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Franqui Francisco Flores De Freitas

¿Podrán ser extraditados a Venezuela? Las preguntas que quedaron después de la sentencia contra los Sobrinos Flores

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Por @adrianitaN

Una historia de dos años, escrita en varios capítulos, llegó a su fin este 14 de diciembre con la imposición de una sentencia de 18 años de prisión en una cárcel de Estados Unidos a los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas. Ambos son sobrinos de la Primera Dama, Cilia Flores y Nicolás Maduro.

Sin embargo, el peso del castigo impuesto por el juez Paul Crotty resultó sorprendentemente bajo para una gran parte de la audiencia. Especialmente porque la Fiscalía pedía 30 años de prisión para ellos, y porque durante el juicio aparecieron mensajes de WhatsApp que daban cuenta de actividades ilícitas muy sangrientas.

Barry Deonarine, abogado penalista graduado en la universidad de Harvard, asistió como público a muchas de las sesiones del proceso judicial que se llevó a cabo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra los primos Flores; también siguió de cerca el desarrollo que tuvo el proceso fuera de la Corte. En esta oportunidad, accedió a responder las preguntas que los lectores de Univision Noticias hicieron sobre este caso, a través del Facebook y otras vías.

– ¿Por qué la sentencia estuvo tan lejos de las proyecciones? ¿Por qué no fue cadena perpetua ni 30 años?

El sistema federal tiene pautas sobre el rango de sentencias disponible en cada caso. El factor clave en este caso es la cantidad de drogas que fue el objeto de la conspiración. Según la cantidad de droga que ellos conspiraban para traer a Estados Unidos la sentencia máxima era cadena perpetua. Pero incluso el fiscal argumentó que esa sentencia de cadena perpetua, aunque fuera una sentencia permisible, era demasiado severa. Ellos entonces le pidieron al juez una sentencia de 30 años.

La defensa estaba buscando una sentencia de 10 años en total, una diferencia de 20 años. El juez dijo que había considerado una serie de factores para poner una sentencia de 18 años de prisión. Primero, que los sobrinos aparentemente no tuvieron historia delictiva; en ese sentido no había historia de haber traficado drogas en el pasado, no se pudo demostrar de parte del fiscal que ellos habían hecho cargamentos de drogas en ocasiones anteriores. También se consideró la edad de los acusados.

Lea la entrevista completa en Univisión.

Fiscalía negó a la defensa de los sobrinos Flores nuevo acceso a pruebas

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En un documento entregado esta semana a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Joon H. Kim, fiscal encargado, confirmó al juez Paul Crotty que no hay material para ser entregado a los abogados de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela.

En la carta se detalla la respuesta del gobierno a la orden emitida por el tribunal el pasado 24 de marzo, en la que se exige a los subfiscales Emil J. Bove III y Brendan F. Quigley entregar todas las evidencias usadas en el juicio y los añadidos reflejados en la respuestas a las mociones finales del caso antes del mes de mayo de 2017.

 

 

No obstante, el fiscal Kim señaló en la comunicación que los materiales solicitados por la defensa de los primos Flores fueron entregados antes del inicio del juicio cuando el jurado los declaró culpables de conspirar por traficar, manufacturar y distribuir 800 kilos de cocaína desde Venezuela a Estados Unidos.

Recuerdó el fiscal que el 14 de noviembre de 2016 los demandados exigieron la entrega de todos los documentos existentes relacionados con dos categorías: el testimonio realizado por CS-1 en enero de 2013 durante un juicio efectuado en Richmond, Virginia, y cualquier declaración falsa u omisión hecha por CS-1 en otras investigaciones y enjuiciamientos. El gobierno cumplió con todas sus obligaciones Giglio relacionadas con estos temas, dijo Kim. Aseguró que en respuesta a los demandados, la Fiscalía informó que antes de junio de 2016, CS-1 no reveló a nadie su tráfico ilícito de drogas entre 2012 y mayo de 2016.

 

 

Destaca la Fiscalía que antes de la audiencia de supresión de pruebas de 2016 se realizó una revisión de los expedientes administrativos de la DEA relacionados a CS-1 en la que se confirmó que no había otros resultados ni pruebas en los que el testigo confidencial de la DEA hubiese mentido a las autoridades, con excepción de los temas que fueron revelados a los acusados antes de la testificación frente al juez.

