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Lava Jato

Al salir de la cárcel el expresidente agradeció a sus seguidores que además han mantenido una vigilia por 580 días
Los investigadores del caso Lava Jato temen que pueda haber impunidad

El expresidente de Brasil, Lula Da Silva salió este viernes de la cárcel – en la que había estado más de un año – luego de que la Justicia ordenase su liberación por decisión del Tribunal Supremo de que los condenados ingresen a prisión cuando tengan una sentencia firme.

Según El País de España, los abogados de Da Silva presentaron esta mañana la petición de puesta en libertad inminente. El juez federal, Danilo Pereira aceptó el recurso y autorizó la salida de prisión del exmandatario.

Tras abandonar el centro de detención el expresidente ha ofrecido un discurso sobre un escenario montado momentos antes frente al edificio por el que ha salido en libertad. Se espera que después vaya a su casa en la ciudad de Sao Bernardo, en São Paulo, este mismo fin de semana para estar con su familia. 

“Queridos compañeros y queridas compañeras, no saben lo que significa que yo esté aquí con ustedes. Toda mi vida he estado hablando con el pueblo brasileño y no pensé que hoy podría estar aquí”, aseguró Lula tras abandonar la prisión.

Igualmente la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, informó a la agencia AFP, que Da Silva tiene intención de agradecer a las personas que realizan una vigilia de apoyo en Curitiba, desde hace 580 días, y que una de sus primeras actividades será visitar el Sindicato de los Metalúrgicos de las afueras de Sao Paulo donde inició su carrera política.

Da Silva fue condenado en segunda instancia a ocho años por el caso de corrupción, llamado Lava Jato, donde se benefició de unas obras realizadas por una constructora en un apartamento que frecuentaba.

Los investigadores de este caso emitieron un comunicado tras la decisión del Tribunal Supremo y temen que pueda haber impunidad. 

Hasta el momento el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no se ha pronunciado sobre la decisión del Supremo y la liberación del expresidente.

*Con información de El País y AFP

Ministro de Brasil trató de revelar datos de Odebrecht en Venezuela

NUEVOS MENSAJES PUBLICADOS ESTE DOMINGO, 7 DE JULIO, sugieren que el ex juez brasileño Sergio Moro, actual ministro de Jair Bolsonaro, orientó a los fiscales de la operación Lava Jato para que revelasen informaciones ofrecidas por Odebrecht sobre el escándalo de corrupción en Venezuela y que estaban bajo secreto de sumario.

El diario Folha de São Paulo, en asociación con el medio The Intercept Brasil, publicó otros mensajes intercambiados a través de la aplicación Telegram entre Moro y diversos fiscales de la operación Lava Jato, entre ellos Deltan Dallagnol.

Los integrantes de la operación Lava Jato se movilizaron para exponer informaciones bajo secreto de sumario sobre la corrupción en Venezuela después de recibir una sugerencia en agosto de 2017 del entonces juez federal.

Los diálogos, enviados por una fuente anónima a The Intercept Brasil y analizados por el diario Folha de São Paulo, indican que el objetivo principal de la iniciativa era dar una respuesta política al endurecimiento político del régimen de Nicolás Maduro.

Más información en El Nacional.

Justicia brasileña niega libertad al expresidente Lula da Silva

LA CORTE SUPREMA BRASILEÑA le negó el martes una vez más la libertad al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Por tres votos contra dos, los jueces de la segunda sala del Supremo Tribunal decidieron que el expresidente, preso por corrupción desde el 7 de abril del año pasado, deberá continuar en prisión cumpliendo una pena por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Luego de rechazar este mismo martes un pedido de hábeas corpus presentado por la defensa del expresidente (2003-2010) que pedía la libertad, el ministro Gilmar Mendes propuso votar por la libertad provisoria de Lula.

Mendes entendía que el expresidente debía permanecer en libertad de forma provisoria hasta que la Corte resuelva sobre otro pedido de libertad efectuado por los abogados del líder del Partido de los Trabajadores (PT). Pero una mayoría de los magistrados decidió rechazar esa moción.

Tras el fallo adverso, Lula deberá continuar preso al menos hasta que concluya el juzgamiento del restante pedido de hábeas corpus pendiente, que cuestiona la actuación del exjuez Sergio Moro en el proceso que lo llevó tras las rejas.

Aún no hay fecha de cuándo será retomado el proceso.

Lula está preso tras haber sido condenado en el proceso del triplex de Guarujá, una causa en la que la justicia lo encontró culpable de haber recibido un apartamento y una serie de refacciones en el inmueble como pago de una coima de una empresa constructora.

Los abogados de Lula acusan a Moro, quien lo condenó en primera instancia cuando se desempeñaba como juez en Curitiba, de parcialidad y reclaman la anulación de la condena.

Pese a que la defensa de Lula centra sus críticas en Moro, exmagistrado de primera instancia, posteriormente la justicia ratificó la condena en instancias posteriores.

El año pasado, Moro dejó la magistratura y en enero asumió como ministro de Justicia de Bolsonaro.

En los últimos días, los abogados de Lula volvieron a la carga contra Moro luego de que el sitio The Intercept publicara una serie de presuntas conversaciones privadas entre el ministro y fiscales del Lava Jato.

Juez ordena liberar al expresidente de Brasil Michel Temer

UN JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA en Brasil ordenó este lunes liberar al expresidente Michel Temer, quien había sido detenido el jueves pasado como presunto cabecilla de “una organización criminal”, informó la justicia

La orden tiene efecto inmediato y vale también para el exministro de Minas y Energía, Moreira Franco, así como para otros sospechosos presos en la misma operación, confirmó el Tribunal Regional Federal TRF2 de Rio de Janeiro.

El magistrado Antonio Ivan Athié, que acogió un habeas corpus presentado por la defensa de Temer, explicó en su escrito que pese a los “indicios”existentes contra el exmandatario, referentes a supuestos sobornos recibidos en 2014, la prisión de Temer de forma preventiva (hasta la celebración de un proceso) no tiene justificación legal.

