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Gobierno Nacional

Extienden horario especial laboral y académico de forma indefinida

EL HORARIO ESPECIAL PARA trabajadores de empresas públicas y privadas fue extendido por tiempo indefinido. Así lo señala la Gaceta Oficial N° 41.623 con fecha del pasado martes 30 de abril.

El decreto número 3.837, firmado por Nicolás Maduro establece que los empleados realizarán sus actividades laborales entre las 8:00 am y las 2:00 pm.

Esta medida se aplicará desde el 1° de mayo hasta que el gobierno anuncie lo contrario.

De la misma forma, la Gaceta Oficial agrega que las actividades académicas se impartirán entre as 7:00 am y las 2:00 pm.

En el artículo 3 del decreto se precisa que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), el personal del Instituto Nacional de Estadística (INE), de la banca pública y privada así como al sector agroalimentario quedan exceptuado de este decreto. Sin embargo, “las máximas autoridades de los organismo indicados en este artículo (…) podrán dictar normas especiales de implementación de los dispuesto en este Decreto respecto de los trabajadores a su cargo”.

Las actividades del sector público y privado pertenecientes a la cadena de alimentación deberán operar con normalidad, sostiene el artículo 5 del decreto de la Gaceta Oficial.

 

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Gobierno publica precios acordados para 29 productos

EL GOBIERNO PUBLICÓ ESTE LUNES nuevos precios regulados para 29 productos de primera necesidad que fueron acordados tras sostener mesas de trabajo con representantes de 52 empresas.

Los precios fueron publicados en la Gaceta Oficial Nº 41.536, según reseña AVN, y presentan los valores de 21 rubros de la cesta básica y 9 productos de limpieza e higiene personal.

Los precios de productos de primera necesidad habían sido aumentados por última vez en agosto, pero duraron apenas dos semanas, según el propio Nicolás Maduro.

Con respecto a agosto, algunos productos aumentaron hasta 655% su valor, como la harina de maíz que pasó de costar Bs.S 20 a Bs.S 151.

Entre otros de los productos que presentaron un aumentos significativo está el kilo de café molido, que pasó de estar regulado en Bs.S 60 a 360, 500% más. El aceite vegetal es otro, cuya subida es de 563% tras haber costado Bs.S 36 el litro. El producto que menos incrementó fue el kilo de caraotas negras, que subió 136% respecto a su precio regulado anterior.

El vicepresidente económico, Tareck El Aissami, había anunciado el pasado viernes la publicación de los precios, y aseguró que habían tomado en cuenta “la estructura de costos”, es decir, elementos como “la materia prima, los salarios y transporte”.

A continuación la lista completa de productos y precios:

 

