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La política venezolana: ¿un juego de estratagemas? por Antonio José Monagas

¿ES POSIBLE CREER EN AQUELLAS leyes, decretos o resoluciones emanadas por la cúpula de un régimen dictatorial que viole consecutivamente su ordenamiento jurídico? Sobre todo, el  trazado por la letra de su Carta Magna? ¿O que contravenga los más fundamentales derechos humanos? ¿O acaso, es que ha habido algún gobierno democrático, que en algún tiempo de un arrebatado momento, no haya infringido alguna de las leyes que su mismo sistema político se impuso con la justificación plena de ajustar la dinámica social y económica a la causa de una vida en sana convivencia?

 

En cualquiera de las situaciones, luego de razonar las circunstancias que muchas veces esgrimen motivaciones políticas, morales, jurídicas o de mera conveniencia, es fácil dar con respuestas que evidencien desavenencias que contrarían el acato a la ley. Sólo que generalmente, se tiene una presunción ética a favor del ordenamiento jurídico toda vez que envuelve realidades políticas caracterizadas por un discurrir democrático.

 

Al menos, es lo que de la literalidad puede deducirse. Más, cuando se supone que sus funcionalidad organizacional se halla apegada a las libertades y a la autonomía moral sobre las cuales descansan sus decisiones. Sin embargo, no es igual lo que en lo inmediato puede inferirse de condiciones jurídicas no democráticas. Habida cuenta que estos sistemas políticos pivotan sus medidas sobre consideraciones que responden a intereses absolutistas, autoritarios o totalitarios.

 

El caso Venezuela, bien puede ser un exacto ejemplo del problema que exalta una situación en la que el respeto a la ley no siempre constituye una virtud pública. Ni aunque lo parezca. Por más que personajes del régimen, muestren, en cada aparición pública, el “librito azul” a manera de bandera batiente. El comportamiento político del país, es el reflejo de una aguda confrontación que ha alcanzado niveles bastante radicales alrededor de lo que representa la búsqueda del poder. O el poder por si mismo.

 

En Venezuela está dándose una especie de juego en medio de una realidad en la que no se tienen reglas que regulen las maniobras de las partes o factores enfrentados. Se procede con lo  primero que se tenga. No necesariamente para escudarse del otro, Sino para atacar en la primera de cambio. Aunque lo más grave que viene ocurriendo, es que en el fragor de dicha convulsión se suscitan viscerales encuentros  en los que aquel que lleva la ventaja es el factor político cuyos recursos obviamente exponen un apresto operacional propio de quien demuestre mayor malicia funcional en sus escarceos.

 

Y es normal que en política, cualquier confrontación entre rivales, sea superada por quien más recursos políticos maneje. Es una de las tantas razones que explican el por qué quienes generalmente ganan elecciones, son aquellos factores políticos ubicados en las adyacencias del poder político.

 

Sin duda que mirando la situación política venezolana desde tan delicada perspectiva, pudiera calificarse como la más complicada en términos de la complejidad estructural que cimienta la funcionalidad política en toda su extensión, procesos y dimensiones. Es lo que se infiere de comparaciones con experiencias vividas por países ubicados en la geografía latinoamericana. Inclusive, más allá. Pero al mismo tiempo, en lo emocional pues en este plano, igualmente afecta al venezolano en todas sus manifestaciones. Porque lo constriñe a reducirse como persona en términos de sus posibilidades económicas y sociales. Y por supuesto, políticas.

 

En medio de lo que estas realidades asoman su capacidad de conminar al venezolano, está asfixiándolo en cuanto a lo que su naturaleza de vida es capaz de brindarle. Tanto así que esta situación le infunde un agotamiento tan pérfido que le resulta difícil escapar de dicha condición. Así que de traspasar tan álgida barrera, es posible que caiga en un terreno cuya probabilidad de superarlo no luce tan inmediata como de lograrlo en medio de sus predios.

 

Pero si bien este problema no es fácil entenderlo en un todo alineado con el conocimiento primario de conceptos políticos un tanto desmayados ante la actualidad, lo que interesa de esta disertación es advertir el canibalismo que a lo interno del país recrudece la vida del venezolano. Sobre todo, cuando ha comenzado a reconocer los intríngulis que configuran el agorero proceder político del gobierno central. Desde luego, siempre y cuando se tenga en cuenta que escapar de la tenebrosa realidad que consume la paciencia del venezolano, no tiene más paragón que aceptar que la política venezolana ha resultado ser un juego de “tira y encoje”

 

Quizás, cabría también preguntarse si en el fondo se esconde un manejo de artimañas. O como dice el titular, acaso es la política venezolana: ¿un juego de estratagemas?

