención y mitigación de la violencia de género contra las mujeres.

Aquí una recopilación de las claves más importantes del informe de Utopix sobre los femicidios en el país:

En enero, se documentaron 23 casos y en febrero 18, de los cuales cuatro se registraron en el estado Miranda, tres en Carabobo, dos en cada una las regiones de Lara, Bolívar y Caracas, y uno en Delta Amacuro, La Guaira, Anzoátegui, Guárico y Táchira.

 

La ONG detalló que la mayoría de las víctimas de feminicidios tenían entre 36 y 40 años, con un pico entre los 31-35 años y 46-50 años

 

De los 18 femicidios registrados en febrero, ocho fueron con armas blancas, cuatro casos por asfixia mecánica, dos con armas de fuego, un caso por ahogamiento y un asesinato a golpes; sin embargo, no se conoce la causa de la muerte de los dos casos restantes.

 

La organización indicó que, de los 18 casos, en cinco abandonaron el cuerpo de las víctimas en vías públicas; en cuatro casos, las víctimas sufrieron torturas; en tres, estaban denunciadas como desaparecidas; y en otros tres casos, las mujeres sufrieron abuso sexual.

 

Por otra parte, Utopix señaló que, de un total de 19 feminicidas, cuatro están presos, tres fugados y tres se suicidaron, mientras que de los nueve restantes no hay información.

 

CLAVES | ABC del aborto en Venezuela: ¿qué hay que saber?

Consulte la guía completa:  ABCAbortoVenezuela

 

La discusión sobre el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo no planificado en Venezuela siempre ha estado rodeada de prejuicios, estigmas, tabúes y mucho desconocimiento. Es un tema polémico ahí donde sea que se mire: ámbitos familiares, políticos, religiosos, sociales. 

Usualmente, la conversación suele quedarse en círculos de feministas, activistas, organizaciones o movimientos a favor de los derechos sexuales y reproductivos. A pesar de todo esto, es un hecho: las mujeres abortan. Lo han hecho antes, lo hacen ahora y lo seguirán haciendo. Y lo hacen más de lo que se cree porque es un secreto a voces. 

En Runrun.es contactamos a las especialistas: Selene Soto, abogada de la organización Women’s Link; Venus Faddoul, abogada y parte del equipo de la organización 100% Estrógeno; Magdymar León, psicóloga con estudios de la mujer y coordinadora de la Asociación Venezolana para una educación sexual alternativa (Avesa); y Cristina Rosero, abogada y asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos

Hay que hablar del tema. ¿Qué deberías conocer y entender sobre el aborto?


Aquí le presentamos una guía con los temas más relevantes a considerar sobre el aborto en Venezuela. Usted puede hacer clic en el punto que sea de su interés.


¿Cuál es la situación de los derechos sexuales y reproductivos en Venezuela?

¿Qué pasa con el aborto en Venezuela?

¿Qué dicen las leyes venezolanas sobre el aborto?

¿Por qué hablar sobre el aborto sigue siendo un tabú en la sociedad venezolana?

¿Por qué el aborto es un problema de salud pública y un tema de derechos humanos?

Existe la creencia de que despenalizar el aborto va a aumentar los casos. ¿Esto es así?

¿Por qué se pide que el aborto sea gratuito?  

¿Por qué es necesario que la legalización del aborto esté acompañada de educación sexual y garantías en el acceso a los métodos anticonceptivos?

¿Qué dicen las leyes internacionales sobre el aborto? 

¿Por qué es importante que el Estado venezolano reconozca los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres?

¿Qué tan atrasada  está Venezuela en la materia con respecto a otros países de la región?

 


También, puede descargar la guía completa en formato PDF en el siguiente enlace

ABCAbortoVenezuela

 


 

¿Qué dicen las leyes venezolanas sobre el aborto?
El aborto es ilegal y está penalizado en Venezuela. El Código Penal tipifica el aborto inducido como delito, con penas entre seis meses y dos años en prisión a mujeres que los practiquen valiéndose por ellas mismas o con ayuda de un tercero
El aborto, incluso, es ilegal en caso de incesto, de que se trate de una menor de edad, por una malformación congénita en el feto o que haya ocurrido producto de una violación
Venezuela es el país de la región con una de las leyes más restrictivas, rígidas y anacrónicas en cuanto a aborto se refiere: no ha tenido reforma desde hace más de 100 años

La discusión sobre el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo no planificado en Venezuela siempre ha estado rodeada de prejuicios, estigmas, tabúes y mucho desconocimiento. Es un tema polémico ahí donde sea que se mire: ámbitos familiares, políticos, religiosos, sociales. 

