jueces

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asume nuevas responsabilidades luego de que la Comisión Judicial de dicho ente no solo designará y removerá a los jueces provisorios y cubrirá las vacantes que se abren en los tribunales del país debido a vacaciones, renuncias o bajas por enfermedad designando sustitutos temporales, sino que también “planificará, supervisará y ejecutará” todo lo relacionado con los concursos de oposición para asignar tribunales.

De esta manera, sin importar sus credenciales, formación o reconocimiento, el activista de Derechos Humanos, el jurista o catedrático en Derecho que forme parte de una organización no gubernamental o gremio que haya recibido fondos por parte de “potencias extranjeras y empresas nacionales o extranjeras” no podrá participar como jurado en las pruebas para asignar cargos de jueces.

La restricción figura en el numeral D del artículo 16 de las nuevas Normas para la Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y Ascenso a la Función Judicial que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó en junio pasado, pero que apenas el pasado martes 23 fueron publicadas en la Gaceta Oficial número 40.927.

Esta función de planificación, supervisión y ejecución, anteriormente, le correspondía a la Escuela Nacional de la Magistratura, por ser la institución encargada de la formación y capacitación de los jueces y demás funcionarios judiciales.

Sin embargo, en el nuevo instrumento el TSJ decidió que se encargará de esto la comisión que integran los presidentes de las seis salas que componen el organismo: Gladys Gutiérrez (Sala Constitucional), María Carolina Ameliach (Sala Político Administrativa), Maikel Moreno (Sala Penal), Indira Alfonzo (Sala Electoral), Marjorie Calderón (Sala Social) y Gustavo Blanco (Sala Civil).

El artículo 255 de la Constitución obliga a asignar los juzgados mediante “concursos de oposición públicos que aseguren la idoneidad y excelencia”. Sin embargo, desde 2006 el máximo tribunal no celebra uno solo de estos exámenes y por ello en la actualidad el 66% de los más de 2.200 jueces que hay en el país son provisorios, es decir, que en cualquier momento la Comisión Judicial del TSJ los puede destituir sin procedimiento alguno, porque los considera de libre nombramiento y remoción.

Esta política le ha merecido varias sanciones al Estado venezolano en los últimos años, tales como tres condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual lo ha acusado de violar la autonomía judicial.

A partir de la semana pasada, la Comisión Judicial es la responsable de nombrar y remover a los jueces provisorios, que según las propias estadísticas del TSJ representan el 66% de los 2.200 jueces de Venezuela.

Estos funcionarios son considerados de libre nombramiento y remoción por este organismo del máximo juzgado y, por ende, pueden ser destituidos sin procedimiento previo, lo cual le ha valido al país tres condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por considerar que esta política atenta contra la independencia judicial.

Dicha normativa, en la Disposición Transitoria 1, permite que los abogados que en la actualidad ocupan tribunales de manera provisoria o temporal, puedan participar en los concursos para hacerse con la titularidad; es decir con sus cargos de manera oficial y definitiva.

Sin embargo, en ninguno de los 45 artículos y 12 disposiciones transitorias establece un lapso de tiempo en el cual el TSJ deberá celebrarán dichos procesos.

Con información de Crónica Uno y El Pitazo

 

En Venezuela se da una inédita coexistencia, sobre el mismo espacio geográfico, entre una dictadura militarista-populista y una democracia; aquélla, atrincherada en el ejercicio de todos los poderes públicos, con excepción del parlamento, y ésta, en estreno, ocupando los escaños de diputados que la soberanía popular logra ganarse el pasado 6 de diciembre.

La minoría – deslegitimada como mayoría y en sus narrativas políticas – sostiene a rajatablas su dominio del poder constituido e impone su primitiva cosmovisión, para afirmar la violencia y miseria generalizadas que la anima; pero por una sola razón, la razón de la fuerza, la que le endosan el Alto Mando Militar y sus armas de fuego. Sin éstas, qué duda cabe, ninguno de tales poderes, sea el del Presidente de la República y Comandante en Jefe, sea la Sala Constitucional del TSJ o el Ministerio Público, osara desafiar, como lo hacen, la vigencia del Estado de Derecho y la misma soberanía popular.

