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Así es la situación de los presos políticos en Venezuela al cierre del 2021
Expertos aseguran que en el país hay más de 200 personas detenidas por razones políticas

 

La ONG Foro Penal denunció este martes, 21 de diciembre, que en Venezuela hay 244 presos políticos. De los cuales, 230 son hombres y 14 son mujeres.

«Además, 9.422 personas siguen sujetas a procesos penales políticos, pero bajo medidas cautelares», escribió en su cuenta de Twitter el director de esa ONG, Gonzalo Himiob.

El abogado detalló que, de estos detenidos, 112 son civiles y 132 son militares. Actualmente, 209 de los presos no han sido condenados por ningún delito, mientras que 35 han recibido ya una sentencia.

Sin embargo, hay otras instituciones que tienen un registro más alto de víctimas. La ONG Justicia Venezolana, que centra su atención en los casos de uniformados presos, afirmó que en Venezuela hay 252 militares procesados por razones políticas, de los cuales 180 están detenidos (48 más que Foro Penal).

Las autoridades venezolanas han «perpetuado el  incumplimiento de las garantías procesales en los casos» de los militares, denunció este martes Justicia Venezolana, al tiempo que advirtió que los tribunales no han cumplido con su labor, según reseñó la agencia EFE. 

 Asimismo, aseguraron que se han producido «graves irregularidades» que sufren los uniformados y que «combinan tanto las violaciones a sus derechos humanos, como al debido proceso».

La directora ejecutiva de la ONG, Lilia Camejo, afirmó que las autoridades encargadas no han cumplido en dar «protección y seguridad a los presos políticos militares», ni tampoco con «las más elementales condiciones de reclusión».

A juicio de Justicia venezolana, los militares presos «corren peligro por no recibir atención médica adecuada, permanecer en recintos carcelarios sin las condiciones», y son «sometidos a una serie de irregularidades en todas las fases procesales, con la intención de mantenerlos, de manera ilegal, en prisión».

 

Militar en huelga de hambre

 

Igbert José Marín Chaparro, teniente coronel del Ejército detenido, comenzó este martes una huelga de hambre para denunciar que sufre «tratos crueles inhumanos y degradantes», según una carta difundida por Justicia Venezolana.

A través de la misiva, solicitó también que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el encargado de negocio de la UE y el nuncio apostólico de la Santa Sede visiten «la casa de los sueños», nombre con el que se refieren a una celda de castigo, para que verifiquen «los tratos crueles inhumanos y degradantes» a los que son sometidos los presos.

María Chaparro exigió que una comisión de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo que verifique «la misma situación, dando curso a la respectiva denuncia ante los citados organismos y ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), por el uso sistemático de torturas y tratos crueles».

El teniente coronel también reclama «la eliminación de la ‘casa de los sueños’ como depósitos de seres humanos y centros de torturas y violaciones a los derechos fundamentales».

Preso de conciencia

Este lunes, Amnistía Internacional (AI) emitió una «acción urgente global» para exigir la «libertad inmediata» de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, que ha denunciado en diversas oportunidades las actuaciones de los grupos guerrilleros colombianos en el país.

Para AI, Tarazona es un «preso de conciencia» que fue detenido arbitrariamente «por su labor de defensa de derechos humanos». 

El Observatorio de Derechos Humanos de Fundaredes denunció que la salud de Tarazona se había agravado por la «falta de atención médica adecuada». Aseguraron que en la última semana, el director de la ONG había sufrido «alteraciones cardíacas constantes».

«Su madre, familiares más allegados, sus abogados y el equipo de activistas de la organización exigen a las autoridades venezolanas la inmediata liberación del defensor de los derechos humanos, quien junto con dos de sus activistas, enfrenta un juicio injusto», indicó la ONG.

El pasado 9 de diciembre se confirmó que Tarazona y otros miembros de Fundaredes (Rafael Tarazona, hermano del director de la organización, y Omar De Dios García, activista ) pasarían a juicio.

Este martes, el comisionado para los Derechos Humanos del gobierno de Juan Guaidó, Humberto Prado, clamó por la liberación de Tarazona.

Prado recordó que el activista y abogado está detenido en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) del Helicoide, en Caracas, el mismo centro de detención donde murió el pasado 12 de octubre el general y exministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel, preso desde 2009, como consecuencia del covid-19.

