El 15 de junio de 2018, Petare, considerada como la barriada más grande de América Latina, amaneció con la noticia de una masacre. Entre las 6:00 am y 9:00 am, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) asesinaron a 11 hombres, todos menores de 40 años, en medio de un operativo que abarcó tres sectores: Mesuca, Barrio Unión y Maca. De acuerdo con el testimonio de sus familiares, al menos 8 de las víctimas fueron ejecutadas.
Aquella matanza fue la más numerosa cometida durante 2018 por las FAES, que hoy se considera como el grupo de exterminio de la PNB, y que el año pasado fue el responsable de 256 homicidios.
2018 fue un año en el que 601 personas murieron en manos de los cuerpos de seguridad del Estado ( 561 en ejecuciones y resistencia a la autoridad, y 40 en otros móviles), lo que representa 44 % de los 1.364 homicidios que registró Monitor de Víctimas en el Área Metropolitana de Caracas. También fue un año en el que las ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías se convirtieron en el motivo más recurrente de las muertes violentas: en 365 días hubo 373.
El robo, que entre mayo de 2017 y 2018 había sido la primera causa de estas muertes, quedó relegada a un segundo lugar: cobró 263 vidas. La tercera causa de homicidio más frecuente fue “resistencia a la autoridad”, término adoptado por los policías para referirse a las muertes ocurridas durante presuntos enfrentamientos o persecuciones en las que se pusieron en peligro la vida de los uniformados o de terceros. Así cayeron 184 personas.
Los asesinatos de la masacre de Petare cometida por miembros de la FAES empezaron antes de que saliera el sol en los barrios Guaicaipuro, Altos de Naranjal y en la calle Guzmán de Maca; en el primero mataron a Jesús Rubén Medina Rivero, de 27 años, a quien le dispararon dentro de su vivienda, al igual que a su cuñado, Kevin Ernesto Figueroa Barrios, de 23 años, quien estaba de reposo en su casa a la espera de una operación en la mandíbula. A Alexander Rafael Castro Suárez, de 37 años, también le dispararon dentro de su domicilio de la calle Guzmán luego de sacar a toda su familia.
Ya a media mañana, en el sector Los Aguacaticos de Maca, mataron tres hombres apodados “Cheíto”, “Barlovia” y uno que no portaba identificación. En una calle del sector La Virgen quedó el cuerpo de otra víctima no identificada.
Mientras los policías –que suelen vestirse casi por completo de negro y cubrir su rostro con casco y capucha– se desplazaban por la zona, arrestaron a Luis José Pérez Vielma, de 27 años. Horas más tarde, su cadáver llegó a la morgue de Bello Monte, en el este de Caracas. Eso mismo le pasó en el barrio Unión de Petare a José Gregorio Martínez Sierra, el menor de todos los muertos: tenía 16 años. En todos los casos, las FAES aseguraron que los baleados habían caído en medio de enfrentamientos.
Rafael Dreidis Ferrán Palacios y Carlos José Castro Suárez murieron en el callejón Santa Rosa, que conecta con la calle San Rafael de Mesuca. Según los uniformados, el móvil del homicidio fue “Resistencia a la autoridad”.
El abogado penalista y criminólogo, Luis Izquiel, advirtió que las cifras de homicidios de las FAES demuestran el “aumento de la fuerza letal del Estado” en operativos que son aplicados bajo el estandarte de la seguridad ciudadana, pero que violan los derechos humanos.
El especialista advirtió que ya en 2018, en el estado Aragua las ejecuciones extrajudiciales fueron el móvil más frecuente: hubo 755, según cifras del Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. “Es un patrón que viene presentándose en otros sitios y demuestra una tendencia”, apuntó. La misma organización señaló que los casos de resistencia a la autoridad aumentaron 6 % y pasaron de 4.988 a 5.280 en todo el país.
Para Izquiel, la razón que impulsa tales actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado es la impunidad. “Casi la totalidad de esos homicidios queda sin ningún castigo por parte del Estado”, condenó.
La mayoría de las víctimas de las FAES fueron ejecutadas, indica la data de Monitor de Víctimas. Son 186 casos que representan 73 % del total de las muertes provocadas por este cuerpo policial. Otras 63 personas cayeron por resistencia la autoridad y hay siete cuyo móvil está por determinarse. En promedio, por cada funcionario de las FAES asesinado en 2018 (fueron 5 en total), 51,2 personas cayeron muertas por las acciones de ese cuerpo policial.
