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PERFIL Christian Zerpa, el amigo de Hugo Cabezas y El Aissami que ahora colabora con Trump

Christian Tyrone Zerpa no tenía una sino las dos rodillas en tierra. Militante del extinto Movimiento Quinta República (MVR) y después del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que ahora huyó hacia «el imperio» siempre contó con la amistad y la confianza de los líderes de la revolución chavista.

Este trujillano de 44 años de edad destaca en su currículo que fue “miembro fundador del Movimiento Estudiantil UTOPIA 78 de la Universidad de Los Andes (ULA)”, donde coincidió con Tareck El Aissami (vicepresidente del Área Económica), José Javier Morales (superintendente de la Actividad Aseguradora), Hugo Cabezas (jefe de Smurfit Kappa Cartones de Venezuela en representación del Ministerio de Industrias) y Hugbel Roa (ministro de Educación Universitaria), entre otros.

Politólogo y abogado, entre 2002 y 2005 asumió distintas responsabilidades en la gobernación del estado Mérida, bajo la administración de Florencio Porras, teniente del Ejército que participó en el golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Al lado de Porras, llegó a ejercer como secretario ejecutivo del Consejo Estadal de Planificación.

Pronto comenzó su ascenso en la política nacional junto a sus compañeros de la ULA, en especial de su paisano de Boconó, Hugo Cabezas. Director de Relaciones Presidenciales Nacionales del Despacho del Presidente (2005-2006), director nacional adjunto de Identificación Civil en la extinta Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (Onidex, 2006), y viceministro de Relaciones Presidenciales (2007-2008), formó parte del entorno del difunto comandante Hugo Chávez.

Zerpa se desempeñó como “líder” en la Gerencia de Seguimiento de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), donde entre 2008 y 2009 se encargó de supervisar las obras sociales desarrolladas por la industria. Luego daría el salto hacia la Dirección General de Proyectos Especiales del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, en la gestión de su condiscípulo El Aissami.

Votó por él mismo.

Arribó a la Asamblea Nacional en 2010 representando al estado Trujillo, gobernado en ese momento por Hugo Cabezas. Los tres diputados principales de la entidad por el chavismo en ese período fueron Zerpa, José Javier Morales y Hugbel Roa. Antes de sentarse en su curul, había sido responsable de política electoral en Trujillo de los comando de campaña de Chávez (2006) y de Cabezas (2008).

El cambio de mando en Trujillo, con el triunfo en la gobernación del general en jefe Henry Rangel Silva, significó en principio un varapalo para los camaradas de Utopía 78. Rangel Silva promovió a sus fichas para las elecciones parlamentarias de 2015 y solo se salvó Roa, dicen que por la intervención de El Aissami. Sin embargo, Morales y Zerpa salieron bien librados y tomaron puestos relevantes en la burocracia chavista.

Miembro de la Comisión de Política Exterior de la AN, se convirtió en magistrado exprés en diciembre de 2015 a pocas horas de que el chavismo perdiera la mayoría de la Cámara. Para echar más leña al fuego, en su condición de legislador activo votó por él mismo para vestir una toga en la cúpula del Poder Judicial venezolano.

Tras conocerse la noticia de que había volado a Estados Unidos para denunciar las supuestas desviaciones del TSJ, el presidente del máximo juzgado, Maikel Moreno, declaró que su colega estaba siendo investigado desde el 23 de noviembre pasado por “conductas indecorosas e inmorales en detrimento de un grupo de mujeres que hacían vida laboral en su despacho”.

Moreno dijo que el caso ya está en manos del Consejo Moral Republicano, conformado por el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, y dos antiguos compañeros de partido de Zerpa: el fiscal Tarek William Saab y el contralor Elvis Amoroso, todos impuestos por la cuestionada asamblea nacional constituyente. Con Amoroso, además, Zerpa compartió bancada en el periodo 2010-2015.

Conectado al poder aunque manteniendo un bajo perfil ante la opinión pública, Zerpa cambió la Utopía socialista por el sueño americano.

Magistrado “exprés” Christian Zerpa huyó a EEUU para colaborar con la justicia

EL MAGISTRADO CHRISTIAN TYRONE ZERPA, de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), desertó de Venezuela y se trasladó a EEUU junto a su familia para colaborar con la justicia de ese país.

La información la dio a conocer la periodista venezolana radicada en EEUU Carla Angola, quien aseguró que le hizo una entrevista a Zerpa para el canal EVTV, que será difundida la próxima semana.

Angola aseguró que Zerpa se encuentra en el país norteamericano junto a sus dos hijas y su esposa y que en la entrevista le admitió haber sido un magistrado “exprés” (de los designados de manera irregular por la Asamblea Nacional en diciembre de 2015) y que le escogieron porque era uno de los leales al proceso chavista.