 

@ajmonagas

Alejandro Armas May 17, 2019 | Actualizado hace 3 semanas
Dos fundamentos que debemos rescatar

NO PUEDO OLVIDAR LA TENSIÓN que reinaba en el ambiente aquel día de enero de 2016. Los diputados opositores electos semanas antes llegaron para formar, por primera vez, una mayoría disidente del chavismo en la Asamblea Nacional desde que este cuerpo reemplazó al Congreso de la República. El aire estaba impregnado de rumores sobre un acto de fuerza por parte del régimen de Maduro que impediría la instalación de un poder público adverso. Aunque la jornada concluyó sin violencia en el Capitolio, pasó poco tiempo para comprobar que la elite chavista no estaba dispuesta a tolerar la pérdida del control absoluto del país. Un recuento de todo lo que ha hecho para anular la AN me tomaría la columna completa. Basta con señalar, como el último eslabón de esa cadena impresentable, la gravísima persecución a la que ha sido sometida un grupo de legisladores.

La AN está siendo desbaratada en cámara lenta. En vez de una disolución al estilo de Fujimori o, por volver con el ejemplo criollo, un asalto homicida como el que lanzaron las huestes de José Tadeo Monagas el 24 de enero 1848, los diputados están siendo separados de sus curules uno por uno y llevados a la clandestinidad, el exilio, la cárcel o, al momento de escribirse estas líneas, una siniestra falta de paradero conocido tras la detención. Las sesiones no han cesado, pero es innegable que el parlamentarismo venezolano se encuentra en la lista de especies en peligro de extinguirse. Semejante posibilidad es, sin consumarse, una aberración que atropella casi 400 años de progreso en la filosofía política. Aunque en esta columna siempre se comparan hechos del presente con los del pasado, hoy me voy limitar al terreno de la historia de las ideas para exponer el retroceso que Venezuela está experimentando.

Junto con la pintura de Rafael y la escultura de Miguel Ángel, entre tantas otras maravillas, el Estado moderno es uno de los hijos más destacados del Renacimiento. Teóricos como Tilly atribuyen su aparición al desarrollo de nueva tecnología bélica. Otros, como Spruyt, apuntan a una alianza entre monarcas y burgueses para socavar las bases del feudalismo. Como sea, el proceso se dio sin un ideario teleológico que lo impulsara. Fue entre los siglos XVI y XVII, luego de que la evolución desechara los modos de ordenación política medievales, que al Estado se le dio una razón de ser teórica. ¿Materialismo histórico? Quizá. Hablando de eso, fue Hobbes, un destacado materialista, quien hizo el mayor aporte filosófico al Estado como constructo social necesario. En resumen, el secretario de la familia Cavendish argumentó que, para que los seres humanos pudieran vivir en paz y prosperidad, era necesario entregar el monopolio de la violencia legítima a un ente que se encargara de protegerlos. Dicho ente es el Estado, que está encabezado por un individuo o asamblea investido con soberanía absoluta, intransferible y, léase bien, indivisible.

Desde luego, visto desde nuestra perspectiva del siglo XXI, el Estado hobbesiano luce espantosamente opresor. Afortunadamente, poco después de Hobbes hubo un Locke, quien advirtió que la soberanía absoluta equivale a tiranía y que, por ello, conviene ponerle límites. En su preclaro Segundo Tratado del Gobierno Civil, Locke planteó la necesidad de dividir el poder del Estado entre quienes diseñan las leyes y quienes las administran. Esos son, por supuesto, el poder legislativo y el poder ejecutivo. En rigor, Locke fue la cima de una corriente de pensamiento que se desarrolló en Inglaterra durante el tumultuoso siglo XVII, cuando el país se debatió, llegando a la guerra civil, entre la monarquía absoluta y el régimen parlamentario. Desde antes de que se desataran las hostilidades, juristas ingleses estaban alertando que las decisiones de los reyes Estuardo atentaban contra los derechos tradicionales que se remontaban a la Carta Magna. Hayek sostuvo que la corriente inglesa de separación de poderes tenía como fin último la preservación de la libertad individual. Con la Revolución Gloriosa, Inglaterra, que pronto se metamorfoseó en Gran Bretaña, pasó a ser uno de los pocos Estados europeos en los que el absolutismo no se arraigó.

