Este 4 de abril, la plataforma internacional Global Forest Watch (GFW) advirtió que se ha perdido cerca de 3,7 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios a nivel mundial en el año 2023, «equivalentes a perder casi 10 campos de fútbol cada minuto». De esa cifra, cerca de 27 500 hectáreas de bosque tropical perdido pertenecen a Venezuela (el 0,735 % de la pérdida de bosques a nivel mundial).
«En términos de esfuerzos para recuperar los bosques en el mundo, dimos un paso al frente y dos para atrás», advirtió la directora de la plataforma, Mikaela Weisse, durante una rueda de prensa digital. «Si bien Brasil y Colombia han reducido sus tasas de pérdida de bosques este año, otros países como Bolivia y Nicaragua aumentaron y contrarrestaron esos avances».
Mientras que Brasil y Colombia redujeron su deforestación en 39 y 51 %, respectivamente, Venezuela aumentó en 38,837 % su tasa de deforestación en los bosques primarios de la Amazonía respecto al año 2022, ubicándolo en cifras parecidas al año 2021.
Venezuela subió del puesto 25 de países con mayor pérdida de bosques primarios al puesto número 18 entre las 103 naciones que evalúa GFW.
Si se habla de la pérdida total de árboles, Venezuelase ubica en el puesto 43 de 220 al tener 76 600 hectáreas de bosque perdido en 2023. En el año 2022 estaba en el puesto 50.
«Estamos más cerca de llegar al año 2030 y estamos muy lejos de llegar a una tasa de pérdida de cobertura arbórea que nos permita mitigar los efectos del cambio climático», advirtió Wisse.
De forma preliminar, la plataforma GFW indicó que la deforestación en Venezuela aún mantiene sus tendencias desde el 2016: la mayoría de la pérdida de árboles proviene de la minería y la agricultura no supervisada.
Avanza la minería
La ONG venezolana Clima 21 publicó este 30 de marzo un informe donde advierte que la minería de oro en Venezuela no solo se está expandiendo, sino que está contaminando con mercurio las cuencas de los principales ríos de la Amazonía bajo la opacidad estatal, perjudicando la salud de las poblaciones indígenas y no indígenas de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro y las posibilidades de restaurar los ecosistemas amenazados o perdidos que analizó GFW.
A través de una encuesta que la ONG hizo a 29 líderes ambientales, comunicadores sociales y defensores de derechos humanos en los tres estados que conforman la amazonía venezolana, 28 respondieron que el uso del mercurio en la minería ilegal en Venezuela «está generalizado».
De ese mismo grupo, 18 dijeron que en los últimos dos años el comercio del mercurio se ha extendido en el país y es más fácil de obtenerlo ilícitamente. «Identificaron como fuente del mercurio a los grupos que controlan las minas, comerciantes, militares corruptos y organismos gubernamentales», se lee en el documento.
Al menos 10 cuencas de la amazonía tienen una presencia de contaminación por mercurio y su cobertura arbórea son cada vez más escasas, advirtió Clima 21. Allí destacan el río Cuyuní, Orinoco (bajo, medio y alto), Caroní, Caura, Sipapo y Ventauri. Todas estas cuencas pasan por un Parque Nacional, un ecosistema protegido por el Estado Venezolano.
Incendios: una alarma que crece cada año
Durante la rueda de prensa digital, Weisse destacó que el incremento de la pérdida de cobertura vegetal en el continente americanoaumentó en 2023 debido a los incendios forestales, destacando a Bolivia y a Canadá como los mayores afectados, que aumentaron el doble y el triple de sus tasas de pérdidas de bosque por el fuego, respectivamente.
«Cada vez es más necesario el control y monitoreo de los incendios a nivel global, más aún en estos contextos donde se evidencian eventos meteorológicos extremos», precisó.
Los últimos datos que tiene GFW sobre la pérdida de bosques venezolanos por incendios forestales se remonta al año 2022, cuando 4180 hectáreas se consumieron por las llamas ese año como mínimo.
La institución internacional aseveró que Venezuela, junto a otros países, mantienen una opacidad frente a las acciones de control y mitigación de pérdidas de bosque primario o de los ecosistemas en general. Por lo que recurren a imágenes satelitales para analizar los datos.
Weisse advirtió que esta tendencia puede extenderse incluso para el año 2024, donde países como Chile, Brasil y Colombia han declarado emergencias nacionales por los incendios forestales en el primer trimestre del año.
Por su parte, el Estado venezolano no ha ofrecido un balance de la cantidad de incendios y áreas boscosas perdidas por estos desastres socioambientales, aunque la NASA y el Departamento de Hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela informaron que el país rompió su propio récord en focos de calor e incendios documentados en el primer trimestre del año,llegando a los 30.055 focos de calor hasta el 29 de marzo de este año.
Frente a la opacidad estatal, ONG como el Observatorio de Ecología Política y Sembramos Todos advierten que en 2023 se perdieron más de 4000 hectáreas y en 2024, solo en el Parque Nacional Henri Pittier, se perdieron alrededor de 2700 en el incendio ocurrido entre el 12 y el 25 de marzo de este año.
Hoy revisando áreas afectadas por #IncendiosForestales en el #HenriPittier usando la plataforma de Google earth. Si bien las fotos satelitales necesitan actualizarse para incluir las zonas altas que ardieron hasta ayer, esta medición da idea de la magnitud, 2.700Ha hasta ahora. pic.twitter.com/NlbOWokuaO
El Estado Venezolano tiene el deber de custodiar los yacimientos mineros y proteger a quienes laboran allí, pero la mina La Talavera no estaba custodiada por cuerpos de seguridad, sino por grupos armados irregulares.
@Luciapietf
El derrumbe de una galería en la mina La Talavera en El Callao, al sur del estado Bolívar, dejó al menos 13 mineros muertos el pasado 31 de mayo. El hecho que sepultó a más de 120 personas, según el reporte de la secretaría de Seguridad Ciudadana en la entidad, solo se atribuye a las fuertes lluvias que azotaron la zona. Nada se dice sobre la responsabilidad de las instituciones y los funcionarios que pudieron evitar el desastre.
Reportes en el lugar señalaron que fueron rescatados 124 mineros a través de la mina Isidora, yacimiento cercano con acceso a La Talavera, que no sufrió accidentes ante los aguaceros torrenciales que afectaron al menos 10 sectores y 450 familias, según Correo del Caroní. Pero en la tragedia incidieron las condiciones riesgosas de trabajo y la falta de mecanismos de seguridad, supervisión e inspección de parte del Estado en las minas, según comentó Mairis Balza, defensora de DDHH y coordinadora general de Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).
Runrun.es detalla cómo el Estado es el principal responsable de un hecho que se repite cada vez que las lluvias azotan la región minera.
Deber por decreto
El decreto 2.248 que ordena la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)desde el 24 de febrero de 2016, establece que el Estado mantiene «soberanía nacional» y control total sobre los recursos mineros explotados en esta área de 111.843 kilómetros cuadrados que representa 12,2% del territorio venezolano.
Este poder sobre los yacimientos de oro y otros minerales también le concede al Estado el deber de proteger a los mineros artesanales y resguardar las áreas protegidas, ya que uno de los objetivos del Arco Minero establecidos en el Plan de la Patria 2013-2019 es: «organizar la pequeña minería, concentrada en la explotación de oro y diamante, en unidades de producción donde el Estado brinde apoyo tecnológico y financiero para proteger la salud de los trabajadores, los recursos naturales y el medio ambiente».
