Familiares de la primera víctima que cayó en medio de las movilizaciones antigobierno del año pasado esperan, desde noviembre, la fecha del juicio al uniformado que disparó contra el joven de 19 años. Un año después de su muerte, admiten que Jairo sí participaba en la manifestación
@loremelendez
HABÍA ALGO EN LA MIRADA de Jairo Joan Ortiz Bustamante que lo hacía ver como un joven dulce. Enmarcada en esas cejas pobladas, esa mirada que demostraba inocencia –como dijo su madre, Carolina Bustamante– fue la que se quedó en las imágenes suyas que hoy, a un año de su asesinato en medio de las protestas de 2017, circulan por las redes y por la web. El suyo es el primer nombre que aparece en las listas de las víctimas del año pasado, porque fue el primero que cayó entre las barricadas y la represión. La noche de aquel 6 de abril, lo mató de un balazo en el pecho un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que se acercó sigilosamente hacia la barricada donde estaba, a unos cuantos metros de los edificios de Montaña Alta, en Carrizal, estado Miranda, donde vivía.
“Él se la daba de rudo, pero muy dentro de él era muy sentimental”, rememoró su madre desde Aruba, donde reside desde 2016. Recordó lo mucho que le gustaba leer, escribir poesía y saborear el café. Aseguró que, de haber estado junto a él esa noche, también se hubiese ido a manifestar. Admitió que todos los aspectos de su vida se trastocaron luego la muerte de su primogénito, el primero que a diario le deseaba los buenos días, vía telefónica; el que se despedía de ella sin falta cada noche, y el que le decía constantemente que la amaba porque, como él le repetía, “esas cosas tenían que expresarse”. “Lo que hago es escuchar sus mensajes de voz. Leer sus poemas, porque lo que me quedaron fueron sus poemas”, afirmó.
Esa sensibilidad de Jairo Johan –quien estudiaba para entonces tercer semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre” en La Yaguara– también la citó Alexander Sirit, su mejor amigo, el mismo que estaba a su lado cuando se desplomó por el tiro. “Él era muy espontáneo, bastante misterioso. Él era muy profundo, le gustaba mucho escribir, era muy correcto. Era bastante culto y valiente, era una persona extraordinaria”, señaló el joven que vivió la peor noche de su vida cuando comprobó que quien había sido su más leal compañero desde 4to grado de primaria había sido asesinado. “Yo siento que voy a estar afectado toda la vida por esto”, apuntó.
Esa noche, la del 6 de abril de 2017, Montaña Alta era noticia. Se había transformado en un vecindario convulso. Tras el estallido de las protestas, seis días atrás, las calles se habían convertido en zonas de manifestaciones, en terrenos del descontento y de la crítica antigubernamental que los cuerpos de seguridad del Estado reprimían con gases lacrimógenos y perdigones. Eran alrededor de las 7:00 pm cuando Jairo Johan decidió bajar de su apartamento para unirse a los jóvenes que habían cerrado la vía principal que conducía a su casa: la carretera Panamericana. Todo lo hacía para reivindicar una frase que siempre pronunciaba: “No me quiero ir sin antes haber luchado por mi país”.
Jairo Johan tenía planes de emigrar a Colombia en noviembre de 2017 junto a su novia. El día que lo mataron, no había podido conseguir la cita para apostillar sus documentos académicos, un paso imprescindible para poder continuar sus estudios, tal como quería, en la nación vecina. Karina Bustamante, la tía con quien vivía desde hace un año, contó que la frustración por no haber logrado la fecha para hacer el trámite pudo haber impulsado a su sobrino a salir a manifestar.
Alexander relató un detalle crucial de aquel día: ambos se habían hecho una promesa antes de encapucharse. “Siempre vamos a estar juntos y no vamos a hacer nada estúpidamente peligroso como, por ejemplo, colocarnos entre los primeros manifestantes”, acordaron los compañeros. Allí estuvieron en protesta durante un par de horas en medio de las barricadas. Corrieron cuando la Guardia Nacional quiso acorralar al grupo, admiraron a un muchacho que se había negado a retirarse pese a las heridas de perdigón que tenía en el cuerpo, gritaron contra los uniformados que los atacaban. Jairo Johan le había dicho a Alexander que se irían cuando empezaran a lanzarles “gas del bueno”. Pero antes de que eso sucediera vino la tragedia.
Al victimario lo habían visto en una actitud que les pareció sospechosa: el PNB, cubierto con su equipo antimotín, empezó a avanzar lentamente hacia quienes protestaban. Los jóvenes, al darse cuenta, le respondieron con insultos. Jairo Johan lo maldijo.
Mientras los ánimos se caldeaban, y el cielo se cubría de piedras y bombas molotov, Alexander y Johan decidieron retroceder y ubicarse en la mitad de la manifestación. El primero, de brazos cruzados, pensaba en varias conversaciones previas que había tenido con el segundo: desde creerle o no a la fiscal su posición antigobierno, hasta la advertencia que uno de sus amigos le había hecho al verlos encapuchados. “¡Mosca!”, les había gritado para alejarlos del peligro inminente. Fue justo en medio de ese recuerdo cuando escuchó la detonación. Jairo Johan, a su lado, comenzó a desplomarse. Cayó al suelo su gorra, luego, sus rodillas; luego, el resto de su cuerpo boca abajo. De inmediato, cuando su amigo lo tomó de los hombros para levantarlo, comprobó que estaba inconsciente y con los ojos cerrados. Entre él y varios manifestantes se lo llevaron a una clínica que quedaba a pocos metros de las barricadas. En el camino, un paramédico descubrió la herida que había perforado el tórax de la víctima. En el centro de salud intentaron revivirlo, pero ya era demasiado tarde.
