Liliana Ortega archivos - Página 2 de 2 - Runrun

Liliana Ortega

Cofavic: Para las víctimas, el silencio no es una opción

violencia-

 

Decenas de ideas y de proyectos conjuntos surgieron del Encuentro Nacional de Víctimas que organizó COFAVIC y que se llevó a cabo el pasado 7 de julio en la Universidad Católica Andrés Bello.

El evento fue un espacio de interacción e intercambio entre víctimas procedentes de distintos lugares del país. No hubo una única conclusión, pero sí una reflexión privó por encima de otras durante la jornada de discusión: el silencio no es una opción válida para las víctimas.

Así lo han entendido las personas que, pese al dolor de una pérdida, del miedo paralizante que pueda generar la denuncia, han optado por el camino largo de la justicia y la reparación.

Los participantes, durante el espacio de interacción, reiteraron la necesidad de que haya un sistema de justicia garante de los Derechos Humanos. Pidieron investigaciones efectivas e independientes de las denuncias que se hacen de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura, violencia de género. Recordaron la importancia de procurar medidas de protección adecuadas y garantías de todo tipo a la hora de denunciar.

Las víctimas también solicitaron programas continuos para la recuperación emocional y la promoción de un lenguaje de Derechos Humanos en todas las instancias de la sociedad.

Liliana Ortega, abogada fundadora de COFAVIC, organización que nació hace 27 años durante los sucesos de febrero y marzo de 1989, en el llamado Caracazo, dijo durante su intervención que las víctimas deben reconocerse como actores fundamentales de la lucha por la justicia y que su participación es fundamental en la reconstrucción de la memoria histórica de cualquier suceso.

El padre José Virtuoso, rector de la Ucab, introdujo dos elementos fundamentales en el proceso de justicia: la verdad siempre debe estar por delante en cualquier intento de reconstrucción del país, y destacó el hecho de que el encuentro de víctimas se perfile como una posibilidad más que contribuya a la reparación de Venezuela.

La investigadora y profesora universitaria, Magally Huggins, estremeció a los asistentes con su presentación. Su ponencia, con enfoque de género, movilizó, sobre todo, a los hombres que asistieron al encuentro. Algunos son víctimas directas de violaciones a los derechos humanos, otras son padres de jóvenes asesinados en distintas circunstancias. A ellos les dijo que la emoción es humana, no femenina: y que es muy importante el enfoque de género en la vida familiar. “Hay que permitirle al hombre el goce del hijo. Si vamos juntos en la calle, codo a codo, somos muchos más que dos. Eso necesita Venezuela”, reiteró.

Huggins llevó una presentación muy visual, con muchas fotos desgarradoras de madres que lloran a sus hijos muertos en la morgue de Bello Monte. Imposible mantenerse indiferente ante ese reflejo de la realidad. A los que se conmovieron, Huggins les dijo “el dolor cambia, nunca desaparece. Se aprende a vivir con él”.

La psicóloga insistió en el derecho que tienen las víctimas a elaborar y vivir su duelo. “El camino del duelo hay que transitarlo. El duelo es un derecho”, reiteró.

Por eso es tan importante y oportuna la ayuda psicológica y recordó que hay lugares en Caracas donde se ofrece en forma solidaria. “El miedo hay que asumirlo y enfrentarlo”, dijo la investigadora social.

Se refirió a la violencia como un aprendizaje y la creencia de muchos de que es una forma válida de relación entre los seres humanos y de resolución de conflictos. “La violencia debe convertirse en el tema número 1 de las organizaciones sociales”, dijo, y debe incorporarse en ese estudio a la corrupción como una forma de violencia institucional. “La violencia es el líquido amniótico de Venezuela”, señaló.

Las víctimas tuvieron la oportunidad de constituir un panel y de hablar de su participación en los procesos de justicia y reparación de sus propios casos. En efecto, la voz colectiva de las víctimas puede potenciar una suma de voluntades hasta convertirse en organización

La participación de las víctimas se perfila como un ejercicio de ciudadanía que contribuye a combatir la impunidad y a fortalecer el sistema democrático.  Las víctimas han entendido que son el poder que impide sostener la historia oficial y falseada.