La diferencia entre una ejecución extrajudicial y la resistencia a la autoridad, es que en la primera, la víctima está desprovista de armas y en una actitud sumisa ante los uniformados, quienes suelen someterlas dentro de sus viviendas o en la vía pública. En el segunda caso, el caído trata de huir o dispara para enfrentarse a quienes le persiguen.
El criminalista coincidió en que los operativos de este grupo de seguridad continúan la tradición de las OLP y subrayó que en cada uno se hacen búsquedas de presuntos criminales a quienes se practica una especie de “juicio sumario”.
“Al policía se le da autorización para matar, él determina quién es o no culpable. Por eso a veces no hay una sola víctima, sino varias, porque en ese persecución de bandas armadas matan a los delincuentes y a quienes no lo son. Aquí en Venezuela no existe la pena de muerte”, recalcó.
Objetivo: los pobres
Tres meses antes de la masacre de Petare, el 12 de marzo, otra matanza casi tan numerosa sucedió en Caracas por las balas de las FAES: la de la parroquia Sucre (Catia) del Distrito Capital. Ese día, los funcionarios que suelen vestir de negro y tapar sus rostros con máscaras y capuchas, mataron a siete personas, incluyendo a un menor de edad, en los barrios La Silsa, la avenida Morán y Tacagua, los cuales recorrieron entre las 6:00 y 9:00 am.
En mayo, un operativo del grupo dejó otras 7 víctimas en los bloques 11 y 12 de Lomas de Urdaneta, también en la parroquia Sucre, la jurisdicción de Caracas donde las FAES ha cobrado más víctimas: 37 en total. Horas antes, en esos edificios había sido asesinado el oficial de las FAES, Luis Manuel Rizzo González, quien integraba una comisión que presuntamente buscaba a una banda de la zona. Tras el homicidio, decenas de funcionarios se desplegaron y mataron a Aarón Wilkerman Istúriz Bracho, de 26 años; a su primo Jairo Gabriel Istúriz López, de 27; a Albert Isaac Subero Pérez, de 29; Julio César Alemán Tejar, de 20; Jhosmar Omarel Pineda Vargas, de 19; y a Luis José García Rodríguez y Jesús Enrique Matos Betancourt, ambos de 21 años.
Luego de Sucre, la parroquia Petare en el estado Miranda –escenario de la mayor matanza de las FAES– es la que registra mayor cantidad de víctimas en manos de este cuerpo de seguridad: 35 personas. Le sigue Antímano, donde hubo 5 homicidios múltiples y 27 muertos. Allí, más de la mitad de estos hechos (51 %) sucedieron dentro de viviendas.
Un peldaño más abajo está Coche, donde cayeron 25 víctimas. En la parroquia ocurrieron al menos dos masacres en septiembre de 2018 en las torres del urbanismo de Misión Vivienda Ciudad Tiuna, dentro del fuerte militar capitalino. San Juan es la quinta jurisdicción que tiene el mayor número de asesinatos del grupo de exterminio de la PNB: 18.
Todos estos crímenes sucedieron en zonas empobrecidas y urbanismos edificados por el gobierno y entregados a sus seguidores desposeídos. Se trata de barrios que las FAES acostumbra a tomar por completo desde la madrugada para hacer sus operativos, ingresar a la fuerza en las viviendas y establecer toques de queda: nadie entre y nadie sale mientras los policías están allí.
Ese modus operandi se practicó durante las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo, conocidas como OLP, que combinaban en sus procedimientos a varios componentes militares y policiales y dejaron al menos 560 víctimas fatales entre 2015 y mediados de 2017 en toda Venezuela de acuerdo con una investigación publicada por Runrun.es. En apenas un año y solamente en Caracas, las FAES han matado a 46 % del total de víctimas que las OLP se ejecutaron en dos años en el territorio nacional.
>“Eso es una contradicción ideológica porque este gobierno se vende como de izquierda y progresista y esto va en contra de todo lo que defiende la izquierda, porque no respeta los derechos humanos. Además, la totalidad de estas matanzas ocurren en sectores populares. Ellos son los principales asesinos de pobres”, explicó Izquiel.