Cuanto todo pasó, no había nadie en la casa de Jairo Johan. Su tío político, Julio Grillet, estaba con su madre en Los Teques; su tía, Karina, con sus padres en Guarenas. A ambos los llamaron para avisarles, pero la impresión era tal que ninguno lo creyó de buenas a primeras. Minutos después, el nombre y las fotos del muchacho estaban en las redes sociales. A las 9:40 pm de ese 6 de abril, había muerto la primera víctima en medio de las protestas de 2017.
Lo siguiente fue la llegada de la familia entre las alfombras de vidrio y los cartuchos de perdigones en que se habían convertido las vías por las botellas quebradas en la refriega, las explicaciones a los uniformados que no permitían el tránsito por la Panamericana, los trámites entre la clínica y la morgue de Los Teques, en Miranda; las llamadas de los familiares que, desde otras latitudes, se habían enterado vía Twitter del suceso. En medio de todo, estuvo el momento de avisarle a la madre de Jairo Johan que su primogénito había sido asesinado cuatro días antes de que ella viniera a Venezuela a visitarlo. Cuando la contactaron, ella ya llevaba rato tratando de comunicarse con su hijo porque no había recibido sus buenas noches y no había escuchado su voz desde las 5:00 pm. Sabía que Montaña Alta estaba en llamas, pero no que había perdido a su muchacho.
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Tanto Karina como Carolina recordaron que, al día siguiente, no pudieron llevar a Jairo Johan a la funeraria de Carrizal. El sitio había sido rodeado por motorizados encapuchados. Los colectivos paramilitares de la zona habían amenazado con incendiar el lugar si recibían el cuerpo de la víctima. La carroza fúnebre tuvo que desviarse hacia una sala velatoria en El Tambor, estado Miranda, para que allí su familia pudiera decirle adiós.
Juicio sin fecha
Un año después de la muerte de Jairo Johan, la dinámica de la familia ha cambiado. Ya no están en Montaña Alta, sino que viven en Guatire, a donde los abuelos del joven –que ayudaron en su crianza– se habían retirado unos meses antes de la tragedia por problemas de salud. A esto se une su lucha por lograr justicia en el caso del muchacho. Julio Grillet, tío político del joven y esposo de Karina, ha sido la cara más visible del proceso judicial, el pariente que se ha hecho cargo de hacer las diligencias ante las instituciones mientras que el resto del grupo se recupera del golpe. Ha sido él quien ha aclarado que la víctima no simpatizaba con el gobierno, como lo quiso hacer entender el padre de Jairo a través de una llamada que hizo a Venezolana de Televisión.
Rohenluis Leonel Rojas Mara es el nombre del victimario de Jairo Johan. Fue detenido la misma noche del asesinato y se declaró culpable del crimen desde el principio, acción que podría rebajarle los años de cárcel a los cuales lo deben sentenciar. A pesar de la admisión del delito, la audiencia preliminar –que debe efectuarse en un lapso máximo de 20 días de despacho, según el Código Orgánico Procesal Penal– tardó siete meses, entre mayo y noviembre del año pasado, en llevarse cabo. Desde entonces, los familiares no han sido notificados de cuándo comenzará el juicio contra el policía.
Karina, que echa de menos a diario a ese sobrino “familiar e introvertido” que un balazo le arrebató, cuestiona la actuación de la justicia en el país. Se pregunta por qué ha tardado tanto el proceso, por qué no se han hecho señalamientos contra la cadena de mando de la PNB. “Yo también pienso en la familia del muchacho que lo asesinó, porque al final todos somos víctimas de este régimen”, dijo.
Erase una vez una nación que estaba sumida en una severa crisis y lo negaba todo, un presidente y una canciller que presumían de una paz inexistente y un pueblo feliz pese al hambre y a los constantes atropellos a la Constitución. Ante esta cortina de infamias, un organismo internacional optó por rebelarse y pese a la negativa del gobierno venezolano y su representante, el viceministro Samuel Moncada, de debatir la frágil institucionalidad interna, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos con 20 votos a favor optó por exponer el tema en una sesión en Washington ante el mundo entero. Exigencias como elecciones libres a corto plazo, liberación de presos políticos, respeto a la Asamblea Nacional y apertura de un canal humanitario exasperaron a los jerarcas del chavismo hasta el punto que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia recomendaron al mandatario Nicolás Maduro “actuar para evitar un estado de conmoción en el país”.
Frente a la posición de la mayoría de los diputados de la AN de respaldar la activación de una Carta Democrática en la OEA, a los portadores de togas al final de la avenida Baralt no se les ocurrió otra cosa que terminar de despojar al Parlamento de las escasas funciones que le quedaban. La iniciativa se tradujo en un punto de quiebre para la República, un Golpe de Estado para algunos y el inicio de una dictadura sin maquillaje para otros.
Desde allí ha empezado un espiral de violencia y represión en el marco de protestas que han generado cinco decenas de muertos, centenas de heridos y miles de detenidos.