En pleno Siglo de las Luces, Montesquieu dio un paso más y añadió a la dupla de Locke un tercer poder: el judicial, para interpretar las leyes y dirimir disputas legales entre los ciudadanos. Ese mismo siglo fue testigo de otra importantísima contribución al pensamiento político occidental. Me refiero al constitucionalismo. Esta vez la batuta la llevaron los progenitores de la primera república americana. Madison, Jefferson, Hamilton y otros concibieron una ley fundamental para el funcionamiento del Estado que garantizara la separación tripartita del poder y de esa forma protegiera la paz entre sus ciudadanos con el menor riesgo posible de coerción al individuo. Desde entonces, la Constitución estadounidense ha servido de modelo para incontables leyes fundamentales en los más diversos rincones del planeta. Sobre todo en Latinoamérica se han hecho intentos de emularla, a menudo sin éxito por razones que ameritan otra columna.

Sin embargo, de forma paralela a esta tradición liberal se han desarrollado otras formas de pensamiento político. Rousseau concibió una soberanía que, como la hobbesiana, es absoluta. Pero la atribuyó a la ciudadanía en pleno y no al ente representativo que Hobbes tenía en mente. Esta aproximación tiene sus luces y sombras. Por un lado, significó una contribución gigantesca a la idea de una república democrática, en la que el pueblo está permanentemente facultado para decidir. Por el otro, la soberanía democrática, al no tener límites, fácilmente degenera en tiranía de las mayorías presentada como voluntad general. No queda en este sistema ningún resguardo para el sujeto individual y la suerte de cada persona puede ser decidida por lo que el colectivo determine.

Por último, en Schmitt la noción de soberanía ilimitada alcanzó su expresión más peligrosa. Su soberano tiene la capacidad de decidir cuándo se debe instaurar un estado de excepción que le permita gobernar de forma dictatorial. Es como un presidente que puede darse a sí mismo una ley habilitante. Al igual que Rousseau, el jurista germano repudió el parlamentarismo representativo inglés por sus facciones y sus negociaciones, cuya conducción atribuyó a elites partidistas. Prefería una asamblea popular sin pluralidad y que estuviera en sintonía permanente con el líder. El tono populista y totalitario es bastante evidente, lo cual nos lleva de vuelta al chavismo y su visión del ejercicio del poder.

A la elite que gobierna Venezuela le desagradan la separación de poderes y el constitucionalismo precisamente porque, en términos coloquiales, le impiden hacer lo que le da la gana. Chávez simuló lo contrario mandando a redactar una Constitución que incluyera cinco en lugar de tres de poderes pero no tardó en demostrar que los quería todos sometidos a su persona. La quintaesencia de tal despropósito retrógrado la expuso la entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, cuando espetó con desparpajo que la división de poderes atenta contra el funcionamiento óptimo del Estado. Agregue a eso, estimado lector, el abuso de leyes habilitantes para transferir la facultad legislativa a Chávez y a Maduro. También la pretensión de reemplazar gobernaciones y alcaldías con comunas que dependen ideológicamente del chavismo. Lo más grotesco ha sido la formación de un cuerpo colegiado hecho a la medida de los intereses de la elite gobernante, al que se le atribuye una “supraconstitucionalidad”, intento de legitimar el poder ilimitado.

Nunca hubo cabida para una AN plural en este esquema. Mucho menos si la controla la oposición. Por eso el régimen desde principios de 2016 se aseguró de confiscarle sus funciones. Ahora confisca sus integrantes. Los venezolanos no podemos acostumbrarnos a este regreso de la soberanía absoluta. Pido disculpas si la columna de hoy pecó de excesivo tono didáctico, pero creo que nunca está de más recordar estas nociones de teoría política. Rescatar la separación de poderes y el constitucionalismo es un deber urgente.

 

@AAAD25

Conmemoran día de los DDHH por los presos políticos sin derechos

EN PANTALLA, UNO DE LOS ESTUDIANTES de la UPEL detenido durante las protestas de este año denuncia como fue torturado en prisión. “La carne venía con gusanos. Los alimentos que nos daban estaban podridos. Los teníamos que lavar, cocinarlos y comerlos”. Otro comenta que vomitó sangre por 25 días, y sus heridas estaban infectadas con gusanos por bañarse con aguas negras. Araminta González, en la grabación, explica como fue golpeada, torturada y amenazada; y la madre de la jueza María Lourdes Afiuni cuenta que su hija no puede dormir con la luz apagada, se acostumbró a las eternas luces artificiales de la prisión.