Pero la realidad es que los mineros continúan arriesgando sus vidas con prácticas peligrosas y condiciones laborales deficientes para obtener el mineral aurífero y mejorar su situación económica.
El 12 de mayo de 2021, 34 mineros fueron rescatados y un cuerpo fue recuperado de la mina Isidora. El 2 de febrero de 2020 hubo un colapso en la misma mina que sepultó a más de 20 personas y dejó un saldo de tres fallecidos, y el 13 de octubre de 2019 un total de 107 mineros fueron rescatados tras un derrumbe en el yacimiento que los dejó incomunicados por varias horas.
En todos los casos, los mineros accedieron a las galerías sin supervisión alguna para extraer oro en una zona administrada por la Corporación Venezolana de Mineria, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular Desarrollo Minero Ecológico, y custodiada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.
El alcalde del municipio, Coromoto Lugo, declaró en una rueda de prensa respecto a la tragedia: «(…) son situaciones que van a seguir pasando. La minería es búsqueda de metal, la gente sigue obviando el peligro y se mete pensando que es muy fácil conseguir oro, y eso no es así. Esto es una emergencia que ocurrió y que lamentamos mucho, pero es muy difícil decir que van a clausurar la mina porque van a buscar la manera de meterse por otro lado, de abrir un hueco para caerle».
Mairis Balza explicó que en la zona minera no hay ningún mecanismo de seguridad presente que garantice la integridad física de los mineros que laboran allí, y tampoco existe una supervisión e inspección que inste a los organismos que están están al frente de las minas a responder por el resguardo de los trabajadores.
«Las minas son un territorio de nadie y operan de la manera que mejor les parece, bajo las circunstancias de mayor riesgo», declaró.
Desde octubre de 2022, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa desplegó a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en la «Operación Roraima 2022» para enfrentar la minería ilegal, trata de personas y narcotráfico en el estado Bolívar y parte de Amazonas.
Según la propaganda oficial, los efectivos han desmantelado campamentos de minería ilegal y desarmado grupos delictivos que azotan el sur del estado, sin embargo, en reiteradas oportunidades los habitantes de los pueblos mineros han protestado en contra de la militarización de las minas debido a sus atropellos con detenciones, allanamientos y destrucción de equipos de trabajo de los mineros, reseñó Provea.
La mina Isidora está ubicada en un área restringida de Mibiturven (Minería Binacional Turquía-Venezuela) – empresa relacionada con Alex Saab y constituida en 2018-, y el El Pitazo reseñó que La Talavera está clausurada y en el sector El Perú, donde se ubica, hay presencia del ejército y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). ¿Por qué este cuerpo de seguridad no sacó a los mineros de las galerías cuando las invadieron?
La Talavera es una mina «abandonada» que conecta con la mina Isidora – perteneciente a la CVM- a través de túneles en las galerías. Los mineros descendieron a través de ella para acceder a la Isidora y realizar trabajos de extracción.
Andrés Velásquez,dirigente nacional de La Causa R y precandidato a las primarias opositoras, afirmó en entrevista para Runrun.es que La Talavera carecía de custodia de parte del Estado, pero había presencia de grupos armados irregulares controlando el yacimiento, los llamados «sindicatos».
El poder de las bandas
Investigaciones y reportajes han señalado que el sector El Perú está custodiado por el grupo armado «Zacarías y Toto», señalados por haber matado a siete personas en El Mirador, San Félix.
La como la mayoría de los yacimientos del sur están tomados por bandas que controlan la actividad extractivista y mantienen la zozobra en la población. Por eso cabe preguntarse si los mineros fueron enviados por alguna banda o si lo hicieron por cuenta propia.
«Quienes trabajan en el AMO deben pagar entre 10 % y 20 % del mineral extraído a los grupos criminales», reportó en 2020 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) a través de un informe sobre las violaciones los DDHH en el Arco Minero.
Entre las bandas que operan en el Arco Minero se encuentran: «Tren de Guayana», que funciona desde el 2010 aproximadamente en el sector de La Paragua, municipio Bolivariano de Angostura y en zonas de Ciudad Bolívar. Ha participado en delitos de minería ilegal, tráfico de oro, drogas y materiales estratégicos, sicariato, extorsión, robo, robo y hurto de vehículos, terrorismo sindical.
«El Ciego», que opera en El Manteco, municipio Piar y La Paragua, y ha sido señalado por delitos como: minería ilegal, homicidio, cobro de vacunas, extorsión, venta y distribución de droga. Su líder, Reiniero Alberto Murgueytio Bastardo, alías «El Ciego», es solicitado por diversos crímenes y es señalado como responsable de la masacre de Ikabarú en el 2019.
Trabajo para sobrevivir
En uno de los videos difundidos por la secretaría de Seguridad Ciudadana, Edgar Colina, informó que la mayoría de los 13 mineros fallecidos eran foráneos, ciudadanos pertenecientes a otros estados del país que fueron a la mina a trabajar y llevar sustento a sus hogares. Se conoció que dos de ellos eran hermanos oriundos de Monagas y desde hace dos años viajaban al sur de Bolívar.
«Nos informaron que casi todos son foráneos y no tienen la experiencia, porque los mineros locales saben que cuando está lloviendo hay minas que no pueden ser trabajadas (…)», indicó Colina.
La crisis económica y la falta de oportunidades laborales en Venezuela causó un aumento de la migración interna hacia la región minera en los últimos años, intensificado por el Covid-19 que potenció las crisis preexistentes, según el monitoreo del Observatorio de Ecología Política de Venezuela en el 2021. Según el dirigente Andrés Velásquez, no hay un registro de la cantidad de migrantes que llegan al sur del estado Bolívar.
Uno de los sobreviviente del suceso, César López, de 21 años, informó para El Pitazo que viajó e ingresó a las minas de El Callao a trabajar por la crítica situación económica que atraviesa su familia.
Acnudh describió en su informe que la mayoría de los mineros trabajan 12 o más horas sin ninguna protección, en condiciones peligrosas, y están expuestos a la contaminación por mercurio y a enfermedades, así como a la violencia por el control y las disputas entre los grupos armados y, en algunos casos, las fuerzas militares
Acorde al informe sobre esclavitud moderna y explotación laboral del Centro de DDHH de la Universidad católica Andrés Bello (Ucab), para los mineros la necesidad es superior a la queja y toleran las condiciones indignas ante la falta de ofertas laborales y la vulnerabilidad económica.
Balza indicó que para prevenir estas tragedias y proteger a la población minera, el estado debe garantizar un entorno seguro en los yacimientos; capacitar a los trabajadores en áreas relacionadas con protección civil, primeros auxilios, prevención y mitigación de riesgos; brindar los equipos de protección mínimos para la seguridad de los obreros y fiscalizar la zona de manera permanente.
Las periodistas de investigación Lisseth Boon (Runrunes), Lorena Meléndez (Runrunes) y María Ramírez (Correo del Caroní) se unieron en un Twitter Space en el que hablaron sobre la deforestación, contaminación, pobreza, corrupción y violencia al sur del Orinoco, aspectos que documentan rigurosamente en Viaje a la fosa de la devastación del Arco Minero del Orinoco, un trabajo especial publicado el 18 de septiembre por este portal.