Las polémicas sentencias
29 de marzo
A partir de las sentencias 155 y 156 del TSJ, donde despojaban de todas las competencias a la Asamblea Nacional, la oposición decidió jugarse la única carta que poseía: lanzarse a la calle hasta conseguir la anhelada democracia. Con los enunciados, el máximo tribunal del país abonaba el camino para suspender elecciones, encarcelar parlamentarios, retirar a Venezuela de la OEA y crear empresas mixtas sin previo permiso del Parlamento.
Las reacciones fuera de Venezuela no se hicieron esperar, Luis Almagro, secretario general de la OEA, calificó la medida de inconstitucional, el gobierno de Perú retiró de manera definitiva a su embajador de Caracas, Estados Unidos calificó las sentencias como un retroceso democrático, la Unión Europea exigió un calendario electoral, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos dijo “es inaceptable la anulación del Congreso” y hasta el premio Nobel de la Paz, Oscar Arias sentenció que la medida requería “arrojarse a las calles indignados”.
En mil pedazos
30 de marzo de 2017
El primer acto de rebelión contra las sentencias emanadas del TSJ lo protagonizó el propio presidente del Parlamento, Julio Borges, el pasado 30 de marzo cuando en las escaleras del hemiciclo rompió la comunicación en pedazos. “Ese dictamen es basura, lo desconocemos”, dijo el diputado de Primero Justicia flanqueada por el resto de sus colegas.
La ruptura del hilo
31 de marzo de 2017
Ante la mirada atónita de millones de venezolanos, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz denunció que con las sentencias 155 y 156 se había roto el hilo constitucional. “Llamamos a la reflexión para que se tomen caminos democráticos, respetando las diferencias”, dijo la funcionaria. Estudiantes, comandados por la presidenta de la FCU de la Universidad Central de Venezuela, Rafaela Requesens, protagonizaron una protesta a las puertas del TSJ que fue brutalmente reprimida por la Guardia Nacional. Un vídeo, donde la periodista de Caracol Radio, Elyangelica González, es golpeada por efectivos castrenses a las puertas del organismo judicial, le dio la vuelta al mundo y se hizo viral.
El presidente Nicolás Maduro calificó como un impasse entre la Fiscalía y el TSJ, el pronunciamiento de Ortega Díaz y convocó a un Consejo de Defensa.
https://youtu.be/au6mmgiJ2RE
Recule a medias
1 de abril de 2017
El TSJ emitió otro par de sentencias (157 y 158) donde corrigen algunos enunciados de las 155 y 156, entre otras cosas devuelven supuestamente la inmunidad parlamentaria a los diputados, sin embargo no aclaran la potestad del Ejecutivo para aprobar recursos por encima de la Asamblea Nacional. “El recule lo que demuestra es que en Venezuela no hay separación de poderes, quieren maquillar al muerto”, declaró Julio Borges.
En la Plaza Brión de Chacaito, diputados convocaron a una concentración para dirigirse hacia la Defensoría del Pueblo que fue reprimida por la Guardia Nacional Bolivariana a la altura de Bello Monte. Los parlamentarios José Guerra, Marialbert Barrios, Amelia Belisario y Miguel Pizarro resultaron afectados.
Requesens ensangrentado
3 de abril
En las inmediaciones de la Defensoría del Pueblo, afectos al oficialismo agredieron al diputado Juan Requesens. Le pegaron en el rostro con un objeto contundente y el resultado fueron 16 puntos de sutura sobre el ojo izquierdo. Al también parlamentario José Brito le fracturaron una costilla.
Pese a las maniobras del actual presidente del Consejo Permanente de la OEA, el boliviano Diego Pary, para suspender una sesión donde se debatiría la “grave alteración inconstitucional del orden democrático en Venezuela” el cónclave se llevó a cabo y culminó con 17 votos a favor de un pronunciamiento sobre la administración de Nicolás Maduro. La Canciller argentina Susana Malcorra dijo que las sentencias emanadas del TSJ evidencian que no hay separación de poderes.
Un tribunal militar imputó al presidente de Copei, Roberto Enríquez, por supuesta traición a la patria.
El chavismo volvió a la Asamblea
5 de abril
La Asamblea Nacional abrió formalmente un procedimiento para destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia con la asistencia al hemiciclo por primera vez en dos meses de la bancada oficialista. En el acuerdo la mayoría de los parlamentarios rechazaron la solidaridad automática del Defensor del Pueblo con el máximo tribunal del país.
En la Universidad de Carabobo dos estudiantes fueron heridos de bala.
El presidente de Copei, Roberto Enríquez, pidió asilo en la embajada de Chile.
Aunque les exigen lealtad a Hugo Chávez y al proyecto revolucionario, el alto mando militar ordenó a sus subalternos abstenerse de hablar de política dentro y fuera de las instalaciones castrenses.
Cae la primera víctima
6 de abril
La marcha que tenía como destino la Defensoría del Pueblo fue brutalmente reprimida en la autopista Francisco Fajardo por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, bombas lacrimógenas, tanquetas y ballenas atacaron a los miles de manifestantes que se congregaron en la vía. Salud Chacao atendió a 18 personas heridas por asfixia y contusiones. El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, dijo que hubo 30 detenidos solo en Caracas, mientras Diosdado Cabello gritó en una concentración chavista que “la oposición no tiene bolas para dar un Golpe de Estado”. Aristóbulo Istúriz sentenció que el gobierno “defenderá la revolución con sangre en las calles”, mientras Freddy Bernal se mostró dispuesto a agarrar “un fusil Kalashnikov si es necesario”. Jairo Ortiz de 19 años murió luego de recibir un disparo en el tórax, mientras protestaba en Montaña Alta (Miranda).
