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Movimiento Vinotinto

Joven detenido en Lara convulsionó dos veces en medio de audiencia de presentación y tiene cinco costillas rotas
El muchacho, que padece de esclerosis cerebral múltiple, fue presuntamente víctima de tortura. Es simpatizante de Acción Democrática

@loremelendez

 

Giovanny Meza, de 23 años, convulsionó dos veces mientras era presentado ante el Tribunal Noveno de Control de Lara este sábado, 23 de mayo. Padece de esclerosis cerebral múltiple y desde hace años le fue amputada su mano izquierda tras un accidente de tránsito. Nada, sin embargo, impidió que el juez le dictara privativa de libertad a él y a otros cuatro jóvenes que fueron detenidos arbitrariamente por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el pasado miércoles, 20 de mayo, en la urbanización Sucre de Barquisimeto.

Aunque el acta policial señala que los muchachos fueron arrestados en medio de un protesta que obstaculizaba las vías y en la que utilizaban bombas molotov, testigos y vecinos del conjunto residencial afirmaron que fueron sacados a la fuerza de sus casas por los uniformados sin ninguna orden de allanamiento. Ese día, además de a Meza, quien es padre de dos niños, se llevaron a Fabricio Ojeda (comerciante, 21 años), Aaron Atacho (comerciante, 23 años), Naudy Atacho (bordador, 33 años, una hija de crianza) y Pedro Zambrano, dirigente local de la Causa R (licenciado en Administración Gerencial, 38 años, sostén de hogar). También detuvieron a una sexta persona que fue liberada antes de la presentación.

A los jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 20 y 38 años de edad, les imputaron los cargos de Instigación a Delinquir, Detentación de Objetos Incendiarios y Obstaculización de Vías Públicas, los cuales contemplan penas bajas. Pero en contraste con casos similares de arresto en la urbanización y en otras manifestaciones civiles ocurridas en Barquisimeto, también se les señaló por el delito de Asociación para delinquir. Los abogados piensan que esta acción tenía la intención de dejarlos tras las rejas al menos hasta que se cumplan los 45 días previos al acto conclusivo de la investigación penal.

“Más allá de las razones políticas, la Sucre siempre ha sido un punto focal de protestas y esto puede considerarse como una lección y un escarmiento para que posibles manifestaciones que se devenguen en estos días se frenen por el miedo sembrado por estas detenciones. No hay ningún basamento legal ni jurídico en la imputación realizada por el Ministerio Público. Además, el cálculo de la pena de cada uno de estos delitos no daba para que se dictara una privativa”, apunta el abogado Henderson Maldonado, de la ONG de Derechos Humanos Movimiento Vinotinto.

Luego de que Meza convulsionara, autoridades lo llevaron al Hospital Dr. Antonio María Pineda para examinarlo y posteriormente lo trasladaron a una clínica privada, según declaró un vecino de la urbanización. Un examen forense determinó que tenía cinco costillas fracturadas, por lo que se presume que fue torturado, según Movimiento Vinotinto.

La condición del joven provoca que tenga repetidas convulsiones si no se le administran medicinas. Eso ha hecho que evite participar en protestas. El primer día que estuvo arrestado, los policías impidieron que tuviera acceso a sus medicamentos. Solo los dejaron pasar al día siguiente.

“Con él ese ensañaron porque, cuando vino Juan Guaidó (presidente encargado de la República y líder de la Asamblea Nacional), Giovanny fue el único que se montó con él en el paredón. Además, estaba formalizando su ingreso al partido Acción Democrática”, informó una fuente ligada al caso que pidió resguardar su identidad por seguridad.

Maldonado explicó que el equipo de abogados introducirá una apelación a la decisión del juez y, posteriormente, solicitará una revisión de la medida enfocada, sobre todo, en el caso de Meza, a cuyo expediente se adjuntaron exámenes médicos que acreditan su situación de salud. 

La historia de la Sucre

Cientos de familias viven en la combativa urbanización Sucre, que se ha convertido en un emblema de las protestas anti-Maduro en Barquisimeto. Se trata de un conjunto residencial situado en la avenida Libertador, al noroeste de la capital larense, y conformado por cinco “superbloques”, de 72 apartamentos cada uno, además de una decena de edificios más pequeños y una zona de casas humildes.

Durante 2017, estas residencias fueron escenario de múltiples allanamientos nocturnos comandados por la Guardia Nacional y por colectivos afectos al gobierno. Así actuaban tras las protestas civiles que se desencadenaban a diario, en horas de la mañana, y que se sumaban a las manifestaciones contra Maduro que en aquel momento había en todo el país. 

Un vecino que prefirió mantener oculta su identidad por temor a represalias, apuntó que ninguno de los jóvenes detenidos solía participar en protestas. Destacó que la mayoría de los muchachos del movimiento “Resistencia” que vivían en la urbanización, y que en 2014 y 2017 fueron víctimas de represión, está fuera del país.

“Las FAES nos agarró por sorpresa. Ese día, como a las 3 de la tarde, cerraron la calle y paraban a los carros y los desviaban para que no entraran a la urbanización. Después, no se sabe quién los dejó pasar y por eso entraron a los apartamentos”, relató sobre lo sucedido el 20 de mayo pasado. 

Reveló que, en las dos noches anteriores, los habitantes de la Sucre habían protagonizado cacerolazos espontáneos para reclamar por los cortes constantes de electricidad. “Aquí desde hace una semana no tenemos gas, porque no nos han podido reponer las bombonas. Entonces, cuando se va la luz, no solo nos quitan la posibilidad de cocinar algo, sino que tampoco tenemos acceso al agua que se distribuye a través de un tanque y una bomba que depende de la electricidad. Nos dejan sin nada”, explicó.

Antes de los hechos del jueves pasado, en la Sucre no se había registrado ningún episodio de represión en lo que va de año. La última vez que los vecinos sufrieron allanamientos ilegales, fue durante las manifestaciones para apoyar a Juan Guaidó en enero de 2019, cuando fue proclamado presidente encargado de Venezuela.

Denuncian detención de activista Henderson Maldonado
Varias ONG se unieron al reclamo por la aprehensión de quien se encontraba con pacientes renales

 

Diversas organizaciones no gubernamentales denunciaron la detención de Henderson Maldonado, uno de los abogados que pertenece a la Red de Derechos Humanos en el estado Lara.

La información fue divulgada en la cuenta de Twitter de la ONG Movimiento Vinotinto donde aseguraron que Maldonado  se encontraba ante el destacamento 121 de la Guardia Nacional Bolivariana en Barquisimeto acompañando a pacientes renales a solicitar tickets para surtir gasolina.

El abogado aparentemente se encontraba documentado y asesorando a los enfermos cuando fue apresado.

Organizaciones como Movimiento Vinotinto, Funpaz, Mapani, Codevida, el Observatorio Venezolano de Conflictos, Red Nacional de Activistas Ciudadanos y Justicia, Encuentro y Perdón,se unieron al rechazo.

235 organizaciones sociales y de DDHH: “No ignoren la voz del pueblo venezolano

A PARTIR DE LA CRISIS GENERADA en Venezuela desde el 10 de enero por el inicio de un segundo período presidencial por parte de Nicolás Maduro, luego de un irregular proceso electoral, y la decisión de la directiva de la Asamblea Nacional de promover una transición democrática, el 23 de enero; nosotras, un grupo de organizaciones sociales y de derechos humanos venezolanas, deseamos expresarles a nuestros colegas de la región y el mundo lo siguiente:

Un sector de la opinión pública internacional ha simplificado el conflicto como una tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Donald Trump. Somos conscientes de la importancia geoestratégica de Venezuela debido a sus riquezas energéticas. También conocemos perfectamente la historia contemporánea de América Latina. Sobre nuestro país orbitan los intereses, de diversa índole, de Estados Unidos, pero también de otros países como Rusia, China y Cuba.

