Manuel Galindo Ballesteros

El Controlador General de la República, Manuel Galindo Ballesteros, ofreció este martes un balance sobre el desarrollo del operativo de fiscalización a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

“La Contraloría General decidió practicar actuación fiscal al Ministerio de Petróleo y a Pdvsa”, expuso en una transmisión en el canal del Estado.

Esclareció que con esto esperan “fortalecer la capacidad del estado y lograr la transparencia y eficacia en el manejo de los recursos del sector público”.

“La CGR con fundamento en las normas constitucionales, reglamentarias y sublegales decidió practicar una actuación fiscal dirigida a evaluar la gestión de las unidades de auditoría interna adscrita al Ministerio de Minería y Pdvsa para fortalecer la capacidad del Estado”, dijo en rueda de prensa.

Explicó que dieron inicio a la auditoría operativa de Pdvsa para verificar la adquisición de bienes y la realización de obras.

La Contraloría de Venezuela emitirá un diagnóstico de la actuación fiscal. En caso de alguna irregularidad administrativa de Pdvsa se le dará el debido proceso.

Trece familiares directos e indirectos del contralor Manuel Galindo Ballesteros trabajan en el organismo que dirige desde diciembre de 2014. De aprobarse la reforma a Ley de Contraloría y del Sistema de Control Fiscal, el funcionario deberá responder por nepotismo

@boonbar

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, Manuel Galindo Ballesteros ha mostrado su reticencia a la reforma a la legislación que rige al organismo que dirige desde diciembre de 2014. En mayo de 2016, declaró que la Ley de reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control Fiscal contiene “indicios de inconstitucionalidad” y que además la Asamblea Nacional no cuenta con la mayoría calificada para aprobar ese proyecto.

Pero Galindo Ballesteros no menciona que la reforma a la ley, que será presentado la próxima semana en segunda discusión por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, plantea una irregularidad que lo vincula. El numeral 28 del artículo 91 del proyecto incorpora por primera vez el nepotismo:  la responsabilidad administrativa de todo aquel funcionario que designe a familiares en cargos del organismo que dirige.

“Artículo 91. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación:   

Numeral 28 Quienes designen, nombren, seleccionen o contraten a su cónyuge, concubino o personas con quienes estén vinculados por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en el órgano o ente en el cual se desempeñan o sobre los cuales ejerzan control de tutela, accionarial o estatutario.

De ser aprobada esta ley por la AN, Galindo Ballesteros deberá entonces responder por haber contratado bajo su administración a al menos 13 familiares directos en cargos de variable importancia dentro de la Contraloría General de la República, desde que fue designado por el presidente Nicolás Maduro en diciembre de 2014 como parte del Poder Moral.

El nepotismo también ha sido incluido en el proyecto de reforma a la Ley Contra la Corrupción, pendiente por entrar en la agenda de discusión.

Contratar a familiares en la administración pública no es una práctica nueva de algunos funcionarios identificados con el chavismo. Galindo Ballesteros, abogado y profesor de posgrado, sustituyó en marzo de 2013 a  la primera dama Cilia Flores (con     quien tiene una relación de compadrazgo) en la Procuraduría General de la República. Entre 2006 y 2010 fue consultor jurídico de la Asamblea Nacional, justo en el período presidido por la primera dama.  Aparte, parientes de la ex procuradora también han ocupado cargos en los organismos que tuvo a cargo.

Galindo Ballesteros también preside desde diciembre de 2015 el Consejo Moral Republicano, que comprende la Contraloría General de la República, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.

La familia contralora

El hijo: Alvaro Galindo León

Fue nombrado director de Despacho del Contralor (Gaceta Oficial 40.575) el 7 de enero de 2015. En la misma resolución, fue designado Guison Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores, como sub contralor general de la CGR. En julio de 2015 fue sustituido por José Javier Morales, ex diputado del partido de gobierno Psuv.  

La esposa del hijo: Suhei Marisel Araque Serrano

Ocupa varios cargos dentro de la CGR: es directora de la  asistencia al Despacho del Contralor; auditora interna en Comisión de servicio y analista agregada del Consultor.