Con información de EFE.

ONG Justicia Venezolana: Radicalización de cuarentena agrava situación de presos políticos militares
137 militares están recluidos en cárceles militares y centros de detención preventiva

La radicalización de la cuarentena producto de la proliferaciòn del COVID-19 en el país agrava la situación de los presos políticos militares. Así lo manifestó, la abogada y directora ejecutiva de la Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana, Lilia Camejo.

Según destacó la defensora privada de presos políticos militares se registran 183 castrenses con procesos penales en su contra. De estos, 46 se encuentran en libertad, y 137 recluidos entre cárceles militares y centros de detención preventiva.

Aseveró que además de los 35 castrenses con graves patologías, muchos del total de presos políticos están presentado importantes síntomas de depresión producto del aislamiento extremo al que están siendo sometidos. 

«Entendemos la ola de contagios que vive el país, pero en centros penitenciarios deben aplicarse protocolos de bioseguridad que garanticen las visitas regulares, en semanas de flexibilización, de abogados y familiares a oficiales recluidos en Ramo Verde, la cárcel de La Pica y Santa Ana», sentenció Camejo en relación a este tema. 

La jurista subrayó que así como permiten el contacto con el mundo exterior a quienes permanecen detenidos por largo tiempo, pese a ser esto una violaciòn de la ley, en sitios como la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y en cárceles comunes; deben buscarse alternativas para otros centros penitenciarios como Cenapromil en Ramo Verde.

Asimismo, la profesional del derecho citó como ejemplos reclusorios de varios países de América Latina, donde incluso existe hacinamiento carcelario, y planteó como alternativa viable, en el corto plazo, la instalación de locutorios para que no haya contacto corporal entre los presos políticos y los familiares o defensores privados. «Es deber del Estado preservar la salud física y mental de estos ciudadanos», sentenció.

Gobierno viola derechos humanos contra presos políticos
Militares detenidos en Ramo Verde llevan un año incomunicados

Un año incomunicados tienen los militares presos políticos que están en las cárceles de Ramo Verde en Los Teques, Miranda, en el Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana, Táchira y en el Internado Judicial de Monagas (La Pica). Así lo informó Lilia Camejo, directora ejecutiva de Justicia Venezolana, ONG de Derechos Humanos (DD.HH) que contabiliza 140 militares presos políticos en el país, 35 se encuentran en grave estado de salud.

«Las visitas fueron suspendidas en marzo de 2020 a inicio de pandemia, sólo a mediados de octubre fue que se reanudaron en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Boleíta Caracas, pero los presos que están en La Pica, Santa Ana y Ramo Verde no han tenido contacto con sus familiares, sólo han tenido asistencia jurídica», expresó. Comentó que esto está causando daños psicológicos a los privados y a sus hijos pequeños por la separación con sus padres.

Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia Encuentro y Perdón (JEP), indicó que las violaciones de DD.HH en el último año contra presos políticos han sido dantescas, sostiene que el hecho que un privado no tenga contacto con sus familiares representa que pasa hambre por días enteros. «En cualquier cárcel venezolana los presos dependen de que un familiar vaya y les lleve comida, medicamentos y agua potable. Hay sitios de reclusión que sólo permiten cinco litros de agua por privado, cantidad con la que se tienen que bañar, lavar su ropa, beber y les toca rendirla por una semana», denunció.

Sostiene que los presos políticos y en plena pandemia han estado desamparados. Está ONG registra 320 presos políticos en el país hasta febrero de 2021, de los cuales 148 son civiles y 172 funcionarios de la Fuerza Armada, es decir el 48% de los casos que manejan son militares. «En el caso de los militares presos por razones meramente políticas les suele imputar el famoso delito de traición a la patria y se evidencia un nivel de saña contra ellos e incluso contra su familia. Hay familiares que han tenido que salir del país por persecución, porque para el Estado no basta con la detención de una persona sino también amenazan a su familia entera. Les allanan sus casas sin orden judicial. Conocemos del caso de esposas que han sido amenazadas y de madres maltratadas», indicó.

El 10 de marzo, Marta Valiñas, Presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos que investiga a Venezuela, informó que desde septiembre de 2020 cuando presentaron el primer informe sobre violaciones cometidas a gran escala que constituyen crímenes de lesa humanidad, las detenciones arbitrarias en el país han aumentado.