Aceite comestible de mezcla vegetal (1L): Bs.S 239

Atún enlatado (140 gramos): BsS. 430

Arroz blanco de mesa (1Kg, tipo I): Bs.S 212

Arvejas (1Kg): Bs. S 170

el kilogramos de azúcar refinada (1Kg): Bs.S 200

Café molido (500gr): Bs.S 360

Caraotas negras (1Kg): Bs.S 170

Carne de res (1Kg): Bs.S 420

Pollo beneficiado (1Kg): Bs.S 450

Frijol (1Kg): Bs. S 220

Harina de maíz precocida (1Kg): Bs.S 151

Harina de trigo de uso familiar (1Kg): Bs.S 186

Harina de trigo panadero (1Kg): Bs.S 100

Cartón (30 unidades) de huevos de consumo (1Kg): Bs.S 492

el litro de leche liquida pasteurizada en Bs.S 185

Lentejas (1Kg): Bs.S 220

Margarina (500gr): Bs.S 320

Mortadela (500 gramos): Bs.S 343

Pasta alimenticia (1Kg): Bs.S 376

Sardina en lata (170 gr): Bs.S 200

Sardina fresca (1Kg): Bs.S 40

Cloro (1 litro): Bs.S 210

Detergente en polvo (1kg): Bs.S 750

Jabón de panela (250gr): Bs.S 222

Desodorante (90ml): Bs.S 350

Jabón de tocador (80gr): Bs.S 103

Papel higiénico (4 rollos de 300 hojas dobles): Bs.S 300

Crema dental (50ml): Bs.S 209

Crema dental (100 ml): Bs.S 396

Toallas sanitarias (8 unidades): Bs.S 168

Julio Borges: Asesinato de Fernando Albán será discutido en la CIDH

JULIO BORGES, DIPUTADO Y EXPRESIDENTE de la Asamblea Nacional, aseguró que el “asesinato” de Fernando Albán no quedará impune; y que la justicia internacional se encargará de que los responsables paguen por dicho crimen. Por tal motivo informó que esta semana el caso de la muerte del concejal de Primero Justicia será uno de los puntos a tratar en la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Así como la justicia internacional se está encargando de juzgar a los corruptos responsables del mayor desfalco a la nación, también se encargará de quienes asesinaron a nuestro amigo Fernando Albán”, aseveró Borges.

El coordinador nacional de Primero Justicia señaló que también están desarrollando múltiples esfuerzos ante la Corte Penal Internacional para que el caso sea incorporado al informe sobre crímenes de Lesa Humanidad que dicho organismo.

Asimismo sostuvo que cada vez son más los elementos y atropellos que prueban el “asesinato” del concejal Alban; y denunció que desde el gobierno nacional se intentan desaparecer el caso de la opinión pública.

Acceso a la Justicia: Gobierno prorroga Estado de Excepción por undécima vez sin notificar a la ONU

EL 10 DE NOVIEMBRE el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó una nueva prórroga del Decreto de Emergencia Económica y de Excepción por 60 días, afirmando que se trataba de la quinta vez. Diez días más tarde, y sin ninguna objeción, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo declara constitucional sin que previamente la Asamblea Nacional (AN) diera su aprobación tal como lo establece el artículo 339 de la Constitución.

De igual forma, como viene ocurriendo desde el 14 de enero de 2016, el Estado venezolano no ha notificado la adopción de dicho régimen extraordinario a la Organización de Naciones Unidas (ONU), como lo ordena el artículo 4.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito por Estados miembros.

El Pacto establece que “Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión (de algunos de los derechos civiles y políticos) deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión”.

Acceso a la Justicia reitera que esta obligación (que puede parecer una simple formalidad sin relevancia práctica) tiene gran importancia, porque protege en alguna medida a los ciudadanos al evitar que se limiten derechos humanos sin justificación por parte de los gobiernos. Otra irregularidad reiterada en cada firma de la medida es que no establece cuáles son las garantías restringidas y cómo se limitan, como lo impone la Constitución, que también advierte que no se pueden suspender los derechos a la vida, al debido proceso, a la información, la prohibición de incomunicación o tortura y los demás derechos humanos intangibles

Fuera de la Constitución

Es así como desde enero de 2016 Venezuela permanece bajo un estado de excepción cuya finalidad desde el inicio, según el mismo Jefe de Estado, era tomar medidas extraordinarias que permitieran superar la crisis.

En cada ocasión, superados los sesenta días de un decreto original, el Ejecutivo ha firmado una extensión por el mismo lapso, que al culminar da origen a un nuevo decreto, hasta llegar a noviembre de 2017 (el más reciente) con prórroga hasta el mes de enero de 2018.

El artículo 338 de la Carta Magna reza que “Podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación. Su duración será de hasta sesenta días, prorrogable por un plazo igual”.

