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Juan José Mendoza

Runrunes de Bocaranda: ALTO – EL AÑO JUDICIAL

EL AÑO JUDICIAL:

Su inauguración está próxima. Las apuestas están en la mesa en torno a quien encabece en este nuevo período el Tribunal Supremo de Justicia. Todo parece indicar que la magistrada Gladys Gutiérrez asumiría la presidencia del TSJ si no repite Maikel Moreno. Es muy cercana y de absoluta confianza de la pareja presidencial. Recordemos que en 1998 prestó su apartamento en El Hatillo al comandante Hugo Chávez para que tuviera una vivienda en donde vivir en Caracas y allí reunir a sus adláteres. Dentro del TSJ hace abierta campaña el magistrado Juan José Mendoza para ese cargo.

Mueve sus fichas en otros entes del régimen. La no presentación de “la memoria y cuentos” ante el TSJ y hacerlo ante la ilegítima Asamblea Constituyente pareció indicar que habría algún reconcomio por lo del 30/4/19. El año anterior allí la presentó Nicolás. Los rumores crecen al acercarse el día del evento. Unos apuestan que Moreno podría irse de embajador a Turquía o a China si no repite en el cargo.

¿PROVOCACIONES?:

El régimen es una estrella en provocar reacciones tanto dentro como fuera de Venezuela. ¿Solo distracciones? Si fuera por los repetitivos anuncios de que seremos una potencia, en cualquier orden que se le ocurra en sus cadenas, no habría que hacerle caso. El asunto es que recientemente hemos visto desde la cúpula militar rindiendo homenaje y ofreciendo venganza por el asesinato a manos de EE.UU. del fallecido líder militar iraní Qasem Soleimani hasta la visita solidaria del canciller Arreaza a Teherán. Igualmente, tan solo ayer, cuando Maduro señala en cadena que le hizo saber la sugerencia a Raúl Castro y ambos están “de acuerdo” con la idea de que el embajador de Cuba esté en cada ministerio “coordinando” las actividades:

“Le he dicho a Raúl Castro y se ha discutido en esta comisión mixta y estamos de acuerdo. Los embajadores prácticamente forman parte del Consejo de Ministros. El embajador de Cuba tiene que estar puertas abiertas en cada ministerio para coordinar las actividades”. Una confirmación mas de que cada ministro venezolano ha tenido a su lado a un “viceministro” cubano desde cuando Chávez lo implantó. “A sotto voce”. Añádale la palpable demostración de compra de diputados para dominar la Asamblea Nacional como bien lo expresó el diputado Alfonso Marquina…

LA GRABACIÓN:

El diputado José Guerra desde el exterior escribió esta crónica que no tiene desperdicio y que comparto con Ustedes para conocer, una vez mas, a que se enfrentan los demócratas con un régimen sin escrúpulos: “El viernes 17 de enero el diputado Alfonso Marquina dio a conocer un audio sobre una conversación entre él y el diputado José Gregorio Noriega. El contenido es extremadamente grave y en cualquier país medianamente civilizado ello hubiese provocado una investigación conducente a la condena de los allí señalados. ¿Qué se dice en esa grabación? El diputado Noriega habla de una operación de compra de diputados con el objeto de evitar que el 5 de enero se eligiese a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, para lo cual habría abundante dinero en dólares, a una tasa de US$ 700.000 por cabeza.

Este monto surge de un forcejeo porque, según Noriega, ellos aspiraban a US$ 1.000.000 por cada diputado comprado para finalmente cerrar la operación en US$ 700.000, de los cuales recibieron una cuota inicial de US$150.000. En la aritmética de Noriega se habla de una lista de treinta parlamentarios a ser objeto de la transacción que sumados a los votos del Psuv más otros votos realengos pero también comprables, esa masa de corruptos se apoderarían de la Asamblea Nacional para ponerla al servicio de Maduro. El costo total de la operación era US$ 21.000.000 al multiplicar los treinta diputados comprados por el monto señalado.

Algo muy importante y de mucho valor para el régimen estaba en juego que decidieron apostar esa suma. Y efectivamente, lo que estaba en juego era nada menos que apoderarse de la única institución que la dictadura no ha podido someter: la Asamblea Nacional.