El nieto: Mauricio Eduardo Galindo Bermúdez

El hijo del director del Despacho del Contralor y nieto del contralor ocupa el puesto de “analista asistente”  de la Dirección de Información y Cooperación Técnica.  A pesar de estar cursando Estudios Internacionales en la Universidad Santa María, tiene oportunidad de viajar al extranjero como representante de la CGR. Uno de sus últimos viajes fue a Paraguay (25 y 26 de abril de 2016) para asistir a la reunión del Comité de Creación de Capacidades (CCC) de la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacepfs). También acompañó a su abuelo en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en agosto de 2015 en Viena, Austria.

La novia del nieto: Marinely Trinidad Gervazzi Cañizalez

La novia de Mauricio Galindo Bermúdez ha ocupado varios cargos dentro de la CGR. La abogada egresada de la UCV en 2014,  trabaja en la dirección de la Asistencia al Despacho Contralor;  Secretaria de la Comisión de Contrataciones de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la CGR (Sersacon) y es secretaria de la Comisión de Contrataciones de CGR (Resolución 01-00-000095 del 25 de marzo de 2015) y forma parte de la junta directiva de la Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado Gumersindo Torres (Cofae), en la cual Numidia Rocío Flores, hermana de Cilia Flores, es miembro principal.

La hermana de la novia del nieto: Marianela Gerbazzi Cañizalez

Se retiró de la carrera de medicina en diciembre de 2012. Trabaja en el despacho del contralor desde el 26 de enero de 2015, según indica su ficha laboral del IVSS. Está adscrita a la dirección de Sistemas de control como auxiliar administrativo.

La hija: Mayra Galindo León

Es presidenta de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la CGR (Sersacon) desde 24 de febrero de 2015 (Gaceta Oficial 40.607).

El esposo de la hija: David Burguillos Atencio

Es director de Sistemas de Control (Gaceta Oficial 40.576).

La otra hija: Abril Galindo León

Es asistente de odontología de la Dirección de Recursos Humanos.

El novio de la otra hija: Yanier Quintana Pérez

Trabaja en la dirección de la asistencia del despacho del Contralor.

El cuñado: Wuilmer León Flores

Hermano de la esposa del contralor. Ocupa la dirección de Declaraciones Juradas de Patrimonio (Gaceta Oficial 40.607). Se ha encargado de inhabilitar políticamente a dirigentes de la oposición por “inconsistencias de la declaración jurada de bienes. Tal fue el caso de Vicencio Scarano, ex alcalde del municipio San Diego (15 julio 2015)  y la ex diputada María Corina Machado (13 julio de 2015).

El sobrino: Antonio León Delgado

Dirección de Información y Cooperación técnica. Auxiliar administrativo.

La sobrina: Haydelin Villegas León

Es directora de Información y Cooperación Técnica (Gaceta Oficial  40.605).

El novio de la sobrina: Nelson López García

El ingeniero de telecomunicaciones labora en la dirección de Informática como analista senior.

Nepotismo

El nepotismo podría ser considerado delito por otras legislaciones. También ha sido incluido en el proyecto de reforma a la Ley Contra la Corrupción y para la salvaguarda del patrimonio público, pendiente por entrar en la agenda de discusión. El artículo 30 reza que «los funcionarios públicos no podrán designar, nombrar, seleccionar o contratar a su cónyuge, concubino o personas con quienes estén vinculados por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en el órgano o ente en el cual se desempeñan o sobre los cuales ejerzan control de tutela, accionarial o estatutario«.

De aprobarse la reforma a la Ley contra la Corrupción, Galindo Ballesteros al igual que otros funcionarios de la administración pública nacional, estadal y municipal que han favorecido familiares con cargos en los organismos que dirigen, tendrán que rendir cuentas sobre las prácticas de nepotismo.