En este sentido, se habla de “circunstancias” y de restringir “temporalmente” es decir, a un solo decreto con su prórroga, no a una permanencia indefinida en el tiempo, por lo que en realidad no es la quinta extensión como lo sostiene el Ejecutivo, quien trata de hacer ver que cumple con la Constitución, sino la decimoprimera vez que prorroga el primer decreto del 14 de enero de 2016.
Casi dos años después el Ejecutivo ya debería haberse dado cuenta de que el estado de excepción no es la respuesta, porque los problemas se han agravado y, aun así, la figura prevista en el artículo 337 constitucional continúa siendo aplicada.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

La profundización de los problemas (hiperinflación, escasez de medicinas y alimentos, entre otros) que padece el pueblo venezolano y que el presidente Maduro prometió resolver desde el primer decreto de estado de excepción demuestra que dicho régimen extraordinario sólo ha sido usado por el Gobierno para aumentar y abusar de su poder, con la venia del TSJ y sin ningún tipo de control.

Un ejemplo de dicho uso ha sido el manejo del presupuesto nacional sin supervisión y sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Recordemos que ante la anulación de las competencias del parlamento con la excusa del supuesto desacato por la juramentación de los diputados opositores de Amazonas, fue el TSJ el que aprobó la Ley de Presupuesto y Endeudamiento 2017, mientras que el de 2018 fue autorizado por la Asamblea Nacional Constituyente en clara usurpación de las funciones del legislativo.

Acceso a la Justicia

Experto de la ONU visitará Venezuela esta semana para analizar situación de DDHH

Alfred de Zayas

El experto independiente de la ONU sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas, visitará del 27 de noviembre al 8 de diciembre Venezuela y Ecuador en lo que será su primer viaje oficial a América Latina y en el que analizará la situación de los derechos humanos.

De Zayas partió este lunes, 27 de noviembre, al viaje que le llevará primero a Venezuela y posteriormente, a partir del 5 de diciembre, a Ecuador, indicaron fuentes del experto, cuyo objetivo es recopilar información sobre la cooperación comercial regional, la gobernanza, la protección social y la situación los derechos humanos en los dos países andinos.

El pasado 29 de septiembre, De Zayas había adelantado su viaje en noviembre a Venezuela para “escuchar a ambas partes” enfrentadas en la crisis política, social y económica que vive el país, aunque no ha especificado si éste sigue siendo uno de sus propósitos.

“Examinaré los esfuerzos conjuntos para promover el progreso social y mejores niveles de vida, de acuerdo con las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las agendas de los foros sociales mundiales desde Porto Alegre”, explicó en un comunicado De Zayas.

En particular, desea estudiar cómo se gastan los presupuestos nacionales y en qué medida las demandas de la sociedad civil global tienen un impacto positivo en la inversión en alimentos, vivienda, programas de educación y salud, promoción de los derechos laborales, solidaridad social, reforma fiscal, no discriminación, acceso a la información, libertad de expresión y Estado de derecho.

También quiere estudiar las políticas nacionales para promover la paz en la región, como se prometió en la Declaración CELAC de 2014 de América Latina y el Caribe como “zona de paz”, añadió.

“Las amenazas a los derechos humanos y al desarrollo traspasan las fronteras en el mundo globalizado de hoy, y recomendaré formas de fortalecer las relaciones para superar los obstáculos al disfrute de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales en la región”, señaló.

Asimismo, evaluará “los desafíos persistentes para la dignidad humana”, que incluyen cuestiones de responsabilidad, transparencia, impunidad, imposición fiscal justa, paraísos fiscales, solución de controversias entre inversores y Estados y regulación de las actividades de las empresas trasnacionales y el sector privado”.

De Zayas se reunirá con funcionarios de ambos Gobiernos y representantes de organizaciones regionales y de la sociedad civil.

Sep 19, 2017 | Actualizado hace 3 años
Contra el odio y por la paz (y II), por Armando Durán

MaduroConstituyente

 

El segundo capítulo de esta penosa confabulación por imponer su voluntad personal lo está intentando escribir Nicolás Maduro en el amable paraje caribeño de República Dominicana. Casi el mismo escenario, casi con los mismos protagonistas de aquella fallida intentona del año pasado por recomponer los hilos de la cohabitación puestos en peligro por negar Maduro la celebración del referéndum revocatorio de su mandato, utilizando ahora el mismo argumento de “o nos entendemos o nos matamos” y las mismas mentiras de antaño. Vaya, el mismo perro con diferente collar. Sobre todo, con el mismo objetivo de los últimos 15 años.