 

 

“A mí nadie me tuvo que decir exactamente que las sentencias que yo tenía que firmar tenían que favorecer al régimen, simplemente suponían que yo  lo iba a hacer porque yo fui leal, disciplinado dentro del PSUV”, indicó Angola que le declaró Zerpa.

Siempre según Angola, Zerpa afirmó que no sospechaba cuál era la profundidad de los crímenes cometidos desde el punto de vista de la corrupción por el gobierno de Nicolás Maduro y que llegó al punto de desear que el mismo no se juramente para un nuevo período constitucional el 10 de enero.

Zerpa indicó que hay otros magistrados en la misma oposición y que existe mucho temor dentro del PSUV. El magistrado indicó que colaborará con EEUU y que está en contacto con miembros del Congreso norteamericano y con representantes del Departamento de Justicia, incluido el Fiscal General.

Zerpa fue uno de los funcionarios del gobierno nacional sancionados en mayo de 2018 por el gobierno de Canadá por ser presuntamente responsables del empeoramiento de la democracia en Venezuela.

Maikel Moreno, el magistrado con más sanciones internacionales

 

Pese a que no ha sido el autor de ninguna decisión de las que le arrebataron competencias a la Asamblea Nacional o que le impidieron ejercer sus funciones, el magistrado Maikel Moreno figura entre los 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a los que más de 30 países le han impuesto sanciones. ¿Las razones? Pueden ser varias: En primer lugar su cercanía al presidente Nicolás Maduro, que sus decisiones son todas favorables a los intereses del Ejecutivo, o su pasado.

La alineación con el mandatario quedó de manifiesto durante el acto de apertura judicial de 2018, donde el magistrado animó al Jefe del Estado a mantener “la fuerza y el ímpetu para fortalecer la seguridad, defensa y soberanía de nuestra Nación” y le pidió tener “absoluta confianza que el Tribunal Supremo de Justicia y por ende el Poder Judicial, con el instrumento de la Ley y el Derecho, garantizaremos la incolumidad de nuestra Patria”.

Posteriormente, en una entrevista televisada, el funcionario refutó que en el país hubiera una dictadura, tal y como lo señalan distintos gobiernos extranjeros o la Organización de Estados Americanos (OEA). “El Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha ganado las elecciones del 20 de mayo en buena lid por la votación de seis millones seiscientos mil venezolanos”, señaló haciendo caso omiso a los señalamientos de presiones y compra de votos.

Desde que en diciembre de 2014 fuera elegido magistrado de la Sala Penal, Moreno ha adoptado decisiones controversiales. Así, en enero de 2017 fue el autor de la sentencia que ratificó la condena a más de 14 años de prisión contra el dirigente opositor Leopoldo López o la que meses antes le negó a España la extradición del etarra José Ignacio De Juana Chaos, alegando que no sabía si estaba en el país; además también autorizó el cierre de varias denuncias de corrupción contra altos funcionarios como los constituyentes Diosdado Cabello y Pedro Carreño.

Asimismo ex colegas suyos, como la magistrada emérita Carmen Elvigia Porras, lo señalaron de presionarlos para que se jubilaran anticipadamente luego de las elecciones parlamentarias de 2015 y así permitirle a la saliente Asamblea Nacional, aún controlada por el chavismo, designar a sus sucesores.

“Él (Moreno) me dijo: ‘Esto es una orden’ y que no era una cuestión de ‘pedir una jubilación’ y me advirtió que me seguiría presionando, porque era un trabajo que le dieron. Yo respondí: ‘Me están presionando y coaccionando, esto no puede pasar en la casa de la justicia’”, relató la exfuncionaria ante la Comisión especial que el Parlamento designó para estudiar esos nombramientos.

Pero por si fuera poco a esto habría que agregarle el pasado del magistrado. Moreno ha sido señalado de haber sido procesado por dos homicidios a finales del siglo pasado, cuando se desempeñaba como funcionario de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). El magistrado o ninguna otra autoridad  ha despejado qué ocurrió con esas averiguaciones.

Pese a estos registros Moreno ingresó al Poder Judicial en 1994 como alguacil y con el chavismo en el poder, fue designado juez de Control tras haberse dado a conocer públicamente como defensor de los algunos de los autores de los disparos ocurridos el 11 de abril de 2002, conocidos popularmente como “Los Pistoleros de Puente Llaguno”.

Como juez tuvo en sus manos el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson, ocurrido en noviembre de 2004. Posteriormente fue nombrado juez antiterrorista y magistrado de la Sala 7 de la Corte de Apelaciones de Caracas. Sin embargo, fue aquí donde su carrera en el Poder Judicial pareció terminar, porque el 23 de febrero de 2007 la Sala Constitucional del TSJ le ordenó a la extinta Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial destituirlo, junto a otros dos magistrados, por haber incurrido en un error inexcusable al favorecer a los asesinos de una abogada.

