INOF

JUDITH PÉREZ, MADRE DE LA clarinetista venezolana Karen Palacios, detenida presuntamente por un tuit en el que mostraba sus diferencias con el Gobierno de Nicolás Maduro, denunció este lunes que su hija se mantiene tras las rejas pese a que el tribunal que llevaba la causa ordenó su puesta en libertad.

«El tribunal le declara libertad con sistema de presentación y el 18 de junio sale su boleta de excarcelación, pero hasta el momento no han liberado a mi hija, lo que hicieron fue (…) trasladarla para el INOF -un centro de reclusión de mujeres-«, dijo.

La mujer, de profesión secretaria, ofreció una rueda de prensa con el apoyo de la ONG Foro Penal que se encarga de la defensa de los llamados presos políticos en el país, y relató que su hija fue detenida el pasado 1 de junio, luego de que denunciara en Twitter que fue expulsada de la Filarmónica de Caracas por ser opositora.

«Nosotros presumimos que a ella se la llevan por unos tuits que ella publicó denunciando que, por su posición política, no le habían querido dar el contrato en la Filarmónica de Caracas», prosiguió la madre.

La joven de 25 años, que está acusada de «instigación pública» según su madre, denunció el pasado 26 de mayo en Twitter que llevaba «aproximadamente 3 meses tocando clarinete (primer clarinete) en la orquesta Filarmónica Nacional» y esperando un contrato que le habían ofrecido para presentar su audición y «poder quedar fija».

«El día de hoy, después de la novena función del ‘Popol Vuh’ me comunican que mi contrato fue rechazado ‘porque he firmado en contra del régimen'», dijo Palacios en esa ocasión.

Según relata la madre, el día de la detención los funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) les hicieron creer que eran profesores de la orquesta.

«Nos fuimos. Cuando estábamos en la camioneta, nos dimos cuenta de que eran efectivos porque sacaron el armamento. Nos llevaron al Dgcim de Boleita -en Caracas- desde las 12 del mediodía más o menos (16.00 GMT) hasta las 6.00 de la tarde (22.00 GMT), detuvieron a mi hija», explicó.

De acuerdo con la abogada Estefanía Migliorini, integrante del Comité de Defensa de la Mujer del Foro Penal, la clarinetista forma parte de una lista de más de 15 «presos políticos» que tienen boleta de excarcelación y no han sido puestos en libertad.

La jurista intenta llevar el caso de la joven a la que le fue asignado un defensor público, pero debido a que ya existe una boleta de excarcelación, no ha podido juramentarse como su abogado oficial ni conocer su expediente.

«La cifra del día de hoy de presos políticos (…) es de 590 presos políticos, entre ellos hay 62 mujeres, dentro de ese grupo de 62 mujeres está Karen Palacios», dijo la abogada que instó a los cuerpos de seguridad a cumplir con las órdenes judiciales.

 

El Ministerio Público ratificó la solicitud de internamiento de Araminta González en el Hospital Militar de Caracas Dr. Carlos Arvelo, a fin de atender su estado físico, psicológico y psiquiátrico.

¡El petitorio fue realizado por los fiscales 20° nacional y auxiliar, Liduzka Aguilera y Alberto Requena, respectivamente, ante al Tribunal 2° de Juicio del estado Miranda, extensión Barlovento, con fundamento en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal.

¡Los exámenes médicos practicados a González en su oportunidad han arrojado que la misma requiere que sea recluida para su debida atención.

Por otra parte, también se pidió que le sean practicados diversos exámenes médicos a Vasco Manuel Da Costa, Efraín José Ortega y José Santamaría Vargas.

González se encuentra recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Los Teques); Da Costa en el Centro Penitenciario 26 de Julio (Guárico), y los otros dos hombres en el Internado Judicial El Rodeo II (Guatire).

 

La realización de referéndum revocatorio ha alborotado el lado más oscuro y pusilánime de muchas personas que se han dedicado de manera vergonzosa a cometer hechos completamente denigrantes y ofensivos hacia un determinado grupo de ciudadanos, más cuando estos hechos se hacen utilizando el poder que les da el ejercicio de un alto cargo público.

Hoy me quiero referir a una actuación de la Ministra para el Servicio Penitenciario María Iris Varela quien el pasado viernes, llevo a un grupo de reclusos de las cárceles de Yare, Rodeo y el INOF a la sede del Ministerio Publico a un acto de proselitismo político y donde supuestamente un aproximado de 300 reclusos que participaron, denunciarían al Gobernador del Estado Miranda Henrique Capriles Radonsky porque supuestamente sus firmas aparecían para que fueran validadas para activar el referéndum revocatorio.