Capriles inhabilitado
7 de abril
El Contralor de la República, Manuel Galindo, inhabilitó por quince años al gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, para ejercer cualquier cargo político. “La medida genera indignación y rabia, pero es una motivación más para seguir en la lucha contra este régimen, aquí el único inhabilitado eres tu, Maduro”, dijo el mandatario regional. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, no aprobó la resolución del Poder Moral para respaldar las sentencias del TSJ contra la AN, mientras diputados madrugaron y clausuraron simbólicamente la Defensoría del Pueblo.
Represión y condena internacional
8-9 de abril
Pese a la fuerte represión, los opositores volvieron a las calles para intentar llegar nuevamente a la Defensoría del Pueblo. Desde la calle Elice de Chacao varios líderes políticos se pronunciaron antes de que la Policía Nacional Bolivariana emboscara a los manifestantes en la avenida Libertador y en la Francisco Solano. La protesta posteriormente se trasladó a la autopista donde se vivió una batalla campal. La jornada dejó una centena de heridos y alrededor de sesenta detenidos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dijo que la inhabilitación de Capriles aumenta la polarización y contribuye al resquebrajamiento de la democracia. Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, también condenó el castigo al ex candidato presidencial. “Son las elecciones las que legitiman a un país, Estamos con la democracia, solidaridad con Henrique Capriles”, manifestó el presidente de España, Mariano Rajoy.
Lacrimógenas desde un helicóptero
10 de abril
Otra mancha fue reprimida en esta ocasión con notable crueldad, desde un helicóptero lanzaron lacrimógenas en Chacaito, Policías Nacionales Bolivarianos persiguieron a manifestantes que ya estaban de regreso en El Rosal y los reprimieron. En Altamira, Las Mercedes, Bello Monte, Santa Fe y Bello Campo se reportaron enfrentamientos entre protestantes y cuerpos de seguridad. Se reportaron 57 heridos, entre ellos uno por traumatismo craneal por recibir el golpe de una bomba. Efectivos arrojaron lacrimógenas en centro comerciales, clínicas y residencias privadas. La diputada Delsa Solórzano fue agredida, además del periodista Román Camacho, a quien le fracturaron la tibia. Daniel Queliz fue asesinado por un PoliCarabobo, quien le propinó un tiro en el cuello mientras manifestaba en la urbanización Los Parques de Valencia.
https://youtu.be/PYdkUf1-_fI
Plan Zamora
18 de abril
El presidente Nicolás Maduro activó el “Plan Zamora”, una especie de versión de la quinta república del “Plan Ávila” para capturar a los “terroristas que respaldan la oposición”. Acusó a Julio Borges de liderar un golpe de Estado en su contra. La Canciller Delcy Rodríguez rechazó la injerencia de otras naciones en el conflicto venezolano.
Hans se desnudó frente a una tanqueta
19 de abril
Una masiva marcha intentó llegar por quinta ocasión a la Defensoría del Pueblo y fue brutalmente reprimida por la Guardia Nacional. La denominada “Mamá de todas las marchas” dejó un muerto, más de 400 heridos y decenas de detenidos en Caracas.
Carlos Moreno cayó en la Plaza Estrella en San Bernardino luego de haber recibido un tiro en la cabeza. Manifestantes debieron arrojarse al río Guaire para resguardarse de los efectivos de seguridad del Estado. Una señora se atravesó frente a una tanqueta de la GNB como símbolo de protesta y un joven (Hans Wuerich) se desnudó ante otra.
https://youtu.be/amvuIk0JGHU
Paola cayó en Táchira
19 de abril
Paola Ramírez murió en Táchira tras recibir un disparo en un costado por parte de paramilitares, el sargento de la GNB Niumar Clemente también falleció al ser alcanzado por una bala en Los Salias (Miranda). Amelia Carrillo se sumó a lista de decesos, luego que fuera alcanzada por una botella en la cabeza en una marcha chavista en Caracas. El Secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, dijo que Maduro viola la Constitución. “No está permitiendo que la oposición sea escuchada”.
https://youtu.be/ZGoaIOjdeE4
Niños desalojados y electrocutados en panadería
20 de abril
El Hospital Materno Infantil Hugo Chávez en los Jardines de El Valle fue desalojado luego que la GNB lanzara bombas lacrimógenas en las cercanías. En la zona hubo enfrentamientos entre civiles, militares y colectivos que terminaron con saqueos. 12 personas murieron durante un asalto a una panadería, algunos electrocutados. Mervins Guitian fue asesinado a tiros en Petare en el medio de una protesta y Albert Rodríguez murió por asfixia en Caracas, producto de inhalación de gases lacrimógenos.
Sucios por El Guaire y limpios de conciencia
21 de abril
Once gobiernos latinoamericanos condenaron la violencia en Venezuela, entre ellos Brasil, Argentina, Chile, Costa Rica, México y Uruguay. Los artistas se pronunciaron a propósito de un tweet del Psuv comparando a los opositores con el excremento que hay en el río Guaire, desplegaron una pancarta frente al Teatro Municipal en Caracas que decía “Salimos sucios de El Guaire, pero limpios de conciencia”.