 

 

Durante el juicio del 15 de noviembre de 2016, aproximadamente a las 9:00 am, el gobierno respondió a una carta enviada por los acusados. Kim asegura que nada más ha sido requerido por la defensa y que constitucionalmente los abogados defensores no tienen el derecho de realizar su propia búsqueda en los archivos del Estado ni de exigirle al fiscal la entrega de un expediente completo. La ley permite que se solicite “solo al fiscal revelar pruebas favorables al acusado que, de ser suprimidas, privaría al acusado de un juicio justo”.

La sentencia de Campo y Flores será leída el 26 de junio en horas de la mañana.

¿Qué debería hacer el Estado venezolano con los sobrinos Flores?

HACE 14 MESES QUE LOS SOBRINOS de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, fueron detenidos en Haití por estar vinculados a una operación de tráfico de drogas. Hace más de un año que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York los imputó por conspirar para ingresar cerca de 800 kilos de cocaína a Estados Unidos. Hace dos meses que ellos, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, fueron condenados en territorio norteamericano por ese delito.

Sin embargo, pese a que las pruebas presentadas en los tribunales estadounidenses indicaron que parte de las reuniones “conspirativas” se llevaron a cabo en Caracas y que los Flores pretendían sacar la droga por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, el Estado venezolano no se ha pronunciado sobre el caso. ¿Qué debe hacer la justicia nacional en este asunto? Dos abogados penalistas señalan lo que cabría esperarse del Poder Judicial.

“Lógicamente, luego de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, donde ha habido todo un procedimiento, un juicio y una condena a estas personas, en Venezuela debería haber, y es algo que debe pedirse en forma vehemente, clara y seria, una declaración de los voceros oficiales”, sentenció el abogado Alberto Arteaga. “Lo menos que puede hacer el Ministerio Público es abrir una averiguación, sin prejuzgar, sobre estos hechos”, agregó.

Para el especialista en derecho penal, el análisis del caso debe centrarse en el tráfico de drogas dentro del entorno presidencial. La clave, según el experto, está en la realización de una investigación imparcial que indique si realmente hubo un uso de elementos, vías, rampas e instrumentos oficiales, y que revele quiénes fueron las personas que estuvieron implicadas en los hechos.

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Pero para Bayardo Ramírez, abogado penalista y ex presidente de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid), una posible investigación sobre el caso está muy alejada de la realidad. Afirmó que mientras no haya Estado de derecho no habrá posibilidad de que la justicia se pronuncie sobre el tema.

“Todavía los políticos nuestros no comprenden que están bajo un régimen totalitario, porque esto no es una dictadura, es un totalitarismo como el de los nazis, el de los fascistas, el de los comunistas (…) Para ellos, el derecho es todo aquello que beneficia al poder, no al hombre como individuo (…) Mientras exista un estado totalitario, no se puede hacer nada. Ellos no vinieron a gobernar, vinieron a destruir democracias”, aseveró.

Leyes violadas

Esta historia comenzó cuando Campo Flores y Flores de Freitas, a través de un tercero, pidieron una reunión con un narcotraficante hondureño apodado “El Sentado”, con el fin de trasladar hasta ese país un cargamento de 800 kilos de cocaína, proveniente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tendría a Estados Unidos como destino final. Lo que no sabían es que “El Sentado” era, en realidad, un informante de la Drug Enforcement Administration (DEA) y que, desde su primer hasta su sexto encuentro, serían seguidos, grabados y fotografiados para comprobar que, efectivamente, planeaban trasladar droga hasta Norteamérica.

Para Ramírez, la aplicación de las leyes venezolanas sería suficiente para abrir un procedimiento contra los Flores. “Ellos no son jóvenes que cayeron por liviandades, son traficantes que cayeron en eso hace mucho tiempo”, apuntó.

Arteaga recordó que el delito por el cual condenaron a Campo Flores y Flores de Freitas en Estados Unidos no fue el de tráfico de drogas, sino el de “conspiración” para transportar cocaína a territorio americano. “Eso quiere decir que se juzgó el acto preparatorio. Una conspiración es ponerse de acuerdo para un hecho”, agregó.

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En Venezuela, de acuerdo con los abogados consultados, ese cargo de “conspiración” se traduce como “asociación para delinquir”, el cual está previsto y sancionado dentro de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

“Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para cometer uno o más delitos de los previstos en esta Ley (se incluye el tráfico de drogas), será castigado, por el solo hecho de la asociación, con pena de cuatro a seis años de prisión”, se lee en el artículo 6 de esta normativa.