El nepotismo como riesgo de corrupción

 

Convención Interamericana contra la Corrupción:

En artículo III contempla medidas preventivas. Los Estados parte tiene el deber de incorporar en sus propios sistemas institucionales, normas destinadas a crear, mantener y fortalecer: 1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas.  Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses. El nepotismo es una de típica situación  de  conflicto de intereses

 

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción  

Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, procurará adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas (artículo 7, numeral 4).

También procurará adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas.

 

Comité de Expertos del MESICIC (Mecanismo Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción

Medidas sugeridas a Venezuela: a) Revisar y analizar la posibilidad de reglamentar el régimen de prevención de conflictos de intereses, impedimentos, inhabilidades y prohibiciones relacionadas con los altos cargos del Estado, teniendo en cuenta las particularidades e importancia de los mismos, así como los mecanismos para hacerlos efectivos.

Considerar, entre otros aspectos, la previsión de una incompatibilidad en el ejercicio de las funciones públicas, respecto a otras actividades que pudiera afectar su imparcialidad; el fortalecimiento del régimen de sanciones; y la previsión de un órgano, dotado de plena autonomía, que vele por el debido cumplimiento de esta reglamentación

Utilizar las declaraciones juradas de bienes patrimoniales, ingresos, activos y pasivos, para detectar y evitar conflictos de intereses

 

Código de Ética de las Servidoras y Servidores Públicos

Dictado por el Consejo Moral Republicano el 12/12/2013 (G.O. 40.314), incorpora dentro de las prohibiciones de los funcionarios públicos (artículo 6), diversas situaciones de conflicto de intereses, aunque no enuncia en forma expresa el nepotismo.

 

Anteproyecto de Ley contra la Corrupción y para la Salvaguarda del Patrimonio Público

Incorpora un capítulo de conflicto de intereses (artículos 28 al 35), que incluye al nepotismo.  Aún no ha sido presentado en primera discusión por la actual AN.

 

Ley sobre Conflictos de Intereses

La CGR, en representación de Venezuela, informa ante el MESICIC que existe este proyecto, anuncia el informe. Ese proyecto se encuentra en la AN, no fue discutido ni aprobado por el parlamento anterior.  

ALTO

EL CHAVEZBRECHT:

Los fiscales federales suizos identifican que Ricardo y Luis Enrique Martinelli, hijos del ex presidente panameño Ricardo Martinelli, recibieron sobornos de Odebrecht.  El actual presidente de ese país ordenó llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias. Dio instrucciones de excluir a la empresa de las licitaciones del nuevo puente sobre el Canal de Panamá. En República Dominicana la población tomó las calles en grandes manifestaciones  para exigir “cárcel a los corruptos”, debiendo Odebrecht pagar $184 Millones a ese país por los sobornos que repartió allí para ganar licitaciones. El gobierno del Perú acaba de terminar la concesión que tenía Odebrecht en el manejo del gasoducto de ese país, luego que la empresa explícitamente reconoció haber pagado grandes coimas. Mas aún cuando se conoció que el ex presidente Alejandro Toledo habría recibido 20 millones de dólares para beneficiar a la empresa se está tramitando su extradición. En su propio país, Brasil, Odebrecht reconoce que pago en coimas más de 300 millones de dólares. El periodismo de investigación y una real libertad de prensa en Argentina, Brasil, México, Dominicana, Panamá, Perú y Colombia hacen explorar los estados financieros de la empresa a nivel regional.

COMPLICIDADES:

