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Migración venezolana en Perú hace que importaciones de harina de maíz suban 345%

LAS IMPORTACIONES DE HARINA DE MAÍZ A PERÚ SUBIERON 345% en el primer semestre de 2019 en comparación con el año anterior debido a la presencia de migrantes venezolanos, que usan el producto como insumo para fabricar arepas.

De acuerdo con cifras oficiales de aduanas, las importaciones de harina de maíz alcanzaron las 6.295 toneladas entre enero y julio de 2019 por un total valorizado en 7,2 millones de dólares, indicó el viernes Ricardo Espejo, el coordinador de inteligencia comercial del Centro de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima.

En el mismo periodo de 2018 sólo se alcanzó importaciones de harina de maíz por 1,6 millones de dólares, indicó.

Los venezolanos “han traído consigo parte de su cultura. Esto se ve reflejado en la elaboración de platillos como las arepas, que precisamente demandan el uso harina de maíz, y que a su vez son un símbolo de identidad, cultura y tradición venezolana”, explicó el experto al diario local El Comercio.

En Lima y las principales ciudades del país, los migrantes venden las arepas en las calles, también café y otros productos que consumen sus compatriotas.

Según cifras oficiales, en Perú viven 859.000 venezolanos. Perú es el segundo país de acogida para los venezolanos después de Colombia. La mayoría de harina de maíz llega de Colombia, seguida de Estados Unidos, México y Costa Rica.

La crisis de Venezuela se prolonga sin visos de solución y grandes cantidades de venezolanos deciden irse. La ONU calcula que en estos momentos hay unos 4 millones de venezolanos viviendo en el exterior, una cuarta parte de los cuales se fueron desde noviembre. La Organización de Estados Americanos cree que para 2020 esa cifra podría llegar a 7,5 millones.

Migración forzada e inseguridad alimentaria hacen más vulnerables a los venezolanos ante la trata de personas
Venezuela es el país del continente americano con mayor cantidad de casos de esclavitud moderna (al menos 174 mil), de acuerdo con el Global Slavery Index de la Fundación Walk Free. Esta semana, el 30 de julio, se celebró el Día Mundial contra la Trata de personas

Lorena Meléndez G. @loremelendez

 

EN MAYO DE 2018, TIANY PIÑEROS cruzaba el Puente Simón Bolívar de San Antonio del Táchira, en la frontera con Colombia, con su hija de 9 meses en brazos y rodeada de maletas. Su viaje había comenzado desde Punto Fijo, en Falcón, donde estudió Educación Física hasta que la crisis se lo impidió. Ese mes emigraba a Lima, Perú, donde la esperaba su esposo. Ella y él, quien se había ido seis meses antes, se fueron sin tener pasaportes venezolanos porque aunque ambos los solicitaron y cumplieron todos los trámites para obtenerlos, varios meses después no los tenían en sus manos. 

Mientras esperaban sus documentos, Tiany y su marido vieron cómo todo se encarecía. Eran los primeros meses de la hiperinflación y solo entre enero y mayo de 2018, los costos se multiplicaron alrededor de 400%, de acuerdo con datos de Econométrica. Los pocos ahorros que tenían para viajar comenzaban a esfumarse de sus manos. En medio de la desesperación, decidieron que era momento de partir. En distintas épocas, la pareja cruzó la línea entre Táchira el Norte de Santander con un carnet fronterizo que expide Migración Colombia pero que ambos habían comprado falsificado a un tercero.

La decisión que tomó Tiany la han tomado millones de venezolanos que hoy están fuera de su país sin papeles, sin identidad. Esa condición es, de acuerdo con especialistas consultados, una de las causas de que la población del país sea cada vez más vulnerable ante la trata de personas.

El pasado 30 de julio se celebró el Día Mundial contra este flagelo y la huida de los venezolanos continúa. Este es el país del continente americano con mayor cantidad de casos de esclavitud moderna (al menos 174 mil, es decir, 5,58 de cada 1.000 habitantes), de acuerdo con el Global Slavery Index de la Fundación Walk Free. En el mundo, Venezuela ocupa el puesto 61 de 167 países registrados. Ya el año pasado, la Asociación Civil Paz Activa advertía que entre 2014 y 2018, la incidencia de este delito había aumentado en 300%.

Una de las expertas que advierte el fenómeno es Cécile Blouin, investigadora principal del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se desarrolló un estudio sobre la situación de los venezolanos en Lima, el cual reveló que al menos 52% de los migrantes que están en la capital peruana habían llegado solo con su cédula de identidad nacional, tal como lo hicieron Tiany y su pareja. 