Según Ramírez, las faltas cometidas por los Flores también están contempladas dentro de dos tratados internacionales de las Naciones Unidas que fueron suscritos por Venezuela hace más de 15 años.

Uno de estos documentos es la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, al cual se adhirió Caracas en 1988. En su artículo 3, referido a los delitos y sanciones, establece que “la asociación y la confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos, y la asistencia, la incitación, la facilitación o el asesoramiento en relación con su comisión”, deben ser tipificados como delitos penales dentro de las leyes de cada una de las partes que firmaron el tratado.

Más adelante, en el numeral 5 del mismo artículo, se añade: “Las Partes dispondrán lo necesario para que sus tribunales y demás autoridades jurisdiccionales competentes puedan tener en cuenta las circunstancias de hecho que den particular gravedad a la comisión de los delitos tipificados de conformidad con el párrafo l , del presente artículo, tales como: a) La participación en el delito de un grupo delictivo organizado del que el delincuente forme parte; b) La participación del delincuente en otras actividades delictivas internacionales organizadas; c) La participación del delincuente en otras actividades ilícitas cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito; d) El recurso a la violencia o el empleo de armas por parte del delincuente; e) El hecho de que el delincuente ocupe un cargo público y de que el delito guarde relación con ese cargo”.

El punto “e” podría tomarse en cuenta en el caso de Campo Flores y Flores de Freitas, ya que de acuerdo con las grabaciones recogidas por la DEA, el cargamento saldría por la rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, destinada exclusivamente para el uso del Presidente de la República.

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La conspiración por la que fueron condenados los sobrinos Flores está también contemplada en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo de 2000, también suscrita por Venezuela.

En el artículo 5 de este documento, que trata sobre la “Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado”, se indica que “cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: (…) i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave con un propósito que guarde relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material y, cuando así lo prescriba el derecho interno, que entrañe un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar adelante ese acuerdo o que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado; ii) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su intención de cometer los delitos en cuestión, participe activamente en actividades ilícitas del grupo delictivo organizado”.

Nuevamente, el punto “i” hace referencia a la asociación para delinquir por la que serían enjuiciados los sobrinos si se abriera un proceso judicial contra ellos en Venezuela.

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¿Y los tíos? Por Marianella Salazar

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La autocensura practicada por los medios en manos del régimen o de sus enchufados y testaferros quedó en evidencia con el escandaloso ocultamiento del veredicto unánime de un gran jurado, en un tribunal de Nueva York, que declaró culpables a los llamados narcosobrinos de la pareja presidencial: Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas. Esos medios decidieron esconder el sol con un dedo e inútilmente desaparecieron la noticia bomba de sus periódicos y canales de televisión. Las impactantes grabaciones, los mensajes de celulares, correos y documentos fueron tan contundentes que la defensa no tuvo otra estrategia que apelar a la lástima del jurado, al declarar que los pobres muchachos “eran tan estúpidos que es muy poco probable que pudieran armar una conspiración para traficar 800 kilos de cocaína hacia Estados Unidos”.

Allí está la confesión –grabada secretamente– de esos dos “hombres nuevos”, productos finamente acabados de la narcorrevolución, que se ufanaban del poder de los tíos que les facilitaron sus pasaportes diplomáticos, y como un par de bocones se las echaban de su dinero proveniente del narcotráfico. Los sobrinos presidenciales resultaron ser dos expertos en manipular cocaína de alta pureza con guantes quirúrgicos, de esos que hacen falta hoy en los hospitales de este país.

Todas esas aberraciones fueron borradas de la memoria oficial, de los medios rojos y semirrojos venezolanos, mientras el escándalo puso a Maduro a bailar con sus narcosobrinos, en diferentes memes en las redes sociales que se hicieron virales en cuestión de minutos. Pero lo verdaderamente inaceptable es que el Ministerio Público no haya ordenado una inmediata investigación, que revele cuál es la conexión de los narcosobrinos con la familia Maduro-Flores, las complicidades existentes en la Presidencia de la República, el Ministerio de la Defensa y la Cancillería, que tienen mucho que explicar o, mejor dicho, confesar sobre el uso que los narcosobrinos dieron a la rampa 4 –la rampa presidencial en el aeropuerto Simón Bolívar–, convertida en una de las pistas preferidas por los narcotraficantes, sean miembros de la narcoguerrilla de las FARC, los narcosoles o de ¿ex aliados revolucionarios?, como Walid Makled, que usaba sus aviones de Aeropostal para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos, hasta llegar a los “estúpidos” narcosobrinos que la usaban a sus anchas.