Caos y daño ambiental
Boon contó que emprendieron este trabajo hace 10 meses con el propósito de explorar la situación del Arco Minero del Orinoco después de la pandemia. «Teníamos la información de que la explotación aurífera del sur del país había continuado, a diferencia de otras regiones donde estaba paralizada la vida y producción de otros rubros. Nos aliamos con Transparencia Venezuela, que además utilizó parte de este material para un informe sobre economías ilícitas, y por supuesto, un aliado natural, que es el Correo del Caroní, especializado en el tema minero y ambiental por estar radicado en Bolívar».
Precisó que durante la pandemia aparecieron nuevas empresas y plantas industriales para el procesamiento de oro con el uso de cianuro.
«También, encontramos mucho más molinos, unas empresas muy misteriosas, desconocidas, algunas con muros altos y con unos letreros sin registro de identificación fiscal ni mayor información completamente a la vista de los de los transeúntes de la troncal 10, que es la carretera internacional que une a Venezuela con Brasil y es la que atraviesa los municipios mineros. La deforestación está a la vista. Antes era más difícil acceder a estas zonas, que habían sido impactadas por toda la explotación aurífera en el Arco Minero del Orinoco. Ahora podemos ver cómo va avanzando y se han talado árboles ahí; hay remoción de tierra, los principales ríos que bordean estas poblaciones mineras están completamente contaminados y con sedimentos producto de toda esta actividad minera y de sus residuos».
Boon dijo que el panorama ha cambiado considerablemente: «Cada vez aparecen nuevas empresas y esto desdice mucho del control y de la organización que pretendía crear el gobierno al decretar esta zona como el Arco Minero del Orinoco bajo la supervisión de la Corporación Venezolana de Minería, que está omnipotente, omnipresente en todas partes, está como ese sello, esa aparente presencia, que es la que autoriza y aparentemente vigila y controla toda la actividad de la explotación aurífera en en el sur del país»
Señaló, además, que lo más notorio es el caos y «un impacto no solamente ambiental, sino en la vida de los pueblos mineros, de la gente, de las comunidades indígenas. Eso es lo que lo que pudimos constatar con este viaje».
Comunidades sitiadas por grupos armados
Ramírez, por su parte, relató que en la pandemia la minería ilegal se expandió, lo cual, por supuesto, repercutió negativamente sobre las comunidades indígenas. «Lo que ha pasado con la expansión minera es que prácticamente la invasión de los territorios ha sido totalmente evidente. No es solamente que estas minas han sido ocupadas por grupos armados, sino que los grupos armados también han instalado sectores comerciales, tarantines, ventas clandestinas, aunque son a plena vista de todos los transeúntes y de todos los que los que pasan por esta vía internacional».
Narró que durante la pandemia se creó una zona que comercial «controlada por los grupos armados que ha afectado totalmente en la vida de esta comunidad, no solamente por por la presencia de ellos, sino también porque los alimentos han aumentado porque hay tráfico de drogas y, por supuesto, de armas».
Además de eso, continuó Ramírez, tuvieron noticia de un caso reciente: un conflicto por una invasión de un galpón. «Pudimos ver que prácticamente alrededor de las comunidades indígenas y en territorios indígenas también se están construyendo molinos y plantas sin consulta previa».
En Viaje a la fosa de la devastación del Arco Minero del Orinoco, el lector «encontrará casos emblemáticos de indígenas asesinados durante estas invasiones de territorio. Pero no solamente eso, sino también podrá conocer esta explosión demográfica, gente atraída por la explotación del oro que ha viajado al sur de Bolívar a unirse a esta actividad. Esta explosión demográfica ha colapsado mucho más los precarios servicios públicos que hay en esta zona, y prácticamente estos municipios, que son los que de donde se extrae el oro, están en las peores condiciones de servicios, de seguridad, de educación y de salud».
Durante su intervención, Ramírez también resaltó que los grupos armados que son conocidos en el sur del estado Bolívar tienen rodeadas estas comunidades. «Estos grupos armados no se conforman con que han invadido en estos territorios indígenas, sino que también ahora quieren controlar las minas que explotan las propias comunidades indígenas. Estas comunidades indígenas con las que hablamos defienden la explotación de esos territorios como una forma de sustentar sus gastos. Ellos dicen ‘si nosotros pedimos en este momento, por ejemplo, que el gobierno nos resuelva algún problema que tenemos, sabemos que no lo va a resolver’. Por eso ellos defienden esa explotación como una forma de sustentar sus gastos. Pero los grupos avanzan».
Escándalos y contrabando
Meléndez hizo referencia a los nombres de civiles y militares del gobierno que están vinculados con la minería y tienen su control. Asimismo, se refirió a asesinatos y secuestros ligados a estas tramas y a empresas que han sido asociadas a escándalos políticos.
«Hay un personaje que es Eduardo Enrique González. Salió en los titulares de prensa en el año 2018 porque que el fiscal Tarek William Saab lo mencionó y acusó de ser el zar del oro. Dijo que lo lo apodaban ‘el Tati’ y que el hecho de estar al frente de esta empresa, que se llama molinos La Vanguardia, le permitió extraer y contrabandear 150 kilos de de oro, que para ese momento equivalían a unos 6 millones de dólares. Lo cierto es que, si bien hubo un señalamiento por parte de Saab, y se libraron supuestamente órdenes de detención, nunca se supo qué pasó con ellos», sostuvo.
Minería ilegal profundiza crisis de derechos humanos
En un informe divulgado este 20 de septiembre, la Organización de las Naciones Unidas reveló que las violaciones de los derechos humanos siguen ocurriendo en el Arco Minero del Orinoco.
La misión internacional creada para investigar la situación de los derechos humanos en Venezuela dijo que, a pesar de la presencia militar, los grupos armados operan abiertamente y controlan minas y poblaciones, a las que someten a diversos abusos, que van desde asesinatos hasta explotación sexual de mujeres y niñas.
Según un informe de la misión, el gobierno no solo no ha hecho nada para prevenir o detener estos abusos, sino que agentes gubernamentales y de las bandas criminales actuarían en complicidad en algunas zonas del estado de Bolívar.
Según la investigación, las fuerzas del Estado atacaron en el municipio de Gran Sabana a poblaciones indígenas y perpetraron detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos, lo que muestra que la violencia en Venezuela afecta a las zonas más remotas del país y olvidadas -salvo para la extracción minera- por las autoridades nacionales.
Asimismo, se enfatiza que las actividades económicas en esa zona han creado oportunidades para que personas cercanas al poder se enriquezcan, en particular los miembros de la cúpula militar y política.
El informe indicó que los charcos de agua estancada y contaminada que genera la minería se han convertido en un caldo de cultivo para la malaria
Human Rights Watch (HRW) indicó que la minería es la principal causa de deforestación en el Amazonas venezolano, después de la agricultura.
En su reporte anual de 2021, la organización explicó que desde que Maduro declaró ilegalmente la creación de una zona de minería especial en el norte del estado Bolívar en 2016, el área ha perdido más de 230.000 hectáreas de bosque.
«A través del análisis de imágenes satelitales, se ha estimado que las actividades mineras actualmente ocupan al menos 20.000 hectáreas de la zona especial», aseguró HRW.
La zona de minería especial que cubre 24 % de la selva amazónica comprende 14 territorios indígenas, cuyos residentes no fueron consultados previo a su creación, según la organización.