“Justicia no es sinónimo de venganza, sino de reconciliación”, reflexionó Liliana Ortega, mientras hacía referencia a las historias de Eloísa Barrios, miembro de una familia de Aragua de la que han sido asesinados 11 miembros;  Ignacio Landaeta, un padre,  también de Aragua, que perdió a dos hijos; Luis Uzcategui,  activista y defensor de Falcón que pidió mantener la lucha; Alejandra Blanco, del estado Vargas, que aún espera justicia en la desaparición forzada de su esposo en 1999  e Yris Medina, fundadora de @COFAVIC, cuyo esposo fue asesinado en el Caracazo.

Todos dijeron que la clave está en mantener la lucha, en ser pacientes, en perseverar, en nunca perder la fe.  Por eso en psicología se habla de la personalidad resistente, esa que suele aflorar luego de un suceso traumático, y esa ha sido la clave de las víctimas.

 

Cofavic

Caso Tumeremo: “Mientras más tiempo corra, habrá más espacio para la impunidad”
Expertos en derechos humanos analizan lo que se conoce de la supuesta masacre y aseguran que podría tratarse de desapariciones forzadas. Esto ubicaría el hecho en las categorías de violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad

 

DE CONFIRMARSE LA MASACRE de los 28 mineros desaparecidos en el estado Bolívar, estaríamos frente a crímenes de lesa humanidad. Las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales no son hechos nuevos para las comunidades mineras del sur del país, sin embargo, la magnitud de esta masacre y la presunta participación de cuerpos de seguridad del Estado, son elementos que diferencian este caso, a juicio de cuatro organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos consultadas por Runrun.es

Lexis Rendón, coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, aseveró que las organizaciones de derechos humanos tienen como prioridad “los testimonios y las peticiones de las víctimas; creemos que todas sus denuncias tienen que ser investigadas; no se puede tener a sus familiares sin respuesta; tiene que haber alguien, ya sea la Fiscalía, la Defensoría, el Ministro de Interior y Justicia o el Ministro de la Defensa, que dé respuesta acerca de dónde están los 28 mineros que no aparecen”.

Rendón resalta una irregularidad en el manejo oficial de la denuncia: “Es una irresponsabilidad del gobernador del estado Bolívar haber desestimado las denuncias de los familiares de los mineros desaparecidos; mientras ellos no aparezcan, todas las organizaciones de defensa de derechos humanos estaremos demandando respuestas; pero mientras más tiempo corra, habrá más espacio para la impunidad”.

“Las denuncias de algunas personas que se hacen llamar sobrevivientes describen una masacre de trabajadores de la minería; esa situación no es nueva, lo que evidencia cómo el Estado ha cedido espacio para que se establezcan mafias y grupos delictivos”, dijo Rendón.

La coordinadora del Laboratorio de Paz explica que la ausencia de una denuncia formal no impide que se abra una investigación. “Hay un hecho público y notorio: una comunidad entera denunciando la desaparición de sus familiares; eso obliga al Estado a abrir una investigación de oficio; sí tiene que haber una denuncia formal, pero su ausencia no es una limitación para abrir la investigación. La Defensoría sabe que desde el mismo momento en que la comunidad denuncia esta desaparición, debe investigar para ofrecer respuestas”.

Las 3 características de la masacre

Tres características destacan del caso de la presunta masacre de los 28 mineros en Tumeremo: la magnitud, el comportamiento de las autoridades y el tipo de crimen, explica Liliana Ortega, directora de Cofavic. “Si esos casos se comprueban, estamos hablando de presuntas desapariciones forzadas de personas, de presuntas ejecuciones extrajudiciales, y de presuntos casos de tortura, es decir, los casos más graves que establece el derecho internacional, los denominados crímenes de lesa humanidad”.

Ortega aclara que hasta que los hechos se investiguen, sus impresiones se basan exclusivamente en la información que han aportado los familiares de las presuntas víctimas a través de los medios de comunicación. “Sobre este caso en particular, únicamente podemos hablar con base en la información que se ha hecho pública; pero sí es importante conocer el contexto más amplio: en Venezuela, entre 2000-2008, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio Público (MP), se evidenció que el promedio de presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales asciende a 1.044 casos por año; la cifra más alta de América Latina”.