Sin embargo, en 2014 consiguió que el Parlamento dominado por el chavismo lo nombrara magistrado, pese a que varios de los entonces miembros del TSJ no veían con buenos ojos esta designación, porque algunos de ellos participaron en el procedimiento administrativo que terminó con su remoción siete años antes.

La cercanía de Moreno con el mandatario, de quien se dice que es “compadre”, le habría reabierto las puertas del Poder Judicial. Tras la destitución del ahora presidente del máximo juzgado Maduro, quien se desempeñaba como Canciller, lo nombró cónsul en Roma, entre otros cargos diplomáticos.

Todo esto pudo llevar a Washington, después a Ottawa, Bruselas y a Panamá a incorporar a Moreno en sus listas negras, lo cual se traduce en anulación o prohibición de otorgarle visas y la congelación de sus fondos y bienes en esos países.

 

MP interpuso acción para restitución de libertad de Ángel Zerpa

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El Ministerio Público interpuso una acción de amparo o hábeas corpus para la restitución de la libertad del abogado Ángel Zerpa, quien fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en la tarde del sábado 22 de julio en la urbanización Los Cortijos del municipio Sucre del estado Miranda.

La acción fue presentada por los fiscales 85º nacional y auxiliar, José Martínez y Simón Adrián, respectivamente, con fundamento en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica sobre Amparo y Garantías Constitucionales y el Código Penal.

En ese sentido, se precisa que se viola el artículo 44.1 del texto fundamental, el cual establece que la libertad personal es inviolable, por lo que nadie puede ser detenido sino en virtud de una orden judicial o en flagrancia.

Adicionalmente, se señala que se incurrió en la violación del derecho a la integridad física, contemplado en el artículo 46 de la Constitución.

Los fiscales también solicitaron que el Sebin informe sobre la ubicación de Zerpa debido a que hasta el momento no se tiene certeza de su paradero, por lo que se presume que se está ante el delito de desaparición forzada.

Vale señalar que el sábado 22 de julio, el Subdirector de Derechos Fundamentales del Ministerio Público se trasladó a la sede del Sebin para constatar el estado del profesional del Derecho, pero le negaron el ingreso.

Los fiscales Martínez y Adrián consignaron la acción de amparo ante el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Zerpa fue uno de los magistrados juramentados este viernes 21 de julio por la Asamblea Nacional y  uno de los defensores de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en el proceso de antejuicio de mérito que lleva la Sala Plena del máximo tribunal en su contra.

Magistrado Danilo Mojica optó por inhibirse en enjuiciamiento contra la Fiscal

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Este martes, el magistrado Danilo Mojica, integrante de la Sala Social del Tribunal supremo de Justicia (TSJ), indicó que decidió inhibirse en el proceso previo al antejuicio de mérito de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que se realizará en la Sala Plena.

Mojica explicó que dicho proceso judicial está mal orientado, porque en el mismo deberían calificarse delitos graves en lugar de faltas administrativas.

El magistrado de la Sala Social tomó esta decisión horas después de que los abogados defensores de la fiscal recusaran a un grupo de magistrados del ente judicial.

El integrante de la Sala Social se ha pronunciado en contra de las decisiones de sus colegas de la Sala Constitucional en ocasiones anteriores, debido al carácter político de las mismas.

Tal es el caso de la sentencia que declara constitucional la convocatoria de la asamblea nacional constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro. El abogado alegó el pasado 23 de mayo que la constituyente estaría comprometiendo la soberanía popular y pondría en riesgo la estructura del Estado Venezolano.

En días pasados, la Fiscal General expresó a través de un comunicado del Ministerio Público que sus abogados recusaron a 17 de los 32 miembros de la Sala Plena por “irregularidades en el proceso de solicitud de antejuicio de mérito, alegando que el Poder Judicial debe pronunciarse antes de la audiencia.

Luego de que el diputado Perro Carreño solicitara una medida cautelar en contra de la Fiscal General, el Tribunal Supremo de Justicia prohibió a Luisa Ortega la salida del país mientras congelaban sus cuentas bancarias, mientras era amenazada con no sólo ser removida de su cargo sino encarcelada.

 

 

*Con información de El Nacional 

Presidente del TSJ rechaza muerte de Fabián Urbina por presunto uso indebido y desproporcionado de la fuerza

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El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Maikel Moreno, rechaza categóricamente la muerte del ciudadano Fabián Urbina, ocurrida este lunes 19 de junio en el distribuidor Altamira del municipio Chacao del estado Bolivariano de Miranda, presuntamente como consecuencia del uso indebido y desproporcionado de la fuerza por parte de algún miembro de un organismo de seguridad del Estado que dispersaba una manifestación que se desarrollaba en el lugar.