Recuerden, a partir de la Mesa de Negociación y Acuerdos que César Gaviria y Jimmy Carter le montaron a Hugo Chávez, la finalidad de este artilugio siempre ha sido la misma: venderles mentiras por verdades a propios y extraños. Ni el régimen ha estado nunca por la paz, ni la alianza opositora, antes Coordinadora Democrática y desde 2009 MUD, está por cambiar de presidente, gobierno y régimen. Convivir, es decir, participar del botín, aunque sea como socios minoritarios, es desde entonces la regla principal del juego político venezolano.

Lo cierto es que Maduro, igual que Chávez, hace y deshace lo que tenga que hacer y deshacer para reducir la oposición a casi nada, cuidándose mucho de dejarla al menos con un hilo de vida, como evidencia de que en Venezuela hay democracia, sin duda leve y heterodoxa, pero democracia al fin y al cabo. Con oposición, elecciones y hasta algo de libertad de prensa. La misma razón por la que los principales partidos de la oposición practican una oposición meramente formal, como si en efecto viviéramos en un universo de normalidad democrática.

A veces, sin embargo, como ocurrió durante los recientes y dolorosos cuatro meses de manifestaciones populares de protesta, no bastó el tremendismo verbal de la oposición ni las fuerzas represivas del régimen para evitar que la situación se les fuera de las manos. En el último momento, sin embargo, lograron impedir que la sangre derramada llegara al río. Como tantas otras veces, tan pronto como se percibió el peligro, de repente, una vez más surgió la misma fórmula mágica.

La herramienta disuasiva empleada el año pasado para neutralizar la inminencia de un peligro mortal fue la vergonzosa instalación de una llamada Mesa de Diálogo, auspiciada, nada más y nada menos, que por el Vaticano y el gobierno de Estados Unidos. Ya sabemos cómo terminó aquella patética burla. Este año, el caramelito envenenado de la piñata fue el inesperado anuncio de Tibisay Lucena, elecciones regionales en octubre a cambio, es lo que venía planteando José Luis Rodríguez Zapatero en sus reuniones con la oposición, de desmovilizar la calle. En un primer momento, la MUD y Leopoldo López se negaron a escuchar esa trucada melodía, pero al final, acorralados por una realidad que cada día se les tornaba más indeseable, aceptaron la transacción porque, ya se sabe, más vale agarrar, aunque sea fallo, que la anarquía de los nuevos tiempos. No obstante, tuvieron que pagar una costosa penalidad: hacerse los locos ante el grosero fraude electoral del 31 de julio.

La respuesta del oficialismo no se hizo esperar. Una vez instalada, la espuria constituyente anunció que pronto aprobaría una ley “contra el odio y por la paz”, ¡habrase visto!, pero también en este caso, al menos por ahora, la amenaza oficialista tampoco ha pasado del tremendismo verbal. Por su parte, Julio Borges y Freddy Guevara fueron recibidos por los principales jefes de gobierno europeos con todos los honores y recibieron de ellos el más absoluto y cálido respaldo a la legítima autoridad de la Asamblea Nacional y contra la ilegítima constituyente. Lamentablemente, simple teatro, pues de inmediato, por sorpresa y con alevosía, el propio Borges y otros cinco delegados, en representación de tres partidos de la MUD, desembarcaban en República Dominicana para negociar con Delcy y Jorge Rodríguez la solución política de la crisis. ¿Precio del eventual acuerdo en esta última versión de las claudicaciones opositoras? Reconocer la legalidad de la ANC, convivir con ella y aprobar en la Asamblea Nacional los créditos y los proyectos internacionales que necesita el régimen desesperadamente. Contra el odio, por supuesto, y por la paz.