«Hay más de 100 casos de detenciones en las protestas desde septiembre. La Misión ha identificado 36 nuevos casos (8 mujeres y 28 hombres) de presuntas detenciones arbitrarias. Algunas de estas personas han sido acusadas bajo la Ley contra el Odio», expresó en la sesión del Consejo de DDHH de la ONU.

Serie de faltas

Para las ONG’s la primera gran violación de DD.HH que se comete en Venezuela es que existan presos políticos. «En un país donde hay presos políticos hay una ruptura del Estado de derecho y de la democracia», apuntó Martha Tineo coordinadora de JEP.

La segunda violación es la detención arbitraria. Privar de libertad a alguien por su opinión o actuación política es discriminación y viola la Constitución ytratados internacionales. «Estas personas luego que son detenidas la gran mayoría pasan lapsos de tiempo en donde se aplica desaparición forzada, pasan días sin que la familia conozca su paradero y sin derecho a la defensa, lo que representa una clara violación del debido proceso. Un grandísimo porcentaje de los detenidos son víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes al momento de los interrogatorios», comentó.

Posteriormente las mantienen detenidas sin lograr establecer su responsabilidad en los casos. «Eso convierte a la detención preventiva en una forma de castigo anticipada, porque en el Código Orgánico Procesal Penal prevalece el principio de presunción de inocencia. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La privación de libertad es la excepción, y un tribunal dicta una medida de privativa de libertad sólo bajo determinados supuestos, pero la regla es que las personas pueda ser investigada en libertad, por la presunción de inocencia», exclamó.

Resaltó que en Venezuela la justicia funciona al revés: «Acá se mete presa a la gente y después es que se averigua si cometió delito, se pena anticipadamente». Indicó que las pruebas de estas arbitrariedades que comete el Estado se registran cuando luego de haber mantenido presa a una persona por años, la liberen como si nada.

La Misión de la ONU determinó que desde que inició 2021, han sido aplicadas 9 detenciones arbitrarias contra periodistas de medios independientes, para «silenciar a quienes informan sobre la realidad política y social en Venezuela», reseñan.

Justicia Venezolana alerta uso de delitos de terrorismo para perseguir a militares
Enfatiza que se ha convertido en una excusa para juzgar a civiles y militares sin sustento jurídico

A juicio de Lilia Camejo, directora ejecutiva de la Organización No Gubernamental  Justicia Venezolana, el juzgamiento de militares activos en jurisdicción especial de terrorismo es un hecho que supone una grave violación al debido proceso.

Por su parte, el exfiscal del Ministerio Público Zair Mundaray, dijo que esto obedece más a razones políticas que procesales. Señaló que los delitos de terrorismo se han convertido en «comodín» para juzgar a civiles y militares, sin sustento jurídico.

Camejo subrayó que quienes ejercen funciones de Estado apelan a llevar a los militares a la jurisdicción especial de terrorismo debido a que el Código Orgánico de Justicia Militar limita las actuaciones penales contra los castrenses al territorio nacional e impide enjuiciar a militares, así como emitir alertas ante la Interpol y demás organismos internacionales.

En este sentido, Mundaray  agregó que hay informes de organismos internacionales donde se reconoce el uso de la jurisdicción militar para «condenar a unos y dar impunidad a otros» .

Mundaray acotó que son «imprecisas» y «peligrosas» las definiciones del delito de terrorismo en la ley respectiva venezolana.

El abogado dijo que toda esta política busca intimidar a la sociedad civil para evitar la protesta en el país.

Justicia venezolana denuncia retardo procesal de hasta 750 días en juicios a presos políticos
La paralización de la justicia penal debido a la pandemia ha acrecentado esta situación

El abogado y director de la ONG Justicia Venezolana, Yonathan Mustiola, denunció que el retardo procesal se ha convertido en la máxima de los juicios a presos políticos militares en Venezuela, sumando, en algunos casos, hasta 750 días sin impartir justicia a castrenses detenidos. 

