Científicos forenses del estado mexicano de Sonora desenterraron 10 cadáveres de fosas comunes ubicadas cerca de la ciudad costera de Puerto Peñasco, con lo que aumentó a 52 el total de cuerpos y esqueletos hallados en el área desde octubre.

Voluntarios de la organización Madres Buscadoras de Sonora, que intenta hallar a desaparecidos, les avisó a los fiscales acerca de las fosas en el desierto cercano al Golfo de California, indicó el sábado la procuraduría del estado.

Las autoridades comenzaron a extraer los restos a fines de octubre. Forenses mexicanos están realizando las autopsias.

A menudo, bandas de secuestradores y narcotraficantes entierran los restos de gente que han asesinado en lugares clandestinos como la zona de las fosas de Puerto Peñasco.

La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) pidió hoy a las diferentes instancias del Estado ser “diligentes” en las investigaciones sobre lo sucedido con los 14 cadáveres hallados el pasado 9 de marzo en una fosa de la antigua Penitenciaría General de Venezuela (PGV).

“Solicitamos al Poder Público Venezolano en sus diferentes instancias se aboque urgente, diligente, efectiva y sin retardo a las investigaciones pertinentes que conduzcan al esclarecimiento de la verdad”, dice la CEV en un comunicado publicado en su página de la red social Facebook.

Hace una semana la ministra para el Servicio Penitenciario de Venezuela, Iris Valera, informó que habían sido encontrados restos humanos enterrados dentro de la PGV.

Dos días después, el Ministerio Público (MP) comunicó que se encontraba realizando investigaciones y que “hasta los momentos se han recuperado 14 cadáveres, de los cuales nueve tienen sus cráneos”.

Este suceso ha sido calificado por la CEV como un “terrible descubrimiento” al señalar que el hecho “traduce la vulneración a derechos fundamentales como la vida, y la presunción de penas, torturas y tratos crueles e inhumanos y degradantes”.

En ese sentido, la Iglesia católica pide al Ministerio del Servicio Penitenciario “garantizar la integridad y la dignidad de los privados y privadas de libertad, para que no se repita una lamentable tragedia como esta”.

La CEV también pide a la sociedad venezolana que exija a las autoridades “la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad” y exhorta a orar por ellos.

La PGV, ubicada en el céntrico estado Guárico, fue desalojada el pasado 28 de octubre atendiendo a un plan de pacificación que impulsa el Estado venezolano y con ese proceso se empezaron a hallar restos humanos en esa cárcel y, según indicaron entonces otros presos de la institución, en el sitio habría varias fosas comunes.

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha denunciado el hacinamiento de los centros de reclusión de Venezuela, tanto cárceles como calabozos estatales y municipales, que albergan aproximadamente a 85.000 personas, y que ha degenerado en el incremento de la violencia.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que vela por los derechos humanos de los privados de libertad, y con respecto al hallazgo de 14 restos humanos en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), denunció este miércoles través de un comunicado que desde hace 8 años (2009) los familiares de Francisco Guerrero Larez denuncian su desaparición forzada de dicha penal, donde se encontraba recluido, sin que hasta la presente fecha se les haya dado a la familia una adecuada respuesta.

En el comunicado, el OVP resalta una serie de hechos que dejan al descubierto los intentos por parte de los familiares y diversas instancias nacionales e internacionales de investigar la desaparición de Guerrero Larez, que el Gobierno Nacional no acató. Por esto, exhorta al Ministerio Público a investigar la responsabilidad que tuvieron los funcionarios venezolanos tanto por acción o por omisión, así como exhortó al Estado a investigar las reiteradas denuncias de abusos en cárceles, indemnizar a los familiares de los desaparecidos. El Observatorio pide también al Defensor del Pueblo adoptar una posición firme frente a la crisis penitenciaria y a la ministra Iris Varela explicar al país la indiferencia que mantuvo durante años ante las reiteradas denuncias de la desaparición de presos en la PGV y las informaciones sobre posible existencia de fosas comunes.

A continuación todas las declaraciones del comunicado del OVP:

1.- A través de una Resolución la Corte Interamericana de Derechos Humanos en fecha 17 de noviembre de 2009, emitió medidas provisionales a favor del Sr. Guerrero Larez y le requirió al Estado venezolano “que adopte, de forma inmediata, las medidas que sean necesarias para determinar la situación y paradero de Francisco Dionel Guerrero Larez y para proteger su vida e integridad personal”.