El culpable habitual: “presuntos enfrentamientos”

Cofavic realizó un monitoreo independiente en 23 estados del país, en el cual contabilizó 1.107 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos en 2014. Del total de los casos registrados, 92% corresponde a presuntas ejecuciones extrajudiciales, mientras que 7,8% a presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; 0,2% de la muestra se refiere a casos de desaparición forzada.

Ortega ofrece otro dato: 99% de los casos de violaciones de derechos humanos no llega a juicio. “La línea de investigación del MP en los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales es muy pobre; generalmente se conforma con la versión oficial de presuntos enfrentamiento”.

Lea también: 3 detenidos por investigación de masacre de Tumeremo

La directora de Cofavic lamentó que en la mayoría de los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, el MP no aplique un estándar internacional conocido como el Protocolo de Minnesota, el cual está diseñado específicamente para poder determinar si se está o no frente a ejecuciones extrajudiciales.

Entre los criterios que aplica este Protocolo están determinar cómo se produjeron los disparos para saber si las víctimas fueron asesinadas bajo custodia; y determinar si hay evidencias de tortura.

Justamente con relación a este aspecto, Ortega destaca que “uno de los problemas principales que encontramos en nuestra estadística, es que en 47% de los casos podrían tener presunta participación, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas,  Penales y Criminalísticas. Eso genera un problema muy serio de falta de independencia, porque ese es el organismo que tiene el control del sitio del suceso, del cadáver, y de la investigación inicial de los hechos. En Venezuela, es muy difícil que un funcionario que presuntamente haya participado en una violación de derechos humanos, pueda ser investigado de manera autónoma”.

Reactivación del Arco Minero y el repunte de la violencia

MineríaIlegal

 

El coordinador de Provea, Inti Rodríguez, explica que desde hace unos 3 años se vienen presentando situaciones de violencia en el estado Bolívar por el control de las minas de oro, no obstante, dice que “pareciera que con el decreto relativo a la reactivación del Arco Minero del Orinoco, se están generando mayores situaciones de enfrentamientos violentos”.

Con la publicación en Gaceta Oficial de la ley que reserva al Estado la explotación de oro, se crea además la figura de las Brigadas de Mineros, las cuales estarán compuestas por órganos del Poder Popular y particulares que se constituyan en cooperativas.

Lea también: FOTOS Y TESTIMONIOS DE SOBREVIVIENTES: Este fue el sitio donde ocurrió la masacre de Tumeremo

“Esta figura de las Brigadas de Mineros podría estar alentando estos enfrentamientos por el control de las minas, con la intención de poder negociar con el Estado el otorgamiento de las concesiones”, afirma Rodríguez.

“Es muy peligrosa esta figura de las Brigadas de Mineros porque no se explica bien cómo se implementará. En el caso de los mineros de Tumeremo, no dudamos de los testimonios de las víctimas porque no se trata de algo nuevo. Lo que evidencia que el Estado no ha hecho nada para evitar o detener esta situación”. El coordinador de Provea afirma que no se trata solamente de un problema de mafias o de grupos delictivos, sino de una situación alentada y tolerada por el propio Estado, a través de una parte importante de funcionarios, especialmente militares, que estarían involucrados.

Delito organizado y violación de derechos humanos

El representante de la organización Paz Activa, Luis Cedeño, señala que si se confirman los hechos y la participación de grupos de seguridad del Estado que presuntamente estarían involucrados, “estaríamos en presencia de delito organizado, ya que el interés económico en la zona es muy grande, vinculado con serias violaciones de derechos humanos”.

“Si hubo involucramiento de funcionarios del Estado que trabajaron en conjunto con bandas criminales, estos serían culpables no solo de cargos criminales, sino de violación de derechos humanos. Repito, si se llega a comprobar que hubo participación de algún cuerpo de seguridad del Estado o de algún funcionario electo, para asesinar y desaparecer a una persona, se trataría de una violación de derechos humanos; delitos de lesa humanidad que no prescriben”, argumenta Cedeño.

“Hay que eliminar el patrón de impunidad que caracteriza al Estado, el cual da pie a que hechos de este tipo se repitan; lo mínimo que los ciudadanos esperan del Estado es que proteja el derecho a la vida. Lamentablemente, más allá de la estadística de 99% de impunidad, lo que esa palabra significa es que aquellos que matan hoy, podrán seguir matando mañana”, asevera Cedeño.