¿Y en Venezuela?  En nuestro país nada. Absoluto silencio del gobierno chavista-madurista. La única funcionaria que se ha interesado en el caso es la Fiscal General Luisa Ortega Díaz quien habría instruido al Ministerio Público a solicitar a sus  colegas brasileros información de las actas con la confesión de Marcelo, el jefe de la empresa, y otros colaboradores que aportaron nombres y cantidades entregadas a funcionarios del gobierno rojo rojito. Absoluto silencio del Contralor Manuel Galindo Ballesteros. Absoluto silencio de los diputados del PSUV en la Asamblea Nacional. ¿Acaso esperan que el TSJ dictamine que está prohibido investigar ese caso como ordenó con las cuentas de Rafael Ramírez y PDVSA?. Gobernadores, ministros, alcaldes, civiles y militares, y militantes chavistas en las dependencias donde se llevaron a cabo las grandes obras de la corporación brasilera pudieran aparecer en un documento que las autoridades fiscales de los Estados Unidos están prontas a publicar. Tal documento viene con un capítulo intitulado “Venezuela”. ¿Recuerdan los venezolanos presos en Houston y Miami? ¿Recuerdan las visitas de Lula a Venezuela?¿Y al Puerto de Mariel? ¿Recuerdan las grandes obras petroquímicas conjuntas? Ninguna de las obras en Venezuela fue asignada a través de una licitación pública. Todas dadas a dedo por Hugo Chávez Frías. En contubernio con el inefable José Dirceu, mano derecha de Lula, coordinó las ejecutorias y se encargó de asignar los fondos para cada una. Dirceu, comunista refugiado en Cuba durante la dictadura militar en Brasil, tiene toda una leyenda propia pues se hizo cirugía para cambiarse el rostro y entrar a su país de contrabando para asumir la resistencia contra los uniformados. Hoy está preso por 23 años tras ser condenado al encontrarse pruebas de sus delitosen la “Operación Lava Jato”. Mientras el “comandante eterno” estaba vivo nadie paró los pagos. Tras su muerte, hasta Ramírez dejó esperando a Marcelo Odebrecht  y no lo recibió en dos citas concertadas con anticipación. Varias de las obras si fueron entregadas. Los brasileros subcontrataron empresas venezolanas para algunas de sus realizaciones. Recuerdo que aquí escribí -tras haber ido a un desayuno en el Marriot con el expresidente Lula y los empresarios criollos- que éste confesó haber sugerido a Chávez que trabajara mas con las empresas privadas venezolanas que tenían amplia experiencia en construcciones de envergadura pero que el “eterno” le contestó que no lo haría pues todos eran empresarios opositores y le darían aportes a los partidos enemigos…

¿Y LOS MENTADOS?:

¿Qué secretos personales guardarán los directivos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), el ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez, los titulares de los ministerios de Empresas Básicas y Transporte, el actual jefe del SEBIN luego de su paso por la presidencia del Metro de Caracas, Haiman el-Troudi quien fue presidente de Cametro y ministro de transporte, los gobernadores del Zulia y Bolívar? ¿O el entonces presidente de Cametro, Claudio Farías, quien en 2009 declaró que estaba planteado eliminar algunas de las seis estaciones del proyecto, por considerar que solo beneficiarían a «la oligarquía», cambiando la ruta a un alto costo. ¿Que podrán contarnos personajes como Alí Rodríguez Araque, Jorge Giordani, Asdrúbal Chávez y los ministros de Finanzas?. Parece que son muy obvias las huellas dejadas en un pequeño banco del paraíso fiscal que es la isla de Antigua. El único que en cada país sabía a quienes se les habría “mojado la mano” eran Marcelo y su delegado personalísimo en cada país. Nadie más. ¿Por dónde saltará la primera liebre en Venezuela de lo que pudiéramos llamar el “Chavezbrecht”, el mayor y más obsceno escándalo de corrupción que se conozca en nuestro país desde que ganamos nuestra independencia de España?…

¿MADURANDO?: 

Las últimas dos guindas de la Robulución del Siglo XXI las puso el propio Nicolás el pasado domingo 5 cuando, primero, ordena reactivar las obras asignadas a Odebrecht en Venezuela sin hacer alusión alguna a sobornos, delitos, culpables, extorsionistas y estafadores, bien civiles o militares. Con esta declaración Maduro ignora la globalización que hoy existe y engaveta culposamente la declaración del propio Marcelo, máximo líder de la empresa que lleva su apellido, cuando señaló que Venezuela fue el segundo país de América Latina en que su constructora pagó más sobornos, la friolera de 98 millones de dólares. Y, segundo, el nivel de ignorancia a nivel de la Presidencia de la República es tan grande  que el señor titular señala que “los subterráneos, las represas, los puentes son obras que se hacen solo con cabilla y cemento y eso lo sabemos hacer los venezolanos”. ¡Vaya desparpajo! Para culminar estas obras dependemos de gerencias, tecnologías, sistemas de procura, alianzas internacionales y una capacidad de financiamiento de escala mundial que por ningún concepto, lamentablemente, tenemos los venezolanos en estos momentos. ¿Y los reales de dónde van a salir?…¡Vaya legado! Y nos falta detallar los reales repartidos aquí confesados por el publicista de Chávez, Joáo Santana, condenado a 8 años por el mismo caso. Continuará…

