ministerio para la Salud

Irregularidades de la exfuncionaria frente al Ministerio para la Salud están relacionadas con contratos para la construcción de seis hospitales especializados y manejo de medicamentos e insumos médicos

La exministra de Salud, Eugenia Sader Castellanos, tiene dos órdenes de aprehensión pendientes de ejecución solicitadas por el Ministerio Público tras comprobar indicios de posible corrupción durante su gestión. Pero las decisiones no han sido acatadas por el TSJ, según documentos de la Fiscalía a los que tuvo acceso Runrun.es.  

La primera orden de detención en perjuicio de Sader fue emitida por el MP el 15 de mayo de 2015 (ratificada el 28/03/2016), luego de que una investigación penal determinara presuntas irregularidades en la contratación  por parte del Ministerio para la Salud de las empresas Corporación Conmed, Consorcio Corpomed Corporation C.V y MCC London Limited, para la construcción de 6 hospitales de alta tecnología (que formaban parte de la Misión Barrio Adentro IV). El monto involucrado en estos centros hospitalarios nunca construidos en Caracas, Miranda, Barinas, Apure y Guárico es de 663,6 millones de dólares.

Según el documento, la investigación del MP se remonta al 27 de junio de 2013, a raíz de la denuncia realizada por Pedro González Salmerón, coordinador (e) del puesto de comando presidencial y director general de seguimiento y control, del Viceministro de Asuntos Estratégicos del Ministerio del Despacho de la Presidencia y seguimiento de la Gestión de Gobierno.

También, el MP dictó el 27/08/2014 la incautación de bienes muebles e inmuebles que formaban parte del proyecto de los 6 hospitales con sistema modular importado de Turquía bajo modelo “llave en mano”. Mientras que el  16/04/2015, el tribunal 42 de control de circuito judicial del Area Metropolitana de Caracas ordenó la inmovilización de las cuentas bancarias, prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles tanto de  Eugenia Sader Castellanos  como de su hijo Eugen Enrique Bejarano Sader.

Pero estas medidas tuvieron sus reveses. En la audiencia del 17/04/2014, después de la exposición de motivos del representante de la Corporación Conmed, Reinaldo Barazarte, se acuerda levantar todas las cautelares dictadas por el Tribunal, es decir incautación de bienes muebles e inmuebles de los 6 hospitales; congelamiento de cuentas y prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles a nombre de Moreno y Consorcio Conmed.

Seis meses después, se apeló en contra de la decisión del 17 de octubre de 2014. Finalmente el 11 de agosto de 2015, la Sala 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas levantó parcialmente las medidas decretadas, como el regreso a Sader de una cuenta bancaria de nomina en el Banco nacional de la Fuerza Armada Bolivariana (Banfanb).

El tribunal de la causa nunca se pronunció sobre la orden de aprehensión, según el documento de la Fiscalía.

Segunda orden de detención

Sobre Sader pesa otra solicitud de detención sobre sus presuntos manejos irregulares de insumos y equipos médicos. El 5 de mayo de 2017, fue ordenada su captura junto con cinco directivos del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar), adscrito al Ministerio para la Salud: Teojeasix de Jesús Molina Hernández; Luis Rodolfo Bracho Magdaleno; Andrés Enrique Gualdrón Oropeza; Carlos Vásquez y Gerardo Briceño, así como también el coordinador del Almacén Robotizado Jipana, Adrián Merchán.

A los siete exfuncionarios se les imputan los delitos de peculado culposo y concierto con contratista.

Entre los hallazgos del MP, en las inspecciones técnicas se encontraron 68 contenedores de equipos médico quirúrgico y medicamentos presuntamente vencido en el Almacén de Medicamentos e Insumos Médicos Robotizado Jipana, ubicado en Valles de Tuy, que depende del Sefar.

Pero el Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del AMC ha omitido pronunciarse, por lo que el  1ero de junio de 2017, los fiscales 51 auxiliar nacional con competencia plena y fiscal provisorio encargado de la Fiscalía 65,  Daniel José Gil Malavé y Víctor López respectivamente, se trasladaron al tribunal a consignar un amparo constitucional, según consta el documento MP-5011617-2016 del Ministerio Público.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha entregado 68 unidades de tratamiento médico dietético requerido por el Ministerio para la Salud (MPPS) para atender con inmediatez a niños que en el país padecen de una enfermedad metabólica de baja incidencia pero con graves consecuencias si no se dispone del tratamiento correspondiente.

La enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, como se la conoce, es un trastorno congénito en el que el cuerpo no puede descomponer ciertas partes de proteínas y, si no es tratada oportunamente, puede ocasionar daños neurológicos graves e incluso la muerte. Con un tratamiento oportuno y de por vida, los niños y niñas afectados por esta enfermedad pueden crecer y desarrollarse como cualquier otro niño.

Esta entrega de tratamientos médicos, junto con las realizadas en octubre pasado para contribuir al control de la malaria y la difteria, forma parte de la cooperación de UNICEF para apoyar a la niñez más vulnerable ante las circunstancias actuales que los están impactando. En este contexto, UNICEF y el MPPS están estudiando posibilidades de ampliación de la cooperación ante los retos y contingencias que enfrentan los niños, niñas y adolescentes.

La cooperación de UNICEF

UNICEF y el MPPS vienen trabajando en el marco del programa acordado en 2015, según el cual UNICEF presta su apoyo para fortalecer el acceso de la niñez y la adolescencia a programas y servicios de salud y nutrición mejorados en la calidad y pertinencia; promover y proteger la lactancia materna; contribuir con la prevención de la transmisión materno infantil del VIH; y colaborar en la prevención y atención del embarazo adolescente.

La supervivencia neonatal es uno de los principales ejes de acción, siendo una de sus estrategias clave la plena aplicación de los Protocolos de Atención Integral en Salud a Niños y Niñas en el Período Neonatal. Con el apoyo de UNICEF, el MPPS y la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura iniciaron talleres de actualización a pediatras y neonatólogos que serán replicados en 30 centros de salud materno-infantil del país y red ambulatoria, llegando así a 2.500 profesionales de salud.

La lactancia materna exclusiva durante 6 meses puede multiplicar por 6 las posibilidades de supervivencia de los bebés. UNICEF apoya el Programa Nacional de Lactancia Materna acompañando a centros de salud públicos en su preparación como Hospitales Amigos del Niño, lo que significa que disponen del conocimiento y las herramientas necesarias para fomentar la lactancia; promoviendo la incorporación de la lactancia en programas de estudios universitarios, incluyendo el diplomado de Lactancia Materna de la UCV; y con campañas informativas dirigidas a toda la sociedad.

Para avanzar en la prevención del VIH/SIDA, UNICEF contribuye con MPPS en la generación de información sobre los determinantes que limitan la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH, teniendo en cuenta las particularidades de los pueblos indígenas. Adicionalmente, junto con ONUSIDA, OPS, UNFPA y la sociedad de Infectología, Obstetricia y Ginecología, UNICEF apoya estrategias para una adecuada aplicación de medidas de prevención y para la implementación del plan de abordaje de la prevención y la atención en poblaciones indígenas.

En su trabajo sobre el embarazo adolescente, UNICEF impulsa la creación de servicios de salud amigables para adolescentes y apoya talleres con adolescentólogos sobre la atención integral que esta población debe recibir para orientarles en la prevención del embarazo precoz y en su atención. Así mismo, UNICEF contribuye con la mejora de las estadísticas y participa en el grupo interinstitucional que está elaborando el Plan Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente.

En su cooperación para fortalecer el derecho a la salud y la nutrición de la niñez y la adolescencia en Venezuela, UNICEF también trabaja con la Dirección de Salud Amazonas-MPPS, el Servicio Autónomo CAICET, la Secretaría de los Pueblos y Comunidades Indígenas, la Defensoría del Pueblo, el INE, la organización Fe y Alegría y el Vicariato Apostólico de Amazonas.

El pasado primero de noviembre se cumplió un año sin la emisión del Boletín Epidemiológico que publicaba semanalmente el Ministerio para la Salud, así lo informa la Red Defendamos la Epidemiología.

Este documento reviste importancia debido a que gracias a él se informa, tanto a la ciudadanía como a los profesionales de la salud, las enfermedades de notificación obligatoria que están circulando en el país, las que puedan estar amenazando el territorio nacional y también ayuda a prevenir las mismas porque señala en dónde están los focos y el número de casos que existen.

José Félix Oletta, ex ministro de Salud y miembro de la Red, en su momento explicó que no se había dado una razón oficial para la suspensión del boletín y añadió que la información contenida en el mismo es de interés nacional, por lo tanto no se debe dejar de publicar.

«La restricción inaceptable de información epidemiológica oficial priva a los profesionales de la salud de una herramienta fundamental para el control de enfermedades infecciosas de denuncia obligatoria», señala la Red en un comunicado y agrega que esta situación debilita aun más el sistema de salud venezolano.

La institución indica que para el momento de la suspensión de la divulgación del boletín en el país se estaban produciendo tres epidemias: dengue, chikungunya y malaria, en la que la última sigue su espiral ascendente sobrepasando actualmente los 100.000 casos.