Con lágrimas en los ojos, los asistentes del foro “Presos Políticos sin Derechos Humanos” observaron el video realizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en conmemoración del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El salón del evento estaba ocupado no solo por activistas, abogados y especialistas en el tema, también por los mismos ciudadanos que sufrieron las violaciones de derechos humanos y fueron considerados presos políticos. Entre ellos, la misma jueza Afiuni, Lissbeth Añez, varios de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), el periodista Carlos Julio Rojas y la esposa del preso político, Roberto Picón.

Sin derechos humanos ni garantías legales se encuentran muchos de los presos políticos y presos comunes recluidos en cárceles venezolanos, denunciaron expertos en el evento del OVP por el día internacional Derechos Humanos que se celebra los 10 de diciembre.

El director del Observatorio, Humberto Prado, resaltó al inicio del foro la necesidad de mejorar las condiciones de los presos, tanto políticos como comunes, quienes sufren por la falta de atención médica, entre otras violaciones a sus derechos. “No proveer medicinas y alimentos a los presos es ayudarlos a morir”, señaló.

El evento “Presos Políticos sin Derechos Humanos” contó con la moderación de la historiadora Inés Quintero y la participación de Alberto Arteaga Sánchez, Daniel Badell, Marino Alvarado y Gonzalo Himiob.

Listas de presos políticos

El director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, detalló que desde 2007 trabajan en una ley de amnistía para la liberación de los presos políticos, la que considera “la única solución” ante la persecución política.

“Que se libere a un preso no sirve si no se termina la persecución. La solución es una ley de amnistía para acabar de raíz con ello”, comentó.

Desestimó la lista de presos políticos con la cual están negociando liberaciones la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el gobierno nacional, pues la cifra de presos no coincide con la que ellos han documentado. Himiob afirmó que actualmente en el país hay 274 presos políticos, a diferencia de los 382 que Luis Florido dijo que habían, y de los cuales podrían ser liberados 114.

El abogado expuso las características que definen a un preso político. La primera es que debe haber sido detenido de manera arbitraria, la segunda es que el preso no puede haber hecho uso de la violencia y la tercera es que su detención obedezca razones políticas. Consideró que las personas que han representado un riesgo para la estabilidad del poder –como Leopoldo López–, los que pertenecen a un grupo –como periodistas y activistas–, o las personas cuya detención puede ser usada como propaganda –como el caso de Iván Simonovis– cumplen todas las características.

Por otra parte, informó que desde el 1 de enero hasta el 14 de diciembre de este año, 12.007 personas han sido arrestadas por motivos políticos. Destacó que de los 759 civiles que han sido presentados en tribunales militares, 136 aún permanecen tras rejas.

Asimismo, 7.124 personas tienen su libertad restringida “bajo medidas cautelares eternas en procesos que nunca terminan”, pues viven a la espera de audiencias que son diferidas por diversas razones, entre ellas la ausencia de la víctima. Himiob ejemplificó esto con el caso de Escarlin Duarte, una mujer que por publicar un tweet en contra de Diosdado Cabello fue juzgada, y las medidas cautelares que posee no le permitirán salir del país ni gozar de todos sus derechos hasta que Cabello asista a la audiencia en calidad de víctima.

Legislación modificada para permitir atropellos

Para el especialista en derecho Alberto Arteaga, “el termómetro de un sistema democrático se mide por su sistema penal”, por lo que denuncia que, en el caso venezolano, la legislación ha sido modificada para menoscabar los derechos humanos.

Recalcó que en múltiples ocasiones, diversos instrumentos de las leyes venezolanas han sido modificadas por el Gobierno Nacional, y tales cambios y añadiduras han derivado en medidas desfavorables para los ciudadanos.

Entre estos está la medida que permite el encarcelamiento de los mayores de 70 años, la figura judicial mediante la cual han juzgado a alcaldes opositores o la violación a la inmunidad parlamentaria de Freddy Guevara bajo una “flagrancia” que sale de los términos legales.

Las requisas invasivas a las que son sometidos los familiares de los presos también deben ser sometidas a regulaciones, expresó Arteaga.

Recordó que “de libertad no se priva a nadie”, por lo que el término correcto para referirse a las personas que han sido recluidas por cometer delitos no es “privados de libertad”, sino simplemente “presos”.