¿Cómo logrará resolverse este entuerto?, es difícil saberlo. No hay vías que puedan imponerse a priori como dogmas. Sólo el hábil manejo de las realidades, salpimentado con una dosis de aplomo ético y paciencia, ha de facilitar que una u otra de las tantas opciones constitucionales que se barajan sea, al término, eficaz y antes de que el tremedal nos ahogue. Será la que mejor despeje ese dualismo morganático, que significa que los minoritarios cultores de la muerte – a costa de masacres como las del 11 de abril, fabricada entre Hugo Chávez Frías y su Fiscal General, Isaías Rodríguez, o las del Día de la Juventud y la de Tumeremo, en las que tienen metidas sus manos los hombres de uniforme y de caponas – se sobrepongan a los cultores de la paz “varguiana”. Será la que evite, además, un pacto de connivencia, de transacción entre la legalidad y la ilegalidad, de servicio a la mentira de Estado.

Todas las vías, pues, han de llenar los vagones varios del ferrocarril que nos lleve hacia la transición y reconstrucción de la civilidad. ¿Qué vagón calza y se adosa mejor con la puerta de salida en la estación ferroviaria?, no lo sabe, jamás, ninguno de los pasajeros que allí se bajan o se suben.

Lo cierto es que, luego de tres lustros y algo más de resistencia, los venezolanos logran frenar con mano firme y desafiante el deslave de impudicia que reina, y derrotan a sus armas y sus millonarios recursos, obra del peculado, con votos, sin miedo, y en el silencio del acto comicial. ¡Que esa impudicia se presente ahora más escandalosa!, ello es obra del ruido de la asamblea y sus diputados de mayoría, por desafiantes de la censura, de la hegemonía comunicacional y propagandística del gobierno.

Poner el dedo sobre la llaga es, sin embargo, pertinente.

Allá con sus responsabilidades históricas la Fuerza Armada, por incapaz y dado su comportamiento coludido – en medio de centenares de bajas civiles y ninguna de milicianos – de estar a la altura de su misión, como de justificarla; más allá del oropel de los desfiles, de amorales compras de armamentos, o la utilería que destila en sus visitas al Cuartel de La Montaña.

Importa, sí, subrayar la conducta de los jueces, a quienes me refiero en mi columna “La culpa de es de los cagatintas”.

La Sala Constitucional – suerte de paredón de fusilamiento – mal ha de encontrar como excusa para sus delitos de lesa patria, el argumento político. No les sirve a sus miembros, siquiera, en el acaso futuro de pretender beneficiarse de algún asilo.

Un Estado de excepción o emergencia, coloquialmente implica la suspensión de la ley y la restricción de derechos humanos. Por ende, en las democracias constitucionales jamás basta, para su forja, la sola voluntad política del gobernante. Es sacramental que concurra la opinión vinculante de la soberanía popular, como acto político no justiciable. A los jueces atiene, al respecto, solo ver y velar por la existencia o no de las garantías que lo hagan menos gravoso, y sólo eso. La vigencia de tales Estados, superados los obstáculos constitucionales, se explica en una expresión concursal ineludible y políticamente objetiva, sobre la que no puede opinar la Justicia.

De modo que, las violaciones de derechos humanos que se sucedan por la decisión “política” del TSJ usurpada, para forzar la vigencia de un decreto de emergencia que es obra de la voluntad unilateral de Nicolás Maduro y pone de lado la opinión de quienes representan a los afectados en la Asamblea Nacional, tienen desde ya como responsables individuales, interna e internacionalmente, a los jueces supremos. Las sanciones que aparejan sus comportamientos, activos u omisivos, son, en el caso, penales, no políticas. Eso deben saberlo éstos, a pesar de ignorarlo por ser huérfanos de credenciales y para sus oficios.

 

@asdrubalaguiar

 

 

Jueces y Magistrados eméritos del Poder Judicial, profesores universitarios en cátedras de derecho, Presidentes de Colegios de Abogados del país así como otros profesionales del Derecho, buscan «rescatar el Estado de Derecho en Venezuela» a través de la creación del Bloque Constitucional de Venezuela.

