Expertos aseguran que en el país hay más de 200 personas detenidas por razones políticas

La ONG Foro Penal denunció este martes, 21 de diciembre, que en Venezuela hay 244 presos políticos. De los cuales, 230 son hombres y 14 son mujeres.

«Además, 9.422 personas siguen sujetas a procesos penales políticos, pero bajo medidas cautelares», escribió en su cuenta de Twitter el director de esa ONG, Gonzalo Himiob.

El abogado detalló que, de estos detenidos, 112 son civiles y 132 son militares. Actualmente, 209 de los presos no han sido condenados por ningún delito, mientras que 35 han recibido ya una sentencia.

Sin embargo, hay otras instituciones que tienen un registro más alto de víctimas. La ONG Justicia Venezolana, que centra su atención en los casos de uniformados presos, afirmó que en Venezuela hay 252 militares procesados por razones políticas, de los cuales 180 están detenidos (48 más que Foro Penal).

Las autoridades venezolanas han «perpetuado el  incumplimiento de las garantías procesales en los casos» de los militares, denunció este martes Justicia Venezolana, al tiempo que advirtió que los tribunales no han cumplido con su labor, según reseñó la agencia EFE. 

 Asimismo, aseguraron que se han producido «graves irregularidades» que sufren los uniformados y que «combinan tanto las violaciones a sus derechos humanos, como al debido proceso».

La directora ejecutiva de la ONG, Lilia Camejo, afirmó que las autoridades encargadas no han cumplido en dar «protección y seguridad a los presos políticos militares», ni tampoco con «las más elementales condiciones de reclusión».

A juicio de Justicia venezolana, los militares presos «corren peligro por no recibir atención médica adecuada, permanecer en recintos carcelarios sin las condiciones», y son «sometidos a una serie de irregularidades en todas las fases procesales, con la intención de mantenerlos, de manera ilegal, en prisión».

Militar en huelga de hambre

Igbert José Marín Chaparro, teniente coronel del Ejército detenido, comenzó este martes una huelga de hambre para denunciar que sufre «tratos crueles inhumanos y degradantes», según una carta difundida por Justicia Venezolana.

A través de la misiva, solicitó también que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el encargado de negocio de la UE y el nuncio apostólico de la Santa Sede visiten «la casa de los sueños», nombre con el que se refieren a una celda de castigo, para que verifiquen «los tratos crueles inhumanos y degradantes» a los que son sometidos los presos.

María Chaparro exigió que una comisión de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo que verifique «la misma situación, dando curso a la respectiva denuncia ante los citados organismos y ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), por el uso sistemático de torturas y tratos crueles».

El teniente coronel también reclama «la eliminación de la ‘casa de los sueños’ como depósitos de seres humanos y centros de torturas y violaciones a los derechos fundamentales».

Preso de conciencia

Este lunes, Amnistía Internacional (AI) emitió una «acción urgente global» para exigir la «libertad inmediata» de Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, que ha denunciado en diversas oportunidades las actuaciones de los grupos guerrilleros colombianos en el país.

Para AI, Tarazona es un «preso de conciencia» que fue detenido arbitrariamente «por su labor de defensa de derechos humanos». 

El Observatorio de Derechos Humanos de Fundaredes denunció que la salud de Tarazona se había agravado por la «falta de atención médica adecuada». Aseguraron que en la última semana, el director de la ONG había sufrido «alteraciones cardíacas constantes».

«Su madre, familiares más allegados, sus abogados y el equipo de activistas de la organización exigen a las autoridades venezolanas la inmediata liberación del defensor de los derechos humanos, quien junto con dos de sus activistas, enfrenta un juicio injusto», indicó la ONG.

El pasado 9 de diciembre se confirmó que Tarazona y otros miembros de Fundaredes (Rafael Tarazona, hermano del director de la organización, y Omar De Dios García, activista ) pasarían a juicio.

Este martes, el comisionado para los Derechos Humanos del gobierno de Juan Guaidó, Humberto Prado, clamó por la liberación de Tarazona.

Prado recordó que el activista y abogado está detenido en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) del Helicoide, en Caracas, el mismo centro de detención donde murió el pasado 12 de octubre el general y exministro de Defensa, Raúl Isaías Baduel, preso desde 2009, como consecuencia del covid-19.

Con información de EFE.