No es de extrañar una actitud de este tipo de la Ministra Penitenciaria, todos la conocemos lo suficiente para saber que es capaz de eso y de mucho mas, ahora lo que considero grave es que haya utilizado a los y las privadas de libertad para realizar este vulgar espectáculo.

Por informaciones que nos han dado muchos de los que participaron en esta farsa fueron obligados a asistir y a la gran mayoría se les engaño diciéndoles que iban a un concurso deportivo entre diferentes recintos carcelarios.

Pues bien la Señora Iris Varela, se apareció a las puertas del Ministerio Publico con sus 300 reclusos y reclusas, cámaras de televisión, autobuses y demás aditivos necesarios, para dar inicio a un sainete que para lo único que sirvió fue para una vez más humillar y ofender a los privados de libertad.

Evidentemente se trataba de un show barato, ninguno de los reclusos presento ninguna denuncia contra nadie, esta denuncia es una acción personalísima que procede únicamente por actuación de las víctimas directas, la Sra. Varela en ningún caso podría atribuirse esa representación legal porque tan sencillamente no la tiene.

Lamentablemente la Ministra Penitenciaria en vez de haber utilizado a los privados de libertad para montar un mediocre show político debería de ocuparse de las condiciones de vida de estos en los recintos carcelarios.

Varela denuncia la usurpación de firmas de privados de libertad, pero nada dice del hacinamiento extremo que hay en nuestras cárceles y que a 4 años de su gestión no ha solucionado, a pesar de las muchas promesas hechas por ella de construir nuevos recintos carcelarios.

También guarda silencio la Ministra respecto al retardo procesal que esta por el orden del 70% de los y las reclusas, hubiera sido más eficaz utilizar a todos los transportes que se usaron para trasladar a los presos a este sainete, en llevarlos a los tribunales para acelerar sus procesos, en vista de que el tristemente célebre “Plan Cayapa” ha sido un completo fracaso.

A la Ministra se le olvido que el Código Orgánico Penitenciario, vigente desde el pasado 28 de diciembre de 2015 establece en su artículo 11 lo siguiente “El Estado garantiza la confidencialidad de los datos de tipo personal y administrativo de las personas privadas de libertad, a fin de salvaguardar la intimidad y evitar la injerencia externa o el conocimiento público que pudiera conllevar a tratos discriminatorios o lesivos a su titular, salvo las excepciones establecidas en el ordenamiento jurídico”. Igualmente el artículo 15 numeral 5 al hablar de los derechos de las y los privados de libertad nos dice que estos tienen el derecho “A que se preserve su vida privada e intimidad, con las limitaciones propias del régimen penitenciario”.

Evidentemente la Sra. Varela una vez más se burló de los hombres y mujeres que están privados de libertad, una vez más utilizo el poder que le da el cargo que ocupa y sobre todo utilizo el gran temor que le ocasiona a los reclusos cualquier retaliación que podría acarrear el no cumplir con la orden de la Ministra.

En un país con autoridades judiciales serias, este acto de la Ministra para el Servicio Penitenciario habría hecho que se le abriera una investigación profunda que sin duda alguna llevaría a su destitución, por ahora solo nos queda la esperanza de que las violaciones a los derechos humanos no prescriben y que tarde o temprano los ejecutores de estas violaciones tendrán que responder por esto… Amanecerá y veremos…

 

@cnietopalma

El Nacional

 

La lucha de las mujeres por alcanzar la libertad de Venezuela, no es nueva, podríamos recordar a nuestra gran heroína Luisa Cáceres de Arismendi quien en plena guerra de independencia fue presa en el Castillo de Santa Rosa en La Asunción, isla de Margarita, cuando se encontraba embarazada y como retaliación a su esposo Juan Bautista Arismendi, prócer de esta lucha, es conocida la grave situación que esta dama sufrió en prisión y los vejámenes que recibió.

Aunque son pocas las referencias que tenemos respecto a la lucha de las mujeres en esta época, se conoce que fueron muchas venezolanas que apoyaron y lucharon por la causa independentista.

Ya en la época de la dictadura de Juan Vicente Gómez fueron muchas las mujeres que apoyaron y trabajaron para derrocar ese régimen despótico y tiránico que se vivía en Venezuela, se recuerda de esta lucha mujeres como Lucila Palacios, María Teresa Castillo y Josefina Juliac, entre muchas más, que fueron miembros de la conocida generación del 28, quienes trabajaron fuertemente para lograr que a las mujeres se les reconocieran derechos políticos, entre los que estaba el voto, para esa fecha desconocido a las mujeres.