Valoramos y agradecemos sus preocupaciones sobre las posibles consecuencias de la injerencia indebida de alguna de estas potencias sobre nuestra vida cotidiana. Sólo pedimos que no ignoren en sus opiniones tanto la situación del pueblo venezolano como sus deseos y aspiraciones sobre cuál debería ser su destino. Quienes nos movilizamos masivamente en 60 ciudades y pueblos de Venezuela, al igual que en 230 ciudades del mundo el pasado 23 de enero, lo hicimos por la firme convicción de que el actual gobierno nos empobrece, viola nuestros derechos, nos obliga a irnos del país. Cuando queremos expresarnos ignora nuestra voz, nos encarcela y nos asesina, como lo demuestran las 29 personas asesinadas en una semana en el contexto de manifestaciones por la policía y grupos paramilitares. Por diferentes maneras nos impide, a quienes somos simples ciudadanos, elegir cuál debería ser nuestro destino. El pueblo venezolano quiere expresarse soberanamente en elecciones libres, democráticas e inclusivas, recuperando su capacidad para promover cambios de manera cívica y pacífica, garantizando el disfrute de todos los derechos sin ningún tipo de discriminación.

Agradeceremos el apoyo que cualquiera quiera darnos para recuperar nuestra voz. Por favor, no la sigan ignorando al considerar únicamente el eco de una parte de los involucrados en el conflicto.

 

Suscriben:

1) A. C. Centro de Animación Juvenil
2) A.C. H1NNOVA
3) A.C. Las Brisas siempre Brisas
4) A.C. Médicos Unidos de Venezuela
5) A.C. Radar de los Barrios
6) AC Banauge.
7) AC Queremos Elegir
8) Acceso a la Justicia
9) Acción Campesina
10) Acción Solidaria
11) Asociación Civil Conquistando la Vida (Aconvida)
12) Actívate, Anzoategui
13) Alfa Ciudadana
14) Alianza Venezolana por la Salud
15) Amigos Trasplantados de Venezuela
16) Aquí Cabemos Todos
17)) Asamblea de Educación
18) Asociación Civil Centro de Desarrollo Integral Sucre.
19) Asociación Mujeres en Positivo por Venezuela
20) Asociación Civil “VIVE”
21) Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia y Paz (FUNPAZ)
22) Asociación Civil General Juan Guillermo Iribarren (ONG)
23) Asociación Civil Gente del Petróleo
24) Asociación Civil Mujeres en Línea25) Asociación Civil Perijá
26) Asociación Civil Trabajemos Juntos por un Mundo Mejor
27) Asociación Civil Uniandes
28) Asociación Civil Vida y Luz (Asoviluz)
29) Asociación de Profesores Jubilados. Upel Maracay.
30) Asociación Mujer Voz y Vida
31) Asociación por la Vida / Mérida
32) Asociación Psicodehu / Mérida
33) Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. AVESA
34) Asociacion Larense de Planificacion Familiar
35) Aula Abierta
36) Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana (AVESSOC)
37) Brigadas Azules
38) Caleidoscopio Humano
39) Canada Venezuela Democracy Forum
40) Caracas Ciudad Plural
41) Casa de la Mujer Juana Ramírez La Avanzadora, Maracay
42) Catedra DDHH Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. UCLA
43) Cátedra de la Paz / Universidad de Los Andes
44) Centro Comunitario de Aprendizaje(CECODAP)
45) Cedeso. Centro de desarrollo social.
46) CENFISS. Centro de Filosofía para la Investigación Stanislao Strva
47) Central Sindical Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela UNETE
48) Centro de Acción y Defensa por los Derechos humanos (Cadef)
49) Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
50) Centro de Formación para la Democracia (CFD Venezuela)
51) Centro de Justicia y Paz – CEPAZ
52) Centro para la Paz y los DDHH UCV
53) CIIDER (Cooperación Internacional e Integración para el Desarrollo y el Esfuerzo Regional)
54) Ciudadanía Activa
55) Civilis Derechos Humanos
56) Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos
57) Colegio de Enfermería del DC
58) Colegio de Profesionales de la Enfermería del Estado Anzoátegui
59) Colegio de Profesores de Venezuela seccional Táchira
60) Colegio de Psicólogos Edo. Miranda
61) Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ)
62) Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
63) Comisión Nacional de DDHH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Táchira
64) Comisión Nacional de DDHH de la federación de Colegios de Abogados de Venezuela – Mérida
65) Comisión Nacional de Derechos Humanos de las Federación del Colegio de Abogados del estado Lara
66) Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODEHCIU
67) Comité de conflicto intersectorial del estado Sucre
68) Comité de derechos humanos de La Guajira
69) Comité Paz y Trabajo
70) Conciencia Ciudadana A.C
71) Confederación Sordos de Venezuela ( Consorven )
72) Consejo Comunal TEBRIPAR
73) Convite AC
74) Cooperativa Caribana / Mérida
75) Creemos Alianza Ciudadana – Libertador
76) DDHH “Justicia y Paz Aragua”
77) Defensa UCV
78) Diálogo por Venezuela-Francia.
79) El Venezolano newspaper
80) El Zulia Recicla
81) Elades Venezuela
82) Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos
83) Epix.com.ve
84) Escuela de Formación Obrera “Priscila López”
85) Escuela de Vecinos de Venezuela
86) Espacio Humanitario
87) Espacio Público
88) EXCUBITUS derechos humanos en educación.
89) Federación de Asociaciones Venezolanas en ESPAÑA FAVE
90) Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela
91) Federación de Profesionales y Técnicos de las Universidades Nacionales de Venezuela (Fenasipruv)
92) Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV)
93) Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes -Fenasopadres-
94) Federación Nacional de Trabajadores de la Salud FETRASALUD
95) Foro Penal
96) Foro Penal capítulo Barcelona-España
97) Funcamama
98) Fundación “5aldia” Venezuela
99) Fundación Aguaclara
100) Fundación Alberto Adriani
101) Fundación Arts World Millenium 2010
102) Fundación Casa Mocoties
103) Fundación CELTA
104) Fundación CIIDER
105) Fundación Cultural Girón
106) Fundación de Ayuda al Niño con Cáncer
107) Fundación Incide (Sucre)
108) Fundación Linda Loaiza
109) Fundación Mavid Carabobo
110) Fundación para el Debido Proceso FUNDEPRO
111) Fundación Reflejos de Venezuela
112) Fundación Tovar sin fronteras
113) FundaRedes
114) Fundación Venezolana y de América Latina (Fundaval)
115) Gente del Deporte
116) GobiernaTec
117) Grupo de Caminantes GUATEK
118) Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) – ULA Mérida
119) Grupo La Colina
120) Grupo Social Cesap
121) Guaicaypuro Sociedad Organizada
122) Hannah Atendt Observatory Cap. USA.
123) Humano Derecho Radio Estación
124) Humanos 2.0
125) Innova Scientific SAc Perú
126) Instituto de Altos Estudios Sindicales INAESIN
127) Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos-Invesp
128) Justicia y Paz OP Venezuela
129) Justicia, Encuentro y Perdón
130) La Urbina Activa
131) Laboratorio Ciudadano de Noviolencia Activa
132) Laboratorio de Paz
133) Lex et Agape
134) Liga Merideña contra el Sida
135) Madres y Padres por Los Niños en Venezuela
136) Manifiesta.org
137) Médicos por la Democracia
138) Monitor Social A.C. (Estado Nueva Esparta)
139) Movimiento Caminando con Claret / Mérida
140) Movimiento Sindical de Base MOSBASE
141) Movimiento Vinotinto
142) Mujer y Ciudadanía A.C.
143) Mujeres de Sucre. Cumana
144) Obra Redentora Mercedaria
145) ObserLatInf
146) Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
147) Observatorio Electoral Venezolano (OEV)
148) Observatorio Global de Comunicación y Democracia (OGCD)
149) Observatorio Hannah Arendt
150) Observatorio Penal Mérida
151) Observatorio Penal Mérida OPEM DDHH
152) Onda Feminista
153) Organización StopVIH
154) Oswaldo Cali Fundación – Seguir Viviendo
155) Padres Organizados de Venezuela
156) Participación Venezolana-Georgia (Atlanta, USA)
157) Pensamiento Tachirense en Acción, PENTA.
158) Prepara Familia
159) Pro2
160) Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
161) Proiuris
162) Promoción Educación y Defensa en DDHH – PROMEDEHUM
163) Proyecta Ciudadanía A.C
164) Proyecto 860
165) Psicólogos sin Fronteras Venezuela
166) Red Acción y Defensa Por Los Derechos Humanos – Capitulo Carabobo ( RADDH)
167) Red Acción y Defensa Por Los Derechos Humanos – Capitulo Cojedes ( RADDH)
168) Red Defendamos la Epidemiología Nacional
169) Red Electoral Ciudadana (REC)
170) Red Nacional Asamblea de Ciudadanos Carabobo
171) Red Nacional de Asambleas de Ciudadanos
172) Red Organizaciones Vecinales de Baruta
173) Red de Activistas Ciudadanos Barinas
174) Redes Urbanas
175) RedesAyuda
176) RedOrgBaruta
177) Revista SIC del Centro Gumilla
178) RVG+ (Red Venezolana de Gente Positiva)
179) Sindicato Nacional de Profesionales Administrativo de la Universidad de Oriente ASPUDO
180) Sindicato Único de Telecomunicaciones del Estadio Anzoátegui (SUTEA)
181) Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos Profesionales Técnicos y Administrativos del Ministerio de Salud SUNEP-SAS
182) Sinergia, Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
183) Sociedad Hominis Iura (SOHI)
184) Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatria
185) Somos Ciudadanos Organizados (SOCIO)
186) SÚMATE
187) The arTEA Project
188) Transparencia Venezuela
189) Una Sampablera por Caracas
190) Una Ventana a la Libertad
191) Unidos X Baruta
192) Unión Afirmativa de Venezuela
193) Unión Canario Venezolana UCVE
194) Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C
195) Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
196) Universitas Fundación
197) Venezuela te necesita
198) Venezolanos Activos Doral
199) VenMundo / Boston
200) Vicaria de DDHH de la Arquidiócesis de Barquisimeto
201) Voluntarios la Pastora
202) VotoJoven
203) Amigos Trasplantados de Venezuela
204) Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida)
205) Fundación Pro Bono Venezuela
206) Azul Positivo (Acción Zuliana por la Vida)
207) Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
208) Unidad Investigación de Género Universidad de Carabobo
209) Mulier
210) Caracas Organizada
211) Asociación Afecto Venezuela, contra el maltrato infantil
212) Cendif-Universidad Metropolitana
213) Médicos Unidos De Venezuela
214) Fundación Centro Gumilla
215) Psicología y DDHH (PSICODEHU)
216) Escuela de Comunicación Social Ucab Guayana
217) Asociacion de Profesores de la UCV (APUCV)
218) Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA)
219) Fundación Cristiana para la Liberación Popular (Fundimma)
220) Red de Activismo e Investigación por la Convivencia REACIN
221) PROADOPCION, A. C.
222) Instituto Progresista Venezolano
223) Orpanac
224) Asociación Venezolana para la Hemofilia
225) Asociación CAUCE
226) Piloneras
227) Justicia y Proceso Venezuela (JUYPROVEN)
228) FUNDECI Fundando Derechos Civiles y Equidad.
229) Sin Mordaza
230) Opción Venezuela
231) Wainjirawa
232) FUNDAMUJER
233) Observatorio Venezolano de los DDHH de las Mujeres
234) Fundación Mate con Arepa
235) Pensamiento crítico y Subjetividad