Usualmente, la conversación suele quedarse en círculos de feministas, activistas, organizaciones o movimientos a favor de los derechos sexuales y reproductivos. A pesar de todo esto, es un hecho: las mujeres abortan. Lo han hecho antes, lo hacen ahora y lo seguirán haciendo. Y lo hacen más de lo que se cree porque es un secreto a voces. 

En Runrun.es contactamos a las especialistas: Selene Soto, abogada de la organización Women’s Link; Venus Faddoul, abogada y parte del equipo de la organización 100% Estrógeno; Magdymar León, psicóloga con estudios de la mujer y coordinadora de la Asociación Venezolana para una educación sexual alternativa (Avesa); y Cristina Rosero, abogada y asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos

Hay que hablar del tema. 

¿Qué dicen las leyes venezolanas?

El aborto es ilegal y está penalizado en Venezuela. El Código Penal tipifica el aborto inducido como delito, con penas entre seis meses y dos años en prisión a mujeres que los practiquen valiéndose por ellas mismas o con ayuda de un tercero. 

La ley también penaliza a los médicos, a la “persona que ejerza el arte de curar” o a terceros: así sea indicando, facilitando o empleando medios que permitan llevar a cabo un aborto, la pena aumenta una sexta parte. 

En el artículo 434 se establece que las penas serán disminuidas en caso de que “el autor del aborto lo hubiere cometido por salvar su propio honor o la honra de su esposa, de su madre, de su descendiente, de su hermana o de su hija adoptiva”. 

En el Código Penal, el aborto inducido solo es permitido y se considera legal “como medio indispensable para salvar la vida de la parturienta”. Aunque esto está contemplado, en la práctica se vuelve difuso. “Si la vida de la madre está en peligro, que sería la única causal que se acepta según la estructura legal interna venezolana, pues no están claros los protocolos de acción y va a depender de la discrecionalidad y de la potestad del médico tratante”, explica la abogada Venus Faddoul. 

El aborto, incluso, es ilegal en caso de incesto, de que se trate de una menor de edad, por una malformación congénita en el feto o que haya ocurrido producto de una violación. 

Venezuela es el país de la región con una de las leyes más restrictivas, rígidas y anacrónicas en cuanto a aborto se refiere: no ha tenido reforma desde hace más de 100 años. 

Aunque el Código Penal fue parcialmente reformado en 2005, no se ha adecuado a los estándares internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos, así como tampoco se adecúa a los derechos humanos contemplados en la Constitución. Por esta razón es considerado un instrumento legal inconstitucional.

En la Carta Magna están consagrados los derechos sexuales y reproductivos en varios de sus artículos, así como en la Ley Orgánica de Salud, la Ley   Orgánica sobre el  Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Protección a la Familia, la Maternidad y la Paternidad y la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH/SIDA y sus familiares.

La abogada Selene Soto plantea que, aunque los derechos sexuales y reproductivos están garantizados en la Constitución, en el apartado del derecho a la vida no se habla del derecho a la vida en concepción, dejando el término a un amplio entendimiento. 

“Si bien esto no es necesariamente un obstáculo para avanzar en la despenalización, sí suele utilizarse como el argumento principal. Aunque la Constitución tiene un marco favorable en materia de derechos sexuales y reproductivos, eso no se ha traducido en una adecuación de las normas legales para garantizar esos derechos y principalmente el problema sigue siendo el Código Penal”. 

Para Faddoul, la no especificación en la Constitución sobre el derecho a la vida desde la concepción es una limitante para la despenalización. “Si tú reconoces la vida y la vida es inviolable desde la concepción, ¿cómo vas a poder después legislar para la interrupción del embarazo?”. 

Aunque los movimientos feministas venezolanas habían intentado que se despenalizara el aborto en el Código Penal por reformas o con la creación de uno nuevo, se han planteado iniciativas para modificar la Constitución, hasta el momento no se ha logrado. 

Más reciente, el 28 de septiembre de 2021, con motivo de la concentración de la Ruta Verde, fue entregado un documento que solicita que los delitos contra el aborto sean sacados del Código Penal.