@aduran111

El Nacional

Gonzalo Himiob Sep 17, 2017 | Actualizado hace 3 años
Los motivos, por Gonzalo Himiob Santomé

Oposición-mesa-dialogo

Sí. El dialogo como forma de resolución de todo tipo de conflictos debe ser siempre la primera carta a la mano de cualquier verdadero demócrata. Pero tengámoslo claro, en las recientes “muestras de apertura al diálogo” del gobierno venezolano no hay buena fe, ánimo conciliatorio ni sanas intenciones. No se trata de una valoración netamente subjetiva, este es un juicio que elaboro desde el análisis de los resultados objetivos de las que han sido las iniciativas similares desde 2014. Si esto es así, sobre todo tomando en cuenta que las protestas generalizadas y masivas, que lograron arrinconar al gobierno y poner en evidencia la verdadera naturaleza del régimen, fueron neutralizadas por el propio liderazgo político opositor, ¿cuáles son las razones por las que el gobierno de Maduro vuelve a sacar de su mazo la barajita del “diálogo”?

En primer lugar, es de Perogrullo que el gobierno intenta ganar tiempo. Tiempo para seguir haciendo y deshaciendo en Venezuela, tiempo para que sus más conspicuos adalides pongan a buen resguardo su botín, quizás en sistemas financieros menos exigentes y más propensos a “hacerse los locos” con respecto al origen de los caudales que reciben, pero también tiempo para congelar cualquier nueva iniciativa que les cierre las pocas puertas que, por ahora, aún les quedan abiertas. Algunos dicen que esto ya no es posible, que incluso la presencia de nuevos actores fungiendo como mediadores y garantes, algunos de ellos elegidos por los mismos opositores, evitaría que ese primer objetivo se cumpla. Pero lo cierto es que ya Maduro lo logró. No más se anunció la primera reunión “exploratoria” entre el gobierno y algunos factores de la oposición en República Dominicana, todo el proceso de imposición de sanciones a altos funcionarios del gobierno que, por ejemplo, hubiesen claramente incurrido en graves violaciones a los DDHH, esta vez a cargo de Europa, quedó en suspenso. En la Eurocámara se han adelantado algunas gestiones en este sentido, pero no pasan de ser, por el momento, más que la expresión, contundente eso sí, de las intenciones de Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo. La amenaza caló profundamente en los oficialistas, que ya están comenzando a experimentar en carne propia, y a nivel personal, las consecuencias de las sanciones que ya les había impuesto EEUU. Las sanciones económicas personales (que no son contra Venezuela sino contra individuos en particular) les dieron donde les duele, y están claros en que otro golpe similar, venido ahora desde el otro lado del charco podría ser, para muchos de los agavillados en la destrucción sistemática de nuestra nación, absolutamente devastador. Que te sancione una sola nación, incluso una tan poderosa como los EEUU, es una cosa, nada deleznable, por cierto, pero que a esto se le sume el castigo similar de todo un continente es otra completamente diferente. Cuando se trata de ocultar capitales dilapidados, y de disponer de ellos a placer a costa de todo un pueblo, el mundo no es tan vasto como parece. La urgencia estaba entonces clara, y había que actuar en consecuencia. Sacar la bandera blanca, pedir “taima” disfrazada de diálogo, aunque se mantenga oculto el puñal en la espalda, fue la línea dispuesta por el poder en Venezuela. Y hasta ahora, al igual que antes, le ha funcionado.