“Aunque se admita que existan indicios que pueden incriminar a los involucrados, no sirven para justificar la prisión preventiva, porque además de tratarse de (indicios) antiguos, no está demostrado que los acusados atentaron contra el orden público, (o) que estarían ocultando pruebas u obstaculizando” un eventual proceso criminal, afirmó Athié

“No estoy contra la llamada (operación) Lava Jato, al contrario, también quiero ver a nuestro país libre de la corrupción que lo azota. Pero, sin respetar las garantías constitucionales, aseguradas para todos, (…) con violación de reglas, no hay legitimidad en el combate a esa plaga”, añadió el magistrado.

Temer, de 78 años, fue arrestado en Sao Paulo el pasado jueves y trasladado a Rio de Janeiro por determinación del juez Marcelo Bretas, a cargo en este estado de la megaoperación Lava Jato contra la corrupción.

El caso está relacionado con supuestos sobornos recibidos en 2014 a cambio de contratos de obras en la usina nuclear Angra 3, en el sur del Estado de Rio.

El Ministerio Público Federal investiga “crímenes de corrupción, desvío de fondos y blanqueo de dinero”, con “pagos ilícitos” efectuados por un empresario “para la organización criminal liderada por Michel Temer”.

La prisión preventiva se justificaba, según el MPF, por la sospecha de que la presunta banda sigue “en plena actividad” y que en 40 años habría “obtenido la promesa, el pago o el desvío hacia la organización de 1.800 millones de reales” (unos 470 millones de dólares al cambio actual).

Lava Jato: Las dificultades para investigar el caso en 5 países de Latinoamérica
A cinco años del inicio de la operación Lava Jato en Brasil, cuyas consecuencias sigue remeciendo el continente americano y África, el proyecto Investiga Lava Jato busca responder cuáles son los obstáculos que han encontrado fiscales o procuradores de Argentina, Perú, Venezuela, República Dominicana y Colombia —donde hay indicios de pagos de sobornos a cambio de obras públicas — para abrir, desarrollar o profundizar los casos de corrupción de empresas brasileñas en estos países
ARGENTINA: Sin acuerdo de colaboración
Emilia Delfino

 

Dos años después de que se diera a conocer que la constructora brasileña Odebrecht admitió el pago de coimas en la Argentina por al menos US$ 35 millones durante los gobiernos de los Kirchner, entre 2007 y 2014, la Justicia sigue sin poder acceder a las pruebas de los sobornos de manera oficial. Las autoridades brasileñas y argentinas aún no pueden cerrar un acuerdo para la entrega de las pruebas. En diciembre último, la primera posibilidad real para obtener la evidencia  en la investigación sobre el presunto pago de sobornos por la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento volvió a trabarse luego de que las defensas del empresario Angelo Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri- y de ex ejecutivos en Iecsa, junto con los abogados de la misma Odebrecht se opusieran al acuerdo en los tribunales federales.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi espera que la Cancillería se pronuncie sobre su postura y luego deberá decidir si aprueba el acuerdo. El fiscal del caso del soterramiento, Franco Picardi, explicó en un escrito que se llegó a un pre-acuerdo con las autoridades de Brasil que permite recibir la información y pruebas aportadas por los arrepentidos de Odebrecht. En el soterramiento, Odebrecht se asoció a Iecsa, Ghella y Comsa, y sus ejecutivos apuntaron en Brasil a la ex empresa de Calcaterra como la responsables de los pagos ilegales por la obra.

El fiscal impulsa la firma del acuerdo junto con la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), y amparados por el jefe interino de los fiscales, Eduardo Casal.

Luego de meses de negociaciones con Brasil, se acordó que la Justicia deberá garantizar que las pruebas e información obtenidas por los acuerdos de delación premiada no serán utilizadas penalmente en contra de los arrepentidos brasileños o contra la firma Odebrecht. Estos ya fueron juzgados por esos hechos en Brasil.

Las evidencias sólo podrán ser usadas en el expediente para el cual sean enviadas, es decir, que no podrán ser compartidas entre los distintos fiscales que investigan a Odebrecht.

La estrategia legal para frenar el acuerdo con Brasil tiene lógica para los hombres de Iecsa: lo que se conoce hasta el momento sobre la prueba que podrían aportar los brasileños en el caso de soterramiento no incluye los nombres de ex funcionarios pero compromete casi exclusivamente a Javier Sánchez Caballero, ex CEO de Iecsa, y por elevación a Calcaterra, entonces dueño de la compañía. La defensa sostuvo que se trata de un acuerdo “ilegal” y que las declaraciones de los dos ejecutivos de Odebrecht que señalan a Sánchez Caballero como el responsable del pago de sobornos a los kirchneristas son “nulas” y no pueden ser utilizadas como pruebas.

Odebrecht también se opuso a que la Justicia argentina cierre este acuerdo con Brasil. Consultada por PERFIL, Odebrecht afirmó que la constructora “ratifica su interés en colaborar pero, para eso, es necesario que las condiciones y garantías de los acuerdos celebrados en Brasil sean reflejadas y respetados en Argentina, tanto en relación a las personas como también a la empresa y que los compromisos sean asumidos por las autoridades competentes”. Antes del acuerdo, Brasil exigía que las pruebas no pudieran ser utilizadas contra los colaboradores y contra Odebrecht en lo penal sino también en el ámbito civil y administrativo. Esto es lo que ahora la empresa brasileña no obtendría de concretarse el acuerdo.

