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Masacres

Infografía | Las masacres que manchan el rostro de la democracia en Venezuela
El pasado 15 de enero ocurrió una matanza en El Junquito. Óscar Pérez y seis de sus aliados cayeron, por disparos en la cabeza, a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Las víctimas se suman a las casi 700 personas que han muerto en procedimientos policiales y militares, y en condiciones similares, durante el gobierno de Nicolás Maduro

 

@loremelendez

A LO LARGO DE LAS ÚLTIMAS SIETE DÉCADAS, la historia de Venezuela ha sido salpicada por hechos de sangre que fueron perpetrados con la anuencia del Estado. A partir de 1958, cuando el país superó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, estos ataques masivos de funcionarios – que suelen triplicar en número a sus víctimas – dejaron de ser frecuentes. Sin embargo, desde la década de los 80 empezó a observarse cómo los gobiernos de turno, o los uniformados bajo su mando, los pusieron en práctica. Las masacres – matanzas en las que mueren al menos tres personas que, por lo general, están indefensas ante sus victimarios – despuntaron así en medio de la democracia.

La mayor cantidad de masacres se ha ejecutado en el último lustro. En menos de cinco años en Miraflores, Nicolás Maduro y los policías y militares que le obedecen han estado al frente de al menos 49 de estos procedimientos. Solo en el marco de las Operaciones de Liberación del Pueblo, entre 2015 y 2017, se llevaron a cabo 44 matanzas. A estos sucesos se suman la tragedia de Tumeremo, donde participaron uniformados como aliados de la banda criminal que ejecutó a 17 mineros; la persecución y asesinato de 9 pescadores de Cariaco; los ataques a las cárceles de Uribana y al retén de Amazonas, que dejaron 61 y 39 reos muertos, respectivamente; y más recientemente la masacre de El Junquito, que acabó con la vida del piloto rebelde Óscar Pérez y seis de sus compañeros. En total, 693 personas han caído en estos hechos.

Aunque ningún gobierno había alcanzado estos números, estos procedimientos, plagados de irregularidades, también fueron noticia en la era democrática. El primero se registró en 1982, cuando seis cuerpos de seguridad rodearon a 41 rebeldes marxistas en Cantaura, estado Anzoátegui, y mataron a 23 de ellos.

Después de Cantaura hubo nuevas operaciones policiales y militares que registraron un alto número de víctimas civiles. Así sucedió en poblaciones rurales como Yumare y El Amparo, y también en la capital venezolana, donde se produjo la mayor cantidad de muertes de El Caracazo – que es por cierto la única de estas masacres que no fue planificada, sino que sucedió como una reacción ante los disturbios y protestas –y donde también ocurrió la masacre del Retén de Catia, en 1992, el mismo día en el que hubo una segunda intentona golpista contra Carlos Andrés Pérez durante un mismo año. En total, 489 personas cayeron en estos sucesos. La mayoría de ellos lo hicieron en El Caracazo.

Con el arribo de Hugo Chávez al poder, las matanzas que contaron con la actuación de funcionarios de seguridad del Estado no cesaron y 26 personas fueron víctimas de estos operativos. En sus 14 años de gobierno, los uniformados intervinieron en al menos cinco hechos de esta naturaleza: dos se ejecutaron en zonas populares de Caracas (Barrios Kennedy y El 70), una se escenificó en la cárcel de (Vista Hermosa, estado Bolívar) y otra en una zona rural (La Paragua, estado Bolívar). Runrun.es presenta un recuento de estas masacres que ponen en vilo el papel del Estado frente a la defensa de los derechos humanos.

#MonitorDeVíctimas | Gobierno aprovecha días de protestas para hacer OLP y ejecutar ciudadanos en los barrios
El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz realizó en el mes de mayo tres OLP en zonas populares de Caracas, mientras se desarrollaban protestas de oposición. Una revisión periodística realizada por Monitor de Víctimas -un proyecto de recolección de data para caracterizar los homicidios que ocurren en el Distrito Capital-, identificó a 16 personas presuntamente ejecutadas durante estos procedimientos

 

@nmatamoros | Fotos cortesía El Nacional

MIENTRAS LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA (GNB) reprimía en el este de Caracas las manifestaciones contra el Gobierno, en la parte alta de la Cota 905 las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) realizaban una Operación de Liberación del Pueblo (OLP).

La orden era directa y clara: Había que evitar que el barrio bajara a protestar. Ese día la incursión policial dejó cinco muertos en lo que las autoridades describieron como un enfrentamiento, y los vecinos calificaron de ajusticiamiento. Monitor de Víctimas registró estas matanzas y entrevistó a familiares de víctimas y testigos para mostrar el otro lado de la OLP.

Monitor de Víctimas es un proyecto desarrollado por Caracas Mi Convive y Runrun.es para registrar y caracterizar los homicidios que ocurren en el Distrito Capital. Combina periodismo de datos, periodismo de investigación y participación ciudadana. Durante el primer mes de procesamiento de información, el equipo integrado por reporteros de distintos medios digitales e impresos, registró 151 homicidios ocurridos en mayo en los cinco municipio de la Gran Caracas. Identificó que se realizaron tres OLP con 16 personas muertas en circunstancias que se alejan del respeto a los Derechos Humanos. 

