Estas son las recomendaciones de la ONU a Venezuela tras evaluación en Ginebra
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas publicó las observaciones finales y recomendaciones dadas al Estado venezolano a propósito del tercer informe periódico de la República Bolivariana de Venezuela, que se presentó el 2 y 3 de junio en Ginebra, Suiza.
En el documento, de diez páginas y con más de 30 recomendaciones, la ONU pidió a las autoridades, entre otras cosas: garantizar la independencia del Poder Judicial y, específicamente, a acabar con la inestabilidad laboral de los profesionales de la Justicia; “medidas urgentes” para resolver el problema del desabastecimiento y escasez de alimentos, de medicamentos y otros productos que aqueja al país; revise su legislación respecto a la prohibición del aborto; y velar por que el salario mínimo nacional se revise mediante un sistema efectivo y transparente de indexación.
Independencia de Poderes
Durante las sesiones públicas de la evaluación, los miembros del Comité ya subrayaron en repetidas ocasiones la anomalía de que gran parte de los juces no cuenten con una plaza fija.
“El Comité está preocupado por la información sobre la falta de aplicación del procedimiento legalmente establecido para la designación y destitución de jueces”, rezan las conclusiones.
“Así como por el gran número de jueces que se encuentran asignados a cargos de forma provisional, quienes no gozan de estabilidad en sus funciones, lo cual puede afectar significativamente su independencia”, agregan.
Ante esta situación, los expertos “recomiendan” a Caracas que “adopte las medidas necesarias para garantizar que el proceso de selección y nombramiento de jueces y magistrados sea realizado de forma transparente a fin que sean nombrados sobre la base de la integridad e idoneidad”.
“Asimismo, el Comité recomienda al Estado que adopte las medidas necesarias para garantizar la independencia del Poder Judicial”.
Por otra parte, los expertos criticaron que la Oficina del Defensor del Pueblo no haya desempeñado sus funciones correctamente, por lo que instan al Estado a que haga lo necesario para revertir esta situación.
Desabastecimiento y escasez
En el documento, de diez páginas, la ONU también pidió a las autoridades que incrementen “su inversión en la producción agrícola local, mejorando de la productividad de los pequeños productores agrícolas y su acceso a los mercados locales, con el fin de mejorar los ingresos en las zonas rurales”. Asimismo, las instó a evaluar “los resultados del proceso de reforma agraria” puesta en marcha en los últimos tres lustros con el fin de “adelantar un rediseño de su estrategia nacional para la realización del derecho a la alimentación”.
Para atajar la crisis que atraviesan los hospitales públicos debido a la falta de insumos y de personal sanitario, el Comité llamó al Gobierno a asignarle al sector “recursos suficientes” y a adoptar “de manera urgente las medidas necesarias que garanticen la disponibilidad y calidad de los servicios de salud, asegurando que haya un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud que cuenten con personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, así como con condiciones sanitarias adecuadas”.
Más salud sexual
Otro de los temas que fue bastante comentado durante la revisión fue el de los altos índices de embarazos adolescentes y mortalidad materna, y se criticó el hecho de que la interrupción voluntaria del embarazo sólo pueda aplicarse cuando está en riesgo la vida de la gestante, pero no en casos de violación o de malformación del feto.
Ante esta situación, las conclusiones piden a Caracas que “revise su legislación respecto a la prohibición del aborto para hacerla compatible con otros derechos fundamentales, como el de la salud y la vida de la mujer, así como con su dignidad”.
Además, instan a las autoridades a asegurar la accesibilidad a precios asequibles de los servicios de salud sexual y reproductiva especialmente en las zonas rurales.
Apoyar las ONG’S
Asimismo, el Comité critica la falta de cooperación entre las autoridades del Estado y las organizaciones de la sociedad civil encargadas de la defensa de los derechos humanos, “lo cual ha llegado en algunos casos hasta actos de grave descalificación”.
“El Comité insta al Estado a que cesen las declaraciones difamatorias contra algunas de las personas que participan públicamente en los espacios que este Comité, de acuerdo a sus métodos de trabajo, otorga a las organizaciones de la sociedad civil”.
Por la lucha contra Pobreza
El Comité asegura estar preocupado por la tendencia regresiva que en los últimos años se ha visto en los resultados de lucha contra la pobreza. Ante este panorama, se recomendó al Estado una evaluación exhaustiva e independiente de las misiones a fin de identificar los obstáculos que impiden seguir avanzando en la lucha contra la pobreza; y consecuentemente, adopte las medidas correctivas necesarias, asegurando que tales programas y otros con objetivos similares, integren un enfoque de derechos humanos y cuenten con los recursos suficientes para su implementación.
Aunque saluda iniciativas como la Gran Misión Vivienda Venezuela, dejó en claro su preocupación ante las denuncias de la adjudicación de casas por motivos políticos y por ello exigió que sus acciones “no conduzcan a la segregación por criterios que tengan que ver con las condiciones económicas o sociales u opinión política, o con cualquier otro motivo de discriminación prohibido en el Pacto”.
Sobre el salario mínimo, la ONU indicó que el Estado debe velar por que el salario mínimo nacional se revise mediante un sistema efectivo y transparente de indexación y ajuste que fije en una cuantía que permita a todos los trabajadores y sus familias disfrutar de un nivel de vida digno.
Otras recomendaciones
El Comité también expresa su preocupación por “la injerencia de algunas autoridades del Estado en las elecciones de representantes de los sindicatos”.
Asimismo, el referencia a los derechos de los pueblos indígenas, los expertos piden a Venezuela que tome las medidas necesarias para garantizar “la obtención del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en todo lo que respecta la toma de decisiones susceptibles de afectar el ejercicio de sus derechos”.
“Particularmente en los procesos de concesión de exploración y explotación de recursos mineros e hidrocarburos”, especifica.
El Comité insta al Estado a que considere su reintegración al sistema de protección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