De igual manera, a esos indocumentados se les ha hecho cuesta arriba legalizar su situación en su nuevo país. El permiso temporal de permanencia que les permitía trabajar por un año dejó de emitirse en octubre pasado. Y desde el 15 de junio de este año, el gobierno peruano exige la expedición de una visa a los venezolanos que quieran ingresar a la nación, sea en calidad de turistas o con miras a una residencia permanente.

“El acceso a un trabajo formal se ve dificultado por la documentación”, señaló Blouin en un seminario digital presentado por la plataforma online Freedom Collaborative, que une a organizaciones que trabajan contra el tráfico humano alrededor del mundo. A eso, comentó la experta, había que agregar que las condiciones de informalidad del mercado laboral peruano exponían todavía más a la trata de personas a quienes no tenían papeles.

De acuerdo con el Protocolo de Palermo (documento de las Naciones Unidas para prevenir, sancionar y reprimir este flagelo) la trata de personas se define como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”. 

En Venezuela, la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) –como se define a las situaciones que combinan factores que van desde conflictos armados de naturaleza civil, desplazamiento de la población, escasez de alimentos, proliferación de enfermedades, desmoronamiento de la economía informal y hasta el debilitamiento y la pérdida de las instituciones – ha empujado a cientos de miles a tomar sus maletas y huir. Según estimaciones de la ONU, a finales de 2019 más de cinco millones de venezolanos habrán migrado en medio de este escenario. 

“La incidencia de trata aumenta en contextos de movilidad humana”, afirmó la oficial del Programa de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para Suramérica, Agueda Marín, en un foro organizado por la Asociación Civil Éxodo Venezuela en mayo pasado en Caracas. Fue allí donde explicó que la pérdida de la protección que ofrece el seno familiar, la precariedad de las condiciones en las que se hace el viaje y el hacinamiento en los hospedajes que están en la ruta o en la ciudad destino, así como las ofertas de trabajo ilegal, exponen todavía más a los migrantes. 

La crisis de movilidad humana en América Latina también es mencionada por el Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud Moderna en Venezuela (GTEMV) al hablar sobre las principales alertas relacionadas la trata de personas en el contexto de la EHC que atraviesa el país.  “La migración forzada es una de las principales causas de aumento de los factores de riesgo y sobreexposición de la población venezolana a la trata de personas y a muchas de las prácticas neo-esclavistas, tanto en Venezuela como en los países de tránsito y destino”, indicó la organización en un documento presentado en rueda de prensa el pasado 29 de julio.

 

Los más vulnerables

Beatriz Luna, abogada colombiana y consultora independiente en temas de migración, explicó que a su país han llegado tres oleadas de migrantes venezolanos: la primera, conformada por inversionistas y empresarios que se fueron a instalar allá sus compañías y operaciones; la segunda, con profesionales que llegaron en la búsqueda de trabajo; y una tercera, en los últimos dos años, que llega en “extrema vulnerabilidad”. 

“Es una migración más amplia que las demás, con personas que llegan en condiciones socioeconómicas difíciles, que buscan medicinas o alimentos. Hay algunos que están un par de días y regresan”, comentó. Tales condiciones exponen todavía más a los venezolanos que se van.

“La inseguridad alimentaria subyace y potencia todas las formas de explotación”, subraya el Grupo de Trabajo, que sostiene que cuando la población padece necesidades extremas se hacen más frecuentes las prácticas de sobrevivencia. “El intercambio de sexo por comida es un ejemplo de esas situaciones que constituyen explotación y aumentan los riesgos de trata de personas”, concluye el documento.

Delisbeth Villalobos, abogada en Venezuela de HIAS –organización sin fines de lucro que brinda asistencia a refugiados– alertó en el seminario web de Freedom Collaborative que en ese desplazamiento también hay niños y adolescentes sin padres ni representantes que buscan alimentos en Colombia y van a los comedores fronterizos. Esa vida en la frontera hace que sean más susceptibles a ser reclutados para traficar combustible y comida entre ambos países, o captados por grupos al margen de la ley que controlan la zona, así como para la explotación laboral y sexual. 

“El ejercicio obligado de la mendicidad es otra situación preocupante que se ha naturalizado por la gran cantidad de personas de todas las edades que mendigan para subsistir”, sentencia el Grupo de Trabajo. “Frente a tales situaciones resaltan las debilidades del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes”, añade. 