2.- El Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control. San Juan de los Morros, el 04 de diciembre de 2009 estableció:

Audiencia Oral Constitucional: en aras de darle eficacia a la acción de Habeas Corpus, ordena al Ministerio Público que se dirija la Investigación Inmediata a objeto de dilucidar el paradero del ciudadano Francisco Dionel Guerrero Larez, debiendo realizar dentro de sus diligencias, entrevista a testigos e inspección dentro de las instalaciones de la Penitenciaría General de Venezuela para determinar la veracidad de la denuncia expresada en este acto constitucional.

3.- Cuatro años después la Corte Interamericana de DDHH emitió otra Resolución de fecha 19 de agosto de 2013, en la que resuelve “deplorar que el Estado no haya dado cumplimiento a las presentes medidas provisionales que se adoptaron para determinar la situación y paradero de Francisco Dionel Guerrero Larez y para proteger su vida e integridad personal”.

4.- Ante la falta de voluntad del Estado venezolano de cumplir el mandato de la Corte e investigar la desaparición del señor Francisco Guerrero acompañamos a los familiares para que elevaran el caso ante el Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura. En mayo de 2015, el Comité emite su pronunciamiento siendo la primera decisión que adopta sobre la desaparición de presos en cárceles venezolanas.

5.- El Comité Contra la Tortura instó al Estado: (a) que inicie una investigación exhaustiva y efectiva sobre las circunstancias que rodearon la desaparición del Sr. Guerrero Larez en la PGV; (b) que procese, juzgue y castigue a los responsables de las violaciones cometidas y (c) conceda una indemnización y rehabilitación de conformidad con la Convención al Sr. Guerrero Larez, en caso de estar vivo, y a los familiares. El Comité instó al Estado venezolano a que le informara, en un plazo de 90 días contados a partir de la fecha de la decisión, sobre las medidas que haya adoptado de conformidad con las anteriores constataciones.

6.- Tal como lo hizo ante las Medidas Provisionales de la Corte, el gobierno venezolano adoptó una absoluta indiferencia ante la decisión del Comité Contra la Tortura. Si en lugar de asumir esa conducta hubiera acatado, las dos decisiones de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, muchas vidas se hubiesen salvado, pero prefirió no hacer absolutamente nada.

7.- El OVP viene diciendo desde hace casi 8 años, en diferentes instancias, que se debe buscar al Sr. Guerrero Larez, sin tener hasta el momento una oportuna y adecuada respuesta de parte del Estado. Con los resultados del hallazgo de una fosa común en la PGV queda confirmada nuestra denuncia. Pero es importante destacar que familiares, algunos medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos veníamos advirtiendo la posibilidad de existencia de fosas comunes en varias cárceles del país, teniendo como respuesta la descalificación de los denunciantes y negando que tal situación se presentase.

8.- El Ministerio Público debe investigar la responsabilidad, que por acción o por omisión pudieran tener funcionarios de distinto rango del sector carcelario, de la Guardia Nacional Bolivariana en el asesinato y desaparición forzada de reclusos, así como también la que pudiesen tener algunos presos.

9.- El Estado por mandato constitucional es responsable de la vida de las personas privadas de libertad. No puede pretender descargar lo acontecido como un asunto entre internos. Se debe investigar responsabilidad de funcionarios. No olvidemos las reiteradas denuncias de graves abusos contra los internos en esa cárcel y en otras del país por parte de funcionarios Penitenciarios. Durante años organizaciones de derechos humanos, familiares e internos vienen denunciando malos tratos, torturas y hasta ejecuciones.

10.- El Estado Venezolano tal como lo estableció el Comité Contra la tortura en el caso del Sr. Guerrero Larez debe indemnizar a los familiares de las víctimas. Garantizar que los familiares puedan dar una sepultura digna a las personas lamentablemente asesinadas

11.- Exhortamos al Defensor del Pueblo a adoptar una posición firme frente a la grave crisis penitenciaria. Hoy el país está conmovido por la fosa común encontrada en la PGV pero no debemos olvidar que semanalmente hay asesinatos de privados de libertad en cárceles así como retenes policiales sin que el Estado demuestre voluntad de enfrentar estructuralmente esta problemática

12.- Exigimos a la Ministra del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios María Iris Varela explique al país la indiferencia que mantuvo durante años ante las reiteradas denuncias de la desaparición de presos en la PGV y las informaciones sobre posible existencia de fosas comunes.

13.- Finalmente, reiteramos una vez más que para avanzar en la lucha contra la violencia y las graves violaciones de derechos humanos en las cárceles del país se requiere cumplir con el mandato constitucional que ordena la descentralización de las cárceles, que sean administradas, por los gobiernos regionales y manejadas por penitenciaritas con credenciales académicas universitarias y se requiere sumar todos los esfuerzos de quienes desde distintas posiciones y actividades pueden aportar para transformar de manera positiva el Sistema Penitenciario Venezolano.