Un informe realizado por la Asamblea Mundial por la Amazonía titulado Situación de la Amazonía venezolana en tiempos de pandemia revela que entre los estados Amazonas, Delta Amacuro y Bolívar hay 1.781 puntos de minería ilegal. #Mineríailegalpic.twitter.com/BxBcRedYA4
HRW señaló que miembros de distintas comunidades indígenas dentro de la zona especial y río abajo estarían «sufriendo intoxicación grave con mercurio, una sustancia tóxica utilizada para separar el oro de las impurezas».
#20Ene | En Venezuela, se ha reconocido la contaminación por mercurio como un problema de salud pública. Se han realizado investigaciones, que han revelado la presencia de mercurio en concentraciones elevadas en personas que viven en las zonas mineras. #MercurioEnElAMOpic.twitter.com/pTnAIACSEf
De acuerdo a Human Rights Watch, Bolívar es el epicentro de la epidemia de malaria en Venezuela. El estado registra 55% de los casos en el país.
«La enfermedad es muy común entre quienes se dedican a la minería de oro, cuya alta movilidad es un importante vector de contagio», reiteró HRW.
El informe indicó que los charcos de agua estancada y contaminada que genera la minería se han convertido en un caldo de cultivo para la malaria.
La organización explicó que la minería ilegal de oro en el estado Bolívar es controlada en su mayoría por organizaciones criminales y grupos armados colombianos, que vigilan a los ciudadanos, establecen condiciones de trabajo abusivas y tratan brutalmente a quienes acusan de cometer robos y otros delitos.
«Estos grupos actúan con la aquiescencia del gobierno y, en algunos casos, también con su colaboración», dijo HRW en su informe mundial.
Según el informe, hasta septiembre de 2021, las élites políticas y militares venezolanas y grupos armados colombianos seguían siendo actores clave en el comercio del oro.
Venezuela, Brasil, y Colombia representaron más del 77% de todos los casos de la región.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló, en su reporte anual sobre la malaria, que Venezuela registró 232.000 casos de malaria en 2020. Menos de la mitad en comparación con 2019.
La OMS aseguró que la cifra disminuyó porque la industria minera, principal contribuyente al aumento reciente de malaria en el país, se vio afectada por las restricciones de movimiento durante la pandemia de COVID-19 y a la escasez de combustible.
Estas restricciones también pueden haber afectado el acceso a la atención médica. La OMS indicó que esto puede haber causado una reducción en el número de casos reportados por los centros de salud.
«Aunque el número de casos en Venezuela en 2020 se redujo a más de la mitad, esto no se debió a la implementación de intervenciones contra la malaria», reiteró el informe.
Los casos de malaria en la región disminuyeron 58%, de 1.5 millones a 0.65 millones, y la incidencia de casos en 67% entre el 2000 y el 2020. Sin embargo, el progreso de la región en los últimos años se ha visto afectado por el importante aumento de la malaria en Venezuela.
Venezuela, Brasil, y Colombia representaron más de 77% de todos los casos de la región.
La OMS estima que para 2030 habría un aumento en la incidencia de casos de 19%. A nivel regional, la mayor parte del empeoramiento de la tendencia es atribuible a la epidemia en Venezuela.
«Cuando se excluyen del análisis los casos estimados de Venezuela, la tendencia se invierte, lo que resulta en una disminución de la incidencia de casos en 41%», indicó la OMS en su informe el informe.
2017: Año que reportó más casos de malaria en Venezuela
En el año 2000, Venezuela registró cerca de 35.500 casos de malaria. Para el 2019, esa cifra aumentó a 467.000 casos anuales.
Según la OMS, a pesar de que la cantidad de casos en 2019 es 13 veces mayor que la registrada a principios de siglos, el Gobierno venezolano no ha tomado medidas para detener la propagación de la malaria en Venezuela.
La OMS estimó que en el año 2000 al menos 26 personas fallecieron a causa de la malaria en Venezuela. Para 2020, la Organización cree que al menos 203 murieron luego de contraer malaria.
De acuerdo a cálculos del ente internacional, el pico más alto de casos en los últimos 20 años fue en 2017, año en el que se registraron al menos 482.617 casos de malaria en el país. Ese año fallecieron alrededor de 340 personas por esta enfermedad.
En cuanto a la cifra de muertes, la mayor cantidad de personas que fallecieron a causa de la malaria desde el 2010 fue en 2017 con 340 fallecimientos.
El segundo año que registró más muertes causadas por la malaria fue 2018, con 257. Le sigue 2016 con 140 y 2019 con 118.
El año que registró la menor cifra fue 2010, con 10 muertes a causa de la malaria.
Minería o trading son operaciones con criptomonedas que tienen cada vez más espacio en la economía venezolana. Con cada vez más interés, los inversores toman decisiones como comprar Bitcoin o Ethereum, con la esperanza de que su dinero se revalorice.
¿Minería o trading? Y es que las historias de éxito se multiplican con el pasar del tiempo. Personas que, tras invertir en criptoactivos, compran vehículos, propiedades y bienes de lujo.
A pesar de estas historias, la inversión en criptomonedas no es una garantía de éxito. Una decisión desacertada puede conducir a pérdidas importantes. En definitiva, es una apuesta con un riesgo considerable, como toda inversión.
¿Pero de verdad operaciones como comprar Bitcoin en Venezuela es la mejor alternativa? En realidad, el mercado de criptodivisas ofrece un panorama muy amplio para invertir o ganar dinero.
Las posibilidades no están limitadas a sólo un par de criptomonedas, ni al trading tradicional. De hecho, hay actividades conexas que se han convertido en poderosas industrias, como la minería de criptoactivos.
Con tantas alternativas disponibles, surge la duda sobre cuál es la mejor opción para invertir. Para descubrirlo, la clave es tener todo el conocimiento posible antes de elegir.
En este sentido, comparar el trading tradicional y la minería de criptomonedas es un gran ejercicio para determinar qué opción ofrece mayores garantías de inversión a corto, mediano y largo plazo.
Trading: ¿Cómo comprar criptomonedas en Venezuela puede cambiar tu vida?
El trading es una actividad que consiste en generar dinero mediante la compra y venta de instrumentos financieros.
Generalmente se aplica en el mercado de valores, mediante el intercambio de acciones o bonos. Sin embargo, la actividad llegó al mercado de las criptomonedas tan pronto como su cotización empezó a subir.
La especulación es la clave del trading. Se trata de las expectativas de revalorización de un activo en el mercado, y la toma de decisiones financieras en torno a dichas expectativas.
En pocas palabras, comprar un activo a un precio bajo, pero con expectativas de que se revalorice con el pasar del tiempo y, una vez que lo haga, venderlo. De esta forma, se obtienen ganancias que permiten seguir invirtiendo.
Las criptomonedas tienen una naturaleza muy volátil. Sus precios varían vertiginosamente en cuestión de días. Por esta razón, se convirtieron en activos ideales para especular.
Especialistas en análisis bursátil han centrado su vista en el criptomercado. Hay miles de opciones para invertir y distintas estrategias según el proyecto elegido, ya que cada criptomoneda tiene sus características específicas que determinan su precio y sus expectativas de crecimiento.
Mientras que Bitcoin es una criptomoneda muy volátil que suele tener subidas o bajadas vertiginosas en cuestión de horas, Ethereum ha mantenido un poco más de consistencia con el paso del tiempo.
