Existen concepciones erróneas en materia de seguridad en las que parecieran coincidir oficialistas, opositores e independientes.
La Real Academia de la Lengua Española nos dice que los mitos son historias ficticias que, por la fuerza de las repeticiones, son aceptadas como verdades escritas sobre piedra por amplios conglomerados.
En los mitos, igualmente, se habla de cosas o personas a las que les atribuyen cualidades que en la realidad no poseen.
En el ámbito de la seguridad los hay tan fuertes que casi constituyen puntos de encuentro entre integrantes de todos los sectores políticos y niveles socioeconómicos.
En esta entrega, se analizan dos de los mitos más difundidos en el país.
El verdadero poder de las armas
Una noción que pareciera estar imbuida en la cultura policial consiste en que los agentes deberían gozar de cierta paridad, en cuanto al poder de fuego, con respecto a sus contrapartes del mundo de la delincuencia.
A pesar de esto, la impresión generalizada es que desde el propio Gobierno se ha pretendido desarmar a las policías, con propósitos inconfesables. Es cierto que durante el régimen de Maduro han ocurrido varias rondas de desarme a cuerpos de seguridad. Pero estas acciones parecieran ser selectivas, es decir, van más encaminadas a mermar los recursos de instituciones bajo el mando de alcaldes o gobernadores opositores, que por una concepción general de los medios que deben estar a la disposición de esos funcionarios, en cumplimiento del modelo trazado hace una década.
En cambio, se ha permitido que los cuerpos preventivos de estados y municipios gobernados por oficialistas se apertrechen con armamento de guerra, e incluso se hagan llamar “fuerzas armadas policiales”. Sus funcionarios, retratados con fusiles terciados en el pecho, como sucede en Lara, sugieren el acatamiento de modelos militaristas, dispuestos a aplicar “mano dura” contra los delincuentes.
Del otro lado, en sectores de la oposición también hay la convicción de que se debe incrementar el poder de fuego de los cuerpos preventivos. La reforma a la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, sancionada por el Parlamento (regido por opositores) en octubre de 2016, tiene una disposición transitoria según la cual “todas las armas y municiones que fueron retiradas de las policías estadales y municipales por alguna medida administrativa o por la aplicación de la resolución número 17.350, del 13 de febrero de 2011 (…) u otro instrumento jurídico de contenido similar, deberán ser devueltas por el Ejecutivo Nacional a los organismos de los cuales fueron sustraídas”.
Esta es una lógica que el criminólogo Keymer Ávila ha descrito como de “guerra fría”: si el hampón tiene fusiles, todo policía también debe tenerlos, y de ser posible mejores.
Pero esa convicción generalizada pareciera carecer de sustento científico o estadístico. En 2014, Ávila llevó a cabo una investigación sobre la victimización policial. En esa época, sorprendían las cifras de agentes ultimados. Luego de revisar y sistematizar la información consignada en los expedientes penales, concluyó que el uso de armas largas en contra de los funcionarios “es excepcional”.
Los fusiles, como los exhibidos recientemente por miembros de bandas en Petare y la Cota 905, tienen según Ávila una utilidad más simbólica que instrumental. A partir del miedo que inspiran, se facilita el control en determinados territorios. Wilexis y Coqui los saben.
Lo cierto es que las policías preventivas usualmente se abstienen de intervenir cuando perciben que del otro lado hay hampones con FAL o AR-15. Desde luego, los impactos por los proyectiles de estas armas pueden ocasionar daños considerables. Pero la sola posesión en manos de antisociales no es argumento suficiente para no actuar, aun si se dispone solo de las armas reglamentarias.
Según el comisario jubilado de la policía judicial e instructor de tiro, John Tovar, tan importante como el armamento es el conocimiento táctico sobre su utilización y el permanente entrenamiento. Esto puede marcar una diferencia clave en situaciones comprometidas como las que día a día enfrentan los uniformados.
Aun así, es raro ver que gendarmes con la dotación reglamentaria enfrenten a bandas que poseen armas de guerra. Para encontrar un ejemplo hay que remontarse a diciembre de 2012, cuando comisiones de las policías de Chacao y Sucre protagonizaron una larga refriega contra los integrantes de una renombrada banda de secuestradores, liderada por José Ricardo Suárez, alias Penco. Estos sujetos llevaban fusiles Colt AR-15, mientras que los uniformados tenían sus pistolas y escopetas reglamentarias. Luego de un intenso intercambio, en una calle ciega de Los Palos Grandes, murieron cuatro delincuentes, incluido el líder de los plagiarios. Ningún policía resultó herido.
¿Cómo se traslada el hampa?
Sobre las motos – y sus conductores- pareciera caer un estigma. Los usuarios de estos vehículos son permanentemente detenidos y verificados por los agentes de todas las policías, simplemente porque circulan sobre dos ruedas.
Esta opinión negativa hacia los llamados “motorizados” no se forjó exclusivamente durante los mandatos de Chávez y Maduro. En los ochentas del siglo pasado, por ejemplo, se llegó a prohibir mediante decreto presidencial que estos vehículos transitaran por las autopistas de Caracas.
Recientemente, sin embargo, gobernadores y alcaldes han implantado restricciones en sus territorios exclusivamente para los usuarios de motocicletas, también guiados por la noción de que son los medios de transporte predilectos de los delincuentes. El último de ellos ha sido el mandatario regional de Zulia, quien prohibió la circulación de estos vehículos durante las noches. Esta medida ha posibilitado la confiscación de facto de numerosas motos, sin mayor basamento que un decreto de alcance regional.