En la Argentina, los fiscales y jueces a cargo de los casos relacionados con presuntas coimas de Odebrecht en el país avanzaron durante los últimos dos años en diversos expedientes sobre irregularidades en las licitaciones públicas ganadas por la brasileña, pero el capítulo de los sobornos se postergó a la espera de un acuerdo con Brasil. En el caso de los gasoductos, un tramo de la causa ya está camino a un juicio oral y público. El juez Daniel Rafecas dio por probado cómo el contrato estatal estuvo direccionado para que las obras quedaran a cargo de Odebrecht, como había revelado Perfil. La Justicia procesó a ex funcionarios públicos, con el ex ministro de Infraestructura Julio De Vido a la cabeza, pero aún no avanzó sobre la pista de las coimas. La obra figura en las planillas del Sector de Operaciones Estructuradas reveladas por ‘Investiga Lava Jato’.

En el caso de las plantas de la empresa estatal de aguas, Aysa, Odebrecht, Camargo Correa y sus socias locales están con procesamientos firmes y camino a juicio por cartelización de una planta potabilizadora y otra depuradora. El juez Sebastián Casanello procesó y embargó a algunos de los empresarios centrales en la obra pública local. El capítulos de los sobornos tuvo novedades esta semana. El juez Casanello procesó nuevamente  a los empresarios Carlos Wagner, Aldo Roggio y otros por cohecho activo. También a los ex funcionarios De Vido, José López, Baratta, Ben y Biancuzzo por cohecho pasivo; y a Jorge “Corcho” Rodriguez como partícipe por haber actuado como supuesto intermediario de los pagos.

El fiscal del caso, Federico Delgado,  busca más  evidencias de los sobornos en Andorra, Uruguay y Edimburgo.

 

PERÚ: Factores internos y externos
Por Convoca

Los obstáculos en las pesquisas iniciadas en Perú sobre el caso Lava Jato pueden dividirse en dos momentos marcados por las designaciones y remociones de los fiscales a cargo de los equipos de profesionales que desarrollaban las investigaciones, primero Hamilton Castro y luego su sucesor, Rafael Vela Barba.

Castro había sido designado cabeza del proceso indagatorio en junio de 2015, tras la revelación de Convoca.pe y BRIO respecto a los primeros indicios de pago de sobornos por parte de la constructora brasileña Camargo Correa en relación a la obra Interoceánica Sur, en la cual también resultaron implicados Odebrecht y sus consorciadas peruanas. Después asumió las indagaciones surgidas por las confesiones de ex directivos del grupo empresarial de Marcelo Odebrecht, en diciembre de 2016.

En la gestión del fiscal Hamilton Castro las dificultades en el Ministerio Público para profundizar en los casos de corrupción de empresas brasileñas en el país fueron internas y externas.

Según fuentes de Convoca.pe, en el ámbito interno se trató de falta de cooperación de fiscales de otros despachos o especialidades, por ejemplo cuando se congelaron cuentas de algunos investigados y esto causó la interrupción de la colaboración de ellos con la justicia. Aquí se incluyen las discrepancias y aparentes celos profesionales con fiscales antilavado, en las que también hubo acusaciones de filtraciones a la prensa de documentos reservados de algunas pesquisas relacionadas al ex mandatario Ollanta Humala.Las mismas fuentes indicaron que como variable externa hubo falta de consenso de parte de quienes manejan el poder político para “potenciar” la colaboración eficaz de Odebrecht y de propiciar la de otras constructoras brasileñas. Esto en referencia a expresiones públicas de altos funcionarios del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y del mismo entonces presidente, sobre la salida del país de las compañías de Brasil investigadas por Lava Jato.

Hamilton Castro fue retirado del llamado Equipo Especial en julio de 2018 por parte del entonces flamante fiscal de la Nación Pedro Chávarry, quien nombró en su reemplazo a Rafael Vela. Esta situación generó varias renuncias de fiscales que eran parte de ese grupo de trabajo.

Posteriormente, Chávarry se convirtió en el principal obstáculo para las investigaciones del caso Lava Jato, cuando el 31 de diciembre pasado intentó remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, a menos de dos semanas de que se firmara el acuerdo de colaboración con Odebrecht en Brasil y de realizarse nuevos interrogatorios a ex directivos de la constructora brasileña.

Después Pedro Chávarry presentó hoy su carta de renuncia al cargo de titular del Ministerio Público ante la Junta de Fiscales Supremos. En su lugar, la fiscal suprema Zoraida Ávalos asumió esa función de manera interina.

El ex fiscal de la Nación fue relacionado a la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto desde días antes de asumir su mandato en el Ministerio Público. No obstante, Pedro Chávarry sigue siendo fiscal supremo.

VENEZUELA: El efecto Maduro
Lisseth Boon

Las dificultades para investigar el caso Odebrecht y otras constructoras brasileñas implicadas en la red de corrupción transnacional están intrínsecamente ligadas a la crisis política que enfrenta Venezuela, donde el régimen chavista ha cumplido 19 años al frente del gobierno.

Las investigaciones en Venezuela sobre la referida empresa brasileña están congeladas. El equipo del Ministerio Público venezolano, que en 2015 asumió la pesquisas sobre la constructora en el país, se encuentra en el exilio desde agosto de 2017 luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) suspendiera a la fiscal general Luisa Ortega Díaz y comenzara su enjuiciamiento.

En reemplazo de Luisa Ortega fue designado Tarek William Saab, como nuevo fiscal general, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, instancia paralela designada por Nicolás Maduro que desconoce a la Asamblea Nacional legítimamente constituida, cuya mayoría es de oposición.Apenas Saab asumió el cargo, las investigaciones sobre el caso Odebrecht fueron suspendidas. Incluso, el actual Ministerio Público derogó las imputaciones por corrupción —dictadas en julio de 2017— contra la esposa y suegra del ex ministro Haiman El Troudi, quien autorizó la construcción de obras de infraestructura a cargo de la constructora brasileña.

Los fiscales que indagaban el caso, encabezados por OrtegaDíaz, consideran que las pesquisas sobre el capítulo venezolano estaban considerablemente avanzadas hasta el momento en que se vieron forzados a exiliarse.

