NYT: Gobierno de Trump revocará protección contra deportaciones para 300.000 venezolanos
El TPS permite a más de 600.000 venezolanos trabajar y residir en EEUU. Su revocación los pone en riesgo

Este domingo 2 de febrero, el diario estadounidense The New York Times (NYT) informó que el Gobierno de Donald Trump revocará el Estatuto de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), una medida de protección contra las deportaciones, para unos 300.000 venezolanos que se encuentran en Estados Unidos (EEUU).
El TPS es una ayuda que otorga el gobierno estadounidense a los ciudadanos que emigran a EEUU desde un determinado país del que han tenido que salir por desastres naturales o conflictos armados. El Estatuto les permite vivir y trabajar legalmente hasta la fecha que el país norteamericano considere que su regreso es seguro.
Para los venezolanos, el TPS, que permite a más de 600.000 personas trabajar y residir legalmente en dicha nación, vence el próximo 10 de septiembre de este año.
El medio cita una orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que aún no se ha hecho pública, la cual indica que los venezolanos que recibieron el TPS en 2023 serán despojados del permiso en un plazo de 60 días, después de que el gobierno haga público el documento.
El pasado jueves, el Gobierno de Trump revocó una extensión del TPS hasta octubre de 2026 que fue aprobada al final del mandato de Joe Biden. De acuerdo con el Times, un grupo de 250.000 venezolanos bajo las protecciones del TPS hasta septiembre no se verán afectados por esta revocación que está pendiente de oficializarse.
Acuerdo con Venezuela
La noticia ocurre tras la reunión del asesor para misiones especiales de EEUU, Richard Grenell, y Nicolás Maduro este viernes 31 de enero, donde Venezuela aceptó recibir a los ciudadanos que sean deportados y a encargarse del transporte.
El Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) cuestionó las nuevas políticas migratorias de Trump y recordó la obligación del principio de no devolución cuando una persona corre riesgo, como lo establece la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951).
La ONG también hizo mención de una serie de riesgos a los que estarían siendo sometidos los deportados en este contexto, como el peligro de sus vidas e integridad al ”exponerlas a persecución, violencia o condiciones inhumanas”, a vulnerar sus dignidades como personas y revictimizarlas ”al negarles el refugio que necesitan y aumentar su vulnerabilidad”.
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