En el primer manifiesto de este Bloque, sus integrantes  fijan posición frente a los atropellos «que en contra de la soberanía popular libremente manifestada el 6 de diciembre pasado, pretende ejecutar y ejecuta  -judicial y materialmente- un sector político ligado directamente al gobierno nacional», explican. En este sentido, el Bloque Constitucional de Venezuela, convoca a la defensa de la «representación del pueblo venezolano ante los organismos nacionales e internacionales comprometidos con la vigencia del Estado democrático de Derecho», a rechazar y denunciar toda forma autocrática del ejercicio del poder público y de la destrucción de su institucionalidad civil.

Este grupo refiere, explican en un comunicado, la urgente necesidad de restablecer la institucionalidad democrática del Estado de Derecho mediante la defensa del poder legítimo originario representado en el Poder Legislativo Nacional elegido el 6 de diciembre de 2015, rescatar el principio de la independencia de los poderes públicos, principalmente del Poder Judicial, destacar la importancia que tiene la Fuerza Armada Nacional de estar sujeta a la supremacía de la Constitución, denunciar los actos hostiles que amenacen u obstaculicen el ejercicio democrático del poder del Estado y proponer la reorganización y restructuración del sistema de justicia y la despolitización de los tribunales, del ministerio público, entre otras instituciones que integran el sistema de justicia, la renovación del poder electoral, del poder ciudadano y velar por la correcta elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros.

Entre quienes integran el Bloque Constitucional de Venezuela, se encuentran  los magistrados eméritos, Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Aníbal Rueda, Jorge Rosell Senhenn, Blanca Rosa Mármol, Antonio Ramírez Jiménez, Pedro Rondón Haz, Julio Elías Mayaudón, los miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Alberto Arteaga Sánchez, Ramón Escovar León, Rafael Badell Madrid, los Magistrados de la Corte de lo Contencioso Administrativo y Juez Superior: Perkins Rocha, Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggeri, Miguel Angel Martin, los presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela y la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y destacados profesores universitarios de derecho, de las distintas universidades nacionales.

*Con información de nota de prensa

 

Todas las dictaduras del pasado han tenido policías esbirros  que asesinan y torturan. Hoy es necesario  incluir en la categoría de esbirros a muchos jueces, fiscales del ministerio público y a paramilitares rojos. En tiempos de Pérez Jiménez sus esbirros asesinaron, entre otros, al teniente León Droz Blanco, exiliado en Barranquilla, y a Antonio Pinto Salinas quien estaba bajo custodia policial y mujeres y hombres de la resistencia fueron torturados. Lamentablemente, también durante el período de  la República civil, en medio de la  insurrección armada castro-comunista, hubo algunos  asesinatos como los de Lovera y Jorge Rodríguez, cuyos autores fueron sentenciados, pero algunos casos de tortura y desaparecidos como el de Alejandro Tejero quedaron impunes.  

La dictadura totalitaria  Chávez-madurista ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos en los que las redes sociales y la atención internacional obligan a disimular para intentar evitar acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Por ello, a los tradicionales esbirros  de los cuerpos policiales, Sebin, CICPC y  guardias nacionales, el régimen ha incorporado a  paramilitares rojos, mal llamados colectivos, así como a  fiscales y jueces. Con los paramilitares pretende achacar asesinatos a elementos  que no son funcionarios, aunque por debajo de cuerda son mantenidos con recursos del Estado o les permiten asaltos para proveerse de fondos. Con fiscales y jueces sumisos pretende darle un matiz de legalidad a los encarcelamientos  de opositores que ordena Miraflores. Por otra parte, la justicia roja se hace de la vista gorda en los casos de asesinatos de opositores, como el de José Manuel Vilas.

A diferencia de la resistencia contra las dictaduras anteriores  y  de la guerrilla urbana  y rural de los años 60, en las que participaron un número limitado de militantes o simpatizantes de partidos políticos, en estos quince años  la resistencia ha sido   masiva, por  lo que el número de ciudadanos asesinados, torturados y encarcelados ha sido mucho mayor que en las dictaduras precedentes.  

Al acercarse el final de este periodo de atropellos cabe preguntar el trato que se debe dar a los esbirros.  Desde luego que está claro que  quienes hayan asesinado torturado, sean responsables de malversación o apropiación del erario  deben ser enjuiciados. Pero, ¿ cómo proceder con fiscales y jueces responsables de encarcelamientos injustos, de sentencias que han afectado negativamente el patrimonio de muchos y de decisiones que han obligado a exiliarse a infinidad de  compatriotas; o con aquellos que  se han negado a enjuiciar a los asesinos de ciudadanos de la alternativa democrática o con dirigentes rojos que han incitado al odio?

