Nuevamente el tema de los presos políticos y comunes vuelve a la discusión de la opinión pública, a raíz del decreto 4610 publicado en la Gaceta Oficial número 42.125, con fecha del 12 de mayo. Este ordena a la DGCIM y al SEBIN transferir el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad al Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Esta decisión ha sido cuestionada por familiares de los presos políticos que se encuentran en estos recintos y que han manifestado su negativa a que estos permanezcan junto a presos comunes en sus sitios de reclusión.
Quiero aclarar que la legislación venezolana, tanto en el Código Orgánico Penitenciario, como el decreto de creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, establece que los privados de libertad, sean procesados o penados, deben estar bajo el control de este ministerio.
No hay, al menos legalmente, ninguna normativa que establezca que los presos políticos y comunes deben estar en sitios diferentes.
De hecho, existe un buen número de presos políticos que han cumplido su detención en cárceles comunes, aun sin la existencia de este decreto; al igual que hay presos comunes detenidos en la sede del SEBIN.
Tengo claro que la gran diferencia que existe entre los presos políticos y los comunes es que los primeros no cometieron delito alguno, más allá de pensar diferente y luchar por la salida de la dictadura que vivimos los venezolanos. En cambio, los presos comunes están privados de su libertad por haber delinquido. O por presuntamente haberlo hecho, si tomamos en cuenta que el 70 % de los privados de libertad en Venezuela sufren de retardo procesal. De modo que, según el artículo 49 de la Constitución nacional, son presuntamente inocentes por no tener una sentencia definitivamente firme.
Este decreto, lleno de una cantidad de considerandos innecesarios, solo viene a reafirmar lo que ya dice nuestra legislación respecto a quién se encarga de garantizar las condiciones de vida y respeto a los derechos humanos de los presos venezolanos.
Entiendo la preocupación de los familiares de los presos políticos por las condiciones infrahumanas en que están las cárceles comunes a las cuales serían enviados estos, según el decreto, en un lapso de 30 días. Aunque igualmente pienso que no es muy diferente a la que se vive en los lugares donde están actualmente detenidos y donde sus derechos humanos son violados de manera constante.
Reiterando que hay presos políticos que han estado en cárceles comunes desde hace tiempo, me viene a la memoria el caso de los 13 indígenas de la etnia pemón, apresados en diciembre de 2019, tras ser acusados de participar en el asalto a un cuartel militar en el estado de Bolívar, ocurrido el día 22 de ese año y que permanecieron en la cárcel Rodeo 2 desde su detención hasta el pasado 13 de febrero, cuando fueron liberados. En este caso es importante recordar que a comienzos de este año, uno de estos detenidos, Salvador Franco, falleció en el centro de detención que se encontraba, supuestamente víctima de tuberculosis que no fue atendida por las autoridades encargadas de su custodia.
Me atrevo a pensar que el objetivo de cerrar como centro de detención las instalaciones del SEBIN y DGCIM, es eliminar las evidencias de los centros de tortura que funcionan en ambos recintos, a raíz de la investigación que se sigue en la Corte Penal Internacional, pero los testimonios de las víctimas y sus familiares no podrán callarlos.
Por último, como lo he dicho muchas veces, los presos venezolanos tienen derechos humanos, al igual que el resto de la población; esto está bastante claro en el artículo 272 de nuestra Constitución nacional. Y estos le deben ser garantizados por las autoridades encargadas de su custodia.
AL MENOS 46.700 PRIVADOS DE LIBERTAD, de los más de 55.000 que se encuentran en los 40 centros penitenciarios del país, no reciben atención médica, mientras que 40.000 detenidos en calabozos policiales disponen solo de la atención primaria en hospitales, de acuerdo con el más reciente análisis elaborado por el Observatorio Venezolano de Prisiones.
En las cárceles la situación es dramática para los contagiados con Virus de Inmuno Deficiencia Humana, específicamente, señaló el director de la ONG, Humberto Prado. No reciben tratamiento antirretroviral y viven sometidos a los prejuicios de las autoridades y de los otros reos que los discriminan, agreden y amenazan de muerte. Tampoco hay controles médicos en el proceso de ingreso. “Hay quienes admiten que tienen VIH y otros que no lo dicen por temor a ser asesinados, una vez que llegan al centro”.