 

Con información de CODHEZ

ONG:

LA COACCIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN en Venezuela están compactadas en una tarjeta electrónica denominada carnet de la patria; de plástico, con forma rectangular, bordes redondeados y un código QR. No es la cédula de identidad, pero el gobierno lo exige cada vez más. Ahora es un requisito para que los ciudadanos accedan a beneficios del Estado, violando así, de manera flagrante, la Constitución y con ello los derechos elementales de los ciudadanos, señalan abogados y representantes de ONG.

“De ahora en adelante vamos a gobernar con el carnet de la patria, desde las bases, desde el pueblo. Todos los programas, misiones, grandes misiones, bonos y planes de protección frente a la guerra económica, todo… Y lo que viene en enero en adelante, imagínenselo; no se los voy a adelantar”, expresó el presidente Nicolás Maduro en una cadena nacional realizada en diciembre del año pasado, acerca del sistema que implementaría para conocer el estatus socioeconómico de los venezolanos y a partir de allí las necesidades de la gente.

A esas declaraciones le siguieron la entrega de 24 bonos, pero solo para quienes se encontraban registrados en el sistema patria, y lo que no adelantó en aquel discurso decembrino se puso en marcha en estos ocho meses del año: la exigencia del carnet de la patria en gran parte del ámbito público, desde la obtención de las bolsas y cajas CLAP, pasando por el acceso a la salud pública, el cobro de pensiones por parte de beneficiarios de la Misión Amor Mayor, hasta el subsidio de la gasolina.

“Tengo más de cinco horas en la cola y no avanza, solo porque me lo están pidiendo para operarme estoy aquí en esta humillación”, expresó un hombre de 65 años de edad, vecino de Catia que aspiraba a obtener el carnet el miércoles pasado en un operativo en el centro de Caracas. En el hospital Miguel Pérez Carreño se lo exigen para operarle la mandíbula. Explicó que a través del sistema patria le cobrarán unas medicinas especiales que requiere para la intervención, que debe adquirir a través de la Embajada de Venezuela en Panamá.

Como ese, hay más casos que demuestran cómo el gobierno ha aumentado el control y la coacción través de ese mecanismo. “Se han incrementado los reportes de personas a las que le exigen el carnet para acceder a los derechos que debería garantizar el Estado, sin ningún tipo de limitantes ni discriminación”, afirmó Manuel Vírgüez, director del Movimiento Vinotinto.

Marino Alvarado, representante de Provea, refuerza lo planteado por Vírgüez. “En su desespero autoritario y dictatorial, el gobierno chantajea a la población, que muchas veces cae por necesidad, a través del carnet de la patria que es un mecanismo de control”, dijo.

Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, explicó que en Venezuela se han establecido elementos ideológicos de carácter socialista, en los que la voluntad de las personas se ha ido limitando, a tal extremo de poner en sumisión al ciudadano a través de dádivas de acuerdo con sus necesidades y a partir de eso poder manejar las elecciones”, explicó.

Añadió que la obligación de sacarse el carnet atenta contra la dignidad de las personas, pues además ese instrumento está ligado al PSUV. Dijo que la coacción mediante el carnet, que cada vez se incrementa más, afecta a los sectores más vulnerables de la población, a quienes el gobierno manipula a través de sus necesidades. “La coacción a través del carnet afecta todos los derechos elementales de los estratos bajos de la población. El Estado debe responder dos preguntas: ¿Cómo quedan las libertades de los ciudadanos al ser coaccionados de esta manera? Y ¿por qué para ellos el carnet de la patria es más útil que la cédula de identidad?”, se preguntó.

Las ONG comparan el carnet de la patria con la tarjeta de alimentación implementada en Cuba. Recuerdan que comenzó como un mecanismo para la distribución y el pago de las cajas CLAP, y sirvió como herramienta de movilización electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela en las cuatro últimas elecciones. Sin embargo, todo no queda allí; hay instituciones públicas que lo exigen como requisito para realizar un trámite.

“Fui al Ministerio de Relaciones Exteriores con todos los requisitos para apostillar mis documentos. Hice la cola y no me atendieron porque no tenía el carnet de la patria”, relató indignada Julia Martinez, de 46 años de edad, mientras permanecía desde las 6:00 am en una fila de alrededor de 1.000 personas para sacárselo. “Esto es una falta de respeto porque se trata de un derecho de todos los venezolanos. ¿Por qué me van a pedir eso si yo tengo mi cédula de identidad?”, expresó.