En segundo lugar, existe otra razón que no puede pasar bajo la mesa. Ya en otros momentos habíamos advertido que el lenguaje de la ONU con respecto a lo que está pasando en Venezuela, particularmente materia de DDHH, ha cambiado. En los dos informes recientes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, pero especialmente en el último, ya no se hacen simples observaciones o recomendaciones plagadas de lenidad o de logomaquia diplomática. Por el contrario, el aserto, ratificado por Zeid Ra´ad Al Hussein en la apertura reciente de la 36º Sesión del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, ha sido directo y contundente: “En Venezuela podrían haberse cometido Crímenes de Lesa Humanidad”. Y más allá, se ha señalado sin cortapisas (así lo dice el último informe del ACNUDH del 30 de agosto de 2017) que: “Múltiples abusos y violaciones de derechos humanos se han cometido en Venezuela en el contexto de las recientes protestas antigubernamentales y esos hechos apuntan a la existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”. Estos abusos y violaciones van desde el asesinato y lesiones de manifestantes opositores a cargo de cuerpos de seguridad o militares, y hasta de grupos civiles armados cuya existencia ya se reconoce y acepta, hasta casos en los que, por primera vez en esas instancias, podrían haberse consumado desapariciones forzadas de personas. También se ha tomado debida nota de los millares de encarcelamientos arbitrarios (la misma ONU se ha pronunciado sobre esto en reiteradas oportunidades anteriores) y de las decenas de casos de torturas o de tratos crueles, inhumanos o degradantes contra los disidentes u opositores.

En otras palabras, en la ONU ya se considera que, en Venezuela, sobre todo en el contexto de las manifestaciones cívicas de 2017, existen claros indicios de que, aferrado a la idea de mantenerse en el poder “como sea”, Maduro y sus seguidores han cometido algunos de los crímenes más graves que se pueden cometer contra la humanidad.

Tanto impacto han tenido estas duras afirmaciones, que esta semana que pasó en la OEA comenzó un periodo especial e inédito de audiencias, coordinadas por el Ex Fiscal ante la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo y un importante panel de expertos, dirigidas a determinar si en efecto en nuestro país se habían cometido Crímenes de Lesa Humanidad, con miras a instar, si corresponde, ante los organismos competentes, específicamente ante la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, las acciones correspondientes contra los eventuales responsables de tan graves crímenes.

Mis lectores, que seguramente saben que el gobierno venezolano, tanto con Chávez como con Maduro, ha hecho lo que le ha venido en gana con las condenas por violaciones a los DDHH dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quizás podrán replicar que poco les importa a Maduro o a sus adláteres lo que se diga de ellos en esas instancias internacionales, pero en este caso estarían equivocados. Y la razón es muy sencilla: En el Sistema Interamericano de Protección a los DDHH (Comisión Interamericana de DDHH y Corte Interamericana de DDHH) las responsabilidades que se establecen son las de los Estados (algo así como una responsabilidad colectiva, “de todos”, que al final termina siendo “de nadie”), pero en la Corte Penal Internacional con sede en La Haya las responsabilidades que se establecen por la eventual comisión de, por ejemplo, Crímenes de Lesa Humanidad, son personales, individuales y directas.

Sumémosle a esto que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (que es ley plenamente vigente en Venezuela además, desde el año 2002) ratifica el principio de la jurisdicción universal, que implica que los responsables de los Crímenes de Lesa Humanidad allí tipificados pueden ser perseguidos en todo el planeta, sin importar dónde los hayan cometido; que las acciones para perseguir dichos crímenes son imprescriptibles, lo que supone que no importa cuánto tipo pase, siempre podrá investigarse y enjuiciarse a los culpables de esos crímenes; que en dicho Estatuto se consagra el principio de “improcedencia del cargo oficial”, según el cual no importa si eres o has sido presidente, gobernador, magistrado, alcalde, ministro o diputado, no puedes escudarte en el cargo que tienes o hayas tenido para evadir tus responsabilidades personales; y que además en dicho cuerpo normativo se consagra el principio de la “obediencia reflexiva”, por encima de la “obediencia debida” u “obediencia ciega”, que evita que los culpables de estos crímenes (los militares por ejemplo) puedan excusarse alegando que estaban cumpliendo “órdenes superiores”.

Todo esto lo saben Maduro y sus compañeros: El cambio de actitud de los organismos internacionales que no controlan, basado en los evidentes excesos en que han incurrido, les ha empinado, y mucho, la cuesta, porque una cosa es controlar acá al Poder Judicial y a la Fiscalía a tu antojo y otra muy distinta es tener que vértelas con la justicia penal internacional.