Para ese momento resultaba difícil encontrar a mujeres que hicieran vida activa en la vida política del país, la concepción de la época era que las mujeres eran para la casa y otro tipo de actividades no eran bien vistas por la sociedad.

Una integrante de la generación del 28 Lucila Palacios, en su libro La mujer y la política, afirma que las mujeres participaron activamente en 1928, al punto que: «Su aparición produjo alarma en el primer momento. Había sufrido una crisis el hogar tradicional. Más el hecho de que una fuerza nueva se uniera al sentimiento de libertad, unánime en el pueblo, no representaba la disolución del centro hogareño. La mujer iba a defender el medio propio, la vida familiar, de las arremetidas de la barbarie».

En otra dictadura, no menos sanguinaria que la gomecista, la de Marcos Pérez Jiménez también fueron muchas mujeres que lucharon por liberarnos de ese régimen, sufrieron los encierros, torturas y persecuciones por querer vivir en libertad, libre de gobiernos totalitarios y opresores. Nombres como el de Isabel Carmona, Clarisa Sanoja, Argelia Laya, Mercedes Fermín serán siempre recordadas por sus luchas por la democracia.

En estos tiempos nuevamente vivimos un régimen totalitario y represor donde las mujeres han tenido un importantísimo papel en esta lucha por vivir en democracia, razón que les ha valido a valientes mujeres venezolanas vivir lo que hoy significa estar en una prisión venezolana, reconocidas en el mundo como una de las peores del planeta.

Uno de los casos más significativos es el de la juez María Lourdes Afiuni presa por aplicar la justicia y condenada de antemano a la pena máxima en cadena nacional por el para entonces Presidente Hugo Chávez, todos de alguna manera hemos vivido y sufrido el calvario abominable que le ha tocado vivir a esta valiente mujer desde que el 10 de diciembre del 2009 fecha en que decidió aplicar la justicia como lo había aprendido de sus maestros.

Son muchas las mujeres que han tenido que sufrir vivir tras los barrotes de una prisión venezolana por pensar distinto y buscar salir de la opresión en que hoy en día vivimos: Sairam Rivas, Nohelia Pérez, Abril Tovar, Dioris Albarrán, Inés «La Terrible» González, Valvina Jackeline Muñoz, Daniela Vásquez; Mariana Formerino, son solo algunas de las valientes mujeres que han estado presas por pensar distinto, por querer un país diferente, plural y donde exista respeto a los derechos humanos.

Otras han sacrificado sus vidas en la lucha contra la tiranía: Génesis Carmona, Geraldine Moreno Orozco, Lismila Apetito de Colia, Adriana Urquiola, Gisselle  Rubilar, Mariana Ceballos, han sacrificado sus vidas por esta lucha, sin duda alguna mártires de la libertad.

Aún tenemos tras las rejas a: Araminta González, Skarlyn Duarte, Carmen Alicia Gutiérrez, Andrea Susana González de León,  Betty Janette Grossi Sucre, y con la medida sustitutiva a la prisión de arresto domiciliario a María Elena Uzcategui y Laided Salazar de Zerpa.

Caso especial merece Araminta González presa en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en estado de grave enfermedad y a quien se niegan darle una medida humanitaria para devolverle la salud que en la cárcel no es atendida.

Sin dudas estas damas con su coraje y valentía están escribiendo una nueva página de la historia venezolana, las futuras generaciones las reconocerán por su actitud heroica frente a la opresión y su gran aporte en la construcción de la nueva democracia que todos esperamos tener pronto… Gracias por su entrega mujeres valientes.

 

@cnietopalma

cnietopalma@gmail.com

El Nacional 

 

Laided Salazar de Zerpa (44) es odontóloga asimilada en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con el rango de capitana de la Aviación Militar Nacional. El 5 de mayo del 2014 se vio obligada a quitarse su uniforme cuando fue condenada a ocho años y siete meses de prisión por los delitos instigación a la rebelión y contra el decoro militar, la acusaron de haber creado un plan desestabilizador contra el Gobierno nacional, la catalogaron de “militar golpista”.

La pena para ella y otros nueve uniformados fueron acordadas por tres militares de alta graduación que conforman el Consejo de Guerra de Caracas, se hizo un procedimiento judicial militar de urgencia. A Salazar, detenida desde marzo, la enviaron al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, estado Miranda.