El gobierno viola los artículos 21, 62, 63, 82, 86, 87 y 305 de la Constitución, de acuerdo con el informe de Transparencia Venezuela, al limitar el acceso a los beneficios del Estado solo a las personas que se encuentren registradas en el sistema patria, que definen como “el apartheid del siglo XXI”.

Señala que con el carnet se vulnera el derecho a la no discriminación, a la alimentación, a la vivienda, a la seguridad social, al trabajo y al libre sufragio. También indica que con ese sistema tecnológico de control social el gobierno busca mantener la lealtad electoral permanente en las urnas.

En el análisis señala que el carnet se perfila como el sustento de un movimiento político, que ha encontrado en el dominio del sistema electoral la mejor de manera dar supuesta legitimidad a su permanencia en el poder.

Transparencia expone los vacíos de información relacionados con la implementación del carnet, entre ellos el desconocimiento de cuánto dinero se ha desembolsado de las finanzas públicas para los 24 bonos que han dado a través de esa plataforma, a qué ente gubernamental está adscrito el documento, cuáles son los procesos de contrataciones, personas responsables y los recursos destinados al diseño de la plataforma, almacenamiento y procesamiento de los datos.

El entramado detrás de la aplicación

El Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela develó la trama que hay detrás de las aplicaciones que ha lanzado el gobierno en los últimos tiempos. En la investigación “Tu voto es secreto, tus datos no”, reveló que la empresa creadora de la aplicación con la que se maneja el carnet de la patria es JMT Solution Technology, propiedad de Daniel Sifuentes Contreras y Rafael Hernández Quintero. Este último, empleado de la Vicepresidencia Ejecutiva. Según su cuenta en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales comenzó a cotizar como trabajador de ese despacho en enero de 2017, lo cual coincide con la creación del carnet de la patria. La relación laboral se mantiene a la fecha.

Esa empresa también es la creadora de las aplicaciones VeMonedero y VePatria, que permite ingresar desde el teléfono móvil a www.patria.org.ve. Las personas que deseen recibir beneficios a través del carnet deben inscribirse en esa página con el nombre, cédula, correo electrónico, dirección, teléfono, el número de cuenta bancaria. De igual forman deben responder cuántos hijos tienen, sus edades y con quién viven.

VeMonedero es un wallet (software de monedero móvil), a través del cual los usuarios pueden conectar con el monedero patria, consultar su saldo y verificar las operaciones realizadas en un intervalo de tiempo.

El IPYS señala que con la contratación de la empresa JMT Solution Technology para crear las aplicaciones se viola el artículo 34 de la Ley del estatuto de la función pública y el artículo 73 de la Ley contra la corrupción por obtener ventaja económica con posible aprovechamiento de las funciones que ejerce Hernández Quintero en la Vicepresidencia. Este delito establece una pena de dos a cuatro años de prisión.

También advierte que entre los riesgos del sistema patria está la exposición de los datos personales y el potencial cruce de datos que tiene el Estado con la información que obtienen por esa vía, sobre todo cuando no existe una legislación que regule el acceso a la información privada.

Asesinatos ocurridos durante protestas contra ANC continúan impunes

EL 30 DE JULIO SE CUMPLIÓ un año de la elección de los miembros de la asamblea nacional constituyente, comicios que se desarrollaron en medio de fuertes protestas en diversos estados del país. La represión hizo de ese día el más sangriento de los cuatro meses de manifestaciones contra el gobierno: 14 personas fueron asesinadas y hasta la fecha, denuncian abogados y ONG de derechos humanos, ninguno de los responsables de esas muertes ha sido condenado.

Las averiguaciones por las 14 muertes, de las cuales, 8 ocurrieron en Táchira, 3 en Mérida, 2 en Lara y 1 en Sucre, aún no han concluido. Abogados y familiares señalan que ha habido denegación de la justicia por parte de la Fiscalía y los tribunales. También acusan a los cuerpos de seguridad del Estado de obstruir las investigaciones, al negarse a aportar información sobre los funcionarios que controlaban las concentraciones, que en la mayoría de los casos eran parte de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana.

De acuerdo con el registro de la ONG Justicia Encuentro y Perdón, la información oficial sobre las investigaciones de las muertes que ocurrieron en las protestas es escasa. Martha Tineo, coordinadora general de la ONG, señaló que la mayoría de las pesquisas se paralizó luego del 5 de agosto, cuando el Tribunal Supremo de Justicia destituyó de su cargo a la fiscal Luisa Ortega Díaz. Desde esa fecha, el camino que han recorrido los familiares de los asesinados para hacer justicia ha sido tortuoso.

“Ha sido un año completo sin justicia ni respuesta por parte de la Fiscalía sobre la muerte de mi hijo. Todas las pruebas que recaudé fueron consignadas en el Ministerio Público, pero al día de hoy no han respondido. Ellos saben quiénes son los culpables pero lo están tapando. Aquí no hay justicia, matan a quien sea y ponen la vista gorda”, manifestó Rafael Peña, padre de Ender Peña, de 19 años de edad.

El joven, que era capitán del equipo Sub 17 de Lotería del Táchira Fútbol Club, murió luego de recibir un tiro en la ingle por parte de funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro que reprimía una manifestación en San Cristóbal la noche del 30 de julio del año pasado.

Evelyn Campitelli, abogado que lleva el caso, dijo que desconoce la identidad del funcionario que disparó debido a que el Conas se ha negado a aportar esa información a los fiscales de la unidad de derechos fundamentales que investigan la muerte.

“El caso de Ender aún está en averiguaciones, no se ha imputado a nadie. Hay retardo procesal en las diligencias de la investigación. No se tiene la identidad de los funcionarios que le dispararon, solo se sabe que pertenecen al Conas, pues era la única comisión que se encontraba en el lugar”, agregó.

Al igual que Peña, otras nueve personas más murieron ese día a tiros, en su mayoría dirigidos a la cabeza, cuello y pecho. Entre las víctimas están dos adolescentes: Daniela Salomón de 15 años de edad, quien recibió un impacto de bala procedente de un grupo de sujetos armados en el sector plaza Venezuela de La Concordia, en San Cristóbal, y Adrián Romero de 13 años de edad, a quien le dispararon un proyectil en la cabeza en el sector El Calvario de Capacho Viejo en Táchira. Tampoco ha habido imputados sobre estos casos.

Recientemente, el constituyente Adán Chávez aseguró que a través de la ANC pondrán en marcha los mecanismos legales necesarios para “combatir la impunidad”.

No obstante, familiares y abogados de las víctimas afirman que la denegación de la justicia se debe a la falta de voluntad del sistema judicial. Pese a que han acudido en reiteradas ocasiones a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y al TSJ, los expedientes de las muertes de Juan Gómez, Luis Zambrano, Julio Manrique, Albert Rosales, Ronald Ramírez, Wilmer Smith, Andrés (apellido sin identificar), Luis Ortiz, Ángelo Yordano, Ricardo Campos y Eduardo Olave, continúan archivados.

Tineo afirmó que la responsabilidad por la impunidad en todas las muertes recae sobre el Ministerio Público y los tribunales del país. La primera instancia debe hacer las investigaciones y acusar a los implicados y la otra está encargada de desarrollar los juicios. “Ninguno de los órganos que integran el sistema de justicia ha dado respuesta expedita sobre las 161 muertes ocurridas en los meses de protesta. Parece que no existe voluntad para investigar y juzgar esos asesinatos”, expresó.

Señaló que en las 161 muertes del año pasado, ha habido 99% de impunidad debido a la falta de colaboración de los cuerpos de seguridad con quienes realizan las indagaciones. Indicó que los funcionarios se niegan a dar la identidad de los responsables y, en otros casos, los implicados no son trasladados a los juicios.