Mediante la colaboración con fiscalías de otras naciones, como las de Brasil y Andorra, y el allanamiento a la sede de la compañía en Caracas el 14 de febrero de 2017, lograron acceder a evidencias además de acordar medidas de congelamiento de cuentas bancarias, así como la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles. Ese mismo día, el Ministerio Público ordenó la detención de Euzenando Prazeres de Azevedo, presidente de la constructora brasileña en Venezuela.

Zair Mundaraín, director general de actuación procesal del Ministerio Público en el exilio, asegura que tienen en su poder contratos de las obras que Odebrecht desarrollaría en el país que comprueban la sobrefacturación en los contratos de un mismo proyecto de infraestructura, identificación de funcionarios implicados y la relación entre el Estado venezolano y la empresa. Aunque tuvieron que dejar el expediente en físico al salir de Venezuela, lograron llevarse las copias digitales certificadas de los documentos.

Una de las dificultades que enfrenta el equipo de fiscales venezolanos, ahora más reducido y con recursos limitados en el extranjero, es que por su misma condición de exiliado no es reconocido como instancia legítima y operativa encargada de la investigación penal de delitos que atenten contra el interés público. Si bien países como Brasil y Andorra han respondido a las prerrogativas y han intercambiado información, otros como España o Estados Unidos aún se abstienen de compartir pruebas.

Pero el mayor obstáculo es la obstrucción de la justicia, reconoce Mundaraín. En un país con caos institucional, no existe una instancia legítima, autónoma y efectiva como un tribunal de primera instancia que juzgue a los responsables por los delitos de corrupción en el caso Odebrecht en Venezuela. Solo con el cambio de gobierno y restablecimiento de la legitimidad de los poderes, se puede pensar la administración de la justicia, considera el director general de actuación procesal del Ministerio Público en el exilio.

REPÚBLICA DOMINICANA: Pocos avances
Alicia Ortega

El caso Odebretch en República Dominicana se desarrolla actualmente en la Suprema Corte de Justicia debido a que uno de los siete acusados, el senador Tommy Galán, tiene jurisdicción privilegiada y arrastró con él a los demás imputados en el proceso por presunta corrupción. Hace dos semanas se inició la lectura oficial de la acusación y la presentación de pruebas documentales para que el juez de la Instrucción Especial decida quién va al juicio de fondo.

Según expertos en la materia, varios obstáculos se avizoran como impedimentos para lograr condenas, a pesar de ser el país con el tercer monto más cuantioso en sobornos confesados por la constructora brasileña: 92 millones de dólares, entre 2001 y 2014. El 66% de esa cifra fue desembolsada, de acuerdo con los registros de Odebrecht, entre septiembre de 2012 y 2014.

El actual presidente Danilo Medina tomó posesión en agosto de 2012 e inmediatamente designó junto a su gabinete al Procurador General, quien es el jefe del Ministerio Público. Precisamente, el procurador Jean Alain Rodríguez es el que encabeza las investigaciones del caso con un equipo de 16 fiscales, algunos muy capacitados, pero bajo el mando de un hombre del partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En el acuerdo firmado entre Odebretch y el Estado dominicano se señala, entre otros puntos, que la empresa se compromete a la “identificación de los funcionarios sobornados en el país; y toda la información que conduzca a determinar coautores o cómplices”.

Los testimonios de ex directivos de la constructora, interrogados en Brasil por fiscales brasileños, no mencionan transacciones, ni personas en República Dominicana que hayan recibido el dinero. Las declaraciones son genéricas, no incriminan directamente a los acusados y, mayormente, solo indican que los contratos parecían fluir en el Congreso con la ayuda de algunos legisladores.

Otro factor que no ayuda al avance del caso es que los miembros del Ministerio Público no hicieron esfuerzo alguno por viajar a Brasil a realizar sus propios interrogatorios a los ex ejecutivos de Odebretch, mientras que fiscales de otros países como Perú y Colombia sí lo hicieron. Además, con la suscripción del acuerdo, también quedaron sellados todos los documentos en la justicia brasileña con respecto a República Dominicana.

Hasta la fecha, las autoridades solo cuentan con documentos de transferencias realizadas a las empresas del representante de Odebretch en la nación dominicana, Ángel Rondón, cuyas sumas ascienden a más de 126 millones de dólares. Sin embargo, no se ha exhibido ni una transferencia o intercambio de dinero entre Rondón y los acusados. El expediente, en la mayoría de los casos, se basa en un supuesto enriquecimiento ilícito, situación que abogados penalistas aseguran que tampoco se ha probado.

Después de ocho meses de investigaciones, el Ministerio Público depositó la acusación que se debate actualmente en la Suprema Corte y aun cuando salgan a florecer nuevos detalles del caso, el Código Penal dominicano impide que se incluyan en el referido expediente.

 

COLOMBIA: Pesquisas estancadas
Oscar Felipe Agudelo

En Colombia, las investigaciones sobre la operación Lava Jato no han contado con celeridad, por este motivo, a continuación hacemos un recuento de los obstáculos presentados en la justicia colombiana para el avance de las investigaciones de este mega escándalo de corrupción originado en Brasil y con trascendencia en diferentes países latinoamericanos.

Las pesquisas incluyeron a varias constructoras brasileñas, varias de ellas con presencia en Colombia. Algunas de estas compañías son Andrade Gutiérrez, OAS y Camargo Correa. Estas empresas pese a estar involucradas en el caso Lava Jato han tenido poca relevancia para la justicia colombiana y ante la opinión pública. Todos los ojos están sobre puestos sobre Odebrecht.

Lo máximo que se sabe de Camargo Correa es que en mayo de 2018 la Fiscalía la tenía en una de sus tres líneas de investigación sobre contratación y construcción en el proyecto de Hidroituango, el mismo proyecto que hace una semana secó totalmente varias partes del río Cauca y que afectó gravemente a miles de familias cercanas al importante afluente. Camargo Correa no solo ha estado en esta obra sino también en otro proyecto importante en el país: desde hace 20 años aterrizó en Colombia con la construcción de la planta de tratamiento de San Fernando en Itagüí.