¿Legitimi ... qué? Por José Toro Hardy

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La democracia, por definición, es el imperio de las leyes en contraste con la imposición de los hombres. Para que haya democracia, tiene que existir un gobierno legítimo elegido por el pueblo, tiene que haber separación y equilibrio entre los poderes y tiene que haber respeto de los DDHH.

Con las elecciones del 15-O terminaron de caer las máscaras y desapareció cualquier vestigio de legitimidad. Tales elecciones no pueden ser consideradas como una expresión de soberanía. Fueron el resultado de un fraude sistemático y continuado en el cual uno de los gobiernos más corruptos, ineficientes e impopulares de nuestra historia se alzó con casi todas las gobernaciones. Como bien decía Stalin, “Qué importa quien vote. Lo que importa es quien cuenta los votos”.

Para colmo, en aquellos casos en que a pesar de todas las trampas no pudo ganar, el régimen  impuso una nueva aberración exigiéndole a los gobernadores electos de la oposición subordinarse a una Constituyente que también fue producto de otro fraude. Sólo uno de esos cinco gobernadores, Pablo Guanipa, levantó la frente y se opuso, transformándose así en un punto de referencia en el panorama político venezolano.

La legitimidad de un gobierno debe ser de dos tipos: de origen y de desempeño. Es evidente que la legitimidad de origen, que debe ser el resultado de sufragios transparentes, ha rodado por el fango. Sólo el Poder Legislativo dispone de legitimidad de origen, pero el régimen le ha arrebatado sus facultades.

En cuanto a la legitimidad de desempeño la situación es aún peor. El irrespeto constante a la Constitución es la prueba. La separación y el equilibrio de los poderes, condición indispensable de esta forma de legitimidad ya no existe.

“Dictadura” -según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española- es un “régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”.

Wikipedia complementa la definición al agregarle que la Dictadura “se caracteriza por la ausencia de división de poderes…”

«Le pouvoir arrête le pouvoir» sostenía Montesquieu (1689-1775). «El poder frena el poder». Vale aquí preguntarse, ¿están el Poder Judicial, el Poder  Electoral o el Ciudadano  frenando al Poder Ejecutivo o simplemente actúan en connivencia para mantener un régimen a todas luces ilegítimo?

En igual sentido se pronunciaba John Locke (1632-1704)  filósofo inglés del Siglo de las Luces que sostenía que los poderes no debían ser dirigidos por las mismas personas, pues se requería un equilibrio que favoreciese el bien común. Si los gobernantes incumplían el pacto con los ciudadanos, estos tenían el derecho de echarlos.

Coincidía con  James Madison (1751-1836), padre de la Constitución de EEUU, quien al igual que los más ilustres defensores de la libertad, advertía: «La acumulación de todos los poderes, en las mismas manos … puede considerarse con toda exactitud, como la definición misma de la tiranía». Los padres fundadores de los EEUU, conscientes de los riesgos planteados, diseñaron en su Constitución un mecanismo de “checks and balances” para evitar que una rama de los Poderes dominase a las demás.

Los anteriores son los fundamentos en los que se basa la Democracia. Fueron recogidos en la Carta Democrática Interamericana, cuyo artículo 3 dice:

«Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo… y la separación e independencia de los poderes públicos».

Mal podría hablarse en Venezuela de «derechos humanos y libertades fundamentales», cuando el mundo entero reclama la libertad de unos 400 presos políticos y cuando las torturas y otras barbaridades han sido abundantemente documentadas ante la OEA.

Los pueblos que viven bajo el imperio de las leyes son pueblos libres. Pero cuando las leyes no se utilizan para garantizar las libertades ciudadanas sino para coartar sus derechos, la libertad muere y los hombres que se pliegan quedan sometidos a la voluntad de un dictador.

 

@josetorohardy

 

Presos del hambre, por Brian Fincheltub

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Todavía recordamos cuando el fallecido presidente dijo que quien robaba por hambre no era un delincuente, que las cárceles estaban llenas de pobres y que los ricos terminaban siempre libres. Tales afirmaciones si usted las trae a la realidad actual a muchos les parecerán incomodas, pero no es deber de nosotros complacer a nadie, creemos propicio recordarlas, más cuando se nos habla del pensamiento chavista como una especie de libro sagrado.

