El Ministerio para el Servicio Penitenciario se ha convertido en un organismo forajido, al margen de la ley. Según la Real Academia Española, se le dice forajido “a una persona, delincuente, que anda fuera del poblado, huyendo de la justicia”. En Venezuela se da la diferencia de que no le huye a la justicia, sino que trabaja en cuchipanda con un sistema de justicia que acepta todas las violaciones a la ley.
Podemos decir que el Ministerio Penitenciario lleva la etiqueta de forajido desde su nacimiento. Basta recordar la circular (orden) que la para entonces ministra Iris Valera emitió el 3 de agosto de 2011, mediante la cual quedaban suspendidos los ingresos de privados de libertad en los centros penitenciarios, hasta que lo autorizara la institución. Esto incluía a los presos provenientes de policías regionales, municipales, CICPC, SEBIN y la misma policía nacional.
¿Por qué es un ministerio forajido?
Calabozos por cárceles
Estos calabozos no tienen ningún tipo de condiciones para tener reclusos por más allá de 48 horas, pero esta decisión de Iris Varela les cambió su sentido, llegando a convertirse, hoy en día, en el sitio que alberga a más privados de libertad en Venezuela. El Ministerio Penitenciario comenzó, con esto, a aplicar su propia ley ante la anuencia de todos los demás poderes públicos, de manera especial del Judicial y el Ciudadano, quienes se han hecho los locos ante estos desmanes.
Verdugo de la libertad
Otra de las irregularidades que comete el Ministerio Penitenciario, por lo que podríamos catalogarlo de forajido, es la de haberse tomado la inconstitucional atribución de autorizar, o no, la libertad de los reclusos, así tengan una boleta de excarcelación emitida por el juez natural que lleva la causa del detenido. Una arbitrariedad, ilegal por demás, que somete al recluso a permanecer preso hasta que lo decida este ministerio, sin acatar las decisiones del órgano judicial que lo procesa.
Una Ventana a la Libertad, la organización que dirijo, ha ofrecido pruebas de ello, como la noticia que divulgamos recientemente y que cito a continuación: “Siete privados de libertad que ya recibieron sus boletas de excarcelación se mantienen a la espera de salir en libertad del Internado Judicial Rodeo II, en Guatire, estado Miranda, hasta este viernes 7 de mayo. Familiares y abogados defensores de los reclusos beneficiados aseguraron que las siete boletas de excarcelación tienen fecha de entre una semana y cuatro meses. De acuerdo con lo que les informó el exdirector del penal, están esperando que el Ministerio para el Servicio Penitenciario apruebe esas libertades, otorgadas por los tribunales que llevaron las causas.
Es grave, es irregular y es absurdo que un tribunal del poder judicial otorgue libertad plena a un procesado, se haya expedido la boleta de excarcelación en enero o febrero, la misma se le entregue a la directiva del penal, y aún hoy, siete de mayo, esa persona se mantiene presa en la cárcel del Rodeo. Solo porque esa decisión está subordinada a un ministerio del poder Ejecutivo”, refirió Antonio Fernández Mora, abogado defensor de uno de los presos que espera salir en libertad. Según el letrado, “los siete reos permanecen en un área de resguardo, fuera de los pabellones de los privados de libertad. Sin embargo, las condiciones son similares al área de reclusión”.
Decide hasta los traslados
Por último y no menos grave, es que los traslados a audiencias u otro tipo de diligencias ante el poder Judicial igualmente tienen que ser autorizados por este ministerio “supremo”. Aunque haya una orden de traslado por el juez natural, el que lleva la causa de los detenidos, sin la anuencia de este ministerio absolutista nada se cumple.
Como vemos, hablamos de un ministerio omnipotente, que decide la ley que se debe cumplir, de qué manera y cuándo ejecutarla. Un ministerio forajido y arbitrario al que la ley le sabe a rábano. Como todo en este régimen.
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