Uno de los casos ocurrió el 8 de mayo. A la 1:30 pm un batallón de funcionarios del FAES, vestidos de negro y con capuchas, tomó más de 10 sectores de La Cota 905, entre las parroquias Santa Rosalía y El Paraíso del municipio Libertador. Una vecina que a esa hora bajaba con sus dos hijas y una bandera para participar en la movilización opositora tuvo que devolverse. Un funcionario la apuntó con un fusil y le preguntó: “¿A dónde crees que vas tú?”. La mujer temblorosa, no supo qué responder y el agente la empujó y le dijo: “Camina que vamos para tu casa”.

Al llegar a la vivienda en el sector El Naranjal, le rompió su tricolor y entró a las habitaciones. Sacó gavetas y desordenó los closets. Dejó una estela de ropa en el piso y los portarretratos familiares los destruyó. Había trozos de vidrio por doquier.

Cuando terminó la revisión, el funcionario la haló por un brazo y le preguntó: “¿Qué sabes del Coqui?”. Ella le contestó que no lo había visto, que no tenía trato con él. Antes de irse, el policía se llevó unos relojes y el dinero que la mujer tenía guardado en su dormitorio. Ese día nadie pudo salir del barrio. Hubo un toque de queda. La vecina, quien prefirió mantenerse en el anonimato, afirma que el Gobierno pretende evitar que los barrios salgan a participar en las manifestaciones.

“Ellos no quieren que pase lo que ocurrió en La Vega. Allá la gente dejó el miedo de lado. Salieron de sus casas y expresar su malestar porque no hay comida. Aquí usaron como excusa la activación de un operativo para buscar al Coqui para mantener a la gente presa”, aseguró.

 

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Excesos, robos y violaciones de derechos humanos

Según la información recabada por el equipo del Monitor de Víctimas ese día la OLP mató a cinco ciudadanos: José Alberto Jaspe, de 19 años de edad, Carlos Tovar,  Yeiker Castro González, de 26 años, Keivel Enrique Pineda y un hombre, conocido como Gustavito. La policía y el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol aseguraron que eran miembros de la banda del Coqui, pero en el barrio la versión era otra.

Zoraida (nombre cambiado), madre de José Alberto Jaspe, relató que su hijo vendía tetas de azúcar y café, así como masa de arepas a los buhoneros del bulevar del Cementerio. A las 3:00 pm salió con su amigo Carlos Tovar que lo había visitado. Solían reunirse para compartir en sus ratos de ocio. Al escuchar el sonido de la puerta, la mujer se puso tensa. Pidió a Dios que le cuidara a su hijo porque había policías por todos lados. A los pocos minutos, la mujer salió a casa de su hermana a buscar cloro para una ropa que estaba lavando. Escuchó varias detonaciones y sintió el sonido de las botas de los encapuchados, vestidos de negro, que se desplazaban con velocidad de un lado a otro.        

“No pude salir de allí, me refugié por unas horas en esas cuatro paredes. La situación se estaba poniendo más tensa y veíamos el celaje de los policías. Se escuchaban ráfagas de tiros. Las calles estaban desiertas, se escuchaban gritos de dolor, había mujeres que gritaban: ‘no le hagan daño, déjenlo tranquilo’, otras suplicaban que no las agredieran. En ese momento llegó mi cuñada con una crisis de nervios, me dijo que una familia había sido secuestrada en el sector La Chivera. Tuve un presentimiento. Algo me decía que mi hijo estaba ahí y bajé. Pero los policías no me dejaron pasar, les supliqué que solo quería saber si él estaba ahí y me echaron a un lado”, narró Zoraida.

A las 5:30 pm José Alberto Jaspe se había comunicado con su tío para pedirle que por favor lo sacara de esa zona, que los policías lo tenían rodeado. Hizo tres llamadas al celular de su madre, pero no pudo comunicarse. Ella volvió al sitio, pero de nuevo no la dejaron pasar. Los hombres con sus escudos la distanciaron. Las detonaciones no cesaban.  

Por la barriada corrió el rumor de que un grupo de delincuentes al intentar evadirse de las fuerzas de seguridad entró a la vivienda y sometió a una familia. La madre de Jaspe presume que al ver a los agentes su hijo y su amigo corrieron a refugiarse y los masacraron.

Pasadas las 9:00 pm la familia que un grupo de delincuentes mantuvo secuestrada fue liberada. Varios cuerpos ensangrentados envueltos en sábanas fueron bajados de la comunidad por los funcionarios encapuchados. Entre ellos, se encontraban los cadáveres de José Alberto Jaspe y de su amigo Carlos Tovar.