Por todo esto, que no por bondad o arrepentimiento, es que, a no dudarlo, se ha desempolvado en Miraflores de nuevo al diálogo como herramienta para capear este nuevo temporal ¿Tendremos plena conciencia de lo que esto implica? ¿Estaremos a la altura de las circunstancias y sabremos aprovechar, de verdad, esta nueva oportunidad –que lo es- para cambiar definitivamente el rumbo del país? Amanecerá, y veremos…

@HimiobSantome

Gobierno profundiza la opacidad al recortar información pública de empresas contratantes con el Estado
El Registro Nacional de Contratistas (RCN) donde se inscribe y reposa la información de todas las entidades contratantes con el Estado, fue reducido a su mínima expresión en fecha reciente, lo que implica un retroceso en la transparencia y en la promoción de la participación ciudadana en la necesaria contraloría social

 

SEGÚN SE LEE EN EL PROPIO SITIO en la web (www.rnc.gob.ve) el Registro Nacional de Contratistas tiene por objeto centralizar, organizar y suministrar en forma eficiente, veraz y oportuna la inscripción e información necesaria para la calificación legal y financiera, experiencia técnica y clasificación por especialidad, de las personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas o privadas, que deseen contratar con el Estado.

Transparencia Venezuela constató que tras un breve lapso fuera del aire, el sitio web del RNC volvió a estar disponible, pero donde antes se detallaban las características de cada entidad contratante con el Estado en veintinueve (29) ítems (ver aquí), ahora solo aparecen cinco (5) ítems (ver aquí): 1. Se encuentra o no habilitada para contratar con el Estado, 2. Nombre, 3. Número de RIF, 4. Si es persona jurídica o natural y 5. Años de experiencia en la actividad o servicio que presta, así como la determinación de si es principal o no. El sitio intervenido no tiene disponible información necesaria como, por ejemplo, fecha de constitución de la entidad jurídica; dirección fiscal de acuerdo a los estatutos; nombre, apellido, cédula de identidad de los accionistas, cargos dentro de la junta directiva y porcentaje de acciones.

La disminución de la información de las empresas, publicada por el Registro Nacional de Contratistas RNC, es contraria a los principios de transparencia, economía, simplificación de trámites y publicidad establecidos en el Decreto Ley de Contrataciones Públicas y en el Decreto de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Con la reducción de la información, los miembros de la comisión de contrataciones de cada órgano o entidad pública no tendrán a su disposición la información necesaria para evaluar los aspectos legales, técnicos y financieros de los potenciales contratistas y cada vez que necesiten seleccionar un proveedor deberán solicitar a las empresas, asociaciones o cooperativas, copia de los estatutos sociales y sus modificaciones, copia de sus estados financieros, así como declaración jurada de los servicios prestados.

Lo expuesto, supone que la administración pública realice una y otra vez los análisis efectuados por el RNC, con los riesgos que implican las valoraciones subjetivas o que se incurra en errores en el análisis que amenacen la mejor selección.

Adicionalmente, dificulta la participación ciudadana en el control de la gestión, por cuanto no se podrá conocer la fecha de inicio y finalización de los pocos contratos que eran publicados por el RNC o el nombre de las empresas con las cuales contrata el Estado, así como el porcentaje de ejecución de los contratos suscritos.

La reducción de la información publicada significa un retroceso en la transparencia y promoción de la participación ciudadana, y sugiere que al Estado no le interesa que se publique información relacionada con las contrataciones públicas, con todo y los riesgos que conlleva la falta de publicación de información para una adecuada selección y para el control ciudadano. El Estado, con esta acción, coloca la opacidad sobre la información que permite una adecuada selección del contratista y el control de la gestión pública.

Las razones de la reducción de información se desconocen, pero lo que sí podemos afirmar es que la falta de información no es aislada, por cuanto ninguno de los Ministerios publica información sobre las contrataciones públicas conforme a lo establecido en el Decreto Ley de Contrataciones Públicas, ni siquiera se publica la totalidad de las adjudicaciones efectuadas o los compromisos de responsabilidad otorgados.