Por otra parte, hay proyectos que apenas nacen y al dar sus primeros pasos en el mercado, tienen un valor diminuto, que podría multiplicarse con el pasar del tiempo. Estos suelen ser los más arriesgados, ya que el proyecto podría fracasar y la valoración de la criptomoneda caería estrepitosamente.
¿Cómo empezar en el trading?
Hay muchos mecanismos para hacer trading. Hay páginas web especializadas que se encargan de gestionar las inversiones. También hay variantes en el tipo de inversión y hasta distintos mercados.
No obstante, el mecanismo frecuente consiste simplemente en la adquisición de un activo y su reventa a futuro. Por esta razón, es primordial averiguar cómo comprar criptomonedas.
El primer paso es elegir una exchange que tenga en lista la criptomoneda a comprar. Las gigantes del mercado como Bitcoin o Ethereum están disponibles prácticamente en cualquier casa de cambio de criptoactivos.
Durante los últimos años, algunas exchanges han ganado mucho espacio en Venezuela. Inicialmente, la plataforma líder era LocalBitcoins, pero ahora Binance pisa fuerte en el mercado.
Algunas exchanges nacionales como Amberes Coin, Cryptia o Cripto Lago han tenido receptividad, pero una de las más flexibles es Remitano, al disponer de una billetera fiat útil para hacer transacciones con bolívares.
Tras elegir una exchange, corresponde la apertura de una wallet para la criptomoneda que se almacene. Finalmente, la compra del criptoactivo y su resguardo en la wallet hasta el momento de venderla para obtener beneficios.
Por más simple que pueda parecer, el trading tiene mucha ciencia por detrás. Ninguna inversión implica una certeza de éxito. Sin embargo, el inversor puede incrementar sus posibilidades cuando sabe lo que hace.
Los conocimientos para predecir el comportamiento del mercado se desarrollan. Por esta razón, una capacitación en análisis bursátil o inversión en bolsa sería un complemento ideal antes de adentrarse en la especulación de criptomonedas.
Para quienes no son expertos, el trading se reduce a una apuesta a futuro. Para mejorar las expectativas de éxito, el inversor puede centrarse en aprender todo lo posible sobre la criptomoneda que adquiera, estar al tanto de las noticias y hacer un monitoreo constante de su valor.
Minería: La multimillonaria industria de las criptomonedas «gratis»
La minería de criptomonedas es una actividad que nació de la mano con Bitcoin. Fue un protocolo ideado por Satoshi Nakamoto para mantener la seguridad, inmutabilidad y confianza de la blockchain.
Bitcoin introdujo el mecanismo de consenso Proof of Work (PoW). Este sistema consiste en el uso de capacidad computacional para descifrar códigos criptográficos que sirven para verificar las transacciones de la red.
Inicialmente unos pocos entusiastas minaban Bitcoin desde sus ordenadores, pero al detectar el potencial económico detrás de la actividad, el sector creció como la espuma.
El aumento de la cantidad de mineros implicó la necesidad de acudir a más poder computacional. Por este motivo, los ordenadores perdieron su utilidad para minar.
La minería empezó a funcionar con máquinas especializadas de tipo ASIC. Quienes se adentraron de lleno en la actividad minera, instalaron enormes «granjas» con decenas de equipos conectados las 24 horas del día.
Esa es la realidad de la minería de Bitcoin actualmente. Los reyes de la industria poseen granjas con cientos de equipos conectados, consumiendo recursos eléctricos en cantidades alarmantes.
¿Eso deja la minería vetada para cualquier persona que no posea una enorme granja? No exactamente, hay muchas variantes para la minería. Entre las opciones para hacer de la minería no industrial una actividad rentable, figuran:
Pools de Minería: Son agrupaciones de mineros con poca capacidad. Mediante una red interconectada, unen sus capacidades de cómputo con la esperanza de verificar bloques de la blockchain. Las ganancias son repartidas entre los miembros que participaron en la verificación.
Alternativas a Bitcoin: Otras criptomonedas poseen una menor dificultad de minado. Minar Litecoin (LTC) o Ethereum (ETH) puede ser más simple, aunque Ethereum está migrando a un protocolo de consenso distinto a PoW.
Minería con GPU: No siempre es necesario adquirir equipos ASIC para minar. La minería de algunas criptomonedas funciona con unidades de procesamiento gráfico, es decir, potentes tarjetas gráficas. Esto permite hacer el proceso desde un ordenador, siempre y cuando posea suficiente potencial de procesamiento gráfico.
¿Minar vale la pena?
En teoría, la minería permite ganar criptomonedas «gratis». Ya que son una recompensa, el minero no necesita recurrir al mercado y ejecutar operaciones como comprar Bitcoin.
Sin embargo, los equipos para minar son costosos, así que sí es necesaria una inversión. Las grandes recompensas en Bitcoin dependen de grandes laboratorios que cuestan decenas de miles de dólares, adicional al consumo eléctrico que implica una factura importante.
La minería más pequeña ofrece recompensas menos generosas, y la inversión en buenos equipos se mantiene, ya sea con un par de máquinas ASIC o con tarjetas gráficas potentes.
En este sentido, puede valer la pena en condiciones específicas. Por suerte, Venezuela posee algunas de esas condiciones, con una tarifa baja del servicio eléctrico y un marco legislativo que legaliza la actividad.
La mejor opción
Tanto minar como comprar criptomonedas en Venezuela generan ingresos. Ambas alternativas son válidas y tienen tanto pros como contras que se adaptan a la situación de cada persona.
Sin embargo, es factible hacer ambas actividades a la vez, tanto invertir en criptomonedas para trading como minar desde un ordenador.
Algunas plataformas facilitan este tipo de acciones. En el plano internacional, Binance cuenta con su propia criptomoneda, BNB. Cualquier usuario puede utilizar la plataforma para tradear mientras utiliza una pool para minar BNB.
Un caso parecido en el mercado nacional es el de Remitano. No sólo ofrece un mecanismo para el intercambio de criptomonedas, sino que también lanzaron su propia criptomoneda y puede ser minada desde la plataforma.
Sea cual sea tu elección, el mercado de criptomonedas ofrece muchas alternativas para ganar dinero. Entonces, ya sea aprender cómo comprar criptomonedas desde Venezuela para especular o cómo sacar provecho de la minería, las expectativas implican ganancias. También puedes comenzar en el mundo de las criptos minando RENEC desde tu celular y de forma gratuita.
De acuerdo con la investigación, realizada por el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, aunque algunas de han sido secuestradas, «la forma más utilizada para la captación de personas hacia esta violatoria actividad en el estado Bolívar son las ofertas laborales engañosas»
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) presentó el 20 de mayo un informe que lleva por nombre “Formas contemporáneas de esclavitud en el estado Bolívar: una perspectiva de género sensitiva”, que expone la situación de trata, explotación laboral y sexual de las que son víctimas mujeres y niñas como consecuencia del auge de la minería por las actividades del Arco Minero del Orinoco, situado en los municipios El Callao, Roscio y Sifontes del estado Bolívar.
A esta entidad llegan, desde distintas regiones de Venezuela y también desde países vecinos, mujeres, adolescentes y niñas cuyas edades van desde los 12 hasta los 35 años de edad. Aunque algunas de ellas han sido secuestradas, la investigación destaca que «la forma más utilizada para la captación de personas hacia esta violatoria actividad en el estado Bolívar son las ofertas laborales engañosas».