La violencia sexual registrada en los penales actúa como un medio para el contagio masivo de infecciones de transmisión sexual. «Al internado de Los Teques llegó una persona extranjera seropositiva, fue abusado y le transmitió el VIH a otros 15 presos, luego uno de ellos se lo contagió a su esposa», dijo Prado, y precisó que la mujer recibe el tratamiento con dificultad por la carencia de antirretrovirales.
Explicó que las patologías más frecuentes en las cárceles son sarna, dermatitis, tuberculosis, amibiasis, conjuntivitis y hepatitis, debido a la falta de higiene de los espacios, el agua en mal estado, el hacinamiento y la incorrecta manipulación de alimentos. Precisó que los infartos, el sida y la tuberculosis son las tres principales causas de muerte por enfermedad entre los reos. Y no existe atención médica para 75% de los reclusos en las cárceles, agregó el abogado.
La grave situación de salud que impera en los centros penitenciarios ha provocado que muchos incurran en la práctica de métodos alternativos que incumplen las medidas sanitarias y que representan un riesgo para la salud: “Como no tienen atención odontológica, muchos detenidos con dolor de muelas se colocan un clavo al rojo vivo en el nervio; otros para quitarse la amibiasis comen papel sanitario con jabón de lavar”, afirmó.
Ante la fuerte escasez de medicamentos a los enfermos les suministran una pastilla conocida como «la Milagrosa», de la que se desconoce su composición química. «Sea lo que sea que tengan eso es lo que le dan. El personal médico no cumple su horario y algunos detenidos que tienen conocimientos de medicina fungen de enfermeros».
Un informe elaborado por la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad, correspondiente al primer semestre de 2017, señala que de 89 centros de detención preventiva en todo el país solo 19 cuentan con servicio de agua potable, mientras que 75 no disponen de servicio médico operativo.
El servicio médico de los calabozos policiales está inoperativo. Las celdas albergan a 40.000 detenidos en espera de ser trasladados a las cárceles, previa orden del Ministerio del Servicio Penitenciario.
El especialista indicó que solo 20% de los calabozos policiales cumple a medias los estándares internacionales que garantizan el derecho a la salud, y 50% se encuentra sin insumos o personal médico para atenderlos.
Prado instó a las autoridades del sistema penitenciario a descentralizar los centros de reclusiones y a implementar un programa de educación orientado al personal directivo, los presos y las personas que se encuentran bajo libertad condicional.
Aquí confluyen dos historias: el reciente hallazgo de 15 osamentas en una fosa común de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), según reconoció el Ministerio Público de este país a principios de esta semana, y la desaparición, el 7 de septiembre de 2009, de uno de los internos, Francisco Guerrero Larez, recibida con indiferencia por el régimen de Caracas.
El Estado no proporcionó información veraz ni a los familiares de Guerrero Larez, ni a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando preguntaron por su suerte. Las autoridades sostuvieron que Guerrero Larez se había fugado del penal y después guardaron un silencio definitivo cuando en 2015 el Comité Contra la Tortura de la ONU responsabilizó al Estado de su desaparición.
Cuando el 10 de marzo la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Valera, reconoció el hallazgo de la fosa común, Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones, una ONG dedicada especializada en la supervisión del sistema carcelario, recordó el caso del malogrado Guerrero Larez. Sentenciado a 13 años de prisión por robo agravado en diciembre de 1997, conoció “las actividades ilegales que cometían los jefes de la cárcel en complicidad con el militar jefe de la custodia externa”, según el relato del Comité de la Tortura. Tal vez sea esa la causa de su desaparición, piensa su esposa, Hilda Hernández, quien agrega que los demás presos le dijeron que su marido había sido asesinado y desmembrado en represalia por la información que manejaba.
Era una versión que concordaba con la que había recogido por su lado el padre de Guerrero Larez, Francisco. Al denunciar la desaparición de su hijo ante la Guardia Nacional Bolivariana, la policía militarizada que custodia el perímetro de las cárceles venezolanas, el director de la prisión le dijo que no podía darle una respuesta “porque él no controlaba a la población en el penal”. Era la confesión de una situación que desde hace varios años es un escándalo recurrente en Venezuela: el Estado ha abandonado por negligencia a los penales para dejarlos en manos de las bandas más fuertes.