En plano general concuerdo con la opinión de los críticos del expresidente, que en su momento las calificaron como una justificación de la violencia. Si creemos en las leyes, en el respeto a la autoridad y la propiedad, no podemos justificar ninguna forma de pillaje, tenga las causas que tenga. Pero la pregunta central que debemos hacernos y que coincide con una parte del enunciado del líder de la revolución es ¿Por qué quienes roban por hambre terminan presos y quienes roban al pueblo y lo ponen a pasar hambre quedan libres?

Una interrogante impertinente para quienes hoy gobiernan, sobre todo porque se desprende del pensamiento sacro de su “comandante eterno”. Muchos dirán que fue una frase hipócrita e irresponsable, hagamos algo, obviemos el contexto en el que dijo Chávez esta frase, apartemos sus intenciones de seguir exacerbando el resentimiento y considerémosla como una crítica sincera al sistema de justicia y sus inequidades. Ahora ¿Qué es lo que pasa hoy?

Lo que pasa es que es imposible rebatir el peso de las palabras, que una vez lanzadas no se pueden recoger. Es imposible esconder el impacto de la realidad, que siempre nos aparece al frente aunque tratemos de evadirla, esconderla, modificarla. En la Venezuela de nuestros días hay hambre y hay gente detenida porque no pudo aguantar más.

Tenemos que reconocer también que la mayoría sigue aguantando, que prefiere pagar cinco veces más antes que ir por lo ajeno, antes de unirse a una ola llena de furia y desesperación que puede llegar a tener el mismo poder destructivo de quienes hoy gobiernan. No es la solución comenzar un canibalismo entre nosotros mismos, porque desde arriba continúan robándonos lo poco que nos queda y saben que mientras nos sigamos comiendo unos a otros, se calmará un poco el hambre y ellos seguirán con el verdadero saqueo.

Las cárceles venezolanas se llenan cada vez más de personas que salen a robar por hambre, van contra hermanos venezolanos cuyo esfuerzo de levantar un negocio les llevó toda la vida. Cumplen la condena que los responsables de la crisis no pagan.

Un grupito protegido por la impunidad, sigue abusando del pueblo, abusando de su paciencia, enviando jueces a prohibir que hasta se les nombre, como si la gente no supiera quienes son. Siguen saqueando a Venezuela sin ninguna consecuencia, a diferencia de quienes hoy duermen en celdas, ellos no tienen hambre, ni hijos que les pidan de comer, ellos roban por pura ambición, porque el poder los enfermó. 

@Brianfincheltub

Encontacto@brianfincheltub.com

Control Ciudadano: Parlamento no puede aprobar nuevas leyes militares sin resolver inconstitucionalidad de la Lofanb

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Rocio San Miguel, Presidenta de la organización Control Ciudadano advirtió mediante un documento que es urgente que la Asamblea Nacional revise y analice la vigente Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (LOFANB) de 2.014, para ajustarla a los postulados constitucionales.

San Miguel aseveró que “sin esta revisión es imposible continuar avanzando en reformas legislativas en el sector de la Fuerza Armada Nacional, pues se correría el riesgo de profundizar, por vía de la producción legislativa, la senda de funcionamiento inconstitucional de la Fuerza Armada Nacional”.

Control Ciudadano hizo público el miércoles 30 de marzo de 2016, un documento que permite dar a conocer y divulgar la estructura que ha venido adquiriendo la institución militar venezolana, después de 5 reformas legales, efectuadas en los últimos 10 años.

 

En el escrito se tratan los siguientes puntos:

 

Los problemas de las reformas a la LOFANB

La última reforma a la LOFANB aprobada por el Presidente de la República Nicolás Maduro Moros, no resuelve el problema de las dualidades entre las funciones de los componentes de la Fuerza Armada Nacional, sus comandos operativos y el rol que desempeñan el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB y las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI). En la práctica coexisten dos modelos. El modelo tradicional de funcionamiento operativo de la Fuerza Armada Nacional, a través de sus componentes y el modelo cubano que ha impuesto una regionalización operativa, que claramente ha encontrado resistencias en su implementación y está resultando ineficaz a los fines de garantizar la soberanía e integridad territorial de la Nación, principal Función constitucional de la Fuerza Armada Nacional.

Control Ciudadano considera que el diseño o adecuación de la estructura de la Fuerza Armada Nacional, debe partir de un Concepto Estratégico Nacional. Sin embargo, a pesar de estar previsto en la Constitución de 1.999, nunca ha sido aprobado. Esto dificulta los mecanismos de la concepción estratégica de defensa nacional, empleo de la Fuerza Armada Nacional y consecuentemente los mecanismos de control democrático sobre su estructura, competencias, organización, funcionamiento y presupuesto.