Los trasladaron al hospital Pérez Carreño. Jaspe tenía un tiro en un ojo, mientras que Tovar tenía tres disparos en el tórax. Este último laboraba en el depósito de una tienda. No les decomisaron armas, ni droga. El hijo de la mujer solo tenía en los bolsillos un yesquero y los paqueticos de azúcar y café que vendía.

En la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la avenida Urdaneta, uno de los detectives se le acercó a Zoraida que estaba inconsolable y le dijo: “Tu hijo no tenía antecedentes. Esos agentes se lacrearon con él”.

Ella piensa acudir a la Fiscalía a solicitar una investigación al menos para limpiar el nombre de su hijo. “Él no era un delincuente como lo cacareó en rueda de prensa el ministro Reverol. Es muy fácil matar y decir que son criminales, sin indagar, amparados por la impunidad”, expresó.

Los vecinos de la Cota 905 ya han perdido la cuenta de la cantidad de procedimientos que se han desplegado en la zona desde julio del año 2015, cuando hubo la primera OLP justamente en esa zona.

“Los policías en lugar de brindar protección y confianza, siembran pánico, rabia e impotencia. Aquí le tememos más a los uniformados que a los malandros”, manifestó una residente del sector, mientras recordaba que el año pasado en una de esas tantas intervenciones policiales un funcionario amenazó a su sobrino con matarlo y cuando ella intentó impedir que lo hiciera, el funcionario la esposó, la haló por el cabello y la subió a un cerro en plena lluvia. Allí la retuvo por más de media hora. “Me dijo de puta para abajo, cualquier cantidad de groserías. No respetaron mi condición de mujer”.

Ahora los operativos los compaginan con las manifestaciones de calle. Antes de la OLP del 8 de mayo, se hicieron otros procedimientos en la zona que coincidían con las protestas de gran convocatoria, como la del 19 de Abril. “En aquella oportunidad no se pudo salir hasta el día siguiente. Es una represión por partida doble. Las fuerzas de seguridad te tienden un cerco en el centro y en el este de la ciudad y de forma paralela en el barrio”, dijo la mujer que pidió no revelar su nombre por seguridad.

Hasta ahora los procedimientos policiales en las comunidades no han reducido la violencia, por el contrario han contribuido a incrementar el odio entre funcionarios policiales y la comunidad. El informe del Ministerio Público de 2016 registró 4.667 muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, lo que representa el 22% del total de homicidios ocurridos en el país.

De acuerdo con la ONG Provea, el 86% de las muertes que involucran los cuerpos policiales y militares son ajusticiamientos e incurren en atropellos contra los allegados durante los allanamientos. En 2015, se reportaron 1.396 casos de ejecuciones extrajudiciales. Cofavic indicó que el 81% de las víctimas fueron menores de 25 años y 99% de los involucrados eran hombres.

Durante el mes de mayo del año en curso, Monitor de Víctimas contabilizó tres masacres durante OLP realizadas por la PNB y sus cuerpos de élite. Las incursiones policiales dejaron 16 víctimas. Algunos, según sus parientes no estaban involucrados en hechos delictivos, mientras que otros fueron ejecutados, pese a que se rindieron.

 

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La masacre de Artigas 

Tres días después de la intervención policial de la Cota 905, la OLP llegó al Barrio Unión de Artigas, una zona que según los vecinos, carece de grupos delictivos poderosos. “Aquí no hay bandas con estructuras organizativas como las existentes en las zonas de paz y eso explica la razón de que esa comunidad permaneció exenta de operativos”.

Los relatan que no habían visto tantos policías como la tarde del 11 de mayo. Unos decían “era un Ejército de hombres como el que se ve en películas de guerra”. En paralelo a esa intervención, personas de la tercera edad se concentraron en la Plaza Brión de Chacaíto para ir a la Defensoría del Pueblo, en una protesta convocada por la MUD.

A esa convocatoria asistiría Tomás Capote, un habitante de Artigas, que tiene 66 años de edad y es pensionado del Seguro Social. Dijo que quiso salir a luchar por el futuro de su nieto de 17 años y a reclamar a viva voz por la falta de medicinas para tratar la diabetes que padece.

Su objetivo quedó en buena intención porque la policía no lo dejó bajar. El grupo de hombres con las caras cubiertas tomó temprano la zona. No había paso. Los que querían entrar al barrio, tuvieron que esperar que el procedimiento terminara pasadas las 11:00 pm o irse a casa de familiares y amigos en otras zonas.

Los funcionarios iban en búsqueda de una supuesta banda, denominada “Los Picoteros”, una organización de la que jamás Capote había oído nombrar, pese a que lleva más de 30 años viviendo allí y sabe quién es quién en el barrio. Los hombres como de costumbre, entraron a las viviendas sin preguntar. Tumbaron puertas, sacaron a las mujeres. A algunas las encerraron en las habitaciones porque no soportaban el llanto y se llevaban detenidos a los que señalaban como sospechosos de haber cometido crímenes en la calle Libertad de la barriada.