A la caída de Pérez Jiménez muy pocos esbirros  fueron sancionados. En  países en los que hubo dictaduras feroces como en Chile, Argentina y Brasil fueron  pocos los esbirros llevados a juicio. En España creo que ninguno. Esta política de lenidad no fue por gusto, sino para evitar más confrontaciones  y lograr gobernabilidad.  En Venezuela, nos guste o no, probablemente en algunos casos en los que es difícil comprobar el delito  tendremos que tragar grueso.  Muchas veces  la  sanción tendrá que ser moral, en la que los demócratas rechacemos compartir con esbirros de toga y birrete en  actividades sociales, aunque siempre hay la posibilidad de demandas interpuestas por los ciudadanos afectados, lo cual obligará a los esbirros a desembolsar parte de su dinero, muchas veces mal habido, para contratar abogados.  

El  fiscal Nieves, al igual que muchos otros fiscales y jueces, cometió el  delito de prevaricación sea por dinero, por fanatismo político o por miedo a represalias del régimen contra él y su familia. En todo caso pecó y carece  de principios y valores. Su delito queda parcialmente atenuado por el arrepentimiento y denuncia contra el régimen, lo cual quizá lo equipara al de algunos que incluso hoy forman parte de la MUD después de haber causado daño.  Felicito a Antonieta  Mendoza y a Leopoldo López Gil por el perdón otorgado, pero no olvidemos que Nieves cometió un delito.     

Como en botica: Los vejámenes a que someten a Lilian Tintori en Ramo Verde son propios de esbirros de la peor calaña. Una requisa de esa naturaleza solo procede en casos de que se sospeche posible introducción de armas o de drogas. Leopoldo se sometió  voluntariamente a la ¨justicia¨, lo que evidencia que no tiene intención de fugarse, mucho menos es consumidor de  drogas. Hoy a las 10 am la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo realizará acto con motivo de su 57 aniversario y de los 40 años de la estatización de la industria petrolera. En el mismo se entregará el premio Gumersindo Torres a Julio César Arreaza (posmortem), a Gustavo Coronel y César Quintini; el premio José Gregorio Páez a Aminta Fermín y Horacio Medina y la condecoración Antonio José de Sucre a José Udón Colina. Se hará reconocimiento al legado de Ralph Arnold y se presentará el libro Petróleo y Gas: el caso Venezuela, de Rafael Gallegos y Eddie Ramírez. Lindolfo León y Arévalo Guzmán Reyes serán los oradores ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

 

eddiearamirez@hotmail.com

 

Estas líneas son en principio para usted, pero podrían perfectamente ser leídas y tomadas en cuenta por todos y cada uno de los fiscales y jueces que durante tantos años se han prestado, como usted lo hizo, al juego tenebroso y perverso del uso del sistema de justicia, del poder del Estado en pleno, como herramientas de persecución política y de intolerancia.

He visto sus entrevistas y he leído y escuchado con detenimiento sus declaraciones. Le confieso que, como decimos por acá, me “entra un fresquito” al reconfirmar, no solo por nuestra experiencia diaria en los estrados sino además por boca de alguien que hasta hace nada militaba y actuaba, con plena conciencia, en el bando del absurdo y la opresión, lo que tantas veces hemos denunciado en Venezuela y el mundo. No se crea, a veces uno se sumerge tanto en esa oscuridad, la misma que usted avaló y protagonizó, que de tanto golpe y tanto dislate seguido, uno llega hasta a creer que el loco, por empeñarse en que las aguas de la justicia y la razón retomen su cauce, es uno.