La Contraloría General de la República tiene investigaciones en todos los campos y de todos los funcionarios, pero no puede informar de una vez quién está investigado y por qué. Así lo señaló el titular de ese despacho, Manuel Galindo Ballesteros.

A propósito de las denuncias que han presentado algunos legisladores de la oposición sobre las actuaciones de varios ministros del gabinete presidencial, y sobre todo las que provienen de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), el alto funcionario aclaró que “las denuncias que llegan nosotros las sustanciamos. Pero hasta que no tengamos una decisión que le compete el primer conocimiento al funcionario investigado no podemos andar sacando a la luz pública que está investigado y por qué”.

“No es porque denuncies a tu criterio que vamos a aperturar una investigación”, agregó.

La Contraloría General vs la Asamblea Nacional

Con base en fundamentos legales, el Contralor General de la República explicó que es la Contraloría General la que tiene la exclusividad de solicitar al Parlamento Nacional la información que maneje sobre un determinado caso para avanzar en una investigación y no al contrario. De hecho, aseguró que lo que el Parlamento le ha solicitado ni tiene competencia y ha sido impreciso.

Aclaró que “si ellos (La Comisión Permanente de Contraloría) necesitan ahondar, profundizar en esa investigación están en el deber de enviarnos a nosotros la información, no solicitar los expedientes que nosotros tengamos porque eso es reserva del investigado”.

Explicó que al contrario, su despacho es el que tiene la exclusividad de solicitar a la Comisión Permanente de Contraloría de la AN lo que ellos puedan tener para nosotros avanzar en una investigación, es obligación de ellos remitirnos cualquier tipo de investigación”.

Funcionarios de alto nivel deben declarar

En otra materia, el Contralor General de la República recordó que el lapso para la declaración jurada de patrimonio termina el 31 de julio a las 12 de la noche sin prórroga alguna. “Es muy importante que todos aquellos funcionarios que ejercen cargos de alto nivel y confianza la actualicen este mes para evitar las sanciones correspondientes”, advirtió.

@boonbar

Transparencia Venezuela solicitó ante la Asamblea Nacional (AN) la inmediata apertura de una investigación sobre la asignación de cargos en la Contraloría General de la República a familiares cercanos al Contralor General Manuel Galindo Ballesteros. De comprobarse el ilícito de nepotismo, la organización exigirá la remoción del funcionario por el incumplimiento de los deberes que su investidura le impone.

En una carta dirigida al presidente de la AN, Henry Ramos Allup y demás miembros de la junta directiva del parlamento, la organización se apoya en el artículo 274 de la Constitución  que establece que el Poder Ciudadano – del cual forma parte la Contraloría- tiene el deber de prevenir los actos que atenten contra la ética pública y moral administrativa. Recuerda además que el Código de Ética de las Servidoras y Servidores Públicos precisa que está terminantemente prohibido que los funcionarios públicos intervengan en las decisiones  en asuntos de interés particular que puedan beneficiar a «cónyuge, concubina o concubino o parientes dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad».

Solicitud ante la AN por caso del Contralor 16-07-16 by lisboon on Scribd

La petición de investigación sobre nepotismo contra el Contralor fue formalizada ante la AN el jueves 14 de julio de 2016, luego de que el propio presidente del Poder Moral justificara públicamente que ha contratado a familiares en su despacho. Esta «admisión pública de la infracción de sus deberes» fue la respuesta  del Contralor al reportaje «En la Contraloría General todo queda en familia», publicado en Runrun.es (01-07-16), que reveló que 13 parientes de Galindo Ballesteros tienen cargos en la CGR.