La casa de Tomás no se salvó. Relató que su hija asustada al ver el movimiento de los agentes, que perseguían a cualquier joven de apariencia sospechosa, intentó cerrar la ventana de la habitación para resguardarse. Un funcionario le tocó el vidrio y le preguntó en un tono altanero: “¿Por qué la cierras?”. Ella temerosa le respondió: “para protegernos de la lluvia de plomo”. El efectivo la interrogó: “¿quiénes están en tu casa?” y la muchacha le contestó: “Mi mamá, mi papá y un hermano”. Le exigió que le abriera la puerta. Se limitó a hacer una inspección. Sin embargo, en la vivienda de al lado, los hombres de negro desordenaron las gavetas y apresaron a un joven.

El muchacho, según Tomás, no llegaba a 20 años y era estudiante universitario. No recuerda su apellido, sino su nombre: Daniel. A él le sembraron 150 gramos de cocaína y lo acusaron de formar parte de “Los Picoteros”. A él junto a otros seis jóvenes más les tomaron fotos y videos y los pararon en fila. Luego los montaron en las patrullas para llevarlos a los calabozos de la PNB.

En esa arremetida los muertos tampoco faltaron. Según la data del Monitor de Víctimas los cuerpos de seguridad mataron a siete personas: Yorguin José Ibarra Mayobre, Wilber Josuéth Laurens Zambrano, Fabio Mecedes Moreno, Daniel José Yanes, Miguel Eduardo Morales y otros dos hombres, cuyas identidades no fueron reveladas por los cuerpos de seguridad ni por sus familiares.

Entre las víctimas destaca Miguel Morales. Esa tarde había salido de la casa de su abuela en la comunidad del 23 de Enero. Su tía, Yoselin Carvajal, narró que al llegar a Artigas, se topó con la movilización policial. No entendía qué sucedía. “Uno de los agentes persiguió a Miguel, le gritó que se para y él se metió en una vivienda para resguardarse. En esa casa había otros hombres. Decían que se gestaba una situación de rehenes”.

Miguel salió de la casa para que lo revisaran, pero lo mataron. “A los otros seis hombres los fueron ejecutando uno a uno, al salir de la casa. Les daban un tiro en el pecho y caían como barajas. La policía llegó a matar”, relató la mujer.

Para Yoselin la muerte de su sobrino había sido sentenciada meses antes, cuando la PNB lo despertó a las 3:00 am, mientras dormía en la vivienda de su abuela en el 23 de Enero.

“Ahí lo sacaron a patadas y se lo llevaron detenido al comando de la PNB en La Quebradita. Estuvo tres días y después lo liberaron, pero las amenazas eran continuas. Lo extorsionaban. Le decían que debía pagarles una vacuna de 10 mil bolívares mensuales a cambio de no llevárselo, pero él no accedió. No tenía mucho dinero porque trabajaba a destajo en la reparación de techos de viviendas. Lo poco que reunía lo invertía en ayudar a su madre y a su abuela”, reseñó la mujer.

Los familiares del resto de las víctimas de esa masacre prefirieron guardar silencio por miedo.

Plomo cercano a la concentración

Días después, el viernes 26 de mayo, hubo cuatro muertos a manos de las fuerzas de seguridad. Nuevamente la PNB protagonizó la masacre. Según versiones policiales, cuatro hombres en actitud sospechosa que viajaban en un vehículo Twingo, de color amarillo, accionaron sus armas contra los uniformados que iban en un vehículo rústico, cuando le dieron la voz de alto en Roca Tarpeya, parroquia San Agustín.

Paralelamente al intercambio de disparos, a pocos metros, en la avenida Victoria, los vecinos se preparaban para iniciar una movilización hasta el paseo Los Próceres.

De acuerdo con el registro del Monitor de Víctimas, los cuatros hombres fueron identificaron como: Eder Hidalgo Piñango, Luis Rodríguez, Johanderson Cabello y Raimer Tovar Pérez. Para justificar el asesinato, los relacionaron con la banda del Coqui.

Ferisbaldo Hidalgo, padre de Eder, contó que hace dos meses fue la última vez que conversó con él. Ellos vivían en la Cota 905, pero Eder se mudó al Cementerio, cerca del plantel Gran Colombia. No sabía si andaba en malos pasos, solo tenía conocimiento de que trabajaba en un taller mecánico en Bello Monte. “El día que nos vimos me llevó una bolsa de mercado y me dijo que estaba bien. Su visita duró 10 minutos, antes de irse me besó la mano”.

Cuando ocurrió el tiroteo, una vecina le avisó que su hijo era uno de los fallecidos y horas más tarde un funcionario del Cicpc le dijo que su hijo tenía cinco solicitudes por varios delitos. Para comprobar ese señalamiento, acudió a la Fiscalía. Allí le dijeron que no tenía antecedentes. Ferisbaldo solo conoce por referencias al Coqui. Confiesa que su hijo nunca lo nombró, ni lo llevó a la casa.