*Con información del Observatorio Venezolano de Prisiones

La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) dijo hoy que existen fosas comunes en cárceles del país al validar la información publicada en un diario local que difundió las denuncias de presos que supuestamente han sido testigos de esta situación en un penal, reseña Efe.

“Esta información corrobora lo que nosotros hemos venido diciendo desde hace muchos años, esto no es nuevo lo que pasa en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV)”, dijo el director de la OVP, Humberto Prado, al circuito radial Unión Radio, al ser consultado sobre las denuncias que han salido de esta cárcel.

El diario de circulación nacional Últimas Noticias difunde hoy una denuncia de un grupo de prisioneros de la PGV, ubicada en el centro de Venezuela, que asegura que varios reclusos han sido asesinados y sepultados en cuatro fosas comunes dentro del mismo internado judicial.

Prado reiteró que la situación no es nueva y comentó que el OVP y los familiares del preso Francisco Guerrero denunciaron en 2009 su desaparición de la PGV, un caso que fue presentado ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas.

“Naciones Unidas decidió y responsabilizó al Estado venezolano por esa desaparición (…) esa decisión salió en el año 2014 y ahora es que vienen a poner como titular que hay fosas comunes y resulta que desde hace años se está denunciando este tipo de desapariciones dentro de la PGV”, comentó el activista.

El portavoz de la ONG dijo que Francisco Guerrero, según sus compañeros del penal, es un ejemplo de estas “desapariciones forzadas” dentro de la PGV y fue víctima de los llamados “pranes” o líderes que operan dentro de la cárcel y que le cobran a otros internos la llamada “causa” o el “derecho a vivir” en el internado.

“Cobran la causa los grupos (de presos) que están organizados que se conocen como pranes que están operando bajo la mirada cómplice del propio Estado”, señaló Prado, quien comentó que los compañeros de Guerrero le informaron que este recluso, hoy desaparecido, se negó a pagarle a los líderes del penal.

El diario Últimas Noticias cita a reclusos de la PGV que aseguran que los llamados pranes “rompen el piso, meten los cuerpos, les echan cal y tapan otra vez con cemento”.

Hasta el momento el Ministerio para el Servicio Penitenciario no se ha pronunciado sobre el caso.

Eleonora Delgado / El Nacional

El general Carlos Martínez, la autoridad única militar de la Zona de Seguridad N° 1 para el primer grupo de municipios bajo estado de excepción en Táchira, informó que fueron localizados los restos de una persona en avanzado estado de descomposición. Indicó, a través de Telesur, que dieron con el cadáver gracias a “un patriota cooperante”.

De acuerdo con la información, el cuerpo fue enterrado en un área boscosa de Terrazas de Santa Margarita de la localidad de Llano Jorge, entre los municipios Bolívar y Pedro María Ureña.

La osamenta fue recuperada por funcionarios del Cicpc que la trasladaron a la Unidad de Anatomía Patológica, en el cementerio municipal de San Cristóbal, para iniciar la investigación y precisar la identidad.

Martínez dijo tener información de que en las cercanías del río Táchira pudiera haber otras fosas comunes.

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La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que expertos en genética de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de los Derechos Fundamentales del Ministerio Público lograron la identificación de seis restos de 13 cadáveres que fueron hallados el pasado 5 de mayo en tres fosas comunes por parte de los organismos de seguridad en la población de Ureña, estado Táchira.

Las víctimas fueron identificadas como Eider Rangel Saenz  (de nacionalidad colombiana), y los venezolanos Brayan Duran Carrero, Sergio Parra Valderrama, Luis Fernando Maldonado Estupiñán, Nelson Sandoval Suárez y Edder Valbuena Guerrero .

Así lo dio a conocer durante el programa Justicia y Valores, transmitido por el circuito Unión Radio 90.3 FM, donde detalló que la individualización de los cuerpos se logró mediante la realización de un análisis de perfil genético por filiación heredo-biológica.

Por otra parte, la Fiscal General también informó que este martes 23 de junio el Ministerio Público solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la radicación de la causa que se sigue contra Yonny Eduardo Bolívar Jiménez , por su presunta vinculación con la muerte de la intérprete de señas de Venevisión, Adriana Urquiola.

Destacó que la solicitud fue realizada por la fiscal  59ª nacional, Marisol Zakaria, y explicó que “este requerimiento es una figura jurídica que se puede hacer cuando se considera que en el sitio donde se adelanta el proceso penal pueda tener algún impacto negativo o sea un obstáculo para el desarrollo pleno de la verdad de los hechos”.