En relación con las otras empresas de la operación Lava Jato con presencia en Colombia: Andrade Gutiérrez, Grupo OAS y Techint esta investigación pudo establecer que tienen presencia en el país. Andrade Gutiérrez ha tenido varios proyectos de infraestructura vial en el país, el grupo OAS funciona en Colombia bajo la sucursal denominada Constructora OAS SA Sucursal Colombia (este grupo ya fue sancionado en 2016 por el gobierno nacional por irregularidades en la construcción de una vía entre Cauca y Huila) y Techint también ha dicho presente en Colombia, por ejemplo, en obras como el estudio del Oleoducto Bicentenario, en el Cerrejón, en varios oleoductos más, entre otras obras.

Otro de los palos a la rueda que ha tenido la investigación de la justicia colombiana sobre el tema Lava Jato, es que el caso de la empresa más notoria de todo este entramado de corrupción, Odebrecht, no ha avanzado en Colombia porque el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ha tenido conflictos de interés en la investigación. Él fue abogado del Grupo Aval, holding de propiedad del hombre más rico de Colombia, un grupo que mediante la empresa Corficolombiana fue socia de Odebrecht en uno de los proyectos en los que ya se estableció que hubo pago de coimas, el proyecto Ruta del Sol II.

En relación al caso Odebrecht uno de los principales obstáculos para el avance de las investigaciones es la muerte del testigo estrella Jorge Enrique Pizano, el ex controller de la Ruta del Sol, quien temía por su vida y por eso antes de morir (o que lo asesinaran, aún la investigación no ha dado conclusión sobre el tema) dejó un largo testimonio en el que se evidenció que el fiscal Martínez sabía de las conductas supuestamente delictivas de Odebrecht y de sus socios en Colombia mucho antes de posesionarse como fiscal. El ingeniero Pizano murió (a los dos días también murió su hijo en extrañas circunstancias) lo que ocasionó que la justicia colombiana perdiera uno de los principales testigos para el caso Odebrecht.

Aunque Pizano murió, mucho de lo que sabía lo dejó en manos del periodismo y de varios funcionarios estatales, sin embargo, su muerte es un gran obstáculo para hallar justicia en el escándalo de Odebrecht.

 

Maduro admite corrupción, pero no ha habido ningún ministro preso

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Nicolás Maduro, admitió en una reciente entrevista a un medio de comunicación español, que funcionarios de altos cargos habrían estado involucrados en hechos de corrupción entre los cuales, según sus propias palabras, figuran “ministros”. Pero durante la llamada “revolución” no ha sido encarcelado ningún representante del Poder Ejecutivo por el manejo irregular del dinero de la nación y han quedado de lado muchos señalamientos, algunos de los cuales involucran al mismo mandatario.

Para Maduro el asalto a los recursos públicos es un tema “muy serio” y reconoció que algunos de los corruptos “en un momento dado han sido de mi confianza, algunos, otros ni los he conocido”. Atribuyó esta situación al “aflojamiento de los resortes éticos y morales de mucha gente que ha tenido y tiene responsabilidad en posiciones de poder en Venezuela”.

De la Cancillería a Miraflores

La queja del presidente Maduro frente al manejo delictivo de los recursos del país se tropieza con las denuncias que lo colocan como el funcionario de más alto nivel señalado actualmente por corrupción.

Cuando Hugo Chávez optaba en 2012 para la reelección presidencial, el entonces canciller Nicolás Maduro habría sido el intermediario para pagar en efectivo parte de los US$ 35 millones que costó la campaña “Chávez, corazón del pueblo” ideada por los publicistas brasileros Joao Santana y su esposa Mónica Moura.

Moura reveló bajo la figura de delación ante el Ministerio Público Federal de Brasil,  que Maduro le entregó US$ 11 millones en efectivo en su despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores. “Maduro me recibía en su propio gabinete, me entregaba carpetas con dinero y garantizaba escolta para darme seguridad en el recorrido de la Cancillería a la productora”, dijo la propia Moura a la Fiscalía brasileña en el marco del proceso judicial que enfrentó y que terminó en 2016 con una condena a ocho años de prisión contra ella y su esposo, Joao Santana, por corrupción y lavado de dinero.

El testimonio que implica al entonces canciller Maduro quedó registrado en el marco de la “Operación Lava Jato”, averiguación iniciada por la justicia brasileña en 2014, que involucra a decenas de políticos y empresarios acusados de pagar sobornos.

Según Mauricio Odebrecht en confesión ante la justicia de Estados Unidos, la empresa había pagado US$ 98 millones en Venezuela para garantizar la contratación de obras, el segundo monto más alto de los pagados por sobornos en los distintos países en los que operaba la constructora. Sin embargo, la misma empresa admitió pagar por sobornos, al menos 3% del monto de los contratos, por lo que la cifra pagada en Venezuela debe estar más cerca de los US$ 1.000 millones.

También en agosto de 2017, la defenestrada fiscal general, Luisa Ortega Díaz, hoy en día enfrentada al Gobierno venezolano, denunció desde el exilio la presunta vinculación de Nicolás Maduro con hechos de corrupción, del constituyentista y ex diputado, Diosdado Cabello, considerado uno de los hombres fuertes del chavismo, así como de Tarek William Saab, quien dirige el Ministerio Público por imposición de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente.

La Fiscal General de la República destituida acusa a Maduro de ser propietario de una de las empresas, radicada en México, que importa comida para su venta a las familias venezolanas más necesitadas, a través de los denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Estas acusaciones requieren tomarse en serio y deben ser investigadas por una comisión independiente y autónoma que dé seguridad a los venezolanos sobre lo que pasó en realidad.