Una de las autoras del informe, Eumelis Moya, docente y coordinadora de la oficina del CDH UCAB en Ciudad Guayana, apuntó durante la presentación del documento que el silencio cómplice de las autoridades favorece esta situación: “Al menos 17 alcabalas están apostadas en la carretera que conduce desde Ciudad Guayana hasta las minas del municipio Sifontes”.
Según la investigación, aunque no hay datos oficiales sobre prostitución de mujeres en Bolívar, “fuentes policiales de El Callao estiman que son 3.500 las mujeres que ejercen la prostitución en la entidad y por la migración hacia las minas del sur, el número aumenta con frecuencia”.
Moya explicó que el interés de los grupos criminales que hacen vida en el lugar no es subyugar a las mujeres, sino tener el dominio de las minas, a lo cual se suma, por las condiciones propias del contexto, la obligación de garantizar la satisfacción de las necesidades de sus trabajadores: alimentación, aseo de su vestimenta y placer sexual. De allí que capten a mujeres a las que emplean como mineras, cocineras, lavanderas y prostitutas y las mantienen en condiciones deplorables. En la mayoría de los casos, las mujeres son explotadas y víctimas de violencia.
«Un tema recurrente y preocupante es la demanda de mujeres jóvenes en las minas. Las menores de edad y las mujeres consideradas vírgenes tienen un precio superior”, dijo Moya.
“La prostitución no es como se muestra en las películas, es un intercambio sexual en el que están expuestas a otras condiciones, lejos de la familia, en riesgo por el tema de violencia minera y conquista de espacios. Hubo un testimonio que textualmente nos dijo: ‘El tema no es acostarse con los mineros. Usted no ha visto lo que es acostarse con un hombre que no ha visto mujer en tres meses’”, relató la coordinadora de la CDH UCAB Guayana.
Con respecto al tema de la prostitución, precisó: “No es como se muestra en las películas; es un intercambio sexual en el que están expuestas a otras condiciones, lejos de la familia, en riesgo por el tema de violencia minera y conquista de espacios. Hubo un testimonio que textualmente nos dijo: ‘El tema no es acostarse con los mineros. Usted no ha visto lo que es acostarse con un hombre que no ha visto mujer en tres meses’”.
De acuerdo con la investigación, estas mujeres —algunas de las cuales llegaron bajo engaño o drogadas y luego fueron obligadas a prostituirse— no son dueñas de su tiempo ni pueden decidir con quién tienen sexo.
La reactivación de la Academia en las investigaciones oceanográficas y la búsqueda de alternativas a la minería están en la lista de retos pendientes a afrontar en este año que recién comienza
¿Qué hacer con los derrames de petróleo en el mar? ¿Qué pasará con la política ambiental cuando hay dos parlamentos que se declaran como legítimos?
*Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Runrun.es de Venezuela.
Durante 2020, los problemas ambientales crónicos de Venezuela no hicieron más que empeorar. Las malas noticias llegaron en forma de olas de aceite oscuro a las costas venezolanas, producto de los derrames petroleros registrados, sobre todo, en el segundo semestre del año cuando arribaron tanto al Parque Nacional Morrocoy como al Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, un importante humedal latinoamericano que ya estaba en jaque por construcciones turísticas autorizadas que podrían secarlo. En 2021, biólogos y ambientalistas no piensan quedarse de brazos cruzados ante la amenaza y apuntan a medir los daños y apelar a acuerdos internacionales para lograr que el gobierno responda de manera efectiva.
Al sur del país, la fiebre del oro también hizo estragos. En el Parque Nacional Canaima —el mismo que inspiró los escenarios de la película animada ‘Up’ y que alberga al Salto Ángel, la caída de agua más alta del planeta—la cantidad de puntos de extracción del mineral creció 78 % en solo dos años y científicos confirmaron que la minería ilegal triplicó su área de deforestación, al pasar de 400 a 1200 kilómetros cuadrados. Por eso, la defensa de estos territorios combina tanto acciones urgentes de índole internacional así como la planeación de actividades económicas alternativas que eviten que cada día lleguen más mineros a la zona.
Los cambios políticos en el país afectan todos los ámbitos y el ambiente no es la excepción. Ante la instalación de dos poderes legislativos con agendas y decisiones paralelas, queda la incógnita de cómo esto afectará a los ya golpeados parques nacionales y áreas protegidas. Por otro lado, la academia venezolana necesita recibir el apoyo del Estado para no quedarse por fuera del Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-2030) propuesto por la ONU, el programa arranca este año y promete formar una generación de oceanógrafos y expertos para un país sumido en una grave “fuga de cerebros”.
Acción internacional contra los derrames de petróleo
Golfo Triste, primer lugar impacto por el derrame de petróleo en agosto 2020 . Foto: Morrocoy Online.
Aunque el nombre del Parque Nacional Morrocoy fue el que más se difundió en los medios de comunicación cuando ocurrieron los derrames petroleros de julio y agosto de 2020, hubo otro sitio protegido que resultó gravemente afectado: el Refugio de Fauna Silvestre de Cuare, clasificado en Venezuela como un Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) y hogar de cerca de300 especies de aves que comparten su hábitat con reptiles y mamíferos en peligro de extinción.
Cuare, en el estado Falcón y vecino de Morrocoy, fue el primer lugar del país en entrar en la lista de espacios protegidos por la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, conocida también como la Convención de Ramsar, por la ciudad iraní en donde se firmó en 1971. Entró a la clasificación el 23 de noviembre de 1988 y desde entonces solo lo han hecho cuatro lugares más en Venezuela. Es precisamente a esta Convención a la que apelarán en 2021 los científicos, activistas y ciudadanos que desean exigir una acción por las fugas de petróleo de la empresa estatal venezolana (PDVSA).
La bióloga y presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, Vilisa Morón, asegura que, actualmente, activistas y vecinos de la zona están buscando contactos para apelar al Ramsar, pero aún no han conseguido el apoyo necesario.
Personal de PDVSA solo estuvo presente en los primeros días de limpieza y sin maquinarias. Foto: Ministerio de Ecosocialismo de Venezuela.
Todavía hay mucho por hacer. El estudio de lo ocurrido con las fugas de hidrocarburos es primordial para que este año puedan ejercerse las actividades de saneamientos más certeras y adecuadas. “Desde las ONG, universidades y la ciudadanía, nuestro trabajo es hacer seguimiento y presión. Una de las acciones en que todos podemos apoyar es el mapeo [de los derrames y zonas afectadas]”, dice Morón.
Eduardo Klein, biólogo, profesor universitario y coordinador del Centro de Biodiversidad Marina de la Universidad Simón Bolívar, apoya la idea porque es precisamente la falta de monitoreo la que ha provocado los derrames. Sostiene que la ausencia de una evaluación de daños, por falta de personal capacitado en la empresa estatal, ha impedido que se eviten accidentes y que sus efectos se prolonguen en el tiempo.
Klein asegura que todos estos eventos han demostrado una y otra vez la total incapacidad de PDVSA para detener las fugas que, anteriormente, eran atendidas con unidades especiales y planes de contingencia. “Hoy, en cambio, la limpieza de los daños ambientales hecha por la industria dependió en gran medida de la preocupación e insistencia de las comunidades aledañas al parque”, afirma el académico.