Allí estuvo sólo pocos días porque el 26 de mayo a Ana Teresa de Salazar, madre de la capitana, le notificaron a través de una llamada telefónica que a su hija la trasladaron a la Comunidad Penitenciaria Fénix, al lado de Uribana en Barquisimeto.

En junio la familia denunció que desde el día de su llegada a Fénix la aislaron, no le permitían visita de parientes ni abogados. Para entonces las autoridades del penal le dijeron a Carlos Salazar, hermano, que se trataba de una forma de adaptación.
La situación empeoró cuando Salazar se enfermó. Comenzó a bajar de peso, “está demacrada porque la comida que le dan es mala y poca” dijo su hermano, quien además forma parte de la defensa.

Desde entonces hubo una sucesión de denuncias de los familiares por constantes violaciones a los Derechos Humanos y a la carta magna.

¿Por qué aislada?

Un año y ocho meses después continúa aislada en Fénix, en una celda de dos metros de ancho y tres de largo. El abogado defensor Gustavo Limongi Malavé, señaló ayer en una entrevista telefónica para EL IMPULSO que desde que Laided Salazar fue trasladada a Barquisimeto la mantenían aislada porque las autoridades del penal alegaban que exacerbaba los ánimos en la población carcelaria.

“Cuando le bajaban la luz del anexo ella gritaba y cuando se olvidaban de darle comida también gritaba para pedir que se apiadaran de ella, entonces las demás internas se exaltaban y pedían a gritos que no la dejaran morir”.

El nuevo panorama

La defensa y la familia vieron una nueva luz para el caso de Salazar luego de ese anuncio. A las 4:30 de la tarde del viernes, representantes de la Defensoría del Pueblo se presentaron ante la Corte Marcial con la solicitud escrita de la medida humanitaria.

Gustavo Limongi espera que exista un nuevo pronunciamiento en un lapso de tres días. “Esperamos que sea rápido, con carácter de la urgencia que representa una medida humanitaria, no nos queda otra opción más que esperar” dijo.

Ante la interrogante de los posibles panoramas para la ex capitana, su abogado dice que prevé una medida de casa por cárcel, “lo único que cambiara será el lugar de reclusión”, pero continuará privada de libertad.

 

 

 

El 26 de agosto el abogado de Araminta González, José Vicente Haro, denunció en su cuenta de Twitter que, por orden de la directora del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), tenía prohibido visitar a su defendida. Este lunes 7 de septiembre logró reunirse con la químico en las instalaciones del penal.

En la visita trataron cordialmente a los miembros de la defensa de González y conversaron con la directora del recinto para acordar que se respete el derecho a ser vista por sus familiares y abogados. Este domingo la químico podrá ver a su hermana, que le llevará unos medicamentos que necesita. «Fue una reunión constructiva», dijo Haro.

 

 

El jurista precisó que cesaron los tratos inhumanos contra la químico, ocurridos con la anterior dirección del penal; uno de estos abusos consistió en obligar a González a ver un cuadro del fallecido presidente Hugo Chávez bajo la luz del sol.

«Debo reconocer que la directora del INOF atendió las denuncias», señaló Haro. Sin embargo, indicó que en opinión de la directora no hubo coacción para grabar el video en el que aparece Araminta González diciendo, entre otras declaraciones, que se sentía culpable por los crímenes perpetrados por José Pérez Venta y Carlos Trejo. Explicó que la jefa de la administración del penal pensaba que la producción audiovisual colaboraría con que las otras víctimas de los responsables de la muerte de Liana Hergueta hicieran denuncias. La químico, por su parte, le reiteró a Haro que fue forzada a hacer la grabación.

 

 

A pesar de ello, el jurista destacó que a Araminta González se le garantiza seguridad en la prisión y la directora está atenta a que las visitas se hagan con regularidad. «Hemos llegado a acuerdos humanitarios razonables», expresó el defensor.

 

Sin respuestas de la Defensoría del Pueblo ni del Ministerio Público

 

La defensa de Araminta González ha informado las torturas de las que fue objeto por parte de funcionarios del Equipo Antiterrorismo del Cicpc y durante la directiva anterior del INOF. Seis veces han acudido a la Defensoría del Pueblo y tres a la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, hasta el momento no han recibido respuesta.

Haro apuntó que el defensor del pueblo conoce el caso. Dijo que conversó con una alta funcionaria de esta institución que le aseguró que Tarek William Saab está al tanto de las violaciones sufridas por su defendida.

La audiencia preliminar de Araminta González ha sido diferida 15 veces. Nueve por incomparecencia del Ministerio Público y seis por la ausencia de otras personas detenidas en la causa, cuyos traslados no se han realizado.