Las mujeres son las más vulnerables ante las redes de trata de personas. De acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz que datan de 2018, 68% de las víctimas de este delito en el país son del sexo femenino. En el mundo, según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, este porcentaje llega a 72%.

“Solo por el hecho de ser mujer hay que migrar con documentación, maletas y desigualdades”, enfatizó Dorennys Angulo, directora de Éxodo, en el encuentro de Freedom Collaborative, y detalló que la etapa del tránsito hacia otros países suele asociarse con riesgos a abusos y violencia sexual y extorsión (así ocurre el sexo transaccional o de supervivencia), sobre todo si viajan solas y carecen de redes de contactos o familiares que puedan auxiliarlas.

“Para las mujeres hay distintos problemas para el acceso al trabajo y el desarrollo del mismo, porque sufren acoso desde la búsqueda hasta el desarrollo del trabajo. Eso las expone a explotación laboral y abuso sexual”, recalcó Cecile Blouin. El trabajo sexual, acotó, se convirtió para algunas venezolanas en opción de sobrevivencia en Lima. 

Los miembros de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales) y la población indígena también están en situación de vulnerabilidad, según las alertas enunciadas por el Grupo de Trabajo. Las redes de trata suelen captar a mujeres trans a través de ofertas de pago de tratamientos médicos que les permitan hacer su proceso de transición sexual o ponerse implantes. Otras se ven obligadas a migrar y ejercer la prostitución. 

Mientras, los riesgos que corren los indígenas, y en particular las mujeres de estas etnias, están asociados a la obtención de documentos de identidad, así como al “aumento de actores armados no estatales y caos originado por la minería ilegal” en sus territorios originarios, apunta el comunicado.

 

Migrar desinformado

Los especialistas coinciden en que la desinformación es uno de los obstáculos que enfrentan los migrantes al momento de salir del país y esto, a su vez, es un riesgo ante la trata. 

“Los que se van toman decisiones desesperadas, no evalúan los riesgos de viajar solos y sin documentos y se dejan llevar por información ‘de boca a boca’ de quienes han logrado llegar a un segundo o tercer destino (…) La población está de espaldas a la información por falta de acceso, pero también por la necesidad que tienen de acceder a servicios y bienes de consumo. Eso hace que la seguridad sea el factor que menos observen al migrar”, señaló Villalobos.

Blouin destacó que también hay dificultades para visibilizar el delito por la falta de acceso a información pública en Venezuela. Aunque una cifra extraoficial citada por la especialista destaca que entre enero y febrero de 2019 se identificó a 59 víctimas de trata, número que representa a 57% los casos registrados en 2018 (102 en total), se desconoce cuál es la respuesta del Estado venezolano ante los afectados y cuáles son las políticas de prevención aplicadas.

Sobre esa necesidad de información también se refiere el Grupo de Trabajo, que insiste en que se debe optimizar el registro oficial de las víctimas del delito, así como su acceso a la justicia, además de exigir la publicación de las estadísticas para que se conozcan las dimensiones del problema. Piden igualmente que se incluyan las perspectivas de género en el diseño y aplicación de políticas públicas, así como el fortalecimiento del sistema que protege a niños y adolescentes. 

Para el conglomerado, es clave la “creación de fiscalías especializadas que optimicen los procedimientos de justicia penal para desarrollar, investigar, enjuiciar y sancionar con efectividad a los responsables de la comisión de este tipo de delitos”.

Japón donó 3,6 millones de dólares para atender la migración venezolana en Brasil

ESTE JUEVES 6 DE JUNIO, el Gobierno de Japón oficializó la entrega de una donación de 3,6 millones de dólares, dirigidos a atender el éxodo de venezolanos que han llegado a Brasil huyendo de la crisis.

La información la dieron a conocer fuentes oficiales, quienes explicaron que el acuerdo para formalizar esta donación fue firmado en Brasilia y contó con la presencia del personal de la embajada de Japón y representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La ONU será la organización internacional encargada de recibir la ayuda y hacerla llegar a los migrantes venezolanos, distribuyéndolos entre las agencias de ese organismo.

Serán el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Organización Internacional para Migraciones (OIM), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), los organismos que recibirán los fondos.

Estas agencias tienen participación directa en la “Operación Acogida”, una iniciativa del Gobierno de Brasil implementadas desde hace más de un año y que tiene como intención brindar apoyo a los miles de venezolanos que llegan diariamente a ese país, huyendo de la emergencia humanitaria compleja en la que está sumida Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.