En el libro Revolución de la muerte (Caracas, 2020) los autores Fermín Mármol y Luis Izquiel también se muestran proclives a la imposición de restricciones al uso de motos, bajo la noción de que son los medios mayoritariamente utilizados por los asaltantes en las vías públicas.
Según cifras conocidas extraoficialmente, en 2019 fueron reportados 15 097 robos genéricos y robos de vehículos. Estos son delitos contra la propiedad caracterizados por un accionar violento, en los que las víctimas pueden tener una idea de cuáles fueron los medios utilizados por sus contrapartes. En los hurtos es más complicado determinarlo, puesto que por definición prevalecen la agilidad y la destreza para llevar a cabo los despojos de los bienes y del dinero.
De todos estos robos denunciados ante las policías, y presumiblemente investigados, se constató el uso de motocicletas por los victimarios solamente en 1006 casos.
Como se ve, la diferencia entre el uso de motos y de otros vehículos en los robos de todo tipo fue muy pequeña. Pero las decisiones han sido contra los motorizados. Pareciera que el criterio estadístico no fue tomado en cuenta por gobernadores y alcaldes, a la hora de aplicar medidas que ponen cortapisas a un derecho constitucional, como el de la libre circulación.
Lo cierto es que, en la Venezuela actual, con parques automotores extremadamente reducidos y poco acceso a los repuestos, la gran mayoría de los ladrones se traslada a pie, o con medios de transporte que no han sido determinados por los cuerpos policiales. Estas dos alternativas abarcan el 87 % de los robos conocidos durante el año pasado. Son razones suficientes para abstenerse de tomar decisiones de gobierno que van directamente en contra de un grueso sector de la población.
Otra cosa distinta es obligar a los conductores de motos, y de todo tipo de vehículos, a acatar las normas del tránsito terrestre, y aplicar los correctivos previstos en ellas cuando se detectan infracciones. De esa forma se podría contrarrestar el ambiente de profunda anomia que se percibe en las calles y avenidas del país.
En próximas entregas, serán analizados otros mitos de la seguridad ciudadana en Venezuela.
Breves
* El 18 de junio, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas dictaminó que el gobierno venezolano debería poner en libertad “sin dilación” al general de brigada (GN) Héctor Hernández da Costa, uno de los oficiales detenidos como consecuencia del estallido de dos drones en el centro de Caracas, durante la celebración de un acto aniversario de la Guardia Nacional.
El dictamen, identificado con el número 20/2020, indicó además que este oficial debería “obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”. Hernández fue apresado el 13 de agosto de 2018 durante una incursión de Contrainteligencia Militar en su vivienda, ubicada en Los Palos Grandes, llevada a cabo sin orden judicial ni presencia de representantes de la Fiscalía. “En días posteriores, se realizaron tres allanamientos más, durante los cuales se sembraron pruebas en su contra”, indica el documento. El oficial fue desaparecido durante cinco días, hasta su presentación en un tribunal, el 18 de agosto. Igualmente, “fue torturado por los miembros de la Dgcim para obligarlo a prestar una falsa declaración que inculpara a los dirigentes políticos de la oposición, implicándolos en el supuesto intento de magnicidio”.
En esos días, le ofrecieron que si declaraba contra los políticos pasaría de ser imputado a testigo. En este caso, el Gobierno respondió ante la ONU a los señalamientos formulados por los representantes del general. Informó que Hernández da Costa fue aprehendido debido a una orden judicial expedida el 16 de agosto, es decir, tres días después de la incursión policial en su vivienda. Además de implicarlo en el caso de los drones, el régimen cree que él participó en los asaltos a la 41 brigada blindada del Ejército, y al puesto de la GN en Laguneta de la Montaña. Estas acciones fueron encabezadas, respectivamente, por grupos en los que participaban el capitán Juan Carlos Caguaripano y el inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez. El alegato gubernamental no especifica cómo habría sido la participación de este general en ambos casos. Indicó, además, que los defensores de Hernández no denunciaron ante la juez de control “los supuestos actos de tortura, amenazas contra sus familiares y la colocación de evidencias falsas en su domicilio”. En su dictamen, el grupo de la ONU concluyó que las alegaciones del régimen en su descargo fueron “aisladas y no sustentadas”, y que por ende no desvirtúan las denuncias.
* El 5 de julio, mientras en el país celebraban los ascensos militares, aterrizaba en una carretera del municipio mexicano Chunhuhub (Quintana Roo) un jet Gulfstream siglas XB-RCM cargado con aproximadamente 700 kilos de cocaína. Aunque las trazas de vuelo indicaban un punto de despegue desde Maracaibo, lo más probable es que el jet haya salido desde alguna pista del sur del lago o del Catatumbo. Según fuentes policiales, estos son los lugares donde se está produciendo con más frecuencia el embarque de drogas ilegales con destino en países centroamericanos como Honduras o Guatemala, y también México, como sucedió el domingo.
El jet despegó poco después de las 6 am, y luego de aterrizar fue quemado por sus ocupantes. Una de las dos camionetas en las que fue colocado el alijo fue incautada por las autoridades mexicanas, mientras que la otra fue hallada después, ya sin carga. Este envío presumiblemente pertenecería al Cartel Jalisco Nueva Generación. La ONU ha advertido que debido a la pandemia los traslados de drogas ilegales desde Suramérica han perdido frecuencia. En el caso venezolano, estarían saliendo desde marzo un promedio de tres vuelos semanales, sospechosos de llevar sustancias ilícitas. En cuanto a la ruta marítima, preferida para el transporte de alijos a Europa y países de África Occidental, los participantes en la operación aeronaval encabezada por EEUU frente a las costas venezolanas, llamada Orión V, han reportado el decomiso de 50,3 toneladas de cocaína y otras 7,3 toneladas de marihuana hasta junio.
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