El hacha draconiana

La severidad con que Maduro actuaría contra los “bandidos”, a quienes enfrentaría con “un hacha draconiana para cortarles la cabeza”, según lo manifestó al periodista español Jordi Évole, no ha sido visible en predios del chavismo y menos aún en el ámbito judicial. Esto a pesar de que, tras la destitución de Luisa Ortega Díaz, se ha actuado contra funcionarios, la mayoría de cargos medios, vinculados con desfalcos en PDVSA, lo que para algunos dirigentes opositores es solo una “depuración” de las filas del oficialismo.

Transparencia Venezuela ha hecho una revisión de los casos que investiga el Ministerio Público en 2017, en especial durante la gestión Tarek William Saab, y ha observado la activación de procesos de investigación particularmente relacionados a la estatal PDVSA. De los 46 señalados por hechos de corrupción en la petrolera, 28 son funcionarios públicos y solo 7 de ellos son de alto nivel. En la lista no figura ningún ministro responsable del área.

Solo la Asamblea Nacional, un órgano asediado abiertamente por el Gobierno, ha emitido sanciones y ha solicitado investigación judicial contra altos funcionarios del Estado. Esos acuerdos han sido letra muerta para el máximo representante del Poder Ejecutivo, Nicolás Maduro, quien estaría obligado a destituir al ministro señalado, según lo dispone la Constitución Nacional.

El 23 de febrero de 2017, los diputados opositores acordaron un voto de censura contra el mayor general Luis Motta Domínguez, ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec. El parlamento lo vinculó con la malversación de US$ 25 mil millones. En ese mismo pronunciamiento se declaró la responsabilidad política de 7 funcionarios, entre ellos el ex vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, quien también fue jefe del Estado Mayor Eléctrico.

Otro funcionario sancionado por el parlamento venezolano es Rafael Ramírez, actual representante de Venezuela en la ONU, ex ministro de Energía y Petróleo y ex presidente de PDVSA, quien estaría involucrado en irregularidades por unos US$ 11,2 mil millones. A la lista se agregan Alí Rodríguez Araque y Argenis Chávez, ex ministros de Energía Eléctrica; Javier Alvarado, viceministro de Desarrollo Eléctrico; Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica (actualmente detenido por la justicia española) y el ex titular de la cartera de Energía Eléctrica, Jesse Chacón.

Transparencia Venezuela recopiló información sobre las irregularidades señaladas por la Asamblea Nacional en la que saltan los nombres de ex ministros como Rodolfo Marco Torres (Alimentación), señalado de desfalco de unos a US$ 27 mil millones; Ricardo Molina (ministro de Transporte y Obras Públicas) por 12 obras inconclusas que suman US$ 22,2 mil millones y María Eugenia Sader (ex ministra de Salud), a quien responsabilizan por irregularidades en  6 hospitales por US$ 1,5 mil millones.

Los acuerdos del Parlamento no solo han sido ignorados por el Poder Ejecutivo, sino que han sido enviados a saco roto en el ámbito judicial. Ninguno ha dado pie al inicio de una investigación penal, pese a que las actuaciones de la Asamblea Nacional fueron remitidas al Ministerio Público otrora a cargo de Luisa Ortega Díaz y más recientemente a cargo de Tarek William Saab.

Llaman a 4 exfuncionarios del gobierno de Correa a declarar en caso Odebrecht

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Cuatro antiguos funcionarios del gobierno del expresidente Rafael Correa fueron llamados a dar declaraciones en la fiscalía en torno al caso de corrupción propiciada por la empresa brasileña Odebrecht, que reconoció que entregó 33,5 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos a cambio de obras públicas.

La fiscal que investiga el caso, Diana Salazar, hizo público el llamado de comparecer voluntariamente al exgerente de la empresa estatal Petroecuador, Marco Calvopiña, quien está detenido; al exministro coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda, al exgerente de Petroecuador, Pedro Merizalde, y al exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, informó esa institución.

Odebrecht ha confirmado la entrega de sobornos en otros nueve países americanos y dos africanos.

La fiscalía ecuatoriana también espera que llegue información desde Uruguay y Panamá a fin de verificar la ruta de cómo se movió el dinero entregado por Odebrecht. La fiscalía ecuatoriana ha pedido colaboración para obtener más información a otros 20 países.

La trama de corrupción de Odebrecht provocó hace poco la renuncia del contralor General de Ecuador, Carlos Pólit, investigado por la fiscalía en torno al caso, mientras que el exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, así como un empresario y tío del vicepresidente del país, están detenidos entre otros presuntos involucrados.

La fiscalía también revisa unos 30 contratos suscritos por esa firma con el Estado ecuatoriano entre 1980 y 2015 para verificar las condiciones en que fueron otorgados.

El gobierno de Correa (2007-2017) impulsó proyectos por alrededor de 1.600 millones de dólares con Odebrecht.

Las 10 noticias petroleras más importantes de hoy #21jul

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Rosneft y PDVSA buscan cambiar colateral en Citgo por acuerdos petroleros

La rusa Rosneft está en conversaciones para cambiar su colateral en la refinadora estadounidense Citgo, propiedad de Venezuela, por acciones en campos de gas y petróleo y productos refinados del país sudamericano, dijeron a la agencia Reuters dos fuentes con conocimiento de las negociaciones.

La movida busca, en parte, evitar las consecuencias de sanciones económicas desde Estados Unidos.

Rosneft, el mayor productor de crudo de Rusia, tiene un colateral del 49.9% de Citgo como garantía de un préstamo que hizo el año pasado a Venezuela, cuya economía sufre una recesión agudizada por los bajos precios del crudo.

El acuerdo con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha provocado la crítica de senadores estadounidenses que no quieren que Rusia tenga una participación de activos estadounidenses, porque supondría una violación de las sanciones económicas existentes.

Las negociaciones se apuraron esta semana, dijo una de las fuentes a Reuters, cuando el mandatario estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer “acciones económicas fuertes” a Venezuela, a menos que el presidente Nicolás Maduro aborte sus planes de reescribir la Constitución del país.

