ONG: "Gobierno chantajea a población a través del carnet de la patria” - Runrun

ONG: “Gobierno chantajea a población a través del carnet de la patria”

carnet.jpg

LA COACCIÓN Y LA DISCRIMINACIÓN en Venezuela están compactadas en una tarjeta electrónica denominada carnet de la patria; de plástico, con forma rectangular, bordes redondeados y un código QR. No es la cédula de identidad, pero el gobierno lo exige cada vez más. Ahora es un requisito para que los ciudadanos accedan a beneficios del Estado, violando así, de manera flagrante, la Constitución y con ello los derechos elementales de los ciudadanos, señalan abogados y representantes de ONG.

“De ahora en adelante vamos a gobernar con el carnet de la patria, desde las bases, desde el pueblo. Todos los programas, misiones, grandes misiones, bonos y planes de protección frente a la guerra económica, todo… Y lo que viene en enero en adelante, imagínenselo; no se los voy a adelantar”, expresó el presidente Nicolás Maduro en una cadena nacional realizada en diciembre del año pasado, acerca del sistema que implementaría para conocer el estatus socioeconómico de los venezolanos y a partir de allí las necesidades de la gente.

A esas declaraciones le siguieron la entrega de 24 bonos, pero solo para quienes se encontraban registrados en el sistema patria, y lo que no adelantó en aquel discurso decembrino se puso en marcha en estos ocho meses del año: la exigencia del carnet de la patria en gran parte del ámbito público, desde la obtención de las bolsas y cajas CLAP, pasando por el acceso a la salud pública, el cobro de pensiones por parte de beneficiarios de la Misión Amor Mayor, hasta el subsidio de la gasolina.

“Tengo más de cinco horas en la cola y no avanza, solo porque me lo están pidiendo para operarme estoy aquí en esta humillación”, expresó un hombre de 65 años de edad, vecino de Catia que aspiraba a obtener el carnet el miércoles pasado en un operativo en el centro de Caracas. En el hospital Miguel Pérez Carreño se lo exigen para operarle la mandíbula. Explicó que a través del sistema patria le cobrarán unas medicinas especiales que requiere para la intervención, que debe adquirir a través de la Embajada de Venezuela en Panamá.

Como ese, hay más casos que demuestran cómo el gobierno ha aumentado el control y la coacción través de ese mecanismo. “Se han incrementado los reportes de personas a las que le exigen el carnet para acceder a los derechos que debería garantizar el Estado, sin ningún tipo de limitantes ni discriminación”, afirmó Manuel Vírgüez, director del Movimiento Vinotinto.

Marino Alvarado, representante de Provea, refuerza lo planteado por Vírgüez. “En su desespero autoritario y dictatorial, el gobierno chantajea a la población, que muchas veces cae por necesidad, a través del carnet de la patria que es un mecanismo de control”, dijo.

Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, explicó que en Venezuela se han establecido elementos ideológicos de carácter socialista, en los que la voluntad de las personas se ha ido limitando, a tal extremo de poner en sumisión al ciudadano a través de dádivas de acuerdo con sus necesidades y a partir de eso poder manejar las elecciones”, explicó.

Añadió que la obligación de sacarse el carnet atenta contra la dignidad de las personas, pues además ese instrumento está ligado al PSUV. Dijo que la coacción mediante el carnet, que cada vez se incrementa más, afecta a los sectores más vulnerables de la población, a quienes el gobierno manipula a través de sus necesidades. “La coacción a través del carnet afecta todos los derechos elementales de los estratos bajos de la población. El Estado debe responder dos preguntas: ¿Cómo quedan las libertades de los ciudadanos al ser coaccionados de esta manera? Y ¿por qué para ellos el carnet de la patria es más útil que la cédula de identidad?”, se preguntó.