De acuerdo a lo dicho por la Acnur, el dinero donado por el gobierno japonés, estará destinado a fortalecer el apoyo de las agencias de las Naciones Unidas a la respuesta dada por Brasil, en la “acogida, la asistencia y la protección” de los venezolanos.

La donación se destinará sobre todo en áreas destinadas a la identificación y documentación de los migrantes venezolanos y para reforzar los servicios en materia de ayuda psicológica, social y sanitaria, así como en la implementación de iniciativas que garanticen la debida protección a los niños que llegan con sus padres.

Representante especial de Acnur: América Latina no será igual tras migración venezolana

EL REPRESENTANTE ESPECIAL DE ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones para Venezuela, Eduardo Stein, aseveró que la región “no estaba preparada” para una crisis migratoria de estas dimensiones, que estima podría durar dos años más.

Stein presentó junto al canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, el estado del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela para 2019, así como los avances y desafíos para atender las necesidades de esta población, como el acceso a alimentos, atención médica, protección y acceso a educación, además de la integración socioeconómica y los esfuerzos realizados en materia de fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales.

El representante de Acnur destacó que la crisis migratoria de venezolanos es “de carácter regional” y que “América Latina no volverá a ser la misma cuando esta termine”.

Insistió que la población venezolana que cruza por la frontera está alrededor de 5.000 personas diarias y si este flujo se mantiene a finales del año, se superarán los 5 millones de personas, por lo que volvió a pedir una cooperación internacional mayor a la que se ha estado recibiendo.

La crisis está lejos de amainar y siendo una situación inédita para América Latina, su profundidad e impacto en los países de recibo tiene una serie de demandas sobre los gobiernos de países receptores que muy difícilmente han podido ser enfrentadas”.

Una de las causas de la “monumental” crisis humanitaria es la reducción de la frontera entre refugio, explicó el representante de Acnur y la OIM. “La mayor parte de las personas que salen de Venezuela no están pidiendo el estatus de refugio pero sí entran en una categoría de migración forzada por diferentes causas”.

Destacó que Colombia es el país más afectado por la migración venezolana y “necesita prepararse institucionalmente (en factor humano y financiero) unos dos años más, suponiendo que la solución política que conjurara la solución migratoria se diera mañana, no vemos una solución a corto plazo”.

Por su parte el canciller, Carlos Holmes Trujillo, insistió en que es necesario un cambio político en Venezuela para lograr resultados.

“Colombia seguirá actuando con sentido humanitario, con sentido de solidaridad, con sentimiento de gratitud histórica y vamos a continuar solicitando una mayor movilización de recursos solidarios, entendiendo que dichos recursos deben allegarse para atender a las comunidades de acogida de migrantes venezolanos y los colombianos que retornan a su país”, dijo el canciller.

Duque evalúa aplicar 50 medidas para mitigar efectos de migración venezolana en la frontera

EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, IVÁN DUQUE, evalúa la aplicación de 50 medidas para mitigar los efectos de la migración venezolana en la zona fronteriza de este país.

Para ello, Duque se reunió con los gobernantes y alcaldes fronterizos este domingo, 14 de abril. En el encuentro también evaluaron las consecuencias del cierre de la frontera colombo venezolana.

Adelantó que entre las medidas que se aplicarán está la de dar apoyo a las empresas que ayuden en la generación de empleos en la zona fronteriza. “Las empresas nuevas no pagarían impuestos durante los cinco primeros años”, detalló.

Más información en El Pitazo.

Trinidad y Tobago abrirá registro para que venezolanos trabajen legalmente

 

EL MINISTRO DE SEGURIDAD NACIONAL DE TRINIDAD Y TOBAGO, Stewart Young, anunció que comenzará el proceso de inscripción de los venezolanos que permanecen en ese país con el objetivo de sean registrados legalmente y puedan trabajar por un periodo de un año.

Young señaló en declaraciones a la prensa local que el proceso de registro comenzará tan pronto como sea recibida la aprobación por parte del jefe del Ejecutivo.

“Este proceso de registro es para obtener los datos correctos de la cifra de venezolanos que residen legal e ilegalmente en Trinidad y Tobago”, matizó el funcionario.

“En este momento se escuchan todo tipo de cifras irresponsables, así que por primera vez obtendremos los datos ciertos”, dijo Young.