En una entrevista para Venevisión (07/07/2016), Galindo Ballesteros hizo la distinción entre «nepotismo negativo y positivo». Al respecto, la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas aclara que todo nepotismo siempre implica «abuso de poder, tráfico de influencia, riesgo de corrupción e impunidad, así como debilidad en la calidad de la gestión». Además, la norma internacional firmada por Venezuela en las Convenciones Interamericana y de las Naciones Unidas contra la corrupción «impiden la participación de familiares hasta el procesos de concurso de ingreso».

El Contralor General de la República, Manuel Galindo Ballesteros, admitió que en su despacho existe nepotismo, distinguiéndolo entre «nepotismo positivo» y «nepotismo negativo».

En entrevista con Venevisión el jueves 7 de 2016, el funcionario respondió al reportaje publicado en Runrun.es, que identifica a 13 familiares de Galindo Ballesteros que fueron favorecidos con cargos en su despacho.

Declaró que «para hablar de nepotismo hay que tener suficiente capacidad de diferenciar entre nepotismo positivo y nepotismo negativo. Tendrías que remontarte por allá, desde la monarquía del siglo XVIII para acá. Cuando se materializa un nepotismo negativo y podría ser sujeto de investigación, es cuando un familiar o una persona allegada a una autoridad  que lo contrate no reúne las condiciones profesionales o el perfil suficiente para ejercer el cargo».

Galindo Ballesteros manifestó sentirse «muy orgulloso de su gestión» de año y medio frente a la Contraloría General de la República, organismo que enarbola «la lucha contra la corrupción».

Justo antes de responder por el nepotismo en la Contraría, Galindo Ballesteros resaltó que la bandera y lucha concreta contra la corrupción de la Contraloría consiste en «rescatar los valores morales de cada funcionario y funcionaria que maneja dinero del Estado, comenzando por el criterio propio».

El Contralor agregó que «la responsabilidad de manejar dinero ajeno es lo primero que tenemos que rescatar. La corrupción nunca la vamos a exterminar del todo. Es como un cuero seco, se pisa por un lado y se levanta por el otro. Hay que prevenir y combatir».

La Sala Constitucional dictó y firmó la sentencia favorable a  la solicitud de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, el 22 de diciembre, el mismo día de la sesión especial convocada para la designación de los Poderes Públicos. Las nuevas autoridades del Poder Ciudadano se eligieron sin los votos de las dos terceras partes del Parlamento, violando lo establecido por la Constitución

Jesús Alberto Yajure | @albertoyajure

Tres datos: (1) Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, solicitó el 19 de diciembre a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de consideración en el que buscaba la habilitación para designar a las autoridades del Poder Ciudadano con el voto favorable, solamente, de la mayoría simple del Parlamento; (2) la sesión especial para la designación de los cargos a de Fiscal General, Contralor del Estado y Defensor del Pueblo fue pautada para el viernes 20 de diciembre. Pero esa sesión fue convenientemente cancelada y postergada para el lunes 22. (3)  Eso dio exactamente 48 horas (sábado 20 y domingo 21 de diciembre) al TSJ para dictar sentencia favorable a la petición de Cabello, el mismo lunes 22 de diciembre, llegó justo a tiempo para que el presidente de la AN la leyera en la discusión donde la bancada de la oposición advertía que se necesitaban los dos tercios, como reza el artículo 279 de la Constitución.

De esta manera, el TSJ habilitó al Parlamento a elegir y designar, sin necesidad de consenso, la terna propuesta por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), conformada por personajes identificados con el oficialismo, «detalle» que también violenta el principio constitucional de la independencia de poderes públicos. La oposición se abstuvo de votar.