Su testimonio, que sí lo es y que tiene pleno valor probatorio hasta que sea desvirtuado, pese a lo que diga el Defensor del Pueblo, es muy importante, y lo es aunque usted no está diciendo nada que uno, que tiene que lidiar a diario con personas como usted, no sepa, y aunque el pueblo, que no es bobo, hoy por hoy también tenga una idea muy clara de cómo es que se “bate el cobre” en el sistema judicial venezolano, especialmente en los casos políticos. Su demostración no ha sido la única, por cierto, ya desde el 2009 la Juez Yuri López,  luego el ex fiscal Hernando Contreras, y más recientemente los ex magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte (que llegó a ser presidente de la Sala Penal del TSJ) y Luis Velásquez Alvaray, nos habían dicho, tras marcharse del país, lo mismo que usted hace poco nos ha confirmado. Hablaron de otras causas, de otros juicios, de otros seres humanos a los que la ignominia, incapaz de quitarles la vida, les quitó la libertad injustamente, pero al final la historia que todos nos han contado es la misma.

No se preocupe, no quiero su cabeza a costa de lo que sea. Muchos, como usted mismo lo ha dicho, “le han caído encima” por haber hablado ahora y no antes, y algunos han hasta aventurado que no quieren compartir con usted ni el mismo aire. Yo no soy de esas personas. No le excuso, pero conozco, como usted, al monstruo desde adentro, y sé que de nada hubiera valido su testimonio antes y que cualquier atisbo de inconformidad previa hubiera sido inmediatamente conjurado por el poder, que con neutralizarlo sacándole de su puesto, metiéndolo preso o hasta “dándole de baja”, tenía. Usted sabe que es así. Como abogado, es mi obligación interpretar los hechos con objetividad, sin dejarme llevar por las tripas, y sé que ahora, cuando por fin se animó a decir la verdad, podremos utilizar la información que nos da para tratar, al menos tratar, de traer un poco de luz a las negras cuevas de la injusticia a las que tantos han sido arrojados, durante todos estos años, por la indignidad. No seré yo, ni mi ONG, la que le cerrará el paso a la verdad que, como es terca y siempre prevalece, ahora sale paradójicamente de los labios de quien fue durante mucho tiempo uno de sus más férreos enemigos; si antes fue usted voluntariamente un instrumento de la maldad, séalo ahora, con el mismo empeño, de la justicia… pero asuma, eso sí, las consecuencias.

Lo primero que va a pasar, y ya pasa, es que la maquinaria de terror y de miedo de la que usted fue parte y actor principal no le va a perdonar el afán. Créame, no hay acto de contrición ni vuelta atrás que pueda devolverlo a las mieles perdidas. Usted es ahora un “enemigo de la revolución”, un “apátrida”, un “traidor”, así de fácil se ponen las etiquetas en este país, y a los ojos de los que hasta ahora manejaban sus hilos siempre va a quedar como tal. Usted violó la omertá, y en estructuras como las que manejan al Poder Judicial en Venezuela en los casos políticos, para eso no hay perdón posible. Hasta el momento en el que escribo esta nota no hay noticias de ello, pero tenga por seguro que, con la misma saña con la que usted lo hizo en su momento, no está lejos la apertura contra usted de alguna investigación penal por “conspiración”, “traición” u otra lindeza similar. Lo más triste es que si se da, estará dirigida seguramente por sus antiguos compañeros, por sus dizque “amigos”, por aquellos en los que usted más confiaba. Así le tocará aprender que el que está ciego de poder no cree en nadie ni en nada, mucho menos en la amistad.

Después, va a pasar, y también pasa, que muchos de los que están en este otro lado de la acera querrán verlo colgado de los pulgares (y digo “los pulgares” para no restar elegancia al escrito) pagando con lágrimas y dolor las miles de lágrimas y el inmenso dolor que usted mismo contribuyó a causar en tantas personas. Acostúmbrese, no se amilane, pero acostúmbrese. Al final del día, pese a que algunos se crean mitos encarnados, no somos más que simples seres humanos, con sentimientos, virtudes y defectos, y el daño causado ha sido mucho. Usted, según entiendo, tiene esposa e hijas. Si en algún momento le exaspera la ira contra la que chocará en este bando, imagine por un instante cómo reaccionaría si las víctimas de estos abusos hubieran sido ellas, imagine lo que para tantas esposas e hijas ha significado el que personas como usted les hayan privado, a veces hasta por años, del abrazo cotidiano de sus esposos o de sus padres, montados para ello en la falsedad, que usted mismo acredita, en el abuso, del que usted fue instrumento, y en la injusticia, que usted mismo propició.