 

 

 

Un tiempo que no tenemos, un costo que no debemos seguir pagando, por Roberto Patiño

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El régimen de Nicolás Maduro continúa la aplicación de políticas y estrategias que tienen como fin perpetuarlo en el poder, a contracorriente de la enorme crisis que sacude al país y de las distintas emergencias (alimentarias, de salud, de inseguridad, por nombrar las más graves) que afectan diariamente a los venezolanos.

Hechos tan diversos como la implementación de las OLP, la detención de un  médico en Magallanes de Catia por recibir medicamentos donados o el incumplimiento de los acuerdos en la Mesa de Diálogo,  son ejemplos de las intenciones dictatoriales y de perpetuación en el poder del gobierno liderado por Nicolás Maduro. Intenciones que ya no son ocultas y cuyas consecuencias perjudican, de manera cada vez más grave y profunda, a todos los venezolanos.

Está claro que más allá de la instauración de un Estado Malandro que continúe manteniendo cuotas de poder y aportando enormes beneficios económicos a un grupo particular consolidado entorno al gobierno, las acciones emprendidas por el régimen solo buscan ganar tiempo y reprimir a los distintos sectores de la población.

La estrategia madurista hasta el momento  opera en dos niveles: por un lado genera políticas y acciones con resultados que agravan y dificultan aún más los problemas que pretendidamente buscan solucionar. Por otra parte se utiliza el aparato del Estado para bloquear o sabotear cualquier respuesta  externa de alivio o salida a la crisis.

Las OLP son un ejemplo de lo primero. Han recrudecido la ya crítica situación de inseguridad y criminalidad en el país, sumando terribles violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos vinculados a ellas. Las masacres de Barlovento y Cariaco han sido la última expresión, funesta,  de esto. Lo mismo puede decirse  de los CLAPS, con su distribución parcializada e ineficiente de alimentos. De los  “Dakazos”, verdaderos ejemplos de saqueos  institucionalizados en nombre de una supuesta “guerra” a la especulación. O de las terribles políticas cambiarias y de controles estatales, que han propiciado un mercado negro de divisas y alimentos, la devaluación de la moneda  y una inminente hiperinflación.

Por otra parte, el bloqueo a mecanismos institucionales como el RR, o hechos tan ruines como la detención, por parte de agentes del  SEBIN, de un médico en los Magallanes de Catia por haber recibido donaciones de medicamentos, son muestras de una línea de acción de bloqueo y  sabotaje a la búsqueda de soluciones o salidas a la crisis. Esto alcanzó su máxima expresión la semana pasada con los incumplimientos de acuerdos logrados en la  Mesa de Diálogo.

Este hecho y los recurrentes ataques de voceros del gobierno contra miembros de la MUD, han sido reconocidos por los mediadores, sobre todo El Vaticano. La respuesta del gobierno ha sido la usual: desacreditar agresivamente a quienes lo critican por medio de diferentes voceros y mantener un discurso esquizofrénico, en el que se posicionan como víctimas de una conspiración y principales promotores de aquello que enérgicamente están perjudicando.

Los intentos del Vaticano de reconducir la crisis por canales democráticos se han encontrado, al igual que nos ha venido sucediendo a los venezolanos, con un gobierno que lo único que busca es ganar tiempo en detrimento de la emergencia y necesidades del país.

En estos días decembrinos nos hemos encontrado con distintos líderes y miembros de las comunidades en el municipio Libertador, para mantener la continuidad de iniciativas que sigan construyendo convivencia sobre las bases del reconocimiento, el respeto y la solidaridad.  Son unas duras navidades frente a un próximo año complejo y difícil. Todos con quienes nos hemos reunido viven conscientes de esta implacable realidad y de lo que ello implica.

El trabajo de establecer redes de apoyo e involucrarnos en conjunto no se da a partir de prebendas u oportunismos. Surge de la convicción de que no podremos sobreponernos frente a lo que viene sin apoyarnos mutuamente y asumiendo el compromiso de participar de manera activa en la organización e implementación de soluciones.  En nuestros encuentros las personas nos honran con su confianza y nos permiten compartir con sus amigos y familiares, en sus hogares. No se trata de intercambiar solo opiniones y llegar a acuerdos, sino también de reconocer vivencias y compartir puntos de vista.  

Ajeno a estas vivencias y negando estas realidades, Nicolás Maduro aparece en la televisión bailando en una comparsa. Busca ganar un tiempo que nosotros hace rato no tenemos y cuyo costo no debemos seguir pagando.

 

@RobertoPatino

 

Masacres y desapariciones forzadas, por Luis Fuenmayor Toro

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El título del artículo recordará a los lectores los trágicos sucesos de finales de septiembre 2014, con los alumnos de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, a unos 470 Km al sur de ciudad México, quienes fueron agredidos toda una noche por la policía municipal de Iguala, ubicada 260 Km al norte de Ayotzinapa, con saldo de 9 muertos, 43 jóvenes desaparecidos y 27 heridos, que incluían normalistas, maestros y periodistas, así como jóvenes futbolistas y ciudadanos comunes ajenos a las pugnas de los estudiantes y la policía. Éstas se originaron al secuestrar los estudiantes, en su mayoría del primer año y, por tanto muy jóvenes, unos autobuses para viajar días después a ciudad México y asistir a la conmemoración de la masacre de Tlatelolco.