La terna propuesta por el PSUV estuvo integrada ciudadanos abierta y públicamente simpatizantes del oficialismo, como Luisa Ortega Díaz —actual fiscal general y quien repetirá en el cargo durante otros 7 años en el Ministerio Público—, el actual Procurador del Estado, Manuel Galindo Ballesteros, como nuevo Contralor General, y el exgobernador del estado Anzoátegui (Psuv), Tarek William Saab, como Defensor del Pueblo y sucesor de Gabriela del Mar Ramírez.

Luisa Ortega Díaz, Fiscal General desde 2007 repite en el cargo; Manuel Galindo Ballesteros, actual Procurador del Estado, pasa a la Contraloría General de la República; y Tarek William Saab, exgobernador de Anzoátegui (Psuv) es el nuevo titular de la Defensoría del Pueblo. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sustentó la votación por mayoría simple —pese a que la Constitución establece en su artículo 279 la designación por las dos terceras parte del Parlamento— en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

La Asamblea Nacional designó este lunes 22 de diciembre a los ciudadanos que ocuparán los cargos del Poder Ciudadano por mayoría simple del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) pese a que la Constitución de la República establece en su artículo 279 la elección en el Parlamento por las dos terceras partes de los votos.

Darío Vivas, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional anunció el respaldo de la bancada oficialista a los cargos vacantes de los representantes del Poder Ciudadano: Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República y Ministerio Público. En un acto que fue protestado por la bancada opositora, el diputado Diosdato Cabello leyó una interpretación del Tribunal Supremo de Justicia, que avaló que la designación se hiciera por mayoría simple. La bancada opositora manifestó que salvaría el voto para no dar legitimidad a la violación de la Constitución.

El Psuv promovió las candidaturas de Tarek William Saab, para la Defensoría del Púeblo; Manuel Galindo Ballesteros, como aspirante a la Contraloría General de la República; y Luisa Ortega Díaz, actual Fiscal General, para repetir en el cargo de titular al Ministerio Público.

Tarek William Saab (Defensoría del Pueblo): Nació en El Tigre, estado Anzoátegui, el 10 de septiembre de 1963. Es hijo de inmigrantes libaneses. Su carrera parlamentaria inició en 1999 y terminó en 2004, cuando se convirtió en gobernador del estado Anzoátegui. Es presidente de la comisión por la Verdad y la Vida, escargada de investigar las violaciones de derechos humanos en el período que el oficialismo llama la ‘IV República’.  Es conocido como el “poeta de la Revolución” por la publicación de 11 libros, algunos de ellos editados en Cuba, Colombia, México, entre otros, y entre las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela es considerado uno de los hombres más cercanos al expresidente Hugo Chávez. Fue dos veces gobernador de Anzoátegui (2004-2008 y 2008-2012)

Declinó seguir estudiando Letras en la Universidad de los Andes (Mérida), y optó por estudiar Derecho en la Universidad Santa María (Caracas). Tiene un post-grado en Derecho Penal y estudios en Derechos Humanos en la Universidad Central de Venezuela (UCV). En su juventud fue líder estudiantil y militante de movimientos de extrema izquierda. Saab se unió a los 14 años al ex-comandante guerrillero Douglas Bravo y a su movimiento revolucionario PRV-Ruptura, llegando a convertirse desde finales de los años 1980 hasta mediados de los años 1990 en su asistente personal. Fue diputado ante la AN entre 2000 y 2004.

Fue uno de los promotores de la creación de la Defensoría del Pueblo, encargada, entre otras atribuciones, de “velar por los derechos y garantías de las personas que por cualquier causa hubieren sido privadas de libertad, recluidas, internadas, detenidas o que de alguna manera tengan limitada su libertad”, de acuerdo con el portal web de esta instancia.

El gobierno estadounidense presidido por George W. Bush le acusó en 2000 de ser agente de un grupo terrorista. Ese mismo año, viajó a varios países musulmanes como Irak, Libia, Argelia, Arabia Saudita entre otros, formando parte de la comitiva expresidente Hugo Chávez. El gobierno estadounidense le revocó el visado para entrar en Estados Unidos luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. El chavismo consideró esas acusaciones una infamia de tintes racistas, por ser Saab de origen árabe y por ser uno de los más cercanos colaboradores del presidente Chávez.