Inventaron un supuesto complot político y acusaron al gobierno de Estados Unidos de secuestro, y hasta de sembrar el caso para promover una invasión. Un argumento que causó risas en el jurado cuando los abogados, pagados por el magnate rojo Wilmer Ruperti –con dólares obtenidos sin licitación en Pdvsa–, intentaron aplacar la contundencia de las pruebas y, lo que es más grave, la poderosa fuerza de las grabaciones en las que también dejan al descubierto la lucha de poder entre el número dos, Diosdado Cabello y la familia Maduro-Flores.

El caso de los narcosobrinos es la punta del iceberg. La justicia internacional descubrirá y enjuiciará a los verdaderos capos que manejan la extensa red de narcotráfico desde Venezuela hacia Estados Unidos y Europa. El país está a un tris de ser declarado como narcoestado. La Asamblea Nacional debe llegar hasta las últimas consecuencias e impedir que el G3 de la MUD, encompinchado con los representantes del narcorrégimen, paralice las investigaciones en las mesas de diálogo, como hicieron con el debate sobre las responsabilidades políticas del tío en la debacle del país.

 

@AliasMalula

El Nacional 

 

Tras veredicto en caso de sobrinos Flores, ONGs aseguran que toma fuerza tipificación de Venezuela como “Estado Mafioso”

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La Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado hicieron un llamado a las autoridades competentes para que tomaran medidas inmediatas para aclarar ante el país la grave situación que pone en evidencia la naturaleza “mafiosa” del gobierno venezolano, tras conocerse el viernes 18 de noviembre que sobrinos de la pareja presidencial venezolana fueron condenados en EE UU por narcotráfico.

A juicio de la organización, la decisión del jurado de una corte de Nueva York de declarar culpables a Efraín Campo Flores y su primo Franqui Francisco Flores de Freitas, por conspirar para importar, manufacturar y distribuir cocaína en Estados Unidos, deja al descubierto el extenso entramado de corrupción y actividades ilícitas que sustentan la disminuida institucionalidad y el casi inexistente estado de derecho en Venezuela.

En noviembre del 2015, el Observatorio de Delito Organizado publicó una nota editorial ¿Evidencias del “Estado Mafioso” en Venezuela?, llamando la atención en cuanto a las implicaciones de la detención de dos familiares directos de la familia presidencial venezolana por actividades de narcotráfico internacional, lo que se podía interpretar como una clara señal de la penetración de una amplia red en el poder político y económico de la nueva clase dominante en Venezuela.

Por lo tanto, el veredicto del pasado viernes, más allá de ser un incidente con la justicia norteamericana, es la confirmación de una práctica delictiva que el gobierno venezolano ha adoptado desde hace más de una década, exponiendo a la sociedad venezolana a los graves peligros que conllevan la relación con grupos de delincuencia organizada como lo son el tráfico de drogas, lavado de dinero, sicariato, contrabando, secuestro y extorsión, entre otros.

En el contexto de las características de un “Estado Mafioso”, según reseña el periódico mexicano La Razón, el “sobrino de Maduro revela en audio que el chavismo opera el narco en Venezuela”, esta afirmación se desprende del material que forma parte de “las pruebas presentadas por la Fiscalía de NY en el juicio contra Efraín Campos y Francisco Flores” (…) En una grabación realizada por agentes encubiertos de la DEA, Efraín Campo, uno de los narcosobrinos de Nicolás Maduro reconoce que el control del negocio de la droga en Venezuela está en manos del chavismo”. En el país sudamericano operan “el Cártel de los Soles —controlado por altos oficiales de las Fuerzas Armadas— y, por otro lado, la gente del gobierno, que eran unos ejecutivos que habían estado trabajando (traficando droga) y entre todas las personas se encargaron de eliminar a todo aquel que intentaba entrar a trabajar al país”, confiesa Campo en una conversación del 26 de octubre del 2015 en Caracas con la DEA.