Las investigaciones demostraron que los policías de Iguala y los de Cocula entregaron a los estudiantes detenidos al grupo narcotraficante “Guerreros Unidos”, que termina asesinándolos, quemándolos en el cementerio de Cocula y lanzando sus cenizas a un río cercano, al suponer que había infiltrados del narco grupo enemigo “Los Rojos”, que supuestamente junto con el Director de la Normal organizaban las protestas estudiantiles contra el Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, miembro de “Guerreros Unidos”. Todo este encadenamiento de redes delictivas nos demuestra el estado de pudrición y descomposición existentes en México, pues estas situaciones no son algo localizado en el estado de Guerrero sino en toda la extensión de ese país.

En Venezuela ocurren desde hace tiempo hechos idénticos, por lo que hemos alertado de que estamos en un Estado cuyos altos funcionarios son parte de una red de delitos atroces como los de Ayotzinapa. Los negocios cambiarios, el narcotráfico y el contrabando de extracción de combustible y de metales, que involucran a las direcciones gubernamentales nacionales y regionales y de PDVSA; las comisiones que distribuidas entre funcionarios públicos, por operadores financieros y comerciales; los delitos de secuestro, robo, extorsión y desvalijamiento, que involucran a todos los cuerpos policiales y a la Guardia Nacional; los asesinatos masivos y los dirigidos a dirimir liderazgos, cobrar cuentas o silenciar delatores, son parte de lo que nos ocupa.

 

 

La matanza con saña hecha por la Guardia Nacional en Barlovento, luego de una OLP al mando de un teniente coronel, de 12 jóvenes detenidos, sin antecedentes ni vinculaciones delictivas según la Fiscalía, torturados, con tiros en la cabeza y mutilaciones de miembros, sepultados en fosa abierta para ello y hallados el 25-11-2016. La matanza por la Guardia Nacional con un teniente al mando, de 9 hombres en Cariaco el 11-11-2016; la desaparición de 28 mineros en Tumeremo, el 4-3-2016, masacrados por bandas que se disputan el control del oro y sepultados por sus asesinos, hecho negado por el gobernador del estado, son indicadores claros del estado de nuestra pudrición, muy similar o mayor incluso que la mexicana.  

 

@LFuenmayorToro

El Amparo, Ayotzinapa y Tumeremo: sangre e hipocresía por Alejandro Armas

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“Tumeremo” es una palabra que quizás no expresaba nada para los caraqueños hasta hace dos semanas, excepto para los habitantes de la urbanización El Cafetal, donde una calle lleva ese nombre. Es una verdadera pena que de la noche a la mañana, hace dos semanas, el término se haya integrado al habla coloquial capitalina, y a la de toda Venezuela, con semejante carga negativa. Hay tantas, tantas cosas malas sobre Tumeremo que nos estremece hasta el fondo del alma a nosotros, los habitantes de la ciudad más sórdida del mundo.

Capital del municipio Sifontes, estado Bolívar, es una localidad de 50.000 personas, y un porcentaje alarmante de ellas vive de una actividad ilegal: la extracción irregular de minerales, sobre todo oro, en las minas cercanas. Este oficio daña el ambiente y perjudica la salud de quienes se dedican a él, debido al uso de mercurio para separar de impurezas el metal precioso.

¿Se les puede considerar por eso maleantes de la peor calaña? Antes de emitir un juicio al respecto cabe considerar que en Tumeremo hay pocas formas de ganarse la vida que permitan ingresos superiores al salario mínimo, a la vez que prácticamente todo es más caro que en Caracas. Pero apenas un gramo de oro se cotiza en Bs 30 mil, y en un buen día los mineros pueden obtener hasta cinco gramos.

Los que sí aparecen fácilmente retratados en el anuario del malandraje criollo son los que están al mando de estas operaciones. La falta de autoridades del Estado ha permitido que la extracción aurífera ilegal no solo se desarrolle, sino que además lo haga bajo el control de verdaderas mafias armadas que imponen su voluntad con un régimen de violencia y terror. No se limitan de dominar el comercio del metal y someter a los mineros a condiciones laborales de esclavo cuando les viene en gana. Tras copiar las prácticas de los “sindicatos” de Ciudad Guayana, su abanico de operaciones incluye extorsión, homicidios y, probablemente, la explotación de las mujeres que se prostituyen en las minas.

Todas estas desgracias salen a la luz por una todavía mayor: la masacre de un grupo de mineros como resultado del pleito entre dos de las bandas criminales. Hasta ahora el Ministerio Público ha hallado 17 cadáveres, pero persisten las denuncias de que los asesinados fueron 21, o hasta 28. La fiscal general no se explica que todavía haya personas que aseguren tener familiares entre las víctimas, sin formalizar el reclamo ante su despacho, a pesar de que el mismo mantiene un récord de más de 90% de homicidios impunes. La impotencia se combina con el terror, el pánico a recibir represalias por parte de los maleantes… o los cuerpos de seguridad. Algunos señalan a agentes del Cicpc de estar involucrados en la hecatombe. La desconfianza hacia este organismo es tal que los pobladores han exigido su retiro de la zona.