Los obstáculos

Manuel Virgüez, director del Movimiento Vinotinto, indicó que las trabas y la opacidad por parte de los órganos administradores de justicia para el avance de las averiguaciones han ocasionado que 91% de los asesinatos habidos en las manifestaciones de 2017 no haya llegado ni siquiera a la audiencia preliminar.

“El Estado ha actuado con total saña e impunidad, con la intención de no permitir la evolución de las investigaciones y así envía un mensaje de que para mantenerse en el poder está dispuesto hasta a ocultar las evidencias que lo incriminen”, afirmó.

De acuerdo con la ONG, de los 161 casos de muertes que se registraron en las concentraciones de calle del año pasado, en 124 se desconoce la información sobre los victimarios. Solo 2 han sido enjuiciados y 11 acusados, mientras que la Fiscalía ha solicitado la aprehensión de 21 presuntos responsables.

Según el registro de la ONG Justicia Encuentro y Perdón, en lo que va de año ha habido 17 víctimas mortales durante las manifestaciones a nivel nacional, que a diferencia del año pasado, se desarrollan por causas socioeconómicas. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social indica en su reporte mensual que en julio hubo 286 protestas para exigir servicios básicos, acceso a la alimentación y mejor calidad de vida.

Los fiscales que siguieron el ejemplo que Luisa Ortega dio
Dejaron en el aire casos de asesinatos durante las protestas de 2017
Se estima que más de 200 fiscales entre titulares y suplentes han salido del despacho desde que Tarek William Saab fue nombrado hace un año como máximo responsable del Ministerio Público de manera provisional
Durante la gestión de Ortega Díaz, fiscales promovieron la condena a Leopoldo López y solo se imputaron a dos personas por el caso Cadivi

 

@franzambranor

SIETE DÍAS LE TOMÓ A YOLANGEL CASTILLO llegar a España desde Caracas en agosto de 2017. Imposibilitada de tomar un avión en el Aeropuerto Internacional de Maiquetia porque su pasaporte estaba anulado, la ex Fiscal 17 Nacional contra la corrupción, recorrió 1365 kilómetros desde Puerto Páez en el estado Apure a Bogotá, Colombia. Cruzó en chalana el paso entre los ríos Meta y Orinoco. Abordó otra lancha que tardó 20 horas en llegar a un puerto del que no recuerda nombre porque se accidentó en reiteradas ocasiones y carecía de reflectores para transitar de noche. Cogió un autobús hasta la capital neogranadina y luego de un par de días un vuelo a Madrid.

El periplo de Castillo se parece al de decenas de funcionarios del Ministerio Público que debieron abandonar el país luego que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, denunciara la ruptura del hilo constitucional en mayo de 2017 a propósito de las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, que dejaban sin funciones a la Asamblea Nacional. Disposiciones que luego fueron echadas hacia atrás por el propio poder judicial con las escuetas y todavía no disponibles sentencias 157 y 158.

Castillo ya sabía que su pasaporte había sido anulado, así como el del ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray, quien a mediados de julio del año pasado no pudo representar a Ortega Díaz en una reunión extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos en Argentina y hoy en día vive exiliado en Colombia.

A mediados de agosto de 2017, Ortega Díaz denunció que a 64 funcionarios del Ministerio Público se les había dictado prohibición de salida del país sin fórmula procesal alguna. “Muchos fueron desalojados de sus puestos de trabajo. A fiscales especializados en corrupción se les impide salir de Venezuela por capricho del gobierno”, dijo entonces.

A juicio de Mundaray, más 200 fiscales entre titulares y suplentes han salido del MP desde que la asamblea nacional constituyente nombró a Tarek William Saab como Fiscal General de la República y destituyó a Ortega Díaz. Obligando además a esta última a huir hacia la vecina nación colombiana.

Exiliados, despedidos, reubicados u obligados a renunciar, los fiscales de la administración Ortega Díaz dejaron sobre el tapete casos de corrupción en PDVSA y Odebrecht, aunado a decenas vinculados con los asesinatos de las protestas antigubernamentales en 2017.

“El interés de Tarek y toda su camarilla fue ir detrás de esos casos y destruirlos porque ellos sabían que nosotros íbamos por la cadena de mando que ordenó los hechos. Cadena que va desde el presidente de la República, pasando por el Ministro de la Defensa. Ordenaron disparar a los manifestantes con armas de fuego y con proyectiles modificados, me refiero a esferas de vidrio o metal disparadas con carabinas para gases lacrimógenos o perdigones”, acotó Mundaray.

José Antonio López, fiscal 28 del estado Carabobo, optó por marcharse de Venezuela y dejó los casos de Daniel Queliz y Hecder Lugo.

Queliz fue asesinado el 10 de abril de 2017 en Valencia por un supuesto efectivo de la Policía de Carabobo, mientras que Lugo corrió con la misma suerte a manos de presuntos  efectivos de la Guardia Nacional el 4 de mayo en San Diego.

Por la muerte de Queliz están imputados los oficiales Marcos Antonio Ojeda Arias, quien aparentemente tiró del gatillo y Edien Romero.

Alexander Queliz, padre de Daniel, dijo que el Fiscal López le manifestó un día que se iba del país por razones personales, pero está claro que desde la salida de Ortega Díaz los empleados del Ministerio Público están sometidos a múltiples presiones.

“Me imagino que allí hubo un poco de eso (presión), los fiscales que no siguieron la línea fueron sacados”, dijo Queliz.

Queliz asegura que en su caso, la Fiscalía no es el problema. “El inconveniente lo representan los tribunales, el Ministerio Público siempre ha hecho acto de presencia en las audiencias, esto ha sido diferimiento tras diferimiento, un retardo procesal constante. Mi peor enemigo es el tiempo, porque el tiempo pasa y el Código Orgánico Procesal es bien claro, cuando tu estas encerrado 24 meses y no se hace juicio, vienen los beneficios”.

A Daysi Pérez, madre de Hecder Lugo, no le sorprendió la partida del fiscal que llevaba el caso de su hijo. “No se si se fue por amenaza o por la situación del país, lo cierto es que esto es político, todos saben quién mató a mi hijo, ya ellos tiene todas las evidencias, pero si el culpable pertenece al gobierno, no van a resolver nada”.

Por el asesinato de Lugo no hay persona alguna imputada. Hecder es uno de los 19 muertos durante las manifestaciones en el estado Carabobo y uno de los 31 que cayeron en medio de la represión de la Guardia Nacional.

A juicio de Manuel Virgüez, de la ONG Movimiento Vinotinto, la impunidad fue la principal protagonista en las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro de 2017.

“En el estado Lara por ejemplo, dónde Movimiento Vinotinto contabilizó 22 asesinatos, el índice de impunidad es de 91%”.

Virguez indicó que con la llegada de Saab al Ministerio Público la opacidad se ha acentuado, hay expedientes que se pierden y fiscales que no aparecen.

En una nota de El Impulso, escrita por Karina Peraza, se hace referencia a la remoción de 16 fiscales. Carlos Muñoz, Fiscal 21 del estado Lara en Derechos Fundamentales, no fue despedido, pero renunció luego que llevara los casos de Tony Canelón, Brayan Principal, Manuel Sosa, Eyker Daniel Rojas Gil, Nelson Daniel Arevalo Avendaño, Ruben Alexander Morillo, José Gregorio Mendoza Duran, Yanet Angulo Parra, José Miguel Pestano y Luis Beltrán Zambrano. Todos víctimas de la violencia y represión en las manifestaciones.

Muñoz había logrado órdenes de aprehensión para los presuntos responsables de las muertes de Canelón, Rojas y Sosa, pero ninguna se hizo efectiva. Hay un solo preso por el asesinato de Brayan Principal, un miembro de un colectivo de nombre Hector Yohan Zapata, quien fue detenido por orden de la Fiscal 20, Cristina Coronado, también removida de su cargo. “17 años después, a mi y a los míos se nos ‘enlista’ por haber actuado conforme a la lealtad que esta investidura amerita”, declaró en ese entonces Coronado.