Otro dato que aporta el Observatorio de Delito Organizado a la descripción de un “estado mafioso”, es el aumento del número de funcionarios del gobierno venezolano y de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) involucrados en tráfico de drogas. Tras la detallada revisión mensual de más de veinte diarios de circulación nacional, regional e internacional y de emisiones televisivas de noticieros, entre el agosto 2015 y agosto de 2016, se reseñaron a casi 40 militares de alto y bajo rango, así como altos funcionarios del actual gobierno venezolano relacionados con este tipo de delito organizado”.

Hablan los expertos

Para poner en perspectiva los sucesos ocurridos estos últimos días, Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado, resalta que “en algunas de las Ex Repúblicas Soviéticas se han instaurado nuevas formas de gobierno e instituciones que surgieron a partir de sus revoluciones. Tales gobiernos presentan algunas debilidades en cuanto a la solidez de su estado de derecho, así como de sus sistemas de contraloría, dejando el control de la institucionalidad del estado en manos de las nuevas élites, algunas corruptas y con poca formación política que vieron en el manejo del estado grandes oportunidades de enriquecimiento. Estas son llamadas en algunos casos “Estados Mafiosos”. Estos “estados” son controlados por una pequeña élite que puede estar conformada por familias dominantes (estilo la Cosa Nostra) o pequeños grupos de poder que se identifican con un “Poligarca”, que se define como un oligarca con poder político y gran poder económico oculto a través de testaferros, o una mezcla de estos”, precisa Cedeño.

Tales consideraciones fueron debatidas el pasado mes de julio en el Foro “El desmantelamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela” ¿Qué tipo de estado somos?, actividad organizada por la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado, con el objetivo, analizar en profundidad la compleja problemática del impacto del crimen organizado en los diferentes ámbitos de Venezuela, no sólo como estado sino como país, con una situación socio-económica y política que cada día nos hace más vulnerable a este flagelo.

¿Estado Fallido? ¿Estado Forajido? ¿Estado Delincuente?  ¿Estado Dual o Anómico? ¿Estado Mafioso?  “Más que acuñar una definición lo que pretendemos es demostrar la presencia y engranaje de la delincuencia organizada en el estado venezolano”, precisó al comenzar su presentación Marcos Tarre (autor con Carlos Tablante de la publicación “Estado Delincuente”). Tarre repasó con la audiencia las etapas de la Delincuencia-Estado: Primera etapa “Depredadora”: los criminales se expanden a costa de rivales y del Estado. Segunda etapa, “Parásita”: los criminales usan recursos del Estado para expandirse y mantener el poder. Y la tercera etapa, “Simbiótica”: los criminales crean un estado dentro del Estado. Afirma Marcos Tarre que “estas tres etapas conviven simultáneamente en Venezuela”.

 

“La República Bolivariana de Venezuela es considerada por la Comunidad Internacional y por los Organismo Multilaterales, que rigen la materia, como el principal puente de la salida de la droga desde Suramérica a hacia otros continentes”, como lo señaló la experta Mildred Camero, en el Foro “El tráfico de drogas ilícitas en Venezuela: ¿Institucionalidad comprometida?”, realizado el 31 de mayo de este año en Caracas.

“En Venezuela, el tráfico de drogas a nivel internacional, está en manos de ciertos grupos que ejercen funciones de seguridad nacional. En otras palabras, son miembros de nuestras fuerzas armadas, de los cuatro componentes y cuerpos policiales civiles”, indicó Mildred Camero, durante su exposición

 

 

* Con información de nota de prensa

 

Infografía | ¿Quiénes quedaron salpicados por el caso de los sobrinos Flores?
En las reuniones, en el vuelo, en la captura, en el proceso judicial, en el juicio. Al momento de planificar cómo iban trasladar 800 kilos de cocaína entre los aeropuertos de Maiquetía y Roatán,  Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas se aliaron a una serie de personajes cuyos nombres están hoy en manos de la justicia estadounidense

 

@loremelendez

DESDE LA PRIMERA DAMA DE VENEZUELA hasta su guardaespaldas. Los sobrinos de Cilia Flores, quienes fueron declarados culpables por el delito de conspiración para traficar y distribuir droga en Estados Unidos, estuvieron rodeados de políticos, funcionarios policiales, empresarios y narcotraficantes que les ayudaron a establecer las conexiones necesarias para planificar lo que hubiese sido su “gran golpe”, ese que le reportaría ganancias de al menos 20 millones de dólares.