 

Así debe ser la investigación:

Liliana Ortega describe tres características que deberían tener las investigaciones sobre denuncias de violaciones de derechos humanos:

1.- La investigación debe ser independiente, es decir, que aquellos cuerpos de seguridad que presuntamente están involucrados, deben ser apartados de la investigación.

2.- No depende del impulso de las víctimas el resultado de la investigación, depende del Estado, es decir, que el miedo de los familiares y presuntos sobrevivientes a denunciar formalmente los hechos, no debe impedir que el Estado dé inicio a la investigación.

3.- La investigación tiene que ser conclusiva, esto es, que debe producir resultados y ofrecer respuesta a las víctimas.

 

 

 

CIDH aún no ha decidido sobre medidas para Leopoldo López

LeopoldoLópezPreso

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aún no ha tomado decisión sobre la petición de medidas cautelares a favor del ex alcalde de Chacao Leopoldo López.

Este mes los miembros de la CIDH también evaluaron una solicitud de medidas cautelares para López que llevan ya varios meses estudiando.

“La Comisión ha dado seguimiento a la situación de López tanto a través del mecanismo de medidas cautelares como del monitoreo de la situación en Venezuela, ha solicitado información en reiteradas oportunidades y, hasta el momento, no ha llegado a una decisión sobre si otorgar o no las medidas”, dijo  Felipe González, uno de los siete integrantes de la CIDH, en una conferencia de prensa al término del 154° período de sesiones del organismo en Washington.

“Las medidas cautelares no siempre tienen un pronunciamiento inmediato, tienen que ver con la información que la Comisión va solicitando y recibiendo” a los Estados y a las organizaciones o personas que han pedido que se otorgue esa protección, agregó.

González confía en poder tener pronto una decisión con respecto a la solicitud relativa a López, que se encuentra en prisión preventiva desde febrero de 2014 acusado de promover violencia durante una marcha que dio comienzo a una oleada nacional de protestas antigubernamentales.

 

Defensores

 

La CIDH expresó ayer su preocupación por la situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela, en particular los que acudieron a sus audiencias públicas la semana pasada. “Miramos con preocupación lo que sucede con los defensores de derechos humanos en Venezuela”, dijo González.

La semana pasada el organismo hemisférico emitió una medida cautelar en la que instaba al gobierno de Venezuela a proteger la vida de Marco Antonio Ponce, y denunció que él y otras seis personas que viajaron a Washington para hablar ante la Comisión fueron intimidados desde altos cargos del Estado.

“Se había señalado que (esas personas) regresarían en tales vuelos con tal fecha a Venezuela” tras su participación en las audiencias, recordó.

El Estado de Venezuela “no ha respondido” aún a esa solicitud de protección que hizo la CIDH, pero en los últimos días el organismo ha recibido “más información de parte de los defensores, en el sentido de que al llegar (a Caracas) también habrían sido objeto de seguimiento, de fotografías”, añadió.

González aseguró que, además de Ponce, “las otras personas” que acudieron a las audiencias en Washington también solicitaron medidas cautelares, y la Comisión “tiene abierto el trámite” de esa petición.

Entre ellos están Rafael Uzcátegui, de Provea; Carlos Correa, de Espacio Público; Liliana Ortega, de Cofavic; Humberto Prado, del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP); Aurelio Fernández, de Transparencia Venezuela, y Feliciano Reina, de Codevida.

La Comisión decidió conceder las medidas cautelares solo a Ponce, del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, y “sin pedir más información al Estado”, debido a que “se había mostrado su foto en televisión” en Venezuela, por lo que la CIDH concluyó que estaba “en situación de inminente riesgo”, explicó González.

 

“Destino de América Latina se está decidiendo en Venezuela”

El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa afirmó que “el destino de América Latina se está decidiendo en Venezuela” y consideró fundamental que la región se movilice “en apoyo a la resistencia venezolana” contra el régimen de Nicolás Maduro.

El escritor peruano clausuró ayer el seminario América Latina: oportunidades y desafíos, que se desarrolló en Lima durante dos días con la crisis política y económica en Venezuela como centro de los debates.