Estampida fiscal

Una vez juramentado Tarek William Saab ante la anc de manera supuestamente provisional, el constituyentista Diosdado Cabello asomo un cambio de línea radical en la Fiscalía. “Propongo también declarar la emergencia en el Ministerio Público para que se proceda a su reestructuración desde el primer funcionario hasta el último”.

Para Zair Mundaray, el gobierno tenía muy claro su objetivo. “Los primeros fiscales contra los que arremetieron fueron los de corrupción y los de derechos fundamentales, la meta era cercenar la línea investigativa, especialmente casos como el de Odebrecht”.

Antes de ser destituida, Ortega Díaz envió al Fiscal 55 Nacional, Pedro Lupera y a la Subdirectora de Investigaciones contra la Corrupción, Raiza Sifontes a Brasil con la finalidad de entrevistar personalmente al empresario Joao Santana y a su esposa Mónica Moura en procura de conseguir evidencias sobre aparentes sobornos que la constructora brasileña pago a funcionarios venezolanos a cambio de millonarios contratos de obras públicas.

En vista de la persecución de la que ya eran objeto, ambos fiscales fueron por tierra hasta Colombia y de al tomaron un vuelo a Brasil. Se supone que regresarían después de recabar los testimonios de Santana, creador de los “Ojos de Chávez” y cerebro de la última campaña electoral del fallecido presidente, pero eso nunca pasó.

En la frontera colombo-venezolana, Sifontes llegó a pensar que iba a perder su libertad. “Cuando los funcionarios del Saime se dieron cuenta de quienes éramos nos retuvieron los pasaportes, hasta el Sebin se presentó. De alguna forma pudimos recuperar nuestros documentos, pero nunca conseguimos el sello de salida. Una vez en Colombia pedimos protección especial y pudimos volar a Brasil”, recuerda.

Alejandro José Prada, jefe adscrito en la dirección contra la corrupción, organismo dependiente de la Dirección de Actuación procesal del MP, también temió por su seguridad cuando le preguntaron a qué se dedicaba en Maiquetia el pasado 13 de agosto de 2017.

“Trabajo por mi cuenta”, se limitó a decir Prada al oficial de inmigración a horas de abordar el vuelo que lo llevó a Estados Unidos.

Prada trabajaba conjuntamente con Sifontes en la investigación de Odebrecht y venía de formar parte de la Contraloría General, donde estuvo encargado de casos como el del ex alcalde de Maturín, Numa Rojas, condenado a seis años, siete meses y 22 días de prisión por enriquecimiento ilícito y el de Luis Salvador Velásquez, ex director de Comercialización de Sidor apodado “El Rey de la Cabilla”, sobre quien pesan acusaciones de corrupción y por el que Prada considera que fue obligado a renunciar del órgano que dirige Manuel Galindo.

“Cuando sucedio lo de Lupera y Sifontes supe que debía irme, porque el próximo en la lista iba a ser yo”, advirtió Prada.

Prada, quien es contador público con una maestría en finanzas, sostuvo que la indagación a Odebrecht comprendió un amplio espectro, pero hicieron hincapié en los proyectos de la Línea 5 y la conexión Guarenas-Guatire de la compañía Metro de Caracas.

“Estuve dos noches en el Ministerio Público ayudando a escanear toda la documentación sobre Odebrecht que afortunadamente la fiscal Luisa Ortega pudo consignar en la Corte Penal Internacional”, añadió Prada.

Pero no todo se pudo digitalizar, expuso el fiscal 50 Nacional, Marcos Palacios, actualmente radicado en Colombia.

“No pudimos hacerlo todo, un expediente puede tener hasta 200 folios, es algo engorroso”, aseveró Palacios, cuyo pasaporte fue anulado y debió salir de incógnito por vía terrestre a finales de agosto del año pasado.

Palacios llevaba casos de corrupción en Pdvsa. Fue el que citó al actor Manuel “Coco” Sosa a comparecer por irregularidades en el otorgamiento de órdenes de compra con sobreprecios en los bienes adquiridos por Petropiar S.A. Sosa fue condenado posteriormente en la gestión de Saab a cuatro años de arresto domiciliario, el pago de 40% del daño patrimonial causado y la inhabilitación para ejercer cargo público por un lustro.

Palacios imputó a la hija del Contralor General de la República, Mayra Galindo, por su aparente responsabilidad en hechos de corrupción al frente de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría.

“Para que el oficial de seguridad en la Contraloría me pudiera recibir el documento de imputación dije que era una comunicación que estaba llevando. A raíz de eso, el director de seguridad de la Contraloría fue destituido y yo citado por Katherine Harrington (actual Vicefiscal), quien me pidió los expedientes de todos los casos que estaba manejando. No se los di. Por supuesto la hija del contralor no fue al acto de imputación”.

Posterior a la destitución de Ortega Diaz, Palacios asegura que recibió recomendaciones de allegados en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de marcharse de Venezuela.

“No tenía tres días en la Fiscalía y uno hace amigos, ellos mismos me dijeron que me fuera porque venían por mi”.

A Luis Sánchez, auxiliar de Pedro Lupera en la Fiscalía 55, no le alcanzó la pericia o la suerte para quedar en libertad. Fue aprehendido a mediados de agosto de 2017 y acusado por el constituyentista Cabello de formar parte de una red de extorsión junto al esposo de Ortega Diaz y diputado de la Asamblea Nacional, Germán Ferrer y la asistente del despacho del Ministerio Público, Gioconda González.

“Este ciudadano está involucrado por haber abierto cuentas en millones de dólares. Él actuaba como enlace con tribunales, el propio MP y con empresas que eran víctimas de extorsión. Era el operador experto dentro de la red”, sentenció en ese entonces Saab.

Sánchez, junto a Lupera, fueron los encargados de citar a los directivos de la Constructora Conkor, Alejandro Jose Ruiz Mazzeo y Elias Ramon Koury Guevara, a mediados de julio del año pasado por estar presuntamente vinculados con irregularidades registradas en contrataciones con Pdvsa.

“Apresaron a Sánchez con unos cargos falsos y lo tienen allí en el Sebin con unos alegatos totalmente inverosímiles”, dijo el ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray.

Los destinos

Colombia, Ecuador, Francia, Canadá, Estados Unidos, España y Perú son los países donde, según Mundaray, se encuentran los fiscales que debieron salir de manera abrupta del país antes, y especialmente luego, de la destitución de Luisa Ortega Díaz.

“Con algunos tenemos contacto discreto porque aún su estatus migratorio es incierto, esperan por asilos y no se sienten del todo seguros”, advirtió Mundaray.

“Habíamos logrado bastante independencia de los demás organismos de la investigación penal, teníamos equipos de primer orden, una serie de expertos formados en los mejores institutos de Europa y Latinoamérica”, se ufana quien acompañó a Ortega Díaz en la Corte Penal Internacional a denunciar violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Maduro. “Nuestro mejor talento está en otros países”, lamentó.

Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público

 

Raiza Sifontes, Subdirectora de Investigaciones contra la Corrupción, sigue trabajando con el equipo de Ortega Díaz en Bogotá. “Hice una reválida aquí en Colombia con la ayuda de una universidad y afortunadamente sigo con la doctora (Ortega Díaz). Nos trajimos toda la información en lo que se refiere a Odebrecht”.

Mundaray aseguró que aunque estén fuera siguen laborando en pro de hacer justicia en Venezuela algún día. “Hay una fiscalía en el exilio que es legítima y sigue trabajando con toda la anomalía que eso implica”.

A diferencia de Sifontes, Yolangel Castillo, fiscal 17 contra la corrupción no ha podido seguir con su carrera. Castillo está en Tenerife haciendo un curso en gestión comercial de ventas con la meta de insertarse en un futuro en el mercado laboral.