El silencio tuvo efecto
22 de abril
Por primera vez desde que comenzaron las protestas, una movilización llegó a su destino: la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana en Montalbán. La llamada “marcha de El Silencio” salió desde 21 puntos en la capital y aunque en algunos hubo bombas lacrimógenas, los manifestantes arribaron al recinto en el Oeste. “Queda demostrado que la violencia la genera el gobierno, hoy no bloquearon la marcha y llegamos en paz”, dijo Ángel Oropeza, coordinador de estrategia política de la MUD.
“Planton” nacional
24 de abril
La MUD convocó para un “plantón” en todo el territorio nacional. En Caracas el epicentro de reunión fue el Distribuidor Altamira donde miles se congregaron por nueve horas. En Barinas Renzo Rodríguez fue asesinado por presuntos colectivos mientras participaba en la convocatoria de la oposición, Jesús Sulbarán cayó en Mérida. En Carabobo, Aragua y Nueva Esparta hubo represión por parte de los organismos de seguridad.
Habló la Fiscal otra vez
25 de abril
La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, dijo que los tribunales no están cumpliendo las excarcelaciones. Sentenció que hasta es un Estado de Excepción debe respetarse el debido proceso. La Asamblea Nacional le dio tres días al Defensor del Pueblo para que responda por la falta de los magistrados al emitir las sentencias 155 y 156. 38 ONGs se pronunciaron contra la represión contra las marchas opositoras.
Mataron a Juan Pablo
26 de abril
En el marco de otra jornada de represión, Juan Pablo Pernalete perdió la vida en Altamira Sur luego que una supuesta bomba lacrimógena le impactara y le destrozara el corazón. En Valencia fue asesinado Christian Ochoa después que le descargaran una pistola de perdigones en el rostro. Con 19 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una reunión de cancilleres para debatir el tema de Venezuela.
Maduro y su Constituyente
1 de mayo
La marcha convocada para el Día del Trabajador nuevamente fue dispersada por GNB y PNB, al diputado José Manuel Olivares fue herido con una bomba lacrimógena en la cabeza. En Montalbán, El Paraíso y la Cota Mil se repitió el mismo guión represivo contra quienes quisieron salir a caminar desde esos puntos. Alrededor de 40 personas resultaron lesionadas. Desde la avenida Bolívar y ante una pírrica concentración, Maduro anunció una Asamblea Nacional Constituyente Comunal como forma de evadir elecciones. “Maduro consumó hoy su continuo golpe a la Constitución”, dijo el presidente de la AN, Julio Borges.
El “Trancazo” se extendió
2 de mayo
La oposición convocó a un “trancazo” en todo el país como medida de protesta frente a la Constituyente de Maduro. La iniciativa era hasta las diez de la mañana, pero se extendió en algunas zonas. Sectores populares de Caracas como el barrio Chapellín fueron reprimidos por la PNB. El Ministerio Público confirmó la muerte de Jonathan Quintero de 21 años en Valencia y Carlos Aranguren en la capital. En El Paraíso la GNB lanzó bombas contra edificios y provocaron incendios y pérdidas materiales.
El violín de Cañizalez no sonará más
3 de mayo
Con los 112 parlamentarios de la oposición a la cabeza, una movilización pretendió trasladarse desde el Distribuidor Altamira hasta la Asamblea Nacional, la manifestación que transitó por la autopista solo pudo llegar a la altura de Bello Monte donde fue fuertemente reprimida. En Las Mercedes fue asesinado Armando Cañizalez de 17 años de edad, víctima de un objeto contundente que le causó una grave herida en el cuello, 362 personas resultaron heridas entre ellas los diputados Freddy Guevara, Julio Montoya y Gaby Arellano. Mientras la GNB reprimía en las calles de Caracas y en el interior, Nicolás Maduro llevaba su propuesta de Constituyente al CNE.
Maduro entregó el proyecto de Asamblea Constituyente a la rectora principal del CNE, Tibisay Lucena, quien por primera vez en el año dio una declaración oficial. «La Constitución de 1999 permite avanzar a un nuevo escenario gestado por ella misma, promueve una vía para el fortalecimiento democrático, por eso reconocemos el gran aporte para la patria del proceso constituyente», dijo la funcionaria.
La Fe de Vida de Leopoldo
3 de mayo
Un tuit del periodista radicado en Miami, Leopoldo Castillo, estremeció al país, el profesional aseguraba que Leopoldo López había sido trasladado de la cárcel de Ramo Verde al Hospital Militar sin signos vitales. El diputado Diosdado Cabello emitió un vídeo a través de VTV como una supuesta fe de vida, sin embargo la familia (que tenía más de un mes sin verle) solicitó constatar de primera mano su estado de salud. Cuatro días después del confuso episodio, su esposa Lilian Tintori pudo ingresar al recinto penitenciario y habla con el líder de Voluntad Popular. “Está totalmente incomunicado, le narré cada marcha, cada manifestación y me dijo que no abandonáramos la lucha”.
Información,traslado de Leopoldo Lopez desde Ramo Verde al Hospital Militar, sin signos vitales. Régimen maneja hipótesis de intoxicación.
Una multitudinaria marcha de mujeres plenó la autopista Francisco Fajardo, por segunda vez una movilización no concluyó con represión y por primera desde el mes de abril un representante del gobierno atendió a los manifestantes. Sin mediar palabra con los diputadas que encabezaban el movimiento, la viceministra de Protección Civil, Rosaura Navas, recibió un documento, cuyo destinatario original era el Ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Solo en el estado Aragua, la marcha de las mujeres culminó con ataques y bombas lacrimógenas.