Pero usted debe seguir adelante. Le llegó la hora de poner en su balanza un contrapeso. Sea ejemplo para los otros fiscales y jueces que, usted lo sabe, hoy también se debaten entre seguir siendo marionetas del poder o decir al mundo la verdad; sea ejemplo para sus compañeros, los que aún tienen conciencia y tienen en sus manos el destino de tantas personas, para que por una vez dejen de estar pendientes solo de su “quince y último”, o de sentirse “infalibles” y “todopoderosos” y comiencen a pensar en cómo quieren ser recordados cuando la oscurana, que pasará se lo aseguro, pase.

Por último, más allá de las responsabilidades que ya no podrá eludir y que tendrá que afrontar, esas que no prescriben y para las que no hay indulto ni amnistía posible, piense usted también en sus hijas. Ya dio usted un inmenso paso al frente, que por mi parte valoro como positivo de cara a la pelea pendiente por los que aún siguen presos de la indignidad, pero aún le queda luchar más para que la verdad se imponga sin bemoles y para el día de mañana sus pequeñas, al escuchar al vuelo el nombre de su padre, no muestren vergüenza ni le reprochen cobardía en el inapelable tribunal de sus miradas. Quizás esa sea, para usted, la única redención posible.

 

@HimiobSantome

El director de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, opinó que si el Gobierno de Nicolás Maduro no permite la presencia de observadores internacionales en las legislativas del 6 de diciembre, estará en duda la limpieza de los comicios.

“El Gobierno ha dejado claro que no permite observadores electorales, que en el mejor de los casos permitiría una delegación de lo que ellos llaman acompañantes, pero no se sabe cuál es su misión. Está claro que la OEA y la UE no podrán participar, lo cual genera serias sospechas, pero aún existe la posibilidad de que Unasur pueda enviar una misión. Ojalá tenga atribuciones, funciones claras y demuestre independencia. No son unas elecciones más, son muy importantes para Venezuela y hay que preservar la credibilidad e integridad del proceso. Por eso la necesidad de garantizar la presencia lo antes posible de estos observadores internacionales que puedan incluso realizar un recuento paralelo.

Vivanco aseguró que el Poder Judicial en Venezuela está capturado desde el año 2004 por no contar con independencia; opinó que la concentración de poder es total.

“Cualquier abogado tiene la obligación ética y jurídica de agotar todas las instancias, pero esas decisiones se toman en el Palacio de Gobierno y no en el Poder Judicial. No tengo mayor esperanza en que instancias superiores del Poder Judicial puedan revertir una sentencia que constituye una arbitrariedad, a Leopoldo López se le ha condenado sin pruebas. Hemos tenido acceso a su expediente judicial y no existe evidencia alguna que justifique incluso una orden de detención”, comentó.

 Para leer la nota completa de click aquí.

 

 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas publicó las observaciones finales y recomendaciones dadas al Estado venezolano a propósito del tercer informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela, que se presentó el 2 y 3 de junio en Ginebra, Suiza.

En el documento, de diez páginas y con más de 30 recomendaciones, la ONU pidió a las autoridades, entre otras cosas: garantizar la independencia del Poder Judicial y, específicamente, a acabar con la inestabilidad laboral de los profesionales de la Justicia; «medidas urgentes» para resolver  el problema del desabastecimiento y escasez de alimentos, de medicamentos y otros productos que aqueja al país;  revise su legislación respecto a la prohibición del aborto; y velar por que el salario mínimo nacional se revise mediante un sistema efectivo y transparente de indexación.

 

Independencia de Poderes

Durante las sesiones públicas de la evaluación, los miembros del Comité ya subrayaron en repetidas ocasiones la anomalía de que gran parte de los juces no cuenten con una plaza fija.

«El Comité está preocupado por la información sobre la falta de aplicación del procedimiento legalmente establecido para la designación y destitución de jueces», rezan las conclusiones.

«Así como por el gran número de jueces que se encuentran asignados a cargos de forma provisional, quienes no gozan de estabilidad en sus funciones, lo cual puede afectar significativamente su independencia», agregan.

Ante esta situación, los expertos «recomiendan» a Caracas que «adopte las medidas necesarias para garantizar que el proceso de selección y nombramiento de jueces y magistrados sea realizado de forma transparente a fin que sean nombrados sobre la base de la integridad e idoneidad».