Según Klein, meses después los manglares continúan afectados y los pescadores deben ir más lejos para poder pescar porque los residuos afectaron la flora y fauna marina. Para el biólogo, una tarea pendiente para este 2021 es que los llamados de la sociedad civil “resuenen aún más fuerte en un Estado que incumple con responsabilidades básicas para mantener el equilibrio ambiental”.
El futuro ambiental con dos parlamentos
El presidente de Venezuela Nicolás Maduro muestra una barra de oro supuestamente excavada y procesada en el Arco Minero de Venezuela. Foto: Prensa Presidencial.
Con el 2021 llegó, constitucionalmente, el turno de una nueva Asamblea Nacional, poder que durante los últimos cinco años se había mantenido bajo el mando de la oposición, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia la declaró en desacato desde 2017 e invalidó todas sus decisiones y declaraciones a partir de ese momento. Sin embargo, la renovación de esa instancia dejó un sinsabor.
Los líderes opositores rechazaron acudir a las urnas electorales para ser reelegidos como diputados debido a que las condiciones de los comicios impuestas desde el Ejecutivo los ponían en clara desventaja y, según ellos, no garantizaban la transparencia del proceso. Por esa razón, el chavismo protagonizó en diciembre pasado unas elecciones señaladas, tanto por sus contrincantes como por varios países de la comunidad internacional, como fraudulentas. Gracias a esas elecciones el partido oficialista ocupa hoy más del 90 % de las curules, lo que allana el camino para que cualquier orden emanada desde el palacio de Miraflores tenga luz verde en el órgano legislativo.
Ante tal panorama, la mayoría de los parlamentarios opositores de la Asamblea Nacional elegida en 2015 decidieron continuar en sus posiciones y constituyeron una comisión delegada bajo el argumento de que los comicios de diciembre de 2020 fueron ilegítimos y “no pueden permitir el vacío de poder”. Mientras tanto, los chavistas asumieron también sus nuevas responsabilidades.
Con dos poderes legislativos, queda por ver cómo se verán afectadas las decisiones que impacten directamente a los parques nacionales y a las áreas protegidas. Juan Manuel Raffalli, abogado constitucionalista, asegura que la convivencia de dos parlamentos no tiene cabida porque no existe una «república bicéfala». «Eso va contra la razón y contra la misma capacidad operativa del Estado», apunta el experto en Derecho. A pesar del inconformismo de la oposición, Rafalli asegura que será la Asamblea de Nicolás Maduro la que rija en todas las materias, incluyendo la ambiental. “Si resuelve dictar leyes de contenido ambiental, nadie dentro del país va a decir no, porque tiene poder coercitivo”, añade.
Los bomberos usan rastrillos y batidores para eliminar los focos de fuego en las montañas pues no tienen agua. Foto: Inparques.
Pero todo cambia en el ámbito internacional. El abogado explica que es en ese plano donde existen tratados y convenios firmados con otros países y que estos podrán decidir a cuál de los dos parlamentos respalda.
«Desde el punto de vista político, el apoyo a la oposición de estos países tiene relevancia desde dos ópticas: la primera tiene que ver con los acuerdos y convenios bilaterales en materia ambiental, porque esos Estados reconocen a Guaidó como su interlocutor. Pero hay un segundo punto y es que estos convenios suponen compromisos entre Estados con miras a la protección del Ambiente, pero no los pueden hacer cumplir porque, en la práctica, la oposición no tiene competencias legislativas», añade Raffalli.
Hay quienes piensan que lo peor está por venir. “La profundización del desastre de la tragedia a corto plazo es lo que vislumbro”, le dice a Mongabay Latam el parlamentario opositor Américo De Grazia, quien está convencido de que el medio ambiente será uno de los más afectados ante el nuevo panorama político. “Van a estimular y exponenciar todos los males ambientales a cálculos inimaginables”, asegura y agrega que se ampliarán losdesastres ecológicos promovidos con el Arco Minero del Orinoco y será imposible proteger a los parques nacionales.
De Grazia comenta que “todo aquel que no tenga contrapeso de poder siempre va a pecar más” y por eso la oposición optó por declarar la continuidad constitucional, decisión que ya recibió el visto bueno de países como Estados Unidos, Japón, Canadá, Colombia, Chile y Brasil.
Proteger al parque Canaima
La mina de Campo Carrao, en el Sector Occidental del Parque Nacional Canaima. Crédito: SOS Orinoco.
Desde hace más de cinco años, organizaciones, turistas, ambientalistas, periodistas y activistas han denunciado la presencia de minería dentro del Parque Nacional Canaima, en el sureño estado Bolívar. En 1994 esta área natural protegida fue declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco y, con el tiempo, el problema de la minería ilegal se ha agravado, tanto que de los 33 sectores mineros que habían sido identificados por la organización no gubernamental SOS Orinoco en 2018, se pasó a 59 en 2020. En solo un par de años, la cantidad de puntos de extracción de oro dentro del parque creció un 78%.
La inacción del gobierno de Nicolás Maduro para contrarrestar la actividad extractivista y el apoyo del Estado hacia proyectos como el Arco Minero del Orinoco —que ha facilitado el tráfico de herramientas y maquinarias para la minería hacia los espacios protegidos colindantes— constituyeron una alarma para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que evalúa el patrimonio natural en peligro. En 2017, Canaima entró en la lista de sitios que representan una “preocupación significativa” y fue clasificada con una alerta naranja, solo un peldaño abajo de la alerta roja, que es la valoración más preocupante.
“Esta fiebre del oro ha empeorado por la crisis humanitaria compleja en la que está sumida Venezuela. Los escenarios futuros para Canaima son poco alentadores pues no existe en el terreno una autoridad ambiental capaz, o interesada, en responder efectivamente a esta problemática. No hay voluntad política, ni una gobernabilidad que permita hacer frente a las operaciones mineras, por lo que se espera que se incremente la devastación en su interior, generando graves daños a la cultura indígena pemón, gran parte de cuyo territorio ancestral se encuentra resguardado por el parque nacional”, escribió SOS Orinoco el año pasado en un comunicado en el que insta a la UNESCO a reconocer que el problema de la actividad extractivista dentro del parque es mucho más grave de lo que se contempla.
Por esta razón, de acuerdo con SOS Orinoco, en el entorno ambientalista es “urgente y necesario” que Canaima sea recategorizado como “en Peligro Crítico” según los criterios de la UICN, que es el órgano técnico asesor de UNESCO. Así se activaría una alerta roja que podría impulsar una acción urgente desde el gobierno central venezolano en favor de la conservación.
En el municipio de Gran Sabana se encuentra el Parque Nacional Canaima. Foto: Lorena Meléndez.
“Teniendo en cuenta la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, y la política de Estado abiertamente minera y desconsiderada con las leyes ambientales, se hace necesario que UNESCO incluya a Canaima en la Lista de Sitios de Patrimonio Mundial en Peligro, como una acción política que empuje a las autoridades a actuar de forma decisiva y asertiva para lograr el cese de las operaciones mineras, ofreciendo alternativas económica y ecológicamente sostenibles a la población residente del parque nacional”, apuntó SOS Orinoco en una misiva publicada en junio pasado, cuando se cumplieron 58 años desde que Canaima fue catalogada como área natural protegida.