Araminta González, química de 33 años, ofreció declaraciones por primera vez desde que fue detenida, en exclusiva al diario Últimas Noticias. González se encuentra presa en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) desde el 24 de julio de 2014 y hasta el día de la publicación del video no se ha celebrado su audiencia preliminar. Desde hace 13 meses espera que un tribunal de control de Caracas determine si su causa pasará a juicio.

En el material audiovisual recabado por el diario se observa a González relatando el desarrollo de su relación con Carlos Trejo y José Rafael Pérez Venta, asesinos confesos de Liana Hergueta. Además, la química pide disculpas a los partidos opositores por no haber advertido a tiempo sobre las actividades delictivas de ambos hombres.

González ratificó que Trejo y Pérez Venta se hacían pasar por «perseguidos políticos» para obtener beneficios personales, como se reveló en un reportaje de investigación publicado por Runrunes el 12 de agosto de 2015. Aseguró que le robaron la laptop, el router y su «planchita» para el cabello.

Está acusada de los delitos de asociación para delinquir y elaboración ilegal de explosivos. El cargo de terrorismo, por el cual se le señalaba inicialmente, fue desestimado por el Ministerio Público. González admitió en su declaración que poseía en su residencia los componentes químicos para la elaboración de explosivos pero en pequeñas proporciones.

«Me considero culpable de cualquier delito que estos sujetos hayan cometido por no insistir en esta denuncia», dijo González.

 

 

El abogado José Amalio Graterol aseguró que hasta las 11:30 de la mañana de hoy en el Tribunal 17 de Juicio de Caracas, el cual tiene el caso de la suspendida jueza, no se ha recibido un documento del Ministerio Público donde se le pide al titular de ese despacho permitirle a la funcionaria salir del país a denunciar su caso.

Sorprendidos. Así se mostraron los defensores de la jueza María Lourdes Afiuni ante la noticia difundida por El Universal de que el Ministerio Público solicitó ayer al Tribunal 17 de Juicio de Caracas que le permita a su cliente «acudir ante las instancias internacionales que estime pertinentes, a objeto de formular las observaciones o denuncias que considere necesarias», pues aseguraron que en el expediente no aparece tal petición y consiguieron un documento que certifica esto.

«Ni ayer ni en el transcurso del día de hoy ese documento figura en el expediente y lo que no está en el expediente no existe (…) Hasta las 11:30 de la mañana de hoy ese documento no existe en el expediente (…) El último documento que está en el expediente es una solicitud de la Fiscalía del 3 de julio, donde pide copias de una serie de comunicaciones enviadas por Afiuni (…) No entendemos cómo ese material llegó a los medios y las redes sociales», afirmó el abogado José Amalio Graterol, uno de los representantes de la funcionaria, quien en conversación telefónica con este diario no dudó en calificar el contenido del mismo como una «extorsión».

«Todo dice que ese documento que han publicado los medios y ha circulado por las redes sociales es una extorsión, porque el Ministerio Público pretende condicionar la posibilidad de que ella acuda a instancias internacionales a que se someta a una prueba grafotécnica para contrastar su firma», explicó, al tiempo que agregó: «Afiuni debería poder viajar a donde quisiera, porque sobre ella pesa desde hace cinco años una medida de prohibición de salida del país, pese a que la Constitución solo permite que ese tipo de medidas duren dos años».

El oficio numerado como NN-F-0388-2015, firmado por la fiscal Marelys Yovera, en su último párrafo solicita al juzgado «una vez que le sea toma la muestra manuscrita para realizar las experticias grafotécnicas correspondientes, se autorice a la ciudadana María Lourdes Afiuni para que pueda acudir a las instancias internacionales que estime pertinentes». El Ministerio Público desea realizar esta prueba para determinar si Afiuni firmó o no un acta donde negaría que había sido abusada mientras estuvo recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Los Teques, tal y como aseguró la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, la semana pasada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Para Graterol esta supuesta pretensión «no se compadece» con el proceso que le sigue a su cliente, la cual está siendo enjuiciada por presuntamente facilitar la evasión del exbanquero Eligio Cedeño, a quien le otorgó una medida cautelar por haber pasado más de dos años detenido sin ser enjuiciado.

«Esto no tiene nada que ver con el juicio, pero además tampoco con el momento en el que está el proceso. Afiuni está en fase de juicio y no de investigación. Esta petición es propia de las investigaciones», dijo.

Este sería el documento difundido por El Universal en el que la Fiscalía solicitaría el permiso para la jueza Afiuni.