 

La nueva doctrina militar bolivariana y el enemigo ideológico

Con respecto a la llamada nueva doctrina militar bolivariana, ésta enfoca al país como un “escenario de conflicto” sujeto a un enemigo ideológico del régimen político, que ostenta el poder. Por lo tanto, se trata de una doctrina que no está acorde con las hipótesis de conflicto y amenazas reales que debe enfrentar Venezuela como nación. En efecto, es cada vez más ostensible para Venezuela, que el gobierno central ha perdido el control de amplias partes del territorio nacional, en beneficio de bandas criminales que operan en un entorno sin soberanía, donde la Fuerza Armada Nacional generalmente está ausente o reacciona tardíamente.

La pérdida de soberanía e integridad territorial en la frontera es el resultado de una errada concepción de empleo de la institución militar venezolana, donde el Estado en muchos espacios jurisdiccionales ya no puede garantizar a sus ciudadanos el servicio esencial de seguridad y defensa nacional. Todo lo cual lleva a Control Ciudadano a concluir que la estructura de funcionamiento actual de la Fuerza Armada Nacional ha fracasado.

En este estudio Control Ciudadano establece entre sus conclusiones que la nueva organización militar venezolana:

a. Obedece a un concepto concebido y puesto en práctica por Cuba durante el período de la Guerra Fría que, sin lugar a dudas, les resultó eficiente a este país para la consolidación de un modelo de poder, pero que hoy resulta anacrónico en muchos aspectos, tanto para la realidad militar venezolana como para la Cuba de hoy.

b. Convoca a la conversión del ciudadano en “combatiente”, bajo preceptos ideológicos de hipótesis de conflicto, que edifican como enemigo, a toda aquella población de venezolanos que no profese el “socialismo”, contrariando los principios constitucionales que prohíben a la Fuerza Armada Nacional estar al servicio de parcialidad política alguna y no de la Nación en su totalidad.

 

La Milicia Nacional Bolivariana al servicio de la revolución

Respecto a la Milicia Nacional Bolivariana el estudio señala, que su fortalecimiento en los últimos once años, con un alto contenido político ideológico en su funcionamiento y la asignación del mando de las áreas de Defensa Integral, no tiene otro propósito que contar con grupos armados en todo el país, debidamente organizados y entrenados para defender el llamado proceso revolucionario.  Esto contradice abiertamente la Constitución y representa una amenaza para la institucionalidad de la propia Fuerza Armada Nacional y de la República.

 

El Parlamento debe detener la promulgación de nuevas leyes vinculadas a la FANB

Concluye Control Ciudadano que a pesar de las cinco reformas a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional y los graves mecanismos de partidización política a los que ha estado sometida la Fuerza Armada Nacional, especialmente estos últimos diez años, aún es posible el retorno al carril Constitucional. Sin embargo, debe detenerse la promulgación de leyes especiales vinculadas a las Fuerza Armada Nacional por parte de la nueva Asamblea Nacional, sin abordarse el problema de los aspectos inconstitucionales presentes en las Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Preocupa a Control Ciudadano, que la agenda legislativa de la Comisión de Defensa haya incluido la discusión de la Ley de Carrera Militar, la Ley de Educación Militar y el Código Orgánico de Justicia Militar sin una previa revisión y reforma a la LOFANB. La ruta escogida, de aprobar nuevas leyes sin abordar el problema matriz, simplemente consolidaría la senda de funcionamiento inconstitucional actual, de la Fuerza Armada Nacional.

 

Con información de AC Control Ciudadano

Se quitó la careta el gobierno forajido por Mario Guillermo Massone

Mentiras

La despótica revolucionaria, abiertamente y sin careta, va por la extinción de la Ley, del imperio de la Ley, de la Asamblea Nacional. El TSJ enfila su artillería antijurídica en contra del Poder Legislativo. Las hordas apostadas en las afueras del Palacio Federal Legislativo, identificadas con uniformes de la Alcaldía Libertador, asechan y atacan a plena luz del día a diputados, empleados y asesores del parlamento. El crimen más reciente, el atentado contra el diputado de Primero Justicia por el Estado Mérida Carlos Paparoni.