«Los reclamos y exigencias para subsanar el problema no han sido escuchados en meses. Tercamente se ha negado la crisis de la salud, se han tomado medidas inútiles y desviadas de la causa del problema, y se ha amenazado con eliminar definitivamente el Boletín Epidemiológico Semanal del Ministerio para la Salud», dice la Red.

El grupo de galenos emplaza al ente ministerial a difundir la información y explica que este es el primer paso para la educación y la participación de la ciudadanía en los asuntos de interés colectivo e individual, indispensable para reconocer factores de riesgo y otras conductas riesgosas que amenazan la salud.

Epidemias que amenazan

La Red señala que en estos momentos hay tres epidemias que amenazan a la población: la malaria, que suma hasta el 17 de octubre 107.757 casos, siendo el estado Bolívar la entidad con el mayor número de enfermos.

Aunque a mediados de año hubo un leve descenso en los casos, el dengue contabiliza 31.081 casos, y el chikungunya registra 14.185 pacientes, los cuales se concentran en el Distrito Capital y en los estados Táchira, Mérida, Amazonas, Bolívar y Aragua.

Mientras tanto, la varicela (mejor conocida como lechina) registra 45.957 casos hasta la fecha, lo que pone en situación de epidemia a esta enfermedad que es más común en los niños.

La información de los casos fue suministrada por los formularios EPI-12 del ministerio, los cuales no han sido divulgados oficialmente, y a los que la Red tiene acceso.

El Ministerio Público (MP) logró privativa de libertad para el director de economía en salud del Ministerio para la Salud, José Gregorio Velásquez Lozada, quien habría autorizado el  4 de septiembre de 2015 la salida irregular de más de 531 mil unidades de insumos médicos propiedad de ese organismo.

Según una nota de prensa del MP, en la audiencia de presentación, el fiscal 21º auxiliar de Aragua, José Arreaza, imputó a Velásquez  Lozada por presuntamente incurrir en los delitos de peculado doloso propio y agavillamiento.

Luego de ser evaluados los elementos de convicción presentados y ante la solicitud del representante del MP, el Tribunal 8º de Control de Aragua dictó la medida privativa de libertad para Velasquez Lozada, quien permanecerá en el Destacamento 422 del Comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en La Victoria.

Adicionalmente, la citada instancia judicial acordó el congelamiento e inmovilización de sus cuentas y la prohibición de enajenar y gravar bienes. Fue ordenada la incautación de la mercancía que quedó a disposición de la Corporación de Salud de Aragua.

Por este mismo caso están privados de libertad la teniente de la Aviación, Karla Morales, los sargentos del Ejército, Darwin Díaz y Miguel Rojas; y la contadora Rebeca Hernández, quienes habrían participado en la sustracción ilícita de los insumos.

Rojas, bajo la autorización de Díaz, quien era el encargado del área de despacho del almacén, habría elaborado una guía para dos camiones que llevarían más de 531 mil unidades de insumos médicos hasta la sede de la Zona Operativa de Defensa Integral, ubicada en la Escuela de Tropa de La Victoria.

La noche del 4 de septiembre, efectivos de la GNB recibieron una denuncia sobre la descarga irregular de grandes cantidades de materiales médicos en una zona residencial, por lo que se apersonaron en el sitio y detectaron que en la vivienda de la mujer había numerosas cajas contentivas del material. En virtud de tal situación, Hernández fue aprehendida.

Al día siguiente, Díaz se presentó al Comando de la GNB e indicó ser el responsable de los insumos incautados, por lo que quedó detenido de inmediato.

Luego de labores de investigación coordinadas por el MP, se logró determinar la participación de Rojas y Hernández en el hecho, por lo que fueron aprehendidos en varios procedimientos efectuados entre Las Tejerías y La Victoria.

Asimismo, se determinó que Velasquez Lozada habría firmado la salida de ambos camiones, a pesar de estar en conocimiento de la situación ilícita, razón por la que fue detenido el miércoles 9 de septiembre en el almacén que opera en Las Tejerías, por efectivos castrenses, en atención a una orden de aprehensión solicitada por el fiscal y acordada por el Tribunal 8º de Control de Aragua.

“Quiero vivir. No quiero ser parte de una estadística. Seguir con mi riñón transplantado y morir de viejo. Pero la falta de los medicamentos indicados para mi condición amenaza esa posibilidad y ese derecho”, proclama Alfredo Quintero, director de la Fundación de Amigos del enfermo hepático (Fundahe). El jueves 27 de agosto manifestó junto con otros pacientes crónicos en la Farmacia de Medicamentos de Alto Costo ubicada en Los Ruices, para exigir tanto al Ministerio para la Salud como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) que atienda el problema de escasez que atenta contra este sector de la población.