La pregunta obvia es de dónde proviene esa cifra millonaria. La respuesta la da el propio Noriega: la pondría Nicolás Maduro. En la conversación grabada Noriega dice que el grupo promotor de este pacto se había reunido con Maduro para cerrar la operación mercantil en referencia. Es decir, que el mismísimo Maduro estaba dirigiendo esa negociación para comprar diputados con el objeto de tener una Asamblea Nacional a su servicio y era tan delicado ese trabajo que no comisionó a nadie sino que lo hizo él mismo”. Fin de la cita.

TSJ declaró nula la Ley del Estatuto de transición que aprobó la Asamblea Nacional

 

 

EL PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Juan José Mendoza, declaró la «nulidad absoluta» de la «Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia» aprobada el martes por la Asamblea Nacional (AN).

El Poder Judicial remitió copia del documento al Ministerio Público y a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Durante una rueda de prensa, Mendoza dijo que el referido estatuto -que señala el restablecimiento de la vigencia de la Constitución- no cuenta con la jerarquía para derogar la Carta Magna.
Asimismo, el TSJ pidió a la ANC  investigar la designación de diplomáticos venezolanos en el exterior por parte de la AN.
Al reiterar que el Parlamento se encuentra en desacato, el magistrado aseveró que existe “una flagrante infracción del artículo 233 de la Constitución porque no hay falta absoluta que produzca la vacante del presidente” de la República.
Raffalli: “La sentencia del TSJ es una torpeza enorme”

@franzambranor

Ataviado con su toga negra y roja, el magistrado Juan José Mendoza leyó la sentencia de la Sala Constitucional en compañía de sus seis colegas de la Sala Constitucional. No hubo sorpresas. Nuevamente el Tribunal Supremo de Justicia desconoció las funciones de la actual Asamblea Nacional y ratificó un supuesto desacato.

Lo que fue convocado por el departamento de medios del máximo tribunal del país como una rueda de prensa, una vez más se limitó a una declaración. Nadie preguntó después de la alocución que duró 15 minutos y en la que, igual que en 2017 y 2018, se desconoció a la junta directiva del Parlamento, en esta oportunidad encabezada por el diputado Juan Guaidó del partido Voluntad Popular.

Similar a la sentencias 156 y 157, la Sala Constitucional del TSJ vuelve a despojar a la AN de las competencias para legislar. Aunque posteriormente el TSJ emitió una sentencia 158 que devolvía las atribuciones a los diputados, desde 2016 el hemiciclo no es reconocido por el resto de los poderes debido a un eventual desacato ante la incorporación de cuatro parlamentarios de Amazonas, cuya elección habria sido producto de un fraude. La decisión de convocar nuevos comicios en la región está en manos del propio tribunal.

“La sentencia no es más que un refrito. Vuelve sobre los mismos argumentos para declarar la inexistencia y legalidad de las actuaciones de la directiva de la Asamblea Nacional”, dijo el abogado constitucionalista, Juan Manuel Raffalli.

A juicio del experto en materia legal, el artículo 194 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le otorga el derecho y el deber a los diputados de la AN a nombrar una junta directiva cada 5 de enero. “Y en esa decisión libérrima no puede interceder ningún otro poder del Estado”, manifestó.

Para Raffalli, al artículo 136 de la Constitución expone con claridad la independencia de la AN por lo que ningún otro Poder puede estar por encima de esta institución.”Además fue electa de manera inobjetable en diciembre de 2015 y cuenta con el respaldo no solo de la comunidad nacional sino también de la internacional”.

Recordó Rafalli que el desconocimiento de las competencias de la AN ha sido edificado sobre una sentencia cautelar. “Una sentencia preliminar en un juicio de la Sala Constitucional que lleva tres años sin resolverse. En todo caso una sentencia judicial no puede desembocar en la anulación de un Poder Público que está en ejercicio de sus competencias y menos si es el más representativo de la democracia porque ha sido electo en todos los estados del país”.

El abogado indicó que el objetivo del TSJ siempre es el mismo. “Es una sentencia inconstitucional. La finalidad es maniatar a punta de decisiones judiciales al Poder Legislativo para que sus competencias sean asumidas por la asamblea nacional constituyente”.