Mientras, juntas comunales, conformadas por miembros del PSUV, se reúnen de noche planificando “revocar” a la Asamblea Nacional, liquidarla, y sustituirla por una inconstitucional “Asamblea Comunal”. El gobierno forajido va con todo. Las formas ya le tienen sin cuidado. La apariencia democrática se la pasaron por el forro. La legalidad constitucional es hoy un fantasma institucional. La propia institucionalidad es un fantasma del pasado.

El gobierno de las leyes ya no se sostiene ni de la boca para afuera. Destruir la Asamblea Nacional es destruir la Soberanía Popular. El gobierno forajido de Nicolás Maduro va contra el Pueblo Soberano. La Voluntad Soberana expresada el 6 de diciembre de 2015 le sabe a bolas a la “revolución”. El atropello es nacional, general y popular.

El gobierno forajido de Nicolás Maduro ha desconocido a vox populi la Constitución, la Soberanía Popular, el Poder Legislativo, la Democracia y la Civilización. En Venezuela ya no hay Derechos Humanos ni de ninguna especie.

@massone59

Feb 17, 2016 | Actualizado hace 8 años
Estupidez y Venezuela por Sadio Garavini Di Turno

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El prestigioso economista italiano Carlo M. Cipolla, en su estupendo ensayo, “Las leyes fundamentales de la estupidez humana”, nos dice en la Tercera (y áurea) Ley Fundamental: “una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin  lograr  ninguna ventaja  para sí o, para colmo, sufriendo él mismo una pérdida.” (Los que causan daño a los demás, logrando una ventaja para sí mismos, Cipolla los define como “bandidos”.) Cipolla, en el capítulo de su ensayo dedicado a las relaciones entre la estupidez y el poder, nos hace notar que algunos estúpidos causan normalmente sólo perdidas limitadas, mientras otros logran causar daños espantosos, no sólo a uno o dos individuos, sino a comunidades o a una sociedad entera. El potencial de una persona estúpida de hacer daño, nos dice Cipolla, depende de dos factores principales. Antes que nada del factor genético. Algunos individuos heredan notables dosis del gen de la estupidez y gracias a esa herencia forman parte, desde el nacimiento, de la elite de su grupo. El segundo factor que determina el potencial de una persona estúpida deriva de la posición que ocupa en la sociedad. Por tanto,  la capacidad de hacer daño al próximo de un estúpido está peligrosamente acrecentada por la posición de poder que ocupa. Según el viejo testamento: “stultorum infinitus est numerus”, (el número de los estúpidos es infinito), exageración poética, porque, afortunadamente, el número de los seres vivientes es finito, sin embargo, los autores o el Autor del viejo testamento, “pensaban” con una “visión” de eternidad (“sub specie aeternitatis”), en ese caso, el número de estúpidos es, sin duda, infinito. Por eso, el gran Canciller alemán Konrad Adenauer decía que: “si algo injusto había hecho Dios era que habiendo limitado la inteligencia humana, había dejado totalmente ilimitada la estupidez.” Nuestra preocupación, como venezolanos, aquí y ahora, consiste en que el número de estúpidos en las filas del gobierno parece haber llegado a niveles patológicamente elevados. Nos dice también Cipolla que el estúpido no sabe que es un estúpido y que eso contribuye potentemente a darle mayor fuerza, incidencia y eficacia a su acción devastadora. La Quinta Ley Fundamental de Cipolla reza: “La persona estúpida es el tipo de persona más peligroso que existe”, la Ley tiene un corolario: “El estúpido es más peligroso que el bandido”. En efecto, el resultado de la acción de un perfecto bandido representa puramente una transferencia de riqueza y/o bienestar de la persona o las personas naturales o jurídicas dañadas a la persona del bandido. Por tanto, para la sociedad en su conjunto la situación no ha cambiado, permanece estacionaria. En cambio, es evidente que cuando las personas estúpidas causan pérdidas a las demás personas, sin realizar ventajas para sí mismas, la sociedad entera se empobrece. Sin embargo en Venezuela, los bandidos más poderosos se llevan sus mal habidas ganancias al exterior. De todos modos es evidente que el país que tiene un alto porcentaje de estúpidos en el gobierno se acerca a lo que el politólogo italiano Michelangelo Bovero llama la kakistocracia, el pésimo gobierno, la república de los peores y si además tiene muchos bandidos está definitivamente en camino al desastre. Cualquier parecido con la realidad venezolana es pura coincidencia.

 

@sadiocaracas

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