Al momento de encontrarse los primeros restos, si las expresiones de repudio al gobernador de Bolívar hubieran sido lluvia, la represa de Guri se habría rellenado en unos instantes y hundido el riesgo de colapso eléctrico. Esto se debe a que la primera reacción del mandatario regional, Francisco Rangel Gómez, al conocerse la tragedia más de una semana antes, fue negar de plano que hubiera habido cualquier masacre. En vez de jugar posición adelantada, pudo haber hecho un llamado a la calma y pedir a las autoridades nacionales de inmediato su colaboración en el esclarecimiento del suceso. Pero, no. Como la denuncia se canalizó primero por boca de un diputado a la Asamblea Nacional opositor, Rangel Gómez de inmediato la desestimó como “politiquería para generar zozobra”.

En los medios del Estado se hizo eco de inmediato a la versión del gobernador, y hablaron de una “masacre virtual”. Una cobertura curiosa, sobre todo si se la compara con la que hicieron de la desaparición de los 43 normalistas en la localidad mexicana de Ayotzinapa. En esa ocasión se hizo una furibunda crítica por el fracaso de las autoridades locales en garantizar los Derechos Humanos de sus ciudadanos. Cabe recordar que por este caso, el gobernador del estado de Guerrero, donde ocurrió el horror, renunció al cabo de un mes. ¿Pudiera esperarse lo mismo de Rangel Gómez?

Sus correligionarios en el hemiciclo no ayudaron a enmendar las cosas. Cuando la MUD llevó al asunto al debate parlamentario, los diputados rojos se mostraron sobre todo irritados por lo que, a su juicio, fueron los intentos de la otra bancada por usar la desaparición de unas personas como campaña para acabar con los planes del Gobierno de explotar junto con empresas extranjeras las riquezas del llamado “arco minero”. Al parecer al oficialismo, que se proclama defensor a ultranza de los humildes y patriota frente a intereses foráneos, en realidad le importa más cómo piensen de él unas trasnacionales que el destino de unos empobrecidos trabajadores venezolanos.

Como el problema persistió, se hizo un cambio de estrategia. La periodista Laura Helena Castillo, de quien tengo el gusto de haber sido alumno, observó que si el Gobierno reconoció las muertes, es porque ya había decidido a quién culpar, de manera que su imagen se viera afectada lo menos posible. En vez de admitir el dominio hamponil en la zona, Maduro y el ministro González López apuntan a “paramilitares” colombianos que operan con fines políticos.

Tal vez sea cierto que el cabecilla de la banda responsable de la masacre es un ecuatoriano que en su juventud ingresó a las filas de irregulares de derecha en Colombia. Pero sus actividades en Venezuela sugieren un interés único en el lucro con oro, en vez de conspirar contra Maduro. Y si fuera cierto que comanda un grupo armado neogranadino con fines políticos, pues peor aún. Porque no estamos hablando de Guasdualito, ni de Machiques. Hablamos de la parte más oriental del estado Bolívar y del país, casi llegando al Esequibo. ¿Cómo permitió la FANB que estos “paracos” penetraran territorio venezolano hasta llegar al área más alejada de la frontera con la hermana República?

El pretexto oficial, si quita responsabilidades de acción, establece otras de omisión. Hay que insistir en el hecho de que van al menos 17 muertos. Obviando al “Carazazo”, ya es la segunda masacre más sanguinaria de nuestra historia contemporánea, y si se confirman al menos siete cadáveres más, superará a Cantaura (1982).

Sobrepasó por tres caídos la matanza de El Amparo, ocurrida en 1988 en el Alto Apure. Si su memoria está un poco cansada o perezosa hoy, le recuerdo que en aquella ocasión, un componente militar y policial, el infame Componente Específico José Antonio Páez (Cejap), asesinó a 14 pescadores. Los perpetradores quisieron hacer ver que atacaron a un grupo de guerrilleros colombianos, mentira grosera. Bien haya sido un error garrafal o algo mucho más siniestro (se ha hablado de la simulación de un combate para justificar la adquisición sobrefacturada de armas por los propios militares), el hecho llevó a una condena al Estado venezolano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los gobiernos de Caldera y Chávez tuvieron que pagar indemnizaciones a los sobrevivientes y familiares de las víctimas.

No obstante, la acción redentora de ahí no pasó, porque los responsables han permanecido en libertad. Una vez en el poder, el chavismo se comprometió a terminar de hacer justicia con una “Comisión de la Verdad” que investigue las violaciones de Derechos Humanos entre 1959 y 1999. Hasta ahora eso se ha quedado sobre todo en propaganda, y llama la atención la selectividad con la que las autoridades han procedido a señalar culpables. En el caso de El Amparo, las acusaciones contra el entonces jefe de operaciones de la Disip, Henry López Sisco, han estado a la orden del día. No ha sido igual con otro supuesto  involucrado, Ramón Rodríguez Chacín, hoy gobernador de Guárico. Y ojo, no se trata de defender a uno y acusar al otro, sino de llamar la atención sobre el peculiar criterio con el que se ha manejado el caso.