Para la consultora ambiental y presidenta encargada de la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, Isabel Novo, con la incorporación de Canaima a la Lista Roja “habría posibilidad, entre otras cosas, de recibir apoyo internacional para ayudar a buscar soluciones que permitan atender su situación actual”. Novo cree que ese es un paso esencial para estimular medidas deconservación en el ámbito de la Convención del Patrimonio Mundial, antes de que la situación se torne más grave y se pierda su condición de Sitio de Patrimonio Mundial.
“Idealmente, este reto debería contar con el respaldo de las instituciones encargadas de la administración y manejo del Parque Nacional Canaima, entre ellas el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES)”, acota la experta.
Novo explica que el ingreso a la alerta máxima sería reversible en un futuro porque el Comité del Patrimonio Mundial puede eliminar a Canaima de la Lista Roja “una vez que haya cumplido los criterios establecidos en el ‘Estado de Conservación Deseado para la Eliminación de la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro’ y se hayan restaurado sus valores naturales”.
Para Novo, es inconcebible que dentro del Parque Nacional Canaima se desarrolle la actividad minera y menos aún si esta área está protegida. “Muchos de los efectos de esta actividad son irreversibles y afectan tanto a la biodiversidad del parque como a sus habitantes. El gran potencial turístico de esta zona es una alternativa que ha sido evaluada como una fuente de ingresos importante en la región si se realiza de manera controlada, pero se está perdiendo con la minería”, insiste.
Alternativas para la minería
Minas Gran Sabana en el Parque Nacional Canaima. Pemon Estado de Bolivar, Venezuela. Foto: Charles Brewer.
En 2020, la minería continuó ganando espacio en Venezuela. No solo en el parque Canaima se multiplicaron los puntos de extracción sino que, de acuerdo con el estudio ‘Minando Derechos: tierras indígenas y minería en la Amazonía’ del World Resources Institute (WRI) y la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), en apenas un año, el área de cobertura vegetal afectada por la minería ilegal en la Amazonía venezolana pasó de 400 kilómetros cuadrados a 1200. A este espacio se suman, además, los casi 112 000 kilómetros cuadrados que ocupa el Arco Minero del Orinoco —zona de explotación minera legal—, que desde el año pasado incluyó la explotación de oro en seis de los ríos más caudalosos de la zona y ha afectado a poblaciones indígenas.
María Teresa Quispe, directora estratégica del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba, organización que participó en la investigación, sabe cuánto ha incidido esta actividad dentro de los territorios indígenas. El mismo documento determinó que la minería afecta el31 % de las tierras de las comunidades nativas de la región amazónica. Por eso, al momento de referir una solución al problema, alude de inmediato a la necesidad de crear alternativas económicas al extractivismo.
En una Venezuela que atraviesa por una emergencia humanitaria que ha expulsado al menos a cinco millones de personas, irse a trabajar en los yacimientos auríferos del sur de la nación —a merced de los grupos irregulares armados y las bandas criminales que controlan el acceso a las distintas minas— se ha convertido en una medida desesperada para ganar dinero. Miles de indígenas, en medio de la situación, se han visto obligados a convertirse en mineros para poder subsistir. Muchos de ellos, que vivían del turismo y trabajaban como guías o en restaurantes y posadas, se quedaron sin ningún sustento con la caída abrupta del número de viajeros que antes los visitaban.
Desde marzo se conoció que el gobierno pondría en funcionamiento una balsa minera en el río Caura, donde ya se practicaba minería ilegal. Foto: Fritz Sánchez.
“La minería de ninguna manera es ecológica, eso no hay forma de sostenerlo”, sentencia Quispe, oponiéndose al argumento con el que el gobierno de Nicolás Maduro ha querido justificar la creación del Arco Minero del Orinoco. De hecho, la cartera encargada del sector es el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, lo cual para Quispe es una contradicción.
“Yo creo que en Venezuela, que es un país petrolero, no se puede considerar que la minería es la única salida […] La generación de proyectos productivos endógenos que partan incluso de los conocimientos, producciones y riquezas tradicionales de los territorios indígenas es algo que se debe apoyar, explorar e impulsar. Este gobierno, o el que venga, debería contemplar esa posibilidad”, indica la directora de Wataniba. Para Quispe, la búsqueda de alternativas a la minería debe comenzar ya, a pesar de que Latinoamérica, en general, le apuesta al extractivismo.
Mongabay Latam buscó al Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico pero hasta el momento no se ha obtenido una declaración.
Se necesitan venezolanos que estudien el océano
A la bióloga Yurasi Briceño le preocupa cómo la crisis social y económica venezolana está influyendo en la pesca incidental y cacería directa del delfín costero. Foto: Yurasi Briceño.
El 2021 comienza con una celebración a la cual Venezuela no está invitada. Pese a tener 2700 kilómetros de costa, el país no tendrá ningún representante en las primeras actividades previstas para la conmemoración del Decenio de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible (2021-2030), un periodo proclamado por las Naciones Unidas para reunir a la comunidad científica, políticos, empresas y sociedad civil organizada de todo el mundo en torno a un marco común que garantice que las ciencias de los océanos puedan apoyar plenamente a los países en el logro del Objetivo del Desarrollo Sostenible 14: Vida marina.
El biólogo Eduardo Klein ve en el evento una oportunidad para estudiar los océanos y comprender qué sucede actualmente en ellos; reconocer y enfrentar sus cambios y, crear y aplicar una metodología global que ayude a preservarlos. Según dice, Venezuela se va a perder de esto y la ausencia del país se debe a la continua disminución de inversión que, año tras año, empeora en materia ambiental. Esta es una deuda que el gobierno tiene desde hace más de una década con investigadores, profesionales y expertos en monitoreo.
“Venezuela se tiene que subir a ese autobús que es la movida global. Se debe pensar en mantener la integración en proyectos globales y en que el país se incorpore a través de organizaciones vinculadas al ámbito marino”, alerta Klein, quien recuerda que el país siempre estaba a la vanguardia en la región en este tipo de eventos. Insiste en que, desde el Estado, se deben abrir las puertas para que los grupos ambientalistas no gubernamentales establezcan relaciones con sus pares en otras naciones. En otras palabras, se necesita que el Estado fomente esta integración, “pero cualquier propuesta se convierte en quimera si no hay dinero que la soporte”, destaca Klein.
Captura de tiburones y rayas (chucho pintado) en Los Roques. Foto: Rafael Tavares.
Entre los objetivos del Decenio está el de establecer una nueva generación de oceanógrafos y técnicos quienes, por medio de nuevas redes de investigación y sistemas de observación mejorados, instalaciones e infraestructura, ayudarán a los países a alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
“Con los sueldos miserables de investigadores y profesores, ¿cómo hacer para acercarte a uno de ellos y decirle que con este evento tiene la oportunidad de crecer y de tener prestigio con sus investigaciones si apenas les alcanza el dinero para comer y tienen que buscar otras alternativas para mantenerse?”, cuestiona Klein. Para él, es vital la reactivación de la Academia para evitar que, año tras año, los científicos deserten y se vayan del país o se dediquen a oficios más lucrativos. Klein está convencido que esta es una necesidad urgente que el Estado debe atender en el 2021.
Mongabay Latam pidió información sobre los apoyos estatales en este tema, pero hasta el momento de publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta por parte del Ministerio de Ecosocialismo.