Tras ser capturados en Puerto Príncipe, Haití, el pasado 10 de noviembre de 2015, confesaron ante la oficina estadounidense de Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) quiénes estaban detrás de sus negociaciones y cuáles eran sus motivaciones. En el camino, también se conocieron otros personajes que resultaron salpicados por el caso.

 

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Detalles de la jornada de cierre en el juicio de los sobrinos Flores

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Los fiscales de Estados Unidos pidieron el jueves al jurado del caso de narcotráfico que involucra a dos sobrinos de la primera dama de Venezuela que encuentre culpables a ambos, a pesar de que un testigo clave fue acusado de mentir durante el proceso.

Durante los argumentos de cierre en una corte federal de Manhattan, el fiscal asistente Brendan Quigley reconoció que lo ocurrido con el testigo José Santos Peña es “un factor importante” en el juicio, pero pidió a los jurados que se concentren en otras evidencias contra Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores.

Los abogados los sobrinos de Cilia Flores, la esposa del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, respondieron que el testigo “infecta todos los aspectos” del juicio. “¿Sin él, cuál es su caso?”, preguntó al jurado David Rody, abogado de Flores de Freitas.

Hace dos días, los fiscales tomaron la inusual decisión de invalidar un acuerdo de cooperación con el testigo, después de que la defensa presentó evidencia que dijo que mostraba que había mentido y traficaba drogas en secreto.

 

Fue un revés para el Gobierno en un caso con potenciales consecuencias para las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

Los fiscales han acusado a Flores de Freitas, de 31 años, y Campo Flores, de 30, de intentar usar uno de los aeropuertos de Venezuela para enviar cientos de kilos de cocaína a Estados Unidos a través de Honduras. Sus arrestos en noviembre fueron resultado de una operación encubierta que involucró a informantes pagados. Nunca se envió la droga.

Los fiscales dijeron que su objetivo era, en parte, conseguir efectivo para contrarrestar el financiamiento que ellos creían que Estados Unidos entregaba a la oposición antes de las elecciones legislativas de diciembre del 2015. El Partido Socialista Unido de Venezuela perdió su mayoría en la Asamblea Nacional después de la votación.

Quigley dijo el jueves a los jurados que deberían concentrarse en los mensajes de texto y grabaciones telefónicas que muestran que los sobrinos estaban “deseosos y entusiasmados por hacer operaciones de narcotráfico”.

“La evidencia en Venezuela no viene de la boca de Santos Peña”, dijo Quigley.

Los abogados de los acusados sostienen que sus clientes no son lo suficientemente entendidos para realizar un negocio de narcotráfico tan grande y fueron engañados por informantes que buscaban congraciarse con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, que les pagaba grandes montos por atraer a objetivos de alto perfil.

 

¿Podrían los sobrinos Flores salvarse de ir a la cárcel?
La defensa insistió desde el principio en desacreditar a los informantes de la DEA, aunque las pruebas presentadas por la Fiscalía habían puesto a los acusados contra la pared
Franqui Francisco Flores De Freitas y Efraín Campo Flores –este último, además de sobrino es hijo de crianza de la Primera Dama– podrían ser sentenciados a estar tras las rejas entre 5 y 40 años

 

@loremelendez

EL VIERNES 18 DE NOVIEMBRE, Miraflores será un escenario de suspenso. Ese día no habrá una marcha para pedirle la renuncia a Nicolás Maduro, ni se reunirá el gobierno con la oposición en un cónclave secreto. Sin embargo, para la pareja presidencial, el día será crucial: por fin conocerá el veredicto del caso que Estados Unidos le sigue a sus sobrinos, Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, quienes están acusados de conspirar para introducir droga en territorio norteamericano.

La novela que incluyó informantes encubiertos, reuniones en varios países de Latinoamérica, grabaciones ocultas, fotografías de armas, correos electrónicos, testeo de cocaína y la actuación de funcionarios de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), llegará así a un capítulo final después de un año. Como buen culebrón, su desenlace es incierto.

Para tomar la decisión, los 12 miembros del jurados se someterán a un período de deliberaciones que comenzará el jueves 17 de noviembre, un día antes de que se sepa si los sobrinos son culpables o no. Para eso han estado dos semanas en un juicio que ha transcurrido entre las acusaciones que la defensa de los Flores ha lanzado contra los testigos que colaboraron con el organismo estadounidense, y las pruebas que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha mostrado al jurado. De ambos lados se han presentado audios y videos para tumbar los argumentos del contrario.