“No tengo títulos, no tengo nada que me avale como abogado”, apuntó. Antes de huir de Venezuela, Castillo estaba abocada a investigar a fiscales y jueces militares de Carabobo y Falcón que abrieron procedimientos a civiles en tribunales castrenses.

“A los acusados ni siquiera les daban derecho a escoger defensores”, indicó.

Quien fue también fiscal contra la corrupción en Vargas salió sola del país. Una fuente vinculada al gobierno le advirtió que le querían imputar delitos como traición a la patria y la iban juzgar precisamente en tribunales militares. “No solamente tenía una función en el Ministerio Público, también daba clases de postgrado en el área de argumentación jurídica en la Escuela Nacional de Fiscales”.

Marcos Palacios, fiscal 50 Nacional, está en Colombia, pero no trabaja directamente con Ortega Díaz. “Estoy haciendo asesorías y eventualmente podría plantearme laborar en áreas distintas. Me pasó esto solo por el hecho de trabajar, de ejercer mis funciones”.

Con la certeza de tener el pasaporte anulado, Palacios estaba imposibilitado de abandonar Venezuela por los canales regulares. “Tuve que salir por tierra y fueron muchas paradas para llegar hasta acá; salí solo porque era muy arriesgado hacerlo con mi familia, afortunadamente ya estoy con los míos”.

Alejandro José Prada, jefe adscrito en la dirección contra la corrupción, igualmente está con su esposa e hijos en Estados Unidos. A diferencia de Palacios salieron todos juntos por Maiquetía.

“La vida del inmigrante aquí es muy dura, por suerte hemos contado con la ayuda de amigos y de una iglesia que nos ha dado alimentos y enseres. Todavía no puedo trabajar porque estoy esperando el asilo político”, manifestó. No descarta retomar su profesión en un futuro, pero cuando reciba luz verde para laborar planea hacerlo “en lo que salga”.

Los tropiezos de Luisa

Entre las manchas más notables en la gestión de una década de Luisa Ortega Díaz al frente de la Fiscalía General de la República están la pasividad para imputar a responsables en el desfalco a la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) y su disposición al encarcelamiento del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, luego de las protestas de 2014.

El propio presidente Maduro admitió la responsabilidad de empleados públicos en hechos de corrupción en Cadivi desde 2011 y según el exministro de Planificación, Jorge Giordani, 25 mil millones de dólares fueron a parar a empresas de maletín.

Durante la estadía de Ortega Díaz en el MP solo se imputó al teniente coronel Francisco Navas Lugo y a su sobrino José Daniel Stekman Lugo por delitos de corrupción en Cadivi, instancia en la que estuvo como directivo el capitán en condición de retiro, Humberto Ortega Díaz, quien en una entrevista concedida al Correo del Orinoco en 2011 aseguró que no era familia de la Fiscal.

Luisa Ortega Díaz incluso formó parte de la Comisión Presidencial para la Verificación de la Conformidad del Otorgamiento de Divisas por parte del Estado Venezolano y su Uso Correcto creada por Maduro en 2013. Allí trabajó con los diputados Ricardo Sanguino y Jesús Faría (ambos designados presidentes del BCV posteriormente), además del ministro de la defensa, Vladimir Padrino López. Se desconocen los alcances de dicha comisión.

Después de ser nombrado por la anc, Tarek William Saab, dijo que 80% de las empresas involucradas en irregularidades con Cadivi y también Cencoex (Centro de Comercio Exterior) fueron sobreseídas por Ortega Díaz. “La ex Fiscal lo tenía escondido y engavetado, es la principal responsable. Parte del drama que vive nuestro país se debe a este tema”, manifestó.

Saab aseguró en octubre de 2017 que por el caso Cadivi-Cencoex habían sido aprehendidas 11 personas y cerca de 900 empresas estaban involucradas en delitos de sobreprecios en divisas.

Instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir fueron los cargos que le imputó la Fiscalía a Leopoldo López. El Fiscal 41 con competencia nacional, Franklin Nieves y la 47 de Area Metropolitana, Narda Sanabria promovieron la pena de 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas para el líder de VP, sentencia que ejecutó la juez Susana Barreiros en septiembre de 2015. Un mes después de que López fuese condenado y habiendo solicitado asilo político en Estados Unidos, Nieves aseguró que había recibido presiones de “sus superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas que inculparon a López”.

También una vez fuera de Venezuela, Ortega Díaz manifestó que el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, la había coaccionado para encarcelar al ex alcalde de Chacao.

“Me presionaron para que yo dijera que la muerte de Bassil Da Costa y Juan Montoya había sido culpa de Leopoldo”.

Pese a la sentencia que conminó a López a la cárcel de Ramo Verde y luego a su domicilio, Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, indicó que probaron la culpabilidad de los victimarios de los sucesos del 12 de febrero de 2014 en las inmediaciones de la Fiscalía en La Candelaria.

“Unas investigaciones independientes llevadas por expertos del Ministerio Público determinaron que el Sebin mató a Da Costa y que a Montoya lo asesinó un miembro del colectivo al que pertenecía”.

Mundaray confesó que cada vez que el MP investigaba a alguien vinculado al alto gobierno, los tribunales torpedeaban el procedimiento.

“Pedimos orden de aprehensión contra la ex ministra de salud, Eugenia Sader y el Tribunal Supremo de Justicia la mandó a levantar. Pasó igual con el ex viceministro de Energía, Nervis Villalobos, pero el Tribunal 37 de control y la Corte de Apelaciones dejaron sin efecto la medida de privativa de libertad. Asimismo con Claudia Díaz, ex tesorera nacional, vinculada a los Panama Papers, el tribunal también echó para atrás la orden. Los fiscales son procuradores de la justicia y simplemente en Venezuela no tienen donde procurarla”.

Sobre Villalobos, Tarek William Saab se quejó de que la justicia española, que le aprehendió en octubre de 2017, no haya aprobado una orden de extradición a Venezuela en vez de a Estados Unidos por el caso de la Banca de Andorra. Mientras que acerca de Díaz dijo que había sido detenida también en el país ibérico junto a su esposo, Andrés Velasquez Figueroa, pero las autoridades europeas le desmintieron pocas horas después.

Un año con el fiscal provisional

Tarek William Saab cumplió el pasado domingo 5 de agosto un año como Fiscal General designado provisionalmente por la anc. El otrora Defensor del Pueblo aseguró que desde entonces 616 personas han sido condenadas por corrupción de un total de 3598 imputaciones y 989 acusaciones.

Por Pdvsa dijo que han sido procesados penalmente 90 funcionarios, entre los cuales se encuentran 23 gerentes, dos ex ministros y un presidente de la petrolera.

“En la anterior gestión se llegaba a imputar para luego extorsionar, no se lograba alcanzar la fase de la acusación y mucho menos la condena final”.

Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, sostuvo que con estas supuestas acciones, Saab solo persigue reconocimiento dentro y fuera de las fronteras venezolanas.

Organismos internacionales siguen reconociendo a Luisa Ortega Díaz como la Fiscal, porque la designación de Saab proviene de una institución nula como la anc. Por eso se han hecho asambleas de la Asociación Iberoamericana de Fiscales y la invitada es Ortega Díaz”.

Para Mundaray es inaudito que Saab pretenda que se le reconozca internacionalmente cuando forma parte de una lista de funcionarios venezolanos sancionados por la Unión Europea, Suiza, Canadá, Panamá y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

“Cómo puedes ejercer la función de Fiscal General si tienes prohibida la entrada a varios países”, se preguntó Mundaray.

Sentenció que desde la llegada de Saab al MP, el organismo se ha centralizado y hay dependencias que inclusive fueron desarticuladas.

“Los casos de investigación se los dieron al Sebin y eliminaron departamentos, ahora el venezolano tiene menos instancias a las que acudir”.