Con la mira en Guaidó

A diferencia de las anteriores, el magistrado Juan José Mendoza dijo en la lectura de la sentencia de este lunes 21 que el supuesto desacato en el que incurre la actual junta directiva de la AN “acarrea responsabilidad individual” e instó al fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, a tomar acciones.

“Esto es para que el Ministerio Público determine la existencia o no de un posible delito y de allí continuar con lo que podría ser un procedimiento de antejuicio de mérito”, dijo Raffalli.

El abogado recordó que el artículo 200 de la Constitución establece la inmunidad parlamentaria. “El levantamiento de la inmunidad requiere la participación de la propia Asamblea Nacional y para que se haga un antejuicio de mérito debe haber la comisión de un delito debidamente demostrado. Esto es.más una amenaza judicial que una sentencia”.

Desde la elección de 2015, la inmunidad parlamentaria de los diputados opositores ha estado en entredicho. El pasado domingo 13 de enero, el presidente de la AN, Juan Guaido, fue detenido por una comisión del Sebin cuando se dirigía a un Cabildo Abierto en La Guaira. 45 minutos después fue liberado en un procedimiento en el que el ministro de comunicación Jorge Rodríguez calificó como “orquestado por funcionarios de manera independiente”.

A Freddy Guevara de Voluntad Popular la ANC le suspendió la inmunidad por petición del TSJ luego que le acusaran de “instigación pública continuada, delitos de asociación y uso de adolescente para delinquir”. La ANC igualmente despojo de inmunidad a Juan Requesens, quien fue vinculado por el supuesto atentado contra Maduro y está detenido en el Sebin y a Julio Borges, refugiado en Colombia. José Manuel Olivares, Gaby Arellano, Rosmit Mantilla e Ismael García han optado por el exilio para evitar una posible desincorporación del hemiciclo y posterior encarcelamiento.

“Desde el punto de vista político es una torpeza enorme. Esta sentencia del TSJ  termina llevando más agua al molino de todas las naciones que han dicho que en Venezuela hay una alteración del orden constitucional. En lugar de evitar la movilización política, esto lo que hace es exacerbar la llama de la gente en las calles”, apuntó Raffalli.

 

TSJ declara nula a actual junta directiva de Asamblea Nacional

EL PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Juan José Mendoza, dijo que el acto del pasado 5 de enero en la Asamblea Nacional donde se designó a Juan Guaidó como presidente, es nulo y ratificó el supuesto desacato en el que se encuentra el Parlamento.

«La directiva de la AN elegida y juramentada el pasado 5 de enero de 2018, no es válida, los juramentados incurren en usurpación y sus actos son nulos», dijo el magistrado.

«Sobre la declaración de usurpación de poder, la Asamblea Nacional violenta los artículos 130, 131 y 132 de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», agregó.

Sentenció que el ejercicio de funciones en la AN acarrea responsabilidad individual. «Ante el desacato, la AN no tiene junta directiva válida. Todos sus actos son nulos de nulidad absoluta».

Calificó como «ficción jurídica» la usurpación de Maduro declarada por el Parlamento y la «falta absoluta» a la que hacen referencia según artículo 233 de la Constitución.

Además desconoció los proyectos de Ley de Amnistía para militares y civiles, de ayuda humanitaria y de recuperación de capitales.

TSJ difirió audiencia de Muchacho por supuestos problemas de salud

Ramón Muchacho

El presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Juan José Mendoza, informó que la audiencia que tendría este jueves el alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, fue diferida por 24 horas «por motivos de salud».

Luego de dos horas de deliberación, la Sala revisó un informe médico presentado por la defensa y decidieron ordenar al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses que haga una prueba para constatar la veracidad del alegato.

Mendoza explicó que según el informe médico, Muchacho estaría padeciendo de una herida o cortada en el pie que posteriormente se infectó, producida durante su participación en un operativo de recolección de basura.

El pasado el 26 de julio, el TSJ decidió diferir la audiencia para este 3 de agosto.

Muchacho tiene prohibición de salida del país y en la próxima comparecencia sus abogados deben informar la dirección en la que se encuentra.

El alcalde fue citado por supuesto incumplimiento de una sentencia de la Sala Consitucional referente a las barricadas en su jurisdicción. Recientemente, el director de la Alcaldía, Moisés Carvallo, fue nombrado como alcalde encargado.