Tales sanciones, que podrían incluir la prohibición de las importaciones de petróleo estadounidense desde Venezuela, socavarían el modelo de negocio de Citgo y amenazarían la propiedad venezolana o rusa en la firma estadounidense.

Bajo la nueva propuesta discutida esta semana en Moscú por altos ejecutivos de Rosneft y PDVSA, la participación colateral en Citgo se intercambiaría por un paquete de ocho ofertas claves, dijo una de las fuentes con conocimiento de las conversaciones.

Bajo el canje propuesto, Rosneft recibiría productos refinados de Citgo como pago parcial del préstamo otorgado el año pasado.

Además, tendría participaciones en tres campos petroleros: Rosa Mediano, Tía Juana y Lago Lagunillas en el petrolero estado del Zulia. Asimismo, Rosneft recibiría acciones en dos campos de gas natural costa afuera -Patao y Mejillones- que forman parte del proyecto Mariscal Sucre, con reservas de 14 billones de pies cúbicos (TCF).

Igualmente, aceptaría la liquidación de dividendos pendientes por parte de PDVSA en su mayor empresa conjunta: el proyecto de petróleo extrapesado Petromonagas. (El Economista)

 

Pdvsa Gas alcanzó récord en suministro a Termoeléctrica India Urquía

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), a través de su filial gasífera, alcanzó un nuevo récord de entrega de gas para la Planta Termoeléctrica India Urquía, ubicada en los Valles del Tuy, estado Miranda, al incrementar el suministro a 158 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD).

A través del Plan Especial de Desplazamiento de Líquidos que desarrolla la Dirección de Transporte y Distribución de PDVSA Gas y con la puesta en marcha de las operaciones de la unidad turbogeneradora N° 6, se logró desplazar 6 mil 800 barriles diarios de diesel, generando al Sistema Eléctrico Nacional 742 megavatios, lo cual permite fortalecer el anillo eléctrico de la Gran Caracas. (Globovisión)

 

Trabajadores de Pdvsa rechazan el llamado a paro este jueves

Trabajadores del Petróleos de Venezuela (Pdvsa) rechazaron el paro convocado por la oposición, pues “desde las 5:00 de la mañana” se encuentran en sus puestos de trabajo. Así lo aseguró el presidente de Pdvsa, Eulogio del Pino.

Estos trabajadores que recuerdan bien el acto apátrida del 2002, 2003 (…) Eso más nunca, no van a volver”, manifestó Eulogio del Pino.

De igual modo, aseguró que existen proyectos para aprovechar más de 160 millones de pies cúbicos por día de gas, en los que se realiza, además, una inspección “en la reinyección a los yacimientos, el mantenimiento de la presión y en el sostenimiento de la producción”.  (Globovisión)

 

Queman camioneta de PDVSA en la Intercomunal

La Costa Oriental del Lago, se sumó al paro de 24 horas convocado por la Mesa de la Unidad Democrática  (MUD), comerciantes formales e informales y transporte público atendieron el llamado en contra del Gobierno Nacional.

En Cabimas 70 por ciento del comercio no abrió las puertas de sus negocios, el resto abrió  mediodía o en horario normal. En Simón Bolívar y Lagunillas habitantes cerraron con cauchos y pipas los accesos para impedir la circulación de vehículos.

Carlos Olavarría, habitante de Ambrosio, aplaudió la iniciativa de paralizar las actividades laborales como medida de presión contra el mandatario nacional, Nicolás Maduro. “Hay que tomar acciones cada vez más fuertes porque sino no tendremos país, el país que queremos”. (Entorno Inteligente)

 

Transparencia: 28 ministros del chavismo involucrados en irregularidades de Odebrecht en Venezuela

La organización Transparencia Internacional, a través de su capítulo en Venezuela, informó que 28 ministros de los gobiernos de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro aparecen como responsables por aprobar contratos a favor de la empresa de construcción brasileña Odebrecht, en lo que se señalan presuntos sobreprecios y sobornos para la ejecución de obras en los sectores energético, transporte, vialidad e infraestructura agrícola.

En materia energética, la lista la encabeza el actual embajador de Venezuela en Naciones Unidas, Rafael Ramírez, porque entre 2005 y 2009 estuvo como ministro de Energía y Petróleo y fue el primero que ordenó la adjudicación a Odebrecht de obras para la central hidroeléctrica de Tocoma.

Posteriormente figuran los ministros del despacho de Energía Eléctrica: Angel Rodríguez, Alí Rodríguez Araque, Hector Navarro, Jesse Chacón y Luis Motta Domínguez, también por las obras de Tocoma, entre los años 2009 y 2017.

En la nota de Transparencia no se menciona que Odebrecht también formó parte de una empresa mixta para el sector de hidrocarburos con Petróleos de Venezuela (PDVSA) en el campo Urdaneta en el estado Zulia sin que se haya reportado las actividades realizadas en esta área.

Aparte del sector energético, en el ámbito de transporte aéreo aparecen señalados los ex ministros de Transporte Aéreo y Acuático, Herbert García Plaza y Giusseppe Yofreda, ambos militares por la ampliación del aeropuerto internacional de Maiquetía; en el sector de infraestructura se señalan a Diosdado Cabello, Isidro Ubaldo Rondón, Francisco Garcés, Juan García Toussaint, Haiman El Troudi, Luisa Sauce, Ricardo Molina, Alberto Esqueda, Ismael Hurtado, Ramón Carrizales y José David Cabello por las obras del Metro de Caracas, sistema de metrocables y tercer puente sobre el río Orinoco.

En la actividad agrícola hay obras asignadas a Odebrecht cuyos desembolsos fueron avalados por el ex ministros Juan Carlos Loyo, Yván Gil, José Berroterán, Wilmar Castro, Efrén Andrades, Antonio Albarrán, Juan Carlos Loyo y Elías Jaua; mientras que en sector de minería se señala a José Khan, actual director del Banco Central de Venezuela. (Petroguia)

 

Aprobadas las reglas para buscar petróleo en mar colombiano

Una reglamentación técnica para las actividades de perforación de pozos exploratorios, que posibiliten definir la presencia de hidrocarburos en aguas del territorio, fue expedida ayer por el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata.