Juicios militares en Carabobo
6 de mayo
En el estado Carabobo imputaron a más de cuarenta civiles en tribunales militares, mientras mantenían a cerca de 800 en un comando de la Guardia Nacional, una tanqueta intentó atropellar a varios diputados opositores frente a la sede del Core 2 en Valencia. El diputado Juan Miguel Matheus sentenció que a los detenidos se les imputó los delitos de agavillamiento e instigación a la rebelión, y fijado como centro de reclusión la cárcel 26 de junio en San Juan de Los Morros.
https://youtu.be/YCwbkEHQbRo
Notas musicales por Armando
7 de mayo
Músicos y artistas marcharon desde la Plaza Francia en Altamira hasta la Alfredo Sadel en Las Mercedes para rendir homenaje a los caídos, especialmente al violinista Armando Cañizalez. “Que nadie nos haga pensar que es imposible cambiar a este país”, dijo desde una tribuna el diputado, Miguel Pizarro. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenó los ataques de los cuerpos de seguridad a residencias y edificios.
Rechazo a la Constituyente y la maldición de Liborio
8-9 de mayo
Otra jornada de represión se vivió en las calles de Caracas y el interior del país. En vez de atender un llamado para debatir sobre la Constituyente propuesta por Maduro en Miraflores, la MUD convocó para una marcha hacia el despacho de Elías Jaua, Ministro de Educación. Diputados Carlos Papparoni y Jorge Millán fueron “gaseados” en la cara en El Paraíso, mientras mediaban con efectivos de la GNB. ONGs venezolanas y Amnistía Internacional condenaron el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares.
Luego de conocer su inhabilitación para postularse a un cargo político, el gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, lanzó una maldición contra los miembros del gobierno venezolano. “Voy a convocar a mis ancestros, a mis chamanes, para que la maldición del Dabucurí caiga sobre esa gente”, dijo el mandatario regional. “Les aseguro que no morirán sin tormento, les aseguro que comenzarán a sufrir y sus almas vagarán por los sitios más oscuros y pestilentes antes de poder cerrar los ojos”.
Otro asesinado en Las Mercedes, colectivos y PNB reacciona
10 de mayo
Miguel Castillo Bracho de apenas 27 años fue asesinado en Las Mercedes producto de una herida con arma de fuego en el lado izquierdo del tórax durante una movilización que tenía como destino el Tribunal Supremo de Justicia. El diputado José Manuel Olivares aseguró poseer pruebas clínicas que confirman la responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana en este hecho, mientras el Ministro de Justicia y Paz, Nestor Reverol, culpó nuevamente al presidente de la Asamblea, Julio Borges.
En La Candelaria colectivos dispararon contra manifestantes ante la mirada de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y el propio director del organismo, Carlos Alfredo Pérez Ampueda, reconoció estar en desventaja frente a grupos paramilitares. “Cómo vamos a hacer cuando ellos están disparando y nosotros estamos sin armas”. Reconoció el carácter constitucional de las marchas opositoras. “Porque ustedes han sido pacíficos, nosotros también hemos sido pacíficos con ustedes”.
Prometió ponerle freno a las bandas armadas afectas al gobierno. “Son unos vagabundos y donde los veamos, los vamos a capturar”.
Abuelos valientes
12 de mayo
Le tocó el turno a los ancianos y pese a su avanzada edad dieron la pelea. Convocados para la Plaza Brión en Chacaito caminaron unos pocos metros y en la entrada al boulevard de Sabana Grande se consiguieron el primer piquete de la PNB, quienes no vacilaron en rociarles gas pimienta. Tal fue su convicción que sobrepasaron el escudo humano de policías hasta sortear todo tipo de obstáculos y llegar hasta una pared de metal a la altura de Los Cedros, allí se mantuvieron pese a la lluvia poco después que un desconocido representante del Defensor del Pueblo recibió un documento.
Vaticano pide elecciones
13 de mayo
«Yo creo que la solución son las elecciones», así de tajante fue una declaración del Cardenal Pietro Parolin al diario argentino La Nación en torno a la situación en Venezuela. «Ahí se necesita mucha buena voluntad de parte de todos, comenzando por el Gobierno, que debe dar señales que quiere solucionar y tomar en cuenta el clamor del pueblo y buscar soluciones», dijo. Al menos ocho personas resultaron heridas por bombas lacrimógenas durante la represión de la PoliCarabobo y la Guardia Nacional Bolivariana en Valencia. Entre los afectados estuvo la dirigente de Proyecto Venezuela, Mariangel Navas.
Sin compasión en Táchira y El Trigal
15-16 de mayo
En un lapso de 18 horas cuatro personas fueron asesinadas, dos en Táchira, Luis Alviarez y Diego Hernández, este primero de 17 años de edad cayó en Palmira, municipio Guásimo y el segundo de 32 años fue víctima de un disparo en Capacho Nuevo. En los Altos Mirandinos mataron al biólogo Diego Arelllano (31 años) de un balazo en el pecho y en Barinas pereció Yeison Mora (17 años) por un tiro en la cabeza. Funcionarios de Policarabobo y la Guardia Nacional Bolivariana reprimieron a manifestantes en el distribuidor El Trigal en Valencia y dejaron un saldo de cuatro personas heridas por perdigones y más de 30 detenidos durante la iniciativa de la oposición llamada «Gran Plantón Nacional». El gobernador de la entidad, Francisco Ameliach, informó que un funcionario policial fue herido de gravedad. Además se reportaron disturbios en El Paraíso en Caracas y en San Antonio de Los Altos (Miranda), donde efectivos de la GNB volvieron a disparar bombas lacrimógenas a zonas residenciales. En Nueva Esparta detuvieron por horas a la diputada, Yanet Fermín. Cancilleres de la OEA convocaron a una reunión para analizar el caso venezolano el 31 de mayo.