De los catorce cuerpos que hasta ahora ha encontrado el Ministerio Público en los terrenos de la PGV, cinco no tienen cabeza. El hallazgo de la fosa común y el misterio del paradero de Guerrero Larez parecen otorgarles cierto crédito a las denuncias de tratos crueles, desapariciones y castigos medievales que aplican los presidiarios líderes, conocidos como “pranes” en la jerga local, a los internos que cuestionan su autoridad o desean tomar el control. Algunos vídeos apócrifos que pueden encontrarse en las redes sociales demuestran la tragedia que significa estar preso en Venezuela y la lucha diaria por sobrevivir en un espacio sin ley.
El Ministerio para los Servicios Penitenciarios, creado por Hugo Chávez en 2011 para intentar solucionar el problema de las mafias carcelarias, ha tenido relativo éxito al tratar de recuperar el control de los penales. Se ha impuesto un orden militar cerrado en 98% de ellos, según declaró la ministra de la cartera cuando compareció esta semana en Ginebra ante el foro de Naciones Unidas con ocasión del Examen Periódico Universal. Solo siete, según cifras oficiales, todavía permanecen en “régimen abierto”, una expresión que utiliza el régimen para explicar que aún están en manos de los internos. En estos casos, la cárcel se convierte en un gran barrio donde el preso puede traer a su familia a dormir en el penal, puede circular en motos o bailar en una improvisada discoteca.
Fue justo la Penitenciaría General de Venezuela la última de las cárceles recuperada por el régimen. En agosto el líder del penal, alias Franklin Masacre, había secuestrado a 51 trabajadores del Ministerio de Servicios Penitenciarios y se negaba a liberarlos si el gobierno no enviaba 1.500 presos al penal. Con el plan de desalojar las instalaciones iniciado por el ministerio, “Franklin Masacre” se había quedado sin el dinero que recolecta todas las semanas entre sus compañeros –las bandas que controlan las cárceles obligan a cada interno a pagar una cuota, también llamada “causa”, como parte del derecho a vivir en las instalaciones y a mantener el penal–. A finales de octubre, después de cuatro días de tiroteos, de explosiones de granadas, de una férrea resistencia, el Gobierno logró desalojar el penal para reacondicionarlo. En esas estaba cuando encontraron las osamentas.
El tamaño de los escándalos a menudo opaca esa labor que el Gobierno intenta reivindicar en todos los foros. Valera, que ha estado a cargo del ministerio desde su fundación, a menudo actúa por cuenta propia tomando decisiones que en otros países serían inconcebibles sin el concurso de la fiscalía y los tribunales. A Wilmer Brizuela, el pran más famosos de todos tras la muerte de Conejo en Margarita, le otorgó un Régimen de Confianza Tutelada. En el Código Orgánico Penitenciario, aprobado por el Parlamento controlado por el chavismo a finales de diciembre de 2015, justo después de perder la mayoría con la oposición, se establece que el penado, por decisión del ministro, podría ser reubicado en un área especial del penal donde continuará con el cumplimiento de la pena.
Brizuela, conocido como Wilmito, aprovechó ese beneficio para escaparse de vacaciones a isla Margarita, el destino turístico por antonomasia de los venezolanos. A mediados de febrero, en compañía de sus familiares, fueron baleados. Nadie falleció. El gobierno nunca confirmó la noticia, pero a las pocas semanas Wilmito regresó a la cárcel donde purgaba su condena antes de recibir el beneficio del Ejecutivo.
La ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, acudió este viernes a la Apertura del Año Judicial 2016 en la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Allí la abordó Runrun.es para preguntarle sobre su vínculo con Teófilo Rodríguez, alias «El Conejo», el pran de la cárcel de Margarita que fue asesinado el pasado fin de semana.
A Varela se le preguntó por su relación con «El Conejo» a raíz de la fotografía que se publicó en 2011, en la cual ambos aparecían abrazados al borde de la cama de la celda del prisionero.
«Uy, por favor, ¿usted va a preguntar eso? Yo voy a demandar a quien me esté difamando de esa manera. Yo soy madre de familia, yo soy ministra de las cárceles, me he fotografiado con 100 mil presos en este país ¿Y usted se va a hacer eco de esa basura? Por favor, por favor», dijo la ministra antes de subirse a su camioneta estacionada frente al máximo tribunal.