 

   

TSJ faculta a la Defensoría del Pueblo para participar en investigaciones penales

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El Tribunal Supremo de Justicia emitió este martes, 27 de junio, la sentencia 469 que otorga a la Defensoría del Pueblo facultades en investigaciones penales que anteriormente eran exclusivas del Ministerio Público.

La decisión se hizo con base en un recurso de interpretación introducido en la Sala Constitucional del máximo tribunal por Tarek Willians Saab, defensor del Pueblo, quien el pasado 13 de junio solicitó la revisión de una serie de artículos de la Constitución de la Repúbica Bolivariana de Venezuela (49, 280, 281 y 285 ), la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (2, 4, 15, 66 y 67) y el Código Orgánico Procesal Penal (1, 10, 11, 12, 13 y 124).

El magistrado Juan José Mendoza Jover presentó la sentencia 469, que declaró «urgente y de mero derecho» la interpretación, y reconoció de manera vinculante siete competencias de la Defensoría del Pueblo: las funciones de promoción, defensa y vigilancia de los derechos  y garantías  constitucionales  y  los  Tratados  Internacionales sobre  derechos  humanos, así como de los intereses legítimos, colectivos y difusos de los ciudadanos; las competencias  de  actuación,  no «sólo preventivas sino también de acción y reparación»; las facultades para investigar, emitir opiniones y recibir denuncias con la colaboración de los demás órganos del Poder Público, así como la legitimación procesal para demandar ante órganos  jurisdiccionales las violaciones contempladas en sus competencias.

El documento también admitió que la Defensoría puede asumir la representación procesal de los intereses legítimos de la víctima en caso de violación de derechos humanos; el poder de iniciar una investigación, así como para tener acceso a las actuaciones judiciales y administrativas «cuando se trate de la violación a los derechos humanos y de ésta derive la comisión de un hecho punible»; tener acceso a todos los actos de investigación que cursen ante el Ministerio  Público, ante los tribunales en jurisdicción penal ordinaria y penal militar, los órganos auxiliares de justicia y los centros policiales y penitenciarios y, de manera autónoma, en aquellos casos de violación de derechos humanos; y promover pruebas, así como solicitar a los órganos auxiliares de justicia que se realicen experticias, levantamientos planimétricos, reconstrucción de hechos, autopsias, además de estar presentes en todas las audiencias y cualquier acto de investigación del proceso penal ordinario y penal militar, incluidas las pruebas anticipadas, audiencias preliminares y de juicio.

De la lectura se desprende que, de esta manera, el órgano dirigido por Saab tendrá ahora el poder de levantar investigaciones paralelas a la del Ministerio Público.

Magistrado del TSJ Juan José Mendoza se estabiliza tras sufrir un infarto

Juan José Mendoza

Juan José Mendoza, el segundo vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y presidente de la Sala Constitucional, sufrió un infarto la noche del lunes 12, por lo que fue hospitalizado para realizarle cateterismo. De acuerdo a periodistas, el magistrado se encuentra estable tras la intervención.

El periodista Nelson Bocaranda informó la noche del martes sobre el estado de Mendoza, quien integra el grupo de magistrados por los que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó un juicio de antemérito.

La periodista Elyangelica González informó que fue intervenido en el Hospital Militar el martes, y aseguró que para la tarde del martes se encontraba estable.

Fiscal General solicitó antejuicio de mérito contra magistrados de la Sala Constitucional

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Nuevamente la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, acudió al Tribunal Supremo de Justicia, en esta ocasión para solicitar un antejuicio de mérito contra seis magistrados de la Sala Constitucional y dos suplentes.

La petición ante la Sala Plena es contra los magistrados Calixto Ortega, Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Lourdes Suárez, Luis Damiani, Carmen Zuleta y los suplentes Federico Fuenmayor y René Degraves.

«La designación de magistrados express carece de legitimidad de origen, estas personas no pueden continuar en sus cargos y deben ser separados», dijo en las escaleras del TSJ.

«No puede ser que al TSJ no le guste la Asamblea Nacional y la elimine, que no le guste la Fiscalía y trate de eliminarla», agregó.

Denunció que organismos de seguridad del Estado impiden a las personas llegar al TSJ. «Cualquier ciudadano puede solicitar aclaratorias de sentencias».