98 % de las víctimas de las FAES son hombres, apunta el balance 2018 de Monitor de Víctimas. 55 % de ellos (140) eran morenos. Ese era el color de piel de 5 de los 7 caídos en otra de las masacres más condenadas por la opinión pública el año pasado: la de la Torre Viasa, el edificio de la parroquia Candelaria (centro de Caracas) que durante el gobierno de Hugo Chávez fue tomado por familias sin techo y que hoy además funcionaba como sede de pequeñas fábricas de tostones empaquetados en bolsas transparentes y sin marca. Hasta allí llegaron los hombres de negro cuando supuestamente un grupo de delincuentes se escondió en las residencias tras herir de bala a un policía en la avenida Bolívar.
“Esos funcionarios lo que hicieron fue una masacre. Aquí no hubo ninguna clase de enfrentamiento”, comentó a la mañana siguiente del suceso un hombre de unos 60 años que vive en la torre. Él, como todos los vecinos, negó que los supuestos pistoleros se guarecieran en el edificio. Todos los ejecutados, salvo uno que era pastor evangélico, trabajaban con los tostones.
Dos mujeres murieron a manos de las FAES durante 2018 mientras estaban en la línea de fuego: Rusmary Katiusca Aguilar Fernández, quien presuntamente quedó atrapada en un enfrentamiento entre uniformados y delincuentes en Artigas, en la parroquia San Juan de Caracas, es una de ellas.
Lo mismo le sucedió a una mujer no identificada en la calle El Estanque de Coche, en la parroquia homónima, quien cayó junto a su novio, supuestamente perseguido por los uniformados. Además de ellas dos, otra fémina sin identificación murió a manos del cuerpo policial. Ocurrió en una balacera en la avenida Sanz de El Marqués, en el municipio Sucre del estado Miranda, en la que ella presuntamente participó junto a su pareja.
Los más vulnerables
94 % (1.292) de las víctimas de homicidio en Caracas fueron civiles. En todo el año, se registraron 41 policías muertos (la mitad fue asesinada en medio de robos, mientras que 8 cayeron mientras estaban en servicio), además de 7 militares y 4 escoltas. No se pudo precisar la identidad de 20 de los caídos.
Según Monitor de Víctimas, la tasa de personas muertas en manos de los uniformados es de 18,2 civiles por cada 100.000 habitantes en Caracas. 440 de cada 1.000 homicidios sucedidos en la capital fueron cometidos por funcionarios.
Las estadísticas señalan que 53 % de los muertos por violencia de 2018 estaban entre los niveles de educación media (421) y primaria (304) y 2 % (28) no tenía ningún tipo de instrucción. Apenas 7 % cursaron estudios universitarios (86) o de cuarto nivel (6). En 519 de los casos no se pudo determinar el nivel educativo.
Una investigación previa de Monitor de Víctimas concluyó que quienes morían por causas violentas solían ser los más excluídos del sistema educativo. Aquellos que caen en medio de ajustes de cuenta, ejecuciones, resistencia a la autoridad o enfrentamientos entre bandas suelen tener un nivel educativo menor que quienes matan durante robos y secuestros o por violencia de género o política.
Mayo fue el mes en el que se registraron más homicidios en toda Caracas, 151, y también el mismo mes en el que hubo más homicidios múltiples de las FAES: 9 procedimientos en los que murieron tres decenas de personas, de las cuales 24 fueron ejecutadas, según denuncias de familiares y testigos. Los hechos ocurrieron en las parroquias El Cementerio, Antímano, Propatria, El Junquito, Lomas de Urdaneta, La Vega, Carapita, Ciudad Tiuna y El Paraíso, todas del municipio Libertador, en el oeste de la capital venezolana.
En mayo también ocurrió uno de los homicidios por robo más recordados del año pasado: el asesinato del cantautor Evio Di Marzo, de 64 años, a quien le dispararon cuando intentó zafarse de dos atracadores a bordo de motos que querían quitarle su carro.
Abril (150), junio (138), febrero (131) y agosto (122) completan, después de mayo, el cuadro de los cinco meses con más muertes por homicidio de 2018.
Aunque los últimos meses del año solían ser los que registraban mayor cantidad de homicidios, en 2018 el mes con menos muertes fue diciembre. Solo dos hombres murieron en manos de las FAES en los últimos 31 días del año. Se registraron cinco ejecuciones en total y tres por resistencia a la autoridad.