Las ONG comparan el carnet de la patria con la tarjeta de alimentación implementada en Cuba. Recuerdan que comenzó como un mecanismo para la distribución y el pago de las cajas CLAP, y sirvió como herramienta de movilización electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela en las cuatro últimas elecciones. Sin embargo, todo no queda allí; hay instituciones públicas que lo exigen como requisito para realizar un trámite.

“Fui al Ministerio de Relaciones Exteriores con todos los requisitos para apostillar mis documentos. Hice la cola y no me atendieron porque no tenía el carnet de la patria”, relató indignada Julia Martinez, de 46 años de edad, mientras permanecía desde las 6:00 am en una fila de alrededor de 1.000 personas para sacárselo. “Esto es una falta de respeto porque se trata de un derecho de todos los venezolanos. ¿Por qué me van a pedir eso si yo tengo mi cédula de identidad?”, expresó.

El gobierno viola los artículos 21, 62, 63, 82, 86, 87 y 305 de la Constitución, de acuerdo con el informe de Transparencia Venezuela, al limitar el acceso a los beneficios del Estado solo a las personas que se encuentren registradas en el sistema patria, que definen como “el apartheid del siglo XXI”.

Señala que con el carnet se vulnera el derecho a la no discriminación, a la alimentación, a la vivienda, a la seguridad social, al trabajo y al libre sufragio. También indica que con ese sistema tecnológico de control social el gobierno busca mantener la lealtad electoral permanente en las urnas.

En el análisis señala que el carnet se perfila como el sustento de un movimiento político, que ha encontrado en el dominio del sistema electoral la mejor de manera dar supuesta legitimidad a su permanencia en el poder.

Transparencia expone los vacíos de información relacionados con la implementación del carnet, entre ellos el desconocimiento de cuánto dinero se ha desembolsado de las finanzas públicas para los 24 bonos que han dado a través de esa plataforma, a qué ente gubernamental está adscrito el documento, cuáles son los procesos de contrataciones, personas responsables y los recursos destinados al diseño de la plataforma, almacenamiento y procesamiento de los datos.

El entramado detrás de la aplicación

El Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela develó la trama que hay detrás de las aplicaciones que ha lanzado el gobierno en los últimos tiempos. En la investigación “Tu voto es secreto, tus datos no”, reveló que la empresa creadora de la aplicación con la que se maneja el carnet de la patria es JMT Solution Technology, propiedad de Daniel Sifuentes Contreras y Rafael Hernández Quintero. Este último, empleado de la Vicepresidencia Ejecutiva. Según su cuenta en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales comenzó a cotizar como trabajador de ese despacho en enero de 2017, lo cual coincide con la creación del carnet de la patria. La relación laboral se mantiene a la fecha.

Esa empresa también es la creadora de las aplicaciones VeMonedero y VePatria, que permite ingresar desde el teléfono móvil a www.patria.org.ve. Las personas que deseen recibir beneficios a través del carnet deben inscribirse en esa página con el nombre, cédula, correo electrónico, dirección, teléfono, el número de cuenta bancaria. De igual forman deben responder cuántos hijos tienen, sus edades y con quién viven.

VeMonedero es un wallet (software de monedero móvil), a través del cual los usuarios pueden conectar con el monedero patria, consultar su saldo y verificar las operaciones realizadas en un intervalo de tiempo.

El IPYS señala que con la contratación de la empresa JMT Solution Technology para crear las aplicaciones se viola el artículo 34 de la Ley del estatuto de la función pública y el artículo 73 de la Ley contra la corrupción por obtener ventaja económica con posible aprovechamiento de las funciones que ejerce Hernández Quintero en la Vicepresidencia. Este delito establece una pena de dos a cuatro años de prisión.

También advierte que entre los riesgos del sistema patria está la exposición de los datos personales y el potencial cruce de datos que tiene el Estado con la información que obtienen por esa vía, sobre todo cuando no existe una legislación que regule el acceso a la información privada.

Enviar Comentarios



© Manapro Consultores

Enviar Comentarios