«Asimismo, el Comité recomienda al Estado que adopte las medidas necesarias para garantizar la independencia del Poder Judicial».

Por otra parte, los expertos criticaron que la Oficina del Defensor del Pueblo no haya desempeñado sus funciones correctamente, por lo que instan al Estado a que haga lo necesario para revertir esta situación.

 

Desabastecimiento y escasez

En el documento, de diez páginas, la ONU también pidió a las autoridades que incrementen «su inversión en la producción agrícola local, mejorando de la productividad de los pequeños productores agrícolas y su acceso a los mercados locales, con el fin de mejorar los ingresos en las zonas rurales». Asimismo, las instó a evaluar «los resultados del proceso de reforma agraria» puesta en marcha en los últimos tres lustros con el fin de «adelantar un rediseño de su estrategia nacional para la realización del derecho a la alimentación».

Para atajar la crisis que atraviesan los hospitales públicos debido a la falta de insumos y de personal sanitario, el Comité llamó al Gobierno a asignarle al sector «recursos suficientes» y a adoptar «de manera urgente las medidas necesarias que garanticen la disponibilidad y calidad de los servicios de salud, asegurando que haya un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud que cuenten con personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, así como con condiciones sanitarias adecuadas».

 

Más salud sexual

Otro de los temas que fue bastante comentado durante la revisión fue el de los altos índices de embarazos adolescentes y mortalidad materna, y se criticó el hecho de que la interrupción voluntaria del embarazo sólo pueda aplicarse cuando está en riesgo la vida de la gestante, pero no en casos de violación o de malformación del feto.

Ante esta situación, las conclusiones piden a Caracas que «revise su legislación respecto a la prohibición del aborto para hacerla compatible con otros derechos fundamentales, como el de la salud y la vida de la mujer, así como con su dignidad».

Además, instan a las autoridades a asegurar la accesibilidad a precios asequibles de los servicios de salud sexual y reproductiva especialmente en las zonas rurales.

Apoyar las ONG’S

Asimismo, el Comité critica la falta de cooperación entre las autoridades del Estado y las organizaciones de la sociedad civil encargadas de la defensa de los derechos humanos, «lo cual ha llegado en algunos casos hasta actos de grave descalificación».

«El Comité insta al Estado a que cesen las declaraciones difamatorias contra algunas de las personas que participan públicamente en los espacios que este Comité, de acuerdo a sus métodos de trabajo, otorga a las organizaciones de la sociedad civil».

 

Por la lucha contra Pobreza

El Comité asegura estar preocupado por la  tendencia regresiva que en los últimos años se ha visto en los resultados de lucha contra la pobreza. Ante este panorama, se recomendó al Estado una evaluación exhaustiva e independiente de las misiones a fin de identificar los obstáculos que impiden seguir avanzando en la lucha contra la pobreza; y consecuentemente, adopte las medidas correctivas necesarias, asegurando que tales programas y otros con objetivos similares, integren un enfoque de derechos humanos y cuenten con los recursos suficientes para su implementación.

Aunque saluda iniciativas como la Gran Misión Vivienda Venezuela, dejó en claro su preocupación ante las denuncias de la adjudicación de casas por motivos políticos y por ello exigió que sus acciones «no conduzcan a la segregación por criterios que tengan que ver con las condiciones económicas o sociales u opinión política, o con cualquier otro motivo de discriminación prohibido en el Pacto».

Sobre el salario mínimo, la ONU indicó que el Estado debe velar por que el salario mínimo nacional se revise mediante un sistema efectivo y transparente de indexación y ajuste que fije en una cuantía que permita a todos los trabajadores y sus familias disfrutar de un nivel de vida digno.

 

Otras recomendaciones

El Comité también expresa su preocupación por «la injerencia de algunas autoridades del Estado en las elecciones de representantes de los sindicatos».

Asimismo, el referencia a los derechos de los pueblos indígenas, los expertos piden a Venezuela que tome las medidas necesarias para garantizar «la obtención del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en todo lo que respecta la toma de decisiones susceptibles de afectar el ejercicio de sus derechos».

«Particularmente en los procesos de concesión de exploración y explotación de recursos mineros e hidrocarburos», especifica.

El Comité insta al Estado a que considere su reintegración al sistema de protección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

*Con información de EFE, Provea y El Universal