Asimismo, el magistrado Maikel Moreno, máxima autoridad del Poder Judicial, garantiza al país que los jueces harán justicia, con el objeto de establecer las responsabilidades y sanciones a que haya lugar, siempre en el marco del respeto al debido proceso, al derecho a la defensa y demás garantías establecidas en la Constitución y leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

Finalmente, el Magistrado-Presidente rechazó cualquier manifestación o acción violenta que ponga en peligro la integridad de las personas, provoque daños materiales y cercene los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, al tiempo que ratifica su llamado, a la convivencia, al diálogo, al respeto y a la solidaridad, para continuar consolidando la cultura de paz que caracteriza al pueblo venezolano.

 

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Asamblea Nacional inicia proceso de postulaciones para magistrados del TSJ

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El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional (AN) declaró oficialmente abierto el proceso de selección de los 13 nuevos magistrados principales y los 20 suplentes para integrar las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El proceso se realizará del 19 al 23 de junio entre las 09:00 a.m. y las 03:00 p.m., según un comunicado del Parlamento. Igualmente refleja que quienes deseen ostentar los referidos cargos deben contar con los recaudos documentales “que demuestren fehacientemente el estricto cumplimiento de los requisitos” para ser magistrados del Poder Judicial, según lo establecido en los artículos 263 de la Constitución y el 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

El texto, publicado este domingo en la prensa nacional, añade que los aspirantes a magistrados deben dirigirse con los recaudos –personalmente o mediante una carta poder– a la Secretaría del Comité de Postulaciones Judiciales que queda en la segunda vicepresidencia de la AN ubicada en la sede del Palacio Federal Legislativo en Caracas.

“Los recaudos deben ser presentados por el interesado en su totalidad, en hojas tamaño carta y carpeta marrón con la identificación respectiva de la Sala a la cual aspira a ser seleccionado (…)”, refleja el documento.

Igualmente señala que los cargos judiciales por Sala del TSJ son los siguientes: tres cargos principales y cuatro suplentes para la Constitucional; dos cargos principales y cinco suplentes para la Político Administrativa; dos cargos principales y cuatro suplentes para la Electoral; tres principales para y dos suplentes para la de Casación Civil; un principal y dos suplentes para la de Casación Social; y dos principales y tres suplentes para la Penal.

Una vez concluido el plazo para las postulaciones, el Parlamento señala que de acuerdo al artículo 71 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia “quedará abierto de pleno de derecho” un período de 15 días continuos para que la ciudadanía ejerza las impugnaciones “que bien consideren efectuar a los candidatos preseleccionados”.

Además menciona que el baremo utilizado para la preselección de los postulantes a magistrados, “será entregado a cada uno de los interesados al momento de la consignación de la documentación respectiva, a través de su correo electrónico y se hará del conocimiento del público en la página web de la Asamblea Nacional”.

Este proceso se realiza luego de que el 12 de junio de este año la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, introdujera un recurso ante el TSJ para impugnar la designación de los 13 magistrados principales y 20 suplentes de ese órgano judicial que realizó la saliente AN el 23 de diciembre de 2015 alegando que el procedimiento estuvo viciado.

Al día siguiente, Ortega Díaz solicitó un antejuicio de mérito contra ocho magistrados de la Sala Constitucional del TSJ –seis principales y dos suplentes– por el presunto delito de “conspiración” contra la forma republicana de la nación. El ente judicial, sin embargo, ha declarado inadmisible todos los recursos introducidos por la fiscal.

Magistrado del TSJ: Constituyente aniquila la participación ciudadana

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El Magistrado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Danilo Mojica fijo posición con respecto a la propuesta del Presidente de la República Nicolás Maduro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente afirmando que si no se somete a consulta se «compromete la soberanía popular”.

A través de unas declaraciones al portal Notiminuto, el Magistrado manifestó que comparte la posición de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz cuando se pronunció sobre la convocatoria de la Constituyente resaltando que la Constitución de 1999 fue elaborada por una ANC convocada a través de un referéndum consultivo y ratificada mediante un referéndum constitucional. «La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente no es la situación a la crisis que vive el país», dijo Mojica.

El Magistrado envió un mensaje al presidente Nicolás Maduro: «Las tumbas de nuestra juventud circundan a Venezuela, basta ya de pérdidas de vidas inocentes, la historia no perdonará a quienes no actuemos en función del interés nacional. Nos hallamos en ante una crisis nacional que no se resolverá con una constituyente, ni con medidas de represión».

Mojica hizo un llamado a Maduro a que convoque elecciones inmediatas.