Izquiel indicó que la crisis política y económica venezolana ha provocado que estos meses ya no representen un pico en las estadísticas. Factores como el costo del licor, que se convierte en un accionante de la actividad delictiva, así como la disminución del comercio, la escasez del dinero circulante y el hecho de que los ciudadanos gasten sus ingresos económicos en los productos más básicos, han provocado que el crimen disminuya en estas fechas.
En diciembre, la causa de homicidio más frecuente fue el robo. Hubo 23 víctimas que cayeron por esta razón. También hubo otras 14 muertes con móvil por determinar y 11 por ajuste de cuentas.
El uso de las armas de fuego en los homicidios monopolizó los casos de 2018: de las 1.364 víctimas registradas, 1.010 (74 %) murieron por disparos de pistolas, revólveres, escopetas y fusiles. En 35 casos se usaron armas largas. Estas, en su mayoría (21), fueron usadas por cuerpos como FAES (13), el Cicpc (5), entre otros (31). La segunda arma más utilizada fue la blanca (puñales, objetos punzo penetrantes), que se apuntó en 107 de las muertes.
En 28 casos se usaron dos tipos de armas, mientras que en 7 se emplearon hasta tres.
La frecuencia de la utilización de las armas de fuego para cometer homicidios se apoya, según el criminólogo Izquiel, en la falta de control estadal.
“A pesar de que hay una ley de desarme vigente, no se aplica. La mayoría de las armas son ilegales y esto aunado a la impunidad explica la cantidad de homicidios por arma de fuego”, señaló.
El experto añadió que los homicidios por disparos en la actualidad se cometen con menos cantidad de proyectiles, debido al alto precio de las balas en el mercado negro. La afirmación coincide con las cifras de Monitor de Víctimas: 450 personas fueron asesinadas por el impacto de una bala, mientras que 324 lo hicieron por dos. Tales números corresponden a 77 % de los casos en los que se usó un arma de fuego.
Los datos de Monitor apuntan el descenso cuando se revisa el número de víctimas que murieron por tres disparos: 61. La cifra, no obstante, sube cuando se habla de más de tres impactos: asciende a 228 casos. Pero hay otras variables que intervienen en este repunte.
Quienes parecen haber ahorrado balas son los policías. Son los principales victimarios de quienes murieron por uno (54 % de 450), dos (59 % de 324) y tres (59 % de 61) disparos. Sin embargo, cuando se trata de más de tres impactos de proyectil, la situación cambia y los uniformados son desplazados. En 51 % de las 228 muertes, los responsables son civiles.
En las víctimas con uno, dos o tres balazos, el móvil que presenta mayor cantidad de muertes es, nuevamente, el de ejecución extrajudicial. 35 % de las personas asesinadas por un disparo fueron ejecutadas por cuerpos de seguridad del Estado, un porcentaje que se repite en quienes presentaron dos impactos de bala.
31 % de las personas a las que les dispararon tres veces fueron también víctimas de ejecución. Esto cambia cuando se revisan las causas de la muertes de quienes recibieron más de tres balazos: en 26 % de los casos, el móvil no se ha determinado. En 25 %, fue la ejecución la causa del homicidio.
Si las cifras se enfocan solamente en las acciones policiales, hay otros hallazgos. De las 538 víctimas que murieron en manos de funcionarios (en medio de ejecuciones y enfrentamientos o resistencia a la autoridad) 215 (40 % del total) lo hicieron por un disparo, otros 177 (33 %) por dos impactos, 35 (7 %) por tres y 77 (14 %) por más de tres.
Para el comisario Luis Godoy, ex jefe de la División contra Homicidios de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ) y de Polichacao, el hecho de que casi la mitad de las muertes cometidas por funcionarios se cometan con un solo disparo, genera suspicacia. Estas dudas se fundamentan en el hecho de que cuando un funcionario dispara contra una persona en medio de un enfrentamiento que pone en peligro su vida y la de otros, suele efectuar más de un tiro para “neutralizar” al agresor.
“Cuando hay un presunto enfrentamiento, Cicpc Homicidios y el área técnica de los investigadores tienen que ponerse inmediatamente alertas porque hay que cubrir una serie de pasos para determinar las causas en las que fallece una persona (…) Hay que tomar en cuenta la trayectoria intraorgánica, distancia del disparo, los análisis de trazas de disparos de las manos de los tiradores, las experticias a las armas, testificables, móvil, trayectoria balística. Es como un rompecabezas y son muchísimas piezas. Peso sí crea suspicacia que la mayoría tenga un solo disparo”, aclaró Godoy.
@loremelendez