Como en el cuento de Alicia en el país de las maravillas, en esta historia también hay un conejo y una reina que lo ayudó a construir su madriguera. Expertos coinciden en que el delincuente Teófilo Rodríguez Cazorla, pran de la cárcel de San Antonio, edificó su «empresa» criminal ante la mirada complaciente de las autoridades del chavismo
@loremelendez
AUNQUE EL PRAN «EL CONEJO» fue asesinado al salir de una discoteca y cuando ya gozaba de su libertad, su muerte no puede desvincularse de la cárcel de San Antonio, en la Isla de Margarita, el sitio donde cumplió su pena mientras consolidaba su liderazgo criminal. De eso, la muestra más fehaciente son los vídeos de los reclusos del internado, quienes el lunes apuntaban y disparaban al aire sus armas largas en señal de homenaje, como para dejar claro que la huella del delincuente aún estaba presente entre los muros del lugar que un día TheNew York Times consideró un paraíso.
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El diario estadounidense publicó en 2011 un audiovisual que mostraba cómo era la madriguera de “El Conejo”, una prisión que había amoldado a sus gustos con la construcción de piscina, pista de baile, gallera, habitaciones para visitas maritales y hamacas dispuestas para el descanso en un corredor con techo de zinc y sin paredes, para permitir que se colara la brisa de la isla. El delincuente se mostraba así como un benefactor, como el hombre que había puesto orden a un espacio que anteriormente consideraba “un desastre”.
“Esa cárcel no estaba en manos del Estado sino de una persona que la tenía bajo control por la cantidad de armas y el número de personas que estaban bajo su mando”, afirmó Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones. Según él, el segundo de la banda había quedado en el penal y reportaba todo lo que sucedía a quien, aun estando afuera, seguía siendo “pran” y amo de la madriguera.
Ese poderío que un recluso y su grupo pueden ejercer dentro de una cárcel, dijo Prado, no es un hecho aislado. La anomalía sucede en varios penales de Venezuela, como Tocorón y Tocuyito, donde los presos y sus mafias han edificado comodidades similares que hacen que los centros de reclusión se asemejen más a un resort que a un internado judicial.
Bajo esta mirada, las desigualdades vienen marcadas por las armas que se tienen dentro de la prisión. “Cuando la ministra (Iris Varela) habla de una cárcel pacificada -tal como lo hizo con la de San Antonio-, lo hace porque sabe que la población reclusa está bajo el control de grupos que tienen fusiles. ¿Cómo no van a estar sometidos así?”, recalcó Prado.
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Se trata, entonces, de una subcultura que mantiene el orden a la fuerza, pero que también se encarga de cumplir funciones administrativas, tal como lo sostuvo el criminólogo e investigador de la Universidad de los Andes, Freddy Crespo.
Ante la escasa inversión del Estado en la ampliación de prisiones, contó Crespo, los “pranes” han asumido estos gastos. Todas estas modificaciones se hacen no sólo en beneficio personal, para levantar un espacio que se parezca al que se tiene en libertad, sino también para dejar por sentado el poder que se tiene.
Los privilegiados
A los lujos del internado no todos acceden. Los privilegiados tienen que ser muy cercanos al pran para disfrutar de las instalaciones que se construyen, en parte, con el dinero (la causa) que cada prisionero paga al líder por estar en su cárcel.
“Dentro de la subcultura del pranato, la sociedad se divide en estratos. La élite política la lidera el pran y tiene estructuraciones. El parquero es una especie de Ministro de la Defensa, el segundo de a bordo es un vicepresidente, y luego están los voceros, que son como los ministros. Luego está la población general, que se divide en dos: los paisas, que son las personas comunes que caen en la cárcel por una situación en particular; y los malandros. No se puede pensar que en una piscina van a estar los 10 mil reclusos. Para estar ahí hay que llenar ciertos requerimientos”, explicó Crespo.
La aprobación del poder
Para alcanzar todo este poder, el “pran” negocia y no con sus iguales. El abogado y exjuez Jesús Ollarves habló sobre esa suerte de “mimetización” que se ha instaurado entre el pranato y las instituciones y funcionarios gubernamentales.
“No es racional que la ministra del Servicio Penitenciario se abrace con un pran en el confort de una celda, que por cierto es un privilegio que no tienen los más de 51 mil procesados que hay en el país”, dijo Ollarves al recordar el retrato de 2011 que la ministra Varela se hizo con “El Conejo”, una imagen muy cuestionada por la opinión pública.
El padre Alejandro Moreno, sociólogo que ha estudiado el comportamiento de los delincuentes en Venezuela, también se refirió al tema y aseveró que hay organizaciones gubernamentales que han propiciado relaciones con las élites criminales para intentar disminuir la conflictividad dentro de los internados.