Así mismo, la nueva regulación asegura el desarrollo sostenible de la industria, cuidando la biodiversidad marina, indicó la viceministra de energía, Rutty Paola Ortiz.

Añadió que se establecieron los criterios técnicos para proyectos de perforación de hidrocarburos costa afuera (offshore), con los más altos estándares internacionales.

Dicha actividad hace parte de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, para incrementar las reservas de hidrocarburos, “y así dar continuidad a programas sociales en inversión e infraestructura”, indicó la cartera.

Dice la Asociación Colombia del Petróleo (ACP) que el potencial de hidrocarburos costa afuera tiene una capacidad de más de cinco veces las reservas probadas. En 2016, fueron de 1.665 millones de barriles. (El Colombiano)

 

Arabia Saudita reduce las existencias en los tanques de crudo nacionales

Arabia Saudita ha estado reduciendo progresivamente sus reservas domésticas de crudo en un signo que el mercado mundial de petróleo está reequilibrando, aunque más lentamente que lo previsto por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Las existencias de crudo nacional de Arabia Saudita disminuyeron en 16 de los 19 meses comprendidos entre noviembre de 2015 y mayo de 2017, según datos del gobierno reportados a la Iniciativa de Datos de Organizaciones Conjuntas.

Las existencias nacionales cayeron a sólo 259 millones de barriles a finales de mayo de 2017, que fue el nivel más bajo desde enero de 2012, según cifras actualizadas publicadas el martes. Las existencias se redujeron en 30 millones de barriles en comparación con el mismo mes del año anterior y ahora se han reducido en 71 millones de barriles desde su máximo en octubre de 2015.

Al igual que otros productores, Arabia Saudita posee acciones por una serie de razones, incluida la necesidad de cubrir el mantenimiento en el terreno y gestionar los cambios estacionales en el consumo y las exportaciones.

Las reservas operacionales se mantienen para satisfacer la demanda de exportaciones, así como de refinerías de petróleo y centrales eléctricas que queman crudo para producir electricidad. La mejor manera de rastrear las existencias a través del tiempo es compararlas con el requerimiento diario total de las exportaciones, la ingesta de refinería y la quema directa de crudo. (Energía 16)

 

Multa EU a Exxon con 2 mdd por Rusia

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos multó a Exxon Mobil con 2 millones de dólares por violaciones “flagrantes” a las sanciones contra Rusia cuando el ahora Secretario de Estado del país, Rex Tillerson, era presidente ejecutivo de la petrolera. (Reforma)

 

Barril de petróleo superó los US$ 50 y da un respiro a la OPEP

El precio del barril de crudo Brent superó los US$ 50 por primera vez desde principios de junio, continuando la tendencia que lleva desde hace unos días, cuando el descenso de los inventarios de petróleo y gasolina en Estados Unidos levantó al mercado.

La Administración de Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés) dijo que las existencias de crudo en Estados Unidos bajaron 4,7 millones de barriles en la semana que acabó el 14 de julio.

El informe de la EIA “es una buena noticia para la industria petrolera, ya que los inventarios de crudo y otros productos se redujeron de manera generalizada en más de 10 millones de barriles”, afirmó Andrew Lipow, presidente de Lipow Oil Associates.

Desde inicios de este año, la OPEP está embarcada en un esfuerzo por reducir la oferta mundial de crudo, con la pretensión de que ello impulse los precios al alza y los saque del pozo en el que se han mantenido en los últimos años. (El Observador)

 

Petrobras eleva a $228 millones lo recuperado por Operación Lava Jato

Petrobras informó que ingresaron a la caja de Petrobras Transporte (Transpetro)  nuevos recursos recuperados por la Operación Lava Jato. Aclara la compañía petrolera del Brasil que se trata de tres parcelas en recursos repatriados por el Ministerio Público Federal (MPF) y con esos resarcimientos, el volumen recuperado proveniente tanto de colaboración premiada como de acuerdos de lenidad o flexibilización de la pena aumenta de  660 millones de reales, equivalentes 210 millones de dólares,  a 716 millones de reales, equivalentes a 228 millones de dólares.

Transpetro, es una  subsidiaria  de Petrobras que se encarga  de las actividades de transporte y almacenamiento de petróleo y derivados, alcohol, biocombustibles y gas natural y para ello, dispone de  más de 14.000 kilómetros de ductos -entre oleoductos y gasoductos- que interconectan todas las regiones brasileñas y abastecen los más lejanos puntos del país.

“Seguiremos adoptando medidas jurídicas contra empresas y personas, incluso ex funcionarios y políticos, que causaron daños financieros o daños a la imagen de la compañía. Somos coactores con el Ministerio Público Federal y la União, persona jurídica de Derecho Público representante del Gobierno Federal, en 13 acciones de improbidad administrativa en marcha. Además somos asistente de acusación en 33 acciones penales”, señala Petrobras en su página web.

Petrobras recordó reiteró, asimismo, que colaboran estrechamente con las autoridades que conduce la Operación Lava jato,  e insistieron en resaltar que fueron reconocidos, “incluso por el propio Ministerio Público Federal y por el Supremo Tribunal Federal, como víctima de la corrupción investigada”.

Como se recordará, producto de acuerdo de lenidad alcanzado entre la Fiscalía y el grupo Odebrecht, que se comprometió a pagar 3.280 millones de reales, equivalentes a 1.000 millones de dólares durante 23 años el 82%, es decir 3.141 millones de reales o 960 millones de dólares, será  reintegrado a Brasil, en resarcimiento de los daños causados por los crímenes practicados y en favor de las arcas públicas. (Petro Guia)