Vargas Llosa consideró poco probable que el gobierno de Maduro “se imponga” a la oposición venezolana porque, según dijo, se trata de “un régimen que está arrinconado (…) casi destruido por la corrupción interna”.

El premio Nobel del 2010 expresó que es “mucho más optimista” sobre la situación en los otros países de América Latina que viven en regímenes democráticos. “Con dificultad, con obstáculos, estamos empezando a vivir en la diversidad”, dijo.

En el seminario, que organizó la Fundación Internacional para la Libertad, participaron las esposas de los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, Lilian Tintori y Mitzy Capriles, respectivamente.

IPYS Venezuela: Diosdado Cabello volvió a intimidar a periodista y activistas de DDHH

diosdadocabello6

 

IPYS Venezuela

El 11 de febrero de 2015, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional (AN), intimidó y mencionó por segunda vez en menos de cuatro meses  a varios activistas de Derechos Humanos en su programa Con el mazo dando, transmitido los días miércoles por Venezolana de Televisión (VTV), principal televisora estatal. Cabello afirmó que se planea presentar un informe en contra de su programa en la  audiencia de la Corte Interamericana  de Derechos Humanos, que se llevará a cabo en la sede de la OEA, en marzo de 2015. Acusó a la periodista Mariengracia Chirinos de liderar la investigación del mencionado informe en colaboración con el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela).

Como ya es costumbre en el programa del presidente del Parlamento, la intimidación se hizo por medio de la lectura de las cartas de los llamados “Patriotas cooperantes”. Así como ocurrió en el mes de noviembre de 2014, “Patriota Mundo” quien suministró la información en una carta leída por Cabello en la que se mencionó a Marco Ponce (Observatorio Venezolano de Conflcitividad  Social),  Rafael Uzcátegui (PROVEA), Ligia Bolívar (Centro de Derechos Humanos de la Ucab), Carlos Nieto (Una Ventana para la Libertad), Rocío San Miguel (Control Ciudadano), Carlos Correa (Espacio Público) y Liliana Ortega (COFAVC). Estos activistas fueron señalados por el parlamentario por formar parte de una representación que presuntamente irá a denunciar violaciones de Derechos Humanos en el país.

“Los temas que trataran en la audiencia son los siguientes: la supuesta persecución e intimidación de los defensores de los DDHH por parte de Diosdado Cabello, la denuncia a la asociación de Patriotas Cooperantes, como coparticipes de violaciones de Derechos Humanos y miembros de un estado policial, ya que supuestamente los patriotas cooperantes han criminalizado, intimidado y perseguido a la disidencia política en Venezuela”, leyó el presidente de la AN.

 

 

Lea la nota completa en el siguiente enlace: Diosdado Cabello acusa e intimida a periodistas y activistas de DDHH

 

Briceño León:

1392245581_702382_1392249298_album_normal

 

Roberto Briceño León, director del OVV; Rafael Uzcátegui, coordinador general de PROVEA; Marino Alvarado, miembro de la Asamblea General de esta organización; y Liliana Ortega, directora del Comité de Víctimas de los Sucesos de los sucesos de ‘El Caracazo’ (COFAVIV), rechazan el decreto de ley promulgado por Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, que autoriza el uso de armas letales contra manifestaciones.

 

@albertoyajure
(*) Con información de @AdrianitaN
 

 

“Estamos analizando el texto de la resolución. Lo que podemos adelantar por ahora es que el Ejecutivo está creando las condiciones para una violación masiva y sistemática de derechos humanos en el país. Con este instrumento, todos los efectivos tienen ordenes de para actuar de una determinada manera para violar los derechos humanos”, responde Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, al ser consultado sobre la resolución que fue publicada en Gaceta Oficial este 27 de enero por el Ministerio de la Defensa y que autoriza el uso de armas letales contra las protestas.

Las Fuerzas Armadas combatirán el descontento popular con balas y cañones. El texto propone explícitamente el “uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal”, como último recurso para “evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios”, según informó este miércoles El Nacional.