Quintero es una de las trece mil personas con afecciones crónicas en Venezuela que enfrentan altas probabilidades de daño severo a su salud o de morir por la escasez de medicamentos e insumos. “No hay espera posible” fue el clamor de los representantes de asociaciones que agrupan a 3500 transplantados, 1000 pacientes de linfomas, 3500 de cáncer de mama y 4500 hemofilia.

“Estamos en una situación límite, a nivel de crisis humanitaria”, aseveró Francisco Valencia, vocero de la Coalición de organizaciones por el derecho a la salud y a la vida (Codevida). “Hemos agotado todas las instancias, enviado solicitudes de audiencia al Ministro de Salud, Henry Ventura, y con el presidente del Seguro Social, Carlos Rotondaro. Tenemos una lista de medicamentos faltantes del IVSS que tiende a crecer cada mes. En el caso de los transplantados, se han visto obligados a recurrir a tratamientos veterinarios».

Todos los pacientes consultados coinciden en que la situación se ha agravado en los últimos meses, aun cuando ya había señales de escasez en los últimos dos años.

La presidenta de la Farmacia de alto costo del IVSS, Mercedes Pereira no recibió a los manifestantes convalecientes ni la carta donde alertaban la situación y la necesidad de que el Estado aborde de manera urgente e inmediata, cumpliendo los parámetros de la Constitución. Alegó que estaba dirigida al MinSalud y no para el IVSS.

  Rodolfo Baiz es paciente del Instituto Oncológico de la UCV, hoy colapsado. Desde hace dos años sigue un tratamiento para cáncer de pulmón 

Rapamune y Cellcept, dos de los medicamentos requeridos por los transplantados que más escasean

Respuesta digital del IVSS 

Por su parte, el presidente del IVSS, Carlos Rotondaro desmintió vía Twitter las denuncias sobre la situación de escasez de medicamentos de alto costo, invitando a los representantes de Codevida a un debate sobre el tema en redes sociales.

Mabel Sarmiento Garmendia/@mabelsarmiento

Crónica Unon

Caracas. Cifras del ministerio para la Salud indican que 21% de los nacimientos vivos en todo el país provienen de jóvenes de entre 15 y 19 años.

Más redondito aún, las estadísticas oficiales señalan que una de cada cinco menores de edad ya es madre.

Otros datos, como los publicados por la Organización Mundial de la Salud y el Centro Latinoamericano Salud y Mujer (Celsam), destacan que 50% de esos embarazos en Venezuela no son planificados.

Y para activar más las alarmas, las investigaciones apuntan a que las niñas están iniciándose en las relaciones sexuales a los 12 años.

Durante el examen periódico que hizo la ONU a Venezuela sobre los Derechos Humanos, acto realizado en junio de este año, la delegación oficial reconoció el problema y mencionó como una de las causas del embarazo a temprana edad el hecho de que es reconocido y significativamente valorado en las familias, como parte de la realización personal de ser mujer en la cultura popular latinoamericana.

Jorge Díaz Polanco, coordinador del Observatorio Venezolano de la Salud del Cendes-UCV,  piensa que más allá de ello y de las restricciones que el mismo gobierno tiene en materia de cifras, la situación es muy grave y aumenta el riesgo en la población más pobre, “que es donde creo se dan más casos”. Dijo que las estadísticas se publicaron hasta 2011, y que haciendo un esfuerzo en la base de datos fue que el Observatorio logró obtener registros de 2012.

Y en efecto es así. El doctor José Félix Oletta, el ex ministro de Salud y miembro de la Red de Sociedades Científicas Médicas Venezolanas, también señaló que desde 2012 no se publican estadísticas, específicamente de la mortalidad materna asociadas al embarazo adolescente. De hecho dijo que las de ese año se publicaron con retraso en el Anuario de Mortalidad de 2014.

Señaló que Venezuela, en las Metas del Milenio (ONU), se comprometió a bajar la mortalidad materna en 14 madres fallecidas por cada 100.000 nacidos vivos registrados, lo que significaba una reducción de las ¾ partes de las muertes ocurridas en 1990.

“Pero esa meta no se cumplirá porque estamos cerca de 70 muertes maternas por cada 100.000 niños vivos registrados, 5 veces más que lo esperado. Un retroceso que equivale a las cifras de 1978”, indicó Oletta.

*Puede leer el trabajo completo en Crónica Uno