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Etapa culminante

En los casos de conspiración por drogas, el gobierno de EE UU debe probar que hubo un acuerdo entre dos o más personas para violar una ley federal en esta área. Igualmente, debe demostrar que cada acusado tuvo pleno conocimiento del plan y que actuó por su propio consentimiento.

En el juicio de los sobrinos, la Fiscalía ha presentado grabaciones –hechas por los informantes– en las que Campo Flores se reconoce como un traficante de estupefacientes con experiencia, que pretendía ejecutar esta operación para destinar parte de los fondos a la campaña electoral de su tía Cilia, quien para ese entonces iba rumbo a los comicios parlamentarios de diciembre pasado. Con estos argumentos, se cumpliría lo que la ley establece para llevar a los acusados tras las rejas.

Sin embargo, la última jugada de Randall W. Jackson, John T. Zach, Joanna C. Wright, David M. Rody, Michael D. Mann y Elizabeth A. Espinosa, abogados de la reputada y costosa firma Sidley Austin LLP que defiende a los Flores, ha sido maestra. Desde el principio pusieron la mira sobre el gobierno de Estados Unidos, al cual acusan de conspirar e incitar a los sobrinos presidenciales a negociar con cocaína.

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Para probar su teoría, los defensores se han dedicado a atacar a los informantes que suministraron las pruebas que incriminan a sus clientes. En el proceso los han señalado por no haber dejado de traficar droga mientras prestaban colaboración a Estados Unidos y por mentirle a la DEA. Tanta insistencia provocó que este martes, a uno de los testigos – José Santos Peña– le fuese invalidado el acuerdo de cooperación que le permitiría salir de la cárcel. La decisión sorpresiva compromete la evidencia que había aportado: justamente los audios que incriminan a Campo Flores.

Los escenarios

Dos expertos dan pistas sobre lo que puede pasar en el capítulo final. Por un lado, la jueza venezolana Mildred Camero, quien presidió la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid). Por otro, una abogada estadounidense consultada por Runrun.es. Aquí lo que puede pasar:

No culpable:

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La defensa tendría que probar que, efectivamente, los informantes mintieron y que las pruebas entregadas por el gobierno de EE UU no son suficientes para culpar a los Flores. Con la anulación del acuerdo de cooperación de Santos-Peña, según la experta en leyes americanas, la veracidad de las evidencias de la Fiscalía se comprometen y el caso se debilita.

Camero explicó que, desde el asesinato en México del agente de la DEA Enrique Camarena, la agencia se vale de fuentes confidenciales, que han traficado drogas en el pasado, para hacer sus investigaciones. Es probable que estos reincidan en su mal comportamiento.

Culpable:

Para Camero, todos los argumentos de la defensa se cayeron cuando la Fiscalía presentó los videos que muestran a un Campo Flores que se jacta de hacer negocios con el narcotráfico desde los 18 años. “Los fiscales suelen guardar este tipo de evidencias tan contundentes y mostrarlas entre el cuarto o quinto día de juicio (como ocurrió en el caso), para que así no haya ningún argumento con el que puedan ser rechazadas”, comentó. Por esta razón, la jueza está convencida de que los familiares de la primera dama terminarán en prisión.

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¿Posibles cooperantes a futuro?

No es descabellado pensar que los sobrinos puedan convertirse, luego de ser condenados y tener buena conducta dentro del penal, en colaboradores del sistema de justicia norteamericano. Si bien no recibirían el mismo trato que los testigos protegidos, afirmó Camero, sí podrían prestar sus conocimientos y testimonios para desenmascarar a otros narcotraficantes venezolanos. Para ello, la información que suministren debe ser muy detallada y precisa. Este sería un vehículo para negociar su sentencia y rebajar su pena.

¿Y si el jurado no se pone de acuerdo?

Las decisiones de los jurados deben ser unánimes para poder ser emitidas. Si esto no ocurre, se declara un “mistrial” o juicio nulo. Entonces, queda en manos de la Fiscalía la decisión de proceder con un nuevo juicio o no, explicó la abogada estadounidense.

Otro elemento que podría dar pie a un “mistrial” sería la muerte de un jurado o de un abogado, la actuación indebida de un jurado, errores graves en el proceso, y cualquier otro hecho que pueda comprometer una decisión imparcial.

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