De verde a naranja
17 de mayo
El Plan Zamora pasó a la segunda fase en el estado Táchira según el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. «De verde a naranja». Lo que significó el envío de dos mil funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y 600 tropas. El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, denunció que con esta iniciativa se persigue dar carta blanca a los colectivos paramilitares para masacrar al pueblo. Tanto al mandatario regional como al periodista César Miguel Rondón le fueron anulados sus pasaportes cuando pretendían viajar fuera de Venezuela. En la entidad andina se sumaron dos muertos, víctimas de la represión de los organismos de seguridad del Estado, José Francisco Guerrero de apenas 15 años y Samuel Castellanos de 33. En Parque Cristal y Montalbán hicieron una vigilia por los caídos. Estados Unidos solicitó restaurar la democracia en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Más sanciones
18 de mayo
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, entre los que se encuentra el presidente del máximo organismo judicial del país, Maikel Moreno. El castigo implica congelamiento de bienes e instrumentos financieros a funcionarios y familiares en Norteamérica. «Los magistrados exacerbaron la crisis económica, producto de la mala administración y corrupción, al interferir constantemente con el poder legislativo», aseguró el secretario de tesoro Steven T. Mnuchin. En Maracaibo, una camioneta arrolló y causó la muerte a Paúl Moreno de 24 años de edad, quien era estudiante de medicina y miembro de la Cruz Verde. En Táchira, falleció Daniel Rodríguez, joven que fue herido por colectivos armados en Córdoba. En Maiquetia le anularon el pasaporte al gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski y no pudo viajar a la ONU donde tenia prevista una reunión con el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas.
El Ministerio Público dictó privativa de libertad para el oficial de la Policía Nacional Bolivariana, Rohen luis Leonel Mata Rojas de 27 años de edad, por su presunta responsabilidad en la muerte de Jairo Johan Ortiz Bustamante de 19 años, el pasado 6 abril en el sector Montaña Alta, municipio Carrizal del estado Miranda.
“En la audiencia de presentación, los fiscales 39º nacional y 24° de la referida jurisdicción, Adriana Valdez y Manuel Bernal, respectivamente, imputaron a Mata Rojas por los delitos de homicidio calificado con alevosía y uso indebido de arma orgánica”, reza la Nota de Prensa del Ministerio Público.
El Tribunal 6º de Control de Miranda dictó la medida privativa de libertad para el oficial, luego de que los representantes del Ministerio Público evaluaran los elementos de convicción expuestos y dispuso el Centro Penitenciario Yare III para la reclusión del funcionario.
La brisa susurraba en el sector Montaña Alta, en el municipio Carrizal de los Altos Mirandinos. La quietud la tarde del viernes 7 de abril contrastaba con el desenlance que tuvieron las protestas de la noche anterior, a la altura de la pasarela de la carretera Panamericana. Pintas en spray «RIP Jairo» sobre las paredes de los edificios verdes y marrones de la urbanización recordaban que a pocos metros de allí fue asesinado un vecino, Jairo Johan Ortiz Bustamante, un joven de 19 años que acompañó a un amigo a protestar contra el golpe al Parlamento, contra el gobierno, contra Maduro. Contra agentes de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional que intentaban dispersar los coletazos de la marcha de la oposición del jueves 6, bloqueada por las brigadas antimotines en la autopista Francisco Fajardo de Caracas cuando intentaba llegar hasta la Defensoría del Pueblo.
Muchos vecinos de Montaña Alta no quisieron hablar de la muerte que alcanzó tan cerca de su cotidianidad. Jóvenes que lo conocían y que estuvieron con Jairo Ortiz hasta sus últimos minutos esquivaron las preguntas. Testigos que prefirieron no identificarse en el mismo terreno donde apresaron a dirigentes vecinales a raíz de las protestas de 2014, relataron que los PNB no tenían suficientes armas de perdigones para controlar la protesta hasta el punto de lanzarle piedras a los manifestantes. Y que del grupo de policías salió el tiro que le dio en el pecho al joven estudiante de Derecho del núcleo San Antonio de la Universidad Bicentenaria de Aragua que planeaba mudarse pronto del país.
Hasta Montaña Alta llegó una marcha que partió 4,2 kilómetros atrás, a la altura de los Nuevos Teques. Vecinos y estudiantes de Carrizal, Los Salias y Guaicapuro reunieron su indignación y dolor por el asesinato de Jairo Ortíz para gritársela al gobierno. Con banderas tricolor a modo de capas y carteles que rezaban «No más dictadura», marcharon hasta el mismo punto donde perdió la vida el joven de Carrizal, comprimiendo aún más el tráfico de un viernes por la tarde en la carretera Panamericana.
Dirigentes como la diputada Delsa Solorzano y el alcalde de Carrizal, José Luis Rodríguez acompañaron a los manifestantes que con megáfono en mano exigieron justicia: «no más muertes de jóvenes en Venezuela». También hubo lugar para denunciar el golpe al Parlamento, a pocos metros del centro médico donde dejó de respirar Jairo Ortiz la noche del jueves 6 de abril.