Uzcátegui enfatiza que Provea no había considerado que las violaciones a derechos humanos y la represión a protestas del año pasado fuesen sistemáticas, principalmente porque cada caso era distinto y porque los funcionarios actuaban de manera particular sin que hubiese una actuación uniforme. “Fueron violaciones graves, pero no sistemáticas. No se podía establecer una relación entre los casos”, expone. Incluso destaca que defensores de DDHH cercanos al gobierno negaban que las violaciones fuesen sistemáticas. Pero ahora, que el Gobierno —mediante el Ministerio de Defensa y su titular, Vladimir Padrino López— promulgan un instrumento que legaliza el uso de armas de fuego “potencialmente mortal”, el criterio para la calificación de las violaciones es otro: “Se crea el marco jurídica para que las violaciones sistemáticas ocurran”.

Provea también considera que la resolución vulnera la Constitución, que establece en su artículo 68 la prohibición de armas de fuego y químicas para el control de manifestaciones. Uzcátegui también advierte que además de que hay un uso discrecional en los términos empleados en la Gaceta Oficial, el Gobierno deja la puerta abierta para que la expresión de los ciudadanos en la forma de protesta sea acallada a punta de balas:

“Con este instrumento, el Gobierno ratifica el golpe continuado a la Constitución. Nosotros hacemos un llamado de atención a la base oficialista. Porque se está creando un ordenamiento jurídico para reprimir protesta política y la protesta social. En manos de este Gobierno y del otro que venga dentro de seis u ocho años. Si el orden político cambia, el próximo gobierno tendrá todo en sus manos para reprimir todas las protestas, incluso las de oficialistas. Maduro le está legando a su sucesor el orden jurídico para reprimir de manera violenta las manifestaciones”.

 

“Estado Policial”

Marino Alvarado, excoordinador general de Provea y miembro de la Asamblea General de esta organización, también se pronunció sobre este instrumento en una entrevista con César Miguel Rondón, en la que consideró que el Gobierno busca la instauración de un “Estado policial” con la consecuente confrontación violenta entre los ciudadanos.

“Es lo que llamamos la instalación de un estado policial en Venezuela a través de la doctrina de seguridad nacional. Que apunta con un elemento muy peligroso: en primer lugar es el enfrentamiento pueblo contra pueblo. Pues bajo la doctrina [del Gobierno] de seguridad nacional hay un sector que es bueno, que es el que se identifica con el Gobierno y un sector que es malo, que es al que hay que derrotar”.

No se le escapan tampoco la creación de “estructuras organizativas”, que están plasmadas en distintas leyes y que incluyen a los “comandos antigolpes”, el Sistema de Protección para la Patria (llamado también SP3), que según Alvarado, apuntalan un Estado policial que cada día fortalece su política represiva.

“No nos extrañan este tipo de resoluciones, más en un país en el que desafortunadamente se ha venido criminalizando la protesta social. Y creo que el gobierno está consciente de que el país está en una situación muy mal, que hay mucho descontento popular, que pudiera haber un nivel importante de protesta social y Y desafortunadamente en lugar de ir diseñando una política democrática frente a la protesta social, avanzan hacia una política antidemocrática que puede generar resultados muy negativos.Yo creo que frente al descontento social en un gobierno democrático, tiene que haber canales para que la gente exprese el descontento, pero además darle respuestas oportunas y adecuadas a la gente porque buena parte de la protesta en Venezuela tiene que ver con el hecho de que la gente solicita respuesta y no se le da respuesta”.

 

 

 

“Una amenaza de muerte a los manifestantes”

 

Roberto Briceño León, sociólogo y director del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) condenó también la medida durante un foro en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en el que también tildó la medida de ser una “amenaza de muerte a los manifestantes”.

“La única lectura que uno puede hacer es que se trata de intimidar a la población y de alguna manera impedir que salga a protestar Lo que uno dramática puede ver es que eso significa una amenaza de muerte del ministro a los manifestantes y la gente descontenta. Es paradójico que se amenace con las armas a los ciudadanos porque están en protesta, porque no consiguen leche y que esa misma fuerza no se use para  combatir los delitos”.

Briceño León cuestionó los esfuerzos para controlar el descontento social mientras no se invierten los mismos recursos para controlar la delincuencia y criminalidad en el país, que el año pasado causaron la muerte a 24.000 personas.

“Sorprende lo que ocurre en Venezuela, porque se está utilizando a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de manera muy ostentosa contra la oposición y no para desarmar a las bandas delictivas”.