“La dirección contra la corrupción, se quedó sin director y sub directores, por más de nueve meses y han estado nombrando fiscales sin experiencia en el área”, aseguro Raiza Sifontes.

Mundaray aseveró que pese a la reestructuración que hizo el fiscal designado por la anc, el MP no está totalmente perdido.

“En Venezuela quedan muchos funcionarios con valía, pero no los dejan trabajar, están anulados”.

Para los fiscales que están en el exilio, retornar a Venezuela a continuar con su trabajo es una posibilidad que pasa obligatoriamente por la salida del poder de Maduro y su gabinete.

“Yo seguiré siempre a la orden para liberar a Venezuela”, salió al paso el ex miembro de la Contraloría y la Fiscalía, Alejandro Prada.

“La vida me cambió enormemente, pero no arrepiento de lo que hice. Venezuela va a estar destruida en el momento que salga la actual administración. Si las cosas cambian no dudaría en regresar”, apuntó Marcos Palacios.

ONG venezolanas se pronuncian contra la detención del diputado Juan Requesens

UN GRUPO DE REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL y organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos rechazaron la detención del diputado Juan Requesens, a quien el gobierno ha implicado en los hechos acaecidos el pasado 4 de agosto en la avenida Bolívar de Caracas.

A continuación, reproducimos el comunicado íntegro de las ONG frente a la detención de Requesens:

Declaración por coacción es un grito de tortura

Nosotros, representantes de la sociedad civil y organizaciones de defensa de los derechos humanos, expresamos nuestra profunda preocupación ante la detención arbitraria del parlamentario Juan Carlos Requesens Martínez.

El presidente de la República, Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno han acusado públicamente al diputado Requesens de estar vinculado con el supuesto atentado contra el Jefe del Estado, el 4 de agosto de 2018, durante la celebración del 81° aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en la avenida Bolívar de Caracas.

El pasado miércoles 8 de agosto, el diputado fue detenido en la residencia de sus padres, en Terrazas del Club Hípico, por una comisión de 14 funcionarios del SEBIN, los cuales lo aprehendieron sin una orden judicial y de forma violenta, a él y su hermana Rafaela Requesens.

Este procedimiento está al margen del Estado de Derecho y viola la inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo 200 de la Constitución.

Un diputado solo puede ser objeto de detención en caso de cometer un hecho ilícito en flagrancia, en cuyo caso se le debe trasladar a su residencia y no a una prisión. Desde el momento de su detención, el diputado Requesens ha permanecido incomunicado; ni sus familiares ni abogados de su confianza lo han podido asistir, con lo cual se configura una grave violación del derecho al debido proceso, establecido en el artículo 49 de la carta magna, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado venezolano.

Con el débil argumento de que Requesens habría cometido “delitos de naturaleza permanente”, el Tribunal Supremo de Justicia prescindió del antejuicio de mérito y, de ese modo, de la protección que brinda la Constitución a las funciones contraloras que desempeñan los parlamentarios.

En un procedimiento sumario, también violatorio del debido proceso, el TSJ convalidó la detención arbitraria de Requesens y remitió el caso a la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, que en pocas horas allanó su inmunidad parlamentaria, a efectos de que fuese juzgado en tribunales ordinarios a pesar de que se le imputa el delito de traición a la patria. En el caso de que un alto funcionario, entre ellos los diputados, fuesen imputados por delitos de naturaleza política, el proceso penal debe desarrollarse ante el Tribunal Supremo de Justicia, en única instancia.

Mientras el diputado Requesens permanecía incomunicado, el gobierno nacional, a través del ministro de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez, divulgó un video que muestra al parlamentario admitiendo que facilitó un contacto a uno de los supuestos involucrados, en concordancia con la versión oficial que adelantó el propio presidente de la República.

El ordenamiento jurídico penal es claro. El numeral 5 del artículo 49 de la Constitución establece que ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma.

La arbitrariedad de la detención, el procedimiento sumario mediante el cual se allanó su inmunidad parlamentaria y la incomunicación a la que ha estado sometido fundamentan las dudas sobre la supuesta confesión de Requesens. Cualquier acto contra la integridad física, psicológica o moral en condiciones de detención constituye indicio del delito de tortura, el cual pueden ser juzgados como un crimen internacional de lesa humanidad, en el contexto de los patrones de represión política en Venezuela durante los últimos años. Las responsabilidades por este tipo de crímenes recaen individualmente sobre cada una de las personas que hayan participado.

La persecución penal contra el parlamentario se produce en el contexto de una sistemática criminalización de cualquier manifestación de oposición al régimen dictatorial que encabeza Nicolás Maduro. El Ministerio Público y el Poder Judicial, absolutamente controlados por el Poder Ejecutivo, han participado activamente en el forjamiento del Derecho para llevar a prisión a dirigentes de la oposición y, en general, a cualquier ciudadano que exprese ideas u opiniones contrarias al gobierno.

Lamentablemente, la Defensoría del Pueblo no ha cumplido con su deber de contener los abusos de poder; por el contrario, ha cohonestado los atropellos cometidos por cuerpos de seguridad, fiscales, jueces e integrantes de la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente.

Los representantes de la sociedad civil y las organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos que suscribimos este comunicado público exigimos a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial que garanticen los derechos humanos del diputado Juan Requesens, y que emprendan las investigaciones correspondientes para juzgar y sancionar a los responsables de su detención arbitraria y enjuiciamiento sumario.

También exigimos el cese de la indebida intromisión del gobierno en la administración de justicia, de modo que el supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro sea investigado con independencia y autonomía.

Suscriben

AC Estrella de la Mañana

Acceso a la Justicia

Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)

Asociación Civil Mujeres en Línea

Centro para la Paz y los DDHH “Padre Luis Maria Olaso”

CEPAZ

Civilis DDHH

Coalición Clima21

Codheciu Codheciu

Comisión de Derechos Humanos de la Federación del Colegios de Abogados de Venezuela del estado Tachira

Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)

Convite A.C.

Epikeia

Espacio Público

Excubitus DDHH

Federación Interamericana de Abogados- Capitulo Venezuela, seccional Anzoátegui

Foro Penal Venezolano

Fundación Aguaclara

Fundación Ángeles Chiquinquirenos

Funpaz

Humano Derecho Radio Estación.

Laboratorio de Paz

Movimiento Vinotinto

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes

Observatorio de los DDHH de las Mujeres

Observatorio Universitario de Derechos Humanos

Observatorio Venezolano de la Salud

Organización StopVIH

Proiuris

Promoción Educación y Defensa en DDHH – PROMEDEHUM

Provea

RedesAyuda

Sociedad Hominis Iura (SOHI)

Uniandes

VotoJoven

Individualidades
Yumary Desiree Sayago Velandia
Magaly Huggins

Movimiento Vinotinto realizó acto en honor a los jóvenes caídos en el 2017

ESTE MIÉRCOLES, EL MOVIMIENTO VINOTINTO realizó una actividad a nivel nacional para conmemorar la memoria de los jóvenes caídos en Venezuela en las protestas del 2017.

Dicha actividad llamada “Sillas Vacías”, se realizó en el Estado Lara, en la Urbanización Sucre, la cual contó con la presencia de familiares y amigos de los caídos, representantes de la ONG de los Derechos Humano, la Vicaría de los Derechos Humanos, grupos estudiantiles y vecinos de la Urbanización Sucre.

Este homenaje contó con la participación de sus familiares, los cuales declararon acerca de cómo era la vida de estos jóvenes caídos, qué pretendían y qué hacían.

Además, el acto de las “Sillas Vacías” tuvo como finalidad expresar de manera pública cómo van los casos legales de estas pérdidas, y sobre todo, mantener la firmeza de exigir justicia por estos lamentables acontecimientos, ya que cada uno de los familiares manifestaron su intención de seguir recordando y luchando por la memoria de sus parientes caídos.