De todas formas, el chavismo se ha presentado siempre como la garantía de que masacres como aquella no se repetirán jamás. Pero siguen ocurriendo, y el empeño por no reconocer la negligencia del Estado es insólito. Pocas horas después de que se anunciara el descubrimiento de los cadáveres, Maduro se encadenó. Si uno no lo conociera, esperaría un breve y solemne mensaje de condolencia a los familiares de las víctimas y compromiso por aprehender a los culpables. En vez de eso, el mandatario rio y bailó al ritmo de una jota oriental, nos dibujó un fantasioso presente de felicidad y abundancia (que, según él, solo los locos o los apátridas no divisan) y aseguró que Obama estaba “derrotado y fuera de Latinoamérica” (a pocos días de la histórica visita del estadounidense a Cuba, mientras Nicaragua redobla su compra de petróleo gringo ante una alicaída exportación venezolana). Como si no acabara de confirmarse una horripilante matazón que enlutó a todo el país. No, esas cosas no pueden afear la imagen de la patria en “revolución”.

Tumeremo da tantas razones para protestar, para exigir rectificación, para corregir errores. Los vecinos de esa calle en El Cafetal, terruño de la estereotípica doña opositora, podrían elevar el mismo grito que los del pueblito que le da nombre a su pavimento. Justificación no falta ante esta historia manchada de sangre e hipocresía.

@AAAD25

 

5 masacres que mancharon el rostro democrático de Venezuela

masacre el amparo

 

Desde 1982 hasta la presente fecha, en Venezuela se han registrado cinco masacres en distintas zonas del territorio nacional y con un saldo de víctimas diferente en cada escenario. Estos hechos ocurrieron durante los gobiernos de distintos presidentes, unos copeyanos. otros adecos y otros chavistas. Pareciera que ninguna gestión democrática, de la ideología política que sea –izquierda o derecha– ha estado libre de estas violaciones de Derechos Humanos.

La primera de estas ocurrió en la ciudad de Cantaura, en el estado Anzoátegui, el 4 de octubre de 1982, época en la cual gobernaba Luis Herrera Campins. En esta ocasión hubo 23 víctimas pertenecientes al grupo del Frente Guerrillero “Américo Silva” del partido Bandera Roja. En esta masacre participaron seis organizaciones del Estado: Ejército Nacional de Venezuela, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ), Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP).

 

 

 

En el estado Apure, específicamente en El Amparo, 14 pescadores fueron asesinados el 29 de octubre de 1988, cuando Jaime Lusinchi era el presidente de la República. Militares del Comando Específico “José Antonio Páez” (CEJAP), el General Humberto Camejo Arias, el Coronel Enrique Vivas Quintero –ambos pertenecientes al CEJAP– y el Jefe Nacional de Operaciones de la DISIP, Henry López Sisco, fueron los cuerpos policiales que participaron en esta masacre. Ramón Rodríguez Chacín, uno de los hombres de confianza del expresidente Hugo Chávez, también participó en esta masacre. Fue ministro de Interior y Justicia y, en la actualidad, es el gobernador del estado Guárico.

 

 

El 22 de septiembre de 2009, durante el gobierno de Hugo Chávez, efectivos de la Policía Metropolitana (PM) cometieron una masacre que acabó con la vida de 10 personas que, presuntamente, pertenecían a una banda delictiva que operaba en distintas zonas de la parroquia El Valle. El hecho ocurrió en el Barrio “El 70”.

masacre-del-barrio-el-70

 

En Yumare, ubicado en el estado Yaracuy, funcionarios de la DISIP, bajo el mando del ya mencionado Henry López Sisco, asesinaron a nueve dirigentes sociales tras confundirlos con un grupo guerrillero. La masacre ocurrió el 8 de mayo de 1986, también bajo el mandato de Lusinchi.

 

 

 

Otra masacre que se registró bajo el mandato del expresidente Chávez fue la que ocurrió en el Municipio Raúl Leoni del estado Bolívar. Un grupo de 10 militares del Teatro de Operaciones número 5 (TO5) asesinó a seis mineros en el sector de La Paragua, en lo que se conoce hoy como “La masacre de La Paragua”. El hecho ocurrió el 26 de septiembre de 2006 y estos 10 funcionarios fueron condenados más de un año después, el 18 de diciembre de 2007, según reseñó El Universal.

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El viernes 4 de marzo de 2016, 20 años después de los sucesos de Yumare,  habría ocurrido la que podría ser la mayor masacre de la historia democrática de Venezuela. En Tumeremo, estado Bolívar, habrían sido asesinados 28 mineros en una presunta acción conjunta de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y bandas delictivas.