«Hoy denunciamos con cifras en mano, el grave retardo procesal que vienen arrastrando las causas penales seguidas en contra de los presos políticos militares, lo cual ha venido denunciando nuestra organización, desde incluso antes que iniciara el confinamiento a causa del COVID-19, y que hoy nos vemos obligados a recalcar ante el riesgo de contagios y muerte por coronavirus de estos uniformados», explicó el jurista.

Citando la Constitución vigente, Mustiola subrayó que todo proceso judicial debe ser breve, debido a que así lo establece el principio de eficacia procesal, definido en el artículo 257 de la carta magna y las leyes procesales en curso. «En Venezuela, se está aplicando absolutamente lo contrario con estos oficiales institucionales, sometiéndolos al tan pernicioso retardo procesal», sentenció.

Sobre este tema, el profesional del derecho ahondó en que los principios y garantías que conforman el proceso penal venezolano, contenidos en los primeros 23 artículos del Código Orgánico Procesal Penal, establece el principio de concentración. Detalló que este señala que “…Iniciado el debate, este debe concluir sin interrupciones en el menor número de días consecutivos posibles…”.

En relación a este principio que, según sumó, se desarrolla en distintos contextos a lo largo del COPP, enfatizó que está siendo violado reiteradamente por los órganos de justicia del país. Puso como ejemplo el señalamiento que el juicio se llevará a cabo sin interrupciones, en el menor número de días posible (Artículo 318), o que las medidas de coerción personal no podrán durar más de dos años (Artículo 230).

«Nuestra organización registra, por ejemplo, que en el caso de los Comandantes de los Batallones Blindados hay un retardo de más de 750 días para la apertura de juicio, y en el caso operación «Vuelvan Caras», más de 320 días de retardo, también para el inicio del juicio oral y público. Todo esto, a pesar de que el artículo 325 del Código Orgánico Procesal Penal señala, que se debe fijar la fecha para la celebración del juicio dentro de los 10 a 15 días hábiles, desde que llega el expediente al Tribunal de Juicio», agregó.

Al respecto, el defensor de derechos humanos acotó que este grave retardo procesal registrado en la mayoría de las causas seguidas a los presos políticos militares no tiene su génesis en la pandemia. Sin embargo, acotó que la paralización de la justicia penal ha acrecentado esta situación que vulnera las garantías procesales de los uniformados que hoy permanecen tras las rejas. 

 

Justicia Venezolana

Los que no se rinden | Justicia Venezolana: Hay un acoso inclemente a miembros de la FANB
La ONG se dedica a defender los derechos de militares detenidos por razones políticas 

Como consecuencia de las protestas de 2014, que según la Fiscalía General de la República entonces dirigida por Luisa Ortega Díaz dejaron 43 muertos, 486 heridos y 1.854 detenidos, surgió la ONG Justicia Venezolana.

La situación de vulnerabilidad de los aprehendidos por los cuerpos de seguridad del Estado fue el detonante para que defensores de los derechos humanos dieran origen a Justicia Venezolana, que tiene como objetivo ser el principal frente de defensa para el exiliado, preso de conciencia o perseguido político por los tribunales militares.

Además ofrecen capacitación, formación y asistencia jurídica a los perseguidos por la justicia penal militar.  

Su directora ejecutiva, Lilia Camejo Gutierrez, advirtió sobre la politización de la justicia en el país y las condiciones deplorables en la que se encuentran militares detenidos en los centros de reclusión. 

De acuerdo a la ONG en la actualidad hay 219 militares institucionales privados de libertad. 

Recientemente insistió en la necesidad de que se otorguen medidas cautelares sustitutivas de libertad para los detenidos en vista del estado de alarma por el que atraviesa Venezuela a raíz de la pandemia del Covid-19.

¿Desde 2014 hasta el presente como cataloga la situación de los militares detenidos?

 Lilia Camejo: La situación de persecución en Venezuela se agravó en el transcurso de todos estos años y empezó el acoso inclemente en contra de los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

¿Cuáles son las mayores vulnerabilidades de las personas que atienden?

LC: La mayoría son militares víctimas de abusos a los derechos humanos, tratos crueles inhumanos y degradantes. Tenemos un monitoreo permanente de la justicia penal militar y nos enfocamos en la defensa de militares institucionales privados de libertad por razones políticas.

¿Quienes integran Justicia Venezolana?

LC: Somos 20 personas. Todos abogados litigantes en materia penal que ofrecemos soporte jurídico y apoyo social a los detenidos y sus familiares. 