“Los organismos del Estado y el Ministerio del Servicio Penitenciario prefieren tratar con el dictador que domina todo en la cárcel y que controla la violencia porque es más fácil eso que enfrentarse a una anarquía interna”, apuntó Moreno.
Aunadas a estas negociaciones está la corrupción que existe entre las autoridades naturales del penal, como los uniformados y el director, con el pranato. Un policía consultado señaló que la distribución de drogas, la extorsión y las “causas” cobradas a los presos comunes son la fuente de la riqueza de los “líderes negativos” que azotan también a quienes están libres, y todos los recursos se obtienen con la venia, y a veces con la ayuda, de quienes deberían imponer el orden en las prisiones. Son estos quienes proveen o permiten el acceso de armas hacia los delincuentes.
El fracaso y el Estado delincuente
Tanto Moreno como Ollarves coinciden en que la red tejida por los pranes pone en evidencia a un Estado delincuente. El mensaje que quedó tras el asesinato de “El Conejo”, con los videos de los presos disparando al cielo desde el techo de la cárcel, con el funeral repleto de dolientes que agradecían los favores recibidos y con el recordatorio de cómo un recluso administró y reconstruyó el penal donde vivía, es una invitación a delinquir, de acuerdo con el abogado.
“Todo esto tiene una lectura que ya conocemos. Lo qué sucede es que el delito se está expandiendo, extendiendo y profundizando. Está tomando nuevas formas más peligrosas y conectadas con algunos organismos que tienen el poder en el país. Es toda una red en la cual estamos entramados todos los venezolanos. Esto no tiene que sorprendernos, porque mientras no cambien las estructuras políticas radicalmente, no podemos esperar ninguna solución positiva y esto irá creciendo y nos irá asustando cada vez más”, sentenció Moreno.
Para Ollarves, la situación revela una paradoja: la persona “que debe estar subordinada a un régimen de seguridad donde el Estado debe saber lo que hace y con quien está”, en realidad se ha levantado como una figura de poder que se reúne fuera de la cárcel, se mezcla con figuras públicas, ya sean civiles y militares, y ostenta un armamento que le han permitido tener.
“El hampa manda fuera y dentro de la cárcel, de forma celular, articulada, burocrática. Por eso hablo de delincuencia organizada, de subordinación de funcionarios que cometen delitos de extorsión (…) Estamos en presencia de un Estado que se convirtió en delincuente por maridaje de funcionarios públicos y complicidad de otros”, apuntó el exjuez, quien condenó como fallidas las políticas penitenciarias aplicadas desde el Ejecutivo.
Ollarves también reclamó el silencio del Ministerio Público que, ante las evidencias de los delitos que se cometen desde las cárceles con la complicidad de los uniformados, no ha propiciado investigaciones efectivas que detengan la corrupción.
“A mí me llama la atención, y hay que reflejarlo, cómo “El Conejo”, que era delincuente confeso y que era un secreto a voces toda la mafia que dirigía, haya estado en libertad y tengamos en el Sebin a políticos presos y a estudiantes que lo que han hecho es protestar”, comentó el abogado.
La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana demandó de las autoridades que tomen medidas para que estas situaciones se repitan y entre ellas mencionó la firma del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura
Una «investigación completa» que permita esclarecer las causas de la muerte de los 35 reos ocurridas en la cárcel de Uribana exigió al Gobierno la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, la cual demandó además del Ministerio del Servicio Penitenciario que «se tomen todas las medidas necesarias para la no repetición de estos hechos y para la garantía efectiva de todos los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad».
En un comunicado el arzobispo de Coro, monseñor Roberto Luckert, aseguró que los prelados se unen al dolor que embarga a las familias de los fallecidos, al tiempo que lamentaron que las prisiones «lejos de ser centros formativos de reinserción social, son más bien lugares de hacinamiento, violencia, castigo y represión que deteriora aún más a la persona privada de libertad».
Para revertir esta situación el presidente de la Comisión de Justicia y Paz demandó de las autoridades que permitan «el trabajo de la Pastoral Penitenciaria para que puedan promover una pastoral de prevención y acogida al interno de los centros penales, así como en el entorno familiar» y al tiempo que suscriban el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas.
«Este tratado internacional establece la creación de un mecanismo nacional de prevención, que pueda realizar visitas de supervisión a los centros de detención del país y recomendar medidas para mejorar las condiciones y el respeto a los Derechos Humanos en el sistema carcelario», justificó Luckert.