El funcionario adelantó que el proceso incluye el diseño de tarjetas de identificación, que serán diferentes de que portan los nacionales de Trinidad y Tobago.

La Comisión de Elecciones y Límites (EBC, por sus siglas en inglés) de Trinidad y Tobago rechazó por su parte que trabaje en la creación de un registro paralelo de venezolanos.

A principios de esta semana, la líder de la oposición, Kamla Persad, se opuso a que la EBC juegue algún papel en el registro de refugiados.

La EBC dio a conocer que informó a la oposición de que solo puede actuar de acuerdo con la Ley de Representación de las Personas y que no tiene autoridad ni poder para registrar a nadie que no reúna los requisitos para ser elector.

Muchos venezolanos han traspasado las fronteras de Trinidad y Tobago de forma irregular durante los últimos meses huyendo de la inestabilidad de su país.

La crisis social y política que vive Venezuela se ha agravado desde que en enero pasado el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó mandatario interino de ese país, y después de que Nicolás Maduro impidiera por la fuerza el fin de semana pasado la entrada desde Colombia y Brasil de ayuda humanitaria internacional que la oposición pretendía llevar a ese país.

Panamá retiene a 174 venezolanos por irregularidades de estatus migratorio

UN TOTAL DE 481 EXTRANJEROS, en su mayoría colombianos y venezolanos, fueron retenidos entre enero y noviembre pasados por los agentes de Migración de Panamá por diversas faltas legales relacionas con su estatus migratorio, informó este miércoles una fuente oficial.

El 37 % de los retenidos son hombres y 63 % mujeres, y lo fueron por haber incurrido principalmente en irregularidades como trabajar sin el permiso correspondiente (116), tener la estadía vencida (105) o contar con antecedentes penales (71).

La mayoría de los retenidos son ciudadanos colombianos (181), seguidos de venezolanos (174), dominicanos (49), nicaragüenses (38), filipinos (12) y otros países (27).

Además de las retenciones se ha dado la verificación de 3.944 personas en diversos operativos realizados por los agentes de migración a nivel nacional, señaló el Servicio de Migración de Panamá.

Duque desestima cerrar la frontera para no empeorar situación de migrantes

 

 

EL PRESIDENTE COLOMBIANO IVÁN DUQUE desestimó la posibilidad de cerrar las fronteras con Venezuela, como se ha planteado desde algunos sectores, y dijo que de hacerlo empeoraría la situación de los migrantes.

“No podemos dejarnos llevar por esos sentimientos que algunos están empezando a plantear que cierren la frontera. Como si con el cierre de la frontera dejara de ocurrir la migración”, dijo el jefe de Estado en una reunión con gobernadores departamentales realizada en Yopal, capital del Casanare.

Duque recordó que en una reunión anterior con los gobernadores habló del problema de la migración y de las acciones urgentes que debían adoptarse.

Según los datos de Naciones Unidas, más de 3 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2014 a causa de la crisis socioeconómica que atraviesa la nación.

Esos desplazamientos han tenido por destino principal a Colombia, que actualmente acoge más de un millón 200 mil ciudadanos venezolanos, según las últimas cifras migratorias.

Duque explicó que el Gobierno de Colombia no solamente elevó la discusión a nivel internacional para darle visibilidad el problema y lanzó los fondos multidonantes, sino que también puso en marcha un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) que permite hacer un trabajo integrado entre todas las agencias del Estado para enfrentar esa situación.

“Lo que ocurre, si se cierran las fronteras, es que la migración es desordenada, no tiene caracterización y representa una amenaza. Pero si se adelanta responsablemente, con la debida caracterización, con programas como el Rutec (Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia), que fueron lanzados en estos cuatro meses, podremos tener un mejor manejo”, sostuvo.

Según Duque, el problema de la migración puede convertirse “en una gran oportunidad, como lo han tenido otros países, apostando también a que cuando venga la reconstrucción de Venezuela, ahí esté presente Colombia” y eso se convierta también en un gran impulsor de desarrollo.

La relación entre Colombia y Venezuela, que comparten una extensa frontera, ha pasado por altibajos en los últimos años y se ha vuelto especialmente agria por cuenta de los ataques verbales del mandatario Nicolás Maduro hacia su colega colombiano Duque y su antecesor, Juan Manuel Santos.

Este mismo lunes, Maduro acusó a Duque de dirigir planes militares contra la llamada revolución bolivariana, por lo que pidió a la Fuerza Armada de su país prepararse para defender y atacar.