Manuel Galindo Ballesteros (Contraloría General de la República): Es el actual Procurador de la República.  Se desempeñaba como Viceprocurador General cuando fue designado titular, luego de que Cilia Flores se separara del cargo para asumir la campaña del expresidente Hugo Chávez. Es ficha de la primera dama. Entre algunas de sus expresiones está: “La lealtad integral permitirá impulsar el avance de la Revolución y consolidar sus logros en todos los ámbitos de la vida nacional”.

Consultor jurídico de la AN de 2006 a 2010, Galindo es abogado especialista en Derecho Laboral. También es magíster en administración educativa, doctor honoris causa, summa cum laude y profesor de posgrado. El jurista fue condecorado con la orden Danilo Anderson.

Luisa Ortega Díaz (Ministerio Público): Fue designada como Fiscal General de la República para el período 2007-2014.  Se desempeñó en 1999 como Consultora Jurídica de Venezolana de Televisión durante la presidencia de Mari Pili Hernández y en abril de 2002 ingresó al Ministerio Público como fiscal de procesos, de la mano del entonces fiscal general, Isaías Rodríguez, a quién conoció en Maracay, cuando ambos acompañaron la lucha de los trabajadores de la industria textil del estado Aragua. Es abogada egresada de la Universidad de Carabobo, en cuyos años de estudiante militó en el grupo Ruptura, un frente abierto del Partido de la Revolución Venezolana, fundado por el dirigente político y ex guerrillero Douglas Bravo. Se graduó de Doctora en Ciencias Jurídicas, mención Derecho Constitucional, en la Universidad Santa María y obtuvo una especialización en Derecho Procesal en la Universidad Católica Andrés Bello y otra en Derecho Penal en la Universidad Santa María.

Durante su gestión, el Ministerio Público manejado casos emblemáticos, como la solicitud de extradición al expresidente Carlos Andrés Pérez por las violaciones a derechos humanos durante el ‘Caracazo’, o el procesamiento a banqueros venezolanos incursos en apropiación indebida y enriquecimiento ilícito. También se iniciaron las investigaciones en casos como el de la Masacre de Cantaura, aunque sin actos conclusivos ni apertura de juicios. Varias organizaciones no gubernamentales, como Provea, se han pronunciado contra el manejo político de este caso en particular, cuando no se ha mencionado entre los presuntos responsables a figuras que militan actualmente en el oficialismo.

En procesamiento selectivo de opositores también ha sido un símbolo de la gestión de Luisa Ortega Díaz al frente del Ministerio Público. Durante 2014 se procesó a más de 26 disidentes y opositores en el marco de las protestas antigobierno que comenzaron en febrero. Además se detuvo a más de 3,000 ciudadanos y estudiantes en las manifestaciones, un número importante de ellos padeció tratos degradantes, vejaciones, tortura y otras violaciones a derechos humanos. En una entrevista a José Vicente Rangel en su programa ‘José Vicente Hoy’, que se transmite por Televen, la fiscal general declaró: «Nunca en este país se habían respetado tanto los derechos humanos como ahora».

Aunque Ortega Díaz impulsó la creación de fiscalías municipales e inauguró la Escuela Nacional de Fiscales, los índices de impunidad no han presentado retrocesos significativos. Solo en los casos de homicidios, la impunidad afecta 92% de los casos. Solo un 8% de los homicidios que se cometen en el país se logra sentencia firme, según cifras aportadas por el propio organismo.

La titular del Ministerio Público también ha sido denunciada por una organización no gubernamental de interferir y aprovecharse de su investidura para presuntamente proteger a su hermano, el médico Raúl Ortega Díaz, en un caso de mala praxis médica. La organización Fundecis, denunció a la fiscal general por presuntamente ordenar el sobreseímiento en la denuncia contra su hermano, señalado de haber perforado el hígado de la paciente Aleidis Acosta durante una intervención quirúrgica, según reseñó el diario La Verdad.