¿En qué zonas operan?

LC: Caracas, Barquisimeto, Maracay, Altos Mirandinos y Valencia.

¿Cuáles son los mayores retos de la organización?

LC: Nuestra meta es lograr medidas cautelares y libertad plena para los militares que defendemos. La amenaza está siempre latente por las denuncias que realizamos en cuanto a los casos de torturas, tratos crueles y las detenciones arbitrarias.

¿Cómo pueden contribuir las personas con Justicia Venezolana?

LC: Con aportes en alimentos y medicinas para los detenidos. 

¿Un caso emblemático?

LC: El de Oscar Pérez, miembro del Cicpc muerto en enero de 2018 por funcionarios de seguridad del Estado y en lo que respecta a civiles el profesor de la Universidad Católica Andres Bello, Sergio Contreras, detenido en una manifestación en junio de 2017 por efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y el diputado Edgar Zambrano, aprehendido por miembros del Sebin en mayo de 2019. 

35 militares presos políticos presentan complicaciones de salud
La ONG Justicia Venezolana dijo que 260 miembros del cuerpo castrenses se encuentran detenidos actualmente

La Organización No Gubernamental (ONG) Justicia Venezolana informó que 35 militares presos políticos presentan serias complicaciones de salud

Según precisó Neida Pérez Morillo, abogada y directora de esta organización, de los 260 miembros del cuerpo castrenses detenidos actualmente, al menos 35 de estos presentan diversas patologías crónicas que ponen en grave riesgo sus vidas. Entre estas destacó oficiales con hipertensión, diabetes e incluso cáncer; quienes no son atendidos por los organismos competentes. 

En este sentido, la profesional del derecho alertó sobre las violaciones a las garantías de los derechos humanos recurrentes en cuanto al debido proceso y el derecho a la salud, específicamente sobre las demoras judiciales injustificadas. «Hablar de un proceso penal es ilusorio, porque no hay absolutamente ninguna garantía legal”, resaltó la jurista.

«En algunos casos se han empezado a celebrar juicios y audiencias preliminares, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad, pero incumpliendo por otro lado con las garantías propias de todo proceso penal como por ejemplo la imposibilidad de promover pruebas a favor, interponer escritos o diligencias, práctica de exámenes o atención médica y solicitar revisiones de medidas a los privados de libertad especialmente por razones de salud», agregó Pérez Morillo. 

Por su parte, Lilia Camejo, directora ejecutiva de la ONG garante de la justicia penal militar, destacó la importancia de que los profesionales de la prensa adquieran conocimientos en esta materia, al tiempo que agradeció el apoyo permanente  de los medios con denuncias vinculadas a los presos políticos, militares y civiles, que permanecen detenidos en el país.

Con información de Justicia Venezolana

Justicia Venezolana: Cuarentena no detiene la persecución contra militares
Instó a atender la petición de la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, de liberar a los presos políticos 

Lilia Camejo Gutiérrez, abogada y directora ejecutiva de la ONG Justicia Venezolana, aseguró este domingo que la persecución a militares no se detiene ni en cuarentena. Tampoco, la tortura a presos políticos.

Camejo señaló que desde que se impuso la cuarentena en el país, el 13 de marzo, aumentaron los casos de trato cruel hacia integrantes de la FANB. Estos militares, activos y retirados, están injustamente presos, indica en una nota de prensa.

Entre ellos destacó el del pasado 20 de abril, cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar trasladaron a un grupo de presos políticos, también militares, desde la cárcel Cenapromil, en Ramo Verde, a un lugar desconocido.

La directora de la ONG Justicia Venezolana también mencionó el caso de un grupo de capitanes de la Guardia Nacional Bolivariana. Este grupo estuvo presuntamente vinculado al plan de asalto del destacamento 441 ubicado en Puerta Morocha. Sobre esta situación, agregó que se desconocen las condiciones en las que se encuentran.

Camejo criticó que se continúen violando los derechos humanos de estos militares. Dijo que en su lugar debería atenderse el llamado de Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La alta comisionada instó a los gobiernos del mundo a permitir que los presos sean trasladados a sus hogares. Esta medida debería tomarse ante el riesgo que supone la propagación del covid-19 en los centros de reclusión.