Al anochecer, se ofició una misa en la iglesia de San Charbel de Montaña Alta al mismo tiempo que manifestantes trancaron la autopista Panamericana con barricadas. La rabia seguía.
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz emitió este viernes un comunicado sobre el asesinato del estudiante Jairo Ortiz de 19 años, acaecido la noche de este jueves producto de un disparo en la pasarela de Montaña Alta, municipio Carrizal del estado Miranda,
En la misiva, el Ministerio aclara que Ortiz Bustamante no se encontraba en protesta alguna ni en ningún acto de violencia y que fue ultimado por un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana identificado como Rohenluis Leonel Mata Rojas, quien ya se encuentra a disposición de los organismos competentes.
El comunicado enfatiza que Mata Rojas actuó por cuenta propia y que se desempeña en operaciones de tránsito. Aunado a esto, el Ministerio califica de repudiable y aborrecible el crimen del estudiante de ingeniería en sistemas de la Universidad Bicentenaria de Aragua.
COMUNICADO DEL MPPRIJP EN RELACIÓN AL HOMICIDIO DEL JOVEN JAIRO JOHAN ORTIZ BUSTAMANTE pic.twitter.com/5s8USY5USk
El Ministerio Público imputará en las próximas horas ante un tribunal de control del estado Miranda al oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Rohenluis Leonel Mata Rojas (27), por su presunta responsabilidad en la muerte de Jairo Johan Ortiz Bustamante (19), ocurrida este jueves 6 de abril en el sector Montaña Alta del municipio Carrizal de esa jurisdicción.
En la audiencia de presentación, los fiscales 39ª nacional y 24º de Miranda, Adriana Valdez y Manuel Bernal, respectivamente, imputarán al oficial por la presunta comisión de delitos previstos en la legislación venezolana.
A las 10:00 de la noche del mencionado día, la víctima estaba en una manifestación realizada en el citado sector, cuando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la PNB se aproximaron a la zona. Ortiz Bustamante recibió un disparo que le ocasionó la muerte.
Posteriormente, los efectivos de la GNB detuvieron a Mata Rojas, y lo pusieron a la orden del Ministerio Público
El jueves 06.04.17 se registró el asesinato del joven estudiante Jairo Ortiz Bustamante (19), por parte de presuntos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante la represión a una protesta en el sector Carrizal, estado Miranda. En las últimas semanas se han incrementado las protestas pacíficas en rechazo a la vulneración de derechos humanos y a la consolidación de un sistema dictatorial en Venezuela.
El aumento de la protesta pacífica ha tenido como respuesta gubernamental la ejecución de un patrón de represión caracterizado por:
Ataques conjuntos de Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Colectivos Paramilitares.
Uso sistemático de sustancias tóxicas y armas de fuego.
Práctica de tratos crueles, inhumanos o degradantes a manifestantes.
Detenciones arbitrarias.
Allanamientos sin orden judicial.
Criminalización de la protesta.
Agresión a periodistas durante la cobertura de manifestaciones.
Persecución a dirigentes de partidos de oposición.
Persecución a líderes sociales y estudiantiles.
Ante estos hechos, el OVCS expresa su preocupación y denuncia la criminalización de la protesta en Venezuela y el uso sistemático de la represión por parte de la fuerza pública para responder a las demandas pacíficas de los ciudadanos. Asimismo, denuncia la presencia de civiles armados pro gobierno que agreden a manifestantes y que actúan con permisividad o complicidad de funcionarios del Estado y representantes de cuerpos de seguridad.
Desde el OVCS se exhorta a las autoridades gubernamentales a garantizar el derecho a la vida y a la manifestación pacífica, así como la actuación adecuada de los cuerpos de seguridad. También a repudiar declaraciones o pronunciamientos que promuevan el escalamiento de la violencia.
Por esta razón, el OVCS exige a los Poderes Públicos ejecutar las siguientes medidas:
Realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para establecer responsabilidades correspondientes por la muerte de Jairo Ortiz Bustamante (19).
Realizar las investigaciones pertinentes, de manera expedita y oportuna, para establecer responsabilidades correspondientes por tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias ocurridas durante las manifestaciones.
Libertad plena para manifestantes detenidos arbitrariamente durante las protestas pacíficas.
Garantizar el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
Cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas y acciones de orden público según la sentencia de El Caracazo.
Cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y aceptar el acompañamiento de organismos internacionales de protección de derechos humanos para que en Venezuela se reestablezca el orden democrático.
El estudiante Jairo Ortiz, de 22 años, murió la noche de este jueves en el sector Montañalta de Carrizal, estado Miranda, donde presuntamente habría recibido un impacto de bala en la espalda que le perforó el corazón.
Se desconoce si la bala de arma de fuego era de la GNB o de infiltrados en la manifestación, reseñó Pola Del Giudice para El Pitazo.
Sin embargo, existen otras versiones en torno a la muerte de Ortiz y aún no hay certeza sobre la causa de su muerte.
La dirigente María Corina Machado también informó vía Twitter del fallecimiento del joven.
La noche de este jueves se registró un enfrentamiento entre manifestantes y funcionarios de la GNB en Montañalta.
Jairo Ortiz es el joven asesinado en Carrizal.Protestaba junto a otros vecinos cuando fueron atacados por fuerzas seguridad d régimen.NO MÁS pic.twitter.com/nc57LqMSBU
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) April 7, 2017