Cabe mencionar que esta causa actualmente se lleva ante el Tribunal 6° de Control del estado Miranda.

Los restos de diecisiete personas,  enterrados en fosas comunes, han sido hallados en un año en el municipio Pedro María Ureña del estado Táchira, en la frontera colombo-venezolana. La militarización no ha podido frenar la violencia y el control territorial de las bandas criminales que operan en la zona 

@AdrianitaN

Doce osamentas humanas, enterradas en tres fosas comunes ubicadas en una zona boscosa del municipio Pedro María Ureña, en el estado Táchira, fueron localizadas por autoridades militares venezolanas, entre la tarde del lunes 4 de mayo de 2015 y el mediodía del día siguiente.

Aunque la noticia causó alarma en Venezuela y Colombia, y fue difundida por medios y agencias internacionales de información, este no es el primer caso de hallazgo de una fosa común en el estado Táchira.

El 9 de marzo de 2o14 se conoció la noticia del asesinato de cinco colombianos, cuyos restos fueron enterrados en una fosa común del lado venezolano de la frontera, cercana al caudal del Río Táchira.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó el cierre nocturno de la frontera con Colombia, el 9 de agosto de 2014. La suspensión del tránsito fue tomada como una medida para detener el contrabando de extracción, según el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) de la época, Vladimir Padrino López. Efectivos de la FANB serían los encargados de resguardar la frontera de cualquier actividad delictiva.

Luego de que el gobierno de Estados Unidos impusiera sanciones a siete funcionarios del gobierno venezolano por su presunta vinculación con hechos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, el 18 de marzo de 2015, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, ordenó a la FANB “reforzar el resguardo de toda la frontera de Venezuela”. Casi dos meses después, se dio el hallazgo de la segunda fosa común en catorce meses.

Ambos sucesos están unidos por cinco coincidencias:

1. Cementerio en Ureña

9 de marzo de 2014. Los cuerpos de los cinco ciudadanos colombianos, identificados por Semana como Rubén Hernández, Luis Flórez, Héctor Gómez, Mario Enrique Santamaría y Welman Nieto Coronell, fueron hallados en un  sector llamado “La Roca”, del municipio Pedro María Ureña, del estado Táchira. Los restos humanos fueron encontrados a pocos metros de la orilla del río Táchira, del lado venezolano.

4 de mayo de 2015. Doce osamentas humanas, aún sin identificar, fueron halladas en el sector La Mulata, en el municipio Pedro María Ureña, del estado Táchira.

2. El testigo “estrella”

9 de marzo de 2014. El medio colombiano Caracol Noticias, informó que a partir del testimonio de un sobreviviente de la masacre fue que los familiares lograron ubicar el lugar en el que se encontraban enterradas las víctimas. En este caso, las autoridades policiales y militares de Venezuela brillaron por su ausencia. Los propios deudos desenterraron los cuerpos y los llevaron a territorio colombiano.

4 de mayo de 2015. Según la versión del diario tachirense La Nación la primera pista para el hallazgo de las fosas fue el testimonio de un presunto paramilitar, detenido por funcionarios del ejército venezolano a finales de la tarde del lunes 4 de mayo. Durante los interrogatorios el testigo aseguró conocer dónde habían asesinado y sepultado a un “sinnúmero” de personas

3. Bajo tierra

7 de marzo de 2014. Familiares presumen que la muerte de los cinco ciudadanos colombianos pudo suceder entre el viernes 7 y el sábado 8 de marzo de 2014.

De 6 meses a 1 año antes. Eleonora Delgado, periodista local consultada por Runrunes, aseguró que los cuerpos encontrados en la fosa de Ureña se encontraban en un estado de descomposición que podría ser signo de una fecha de muerte que superaría los 12 meses. La Nación asegura que la masacre se cometió a finales de 2014.

4. Ejecutados y «desaparecidos»

9 de marzo de 2014. Los cadáveres de los cinco ciudadanos colombianos estaban maniatados, y sepultados en una única fosa común, al momento de ser hallados por los familiares, según reseñó La Nación. Presentaban signos de haber sido abaleados en la cabeza, el cuello y la boca.

4 de mayo de 2015. En un reportaje hecho para El Nacional, Eleonora Delgado dijo que los asesinos rociaron con cal los cuerpos para acelerar el proceso de descomposición y mitigar los olores de los cadáveres. La periodista, al ser consultada por Runrunes, explicó que no fue posible identificar los rostros de las víctimas. En la fosa sólo se hallaron huesos, que están siendo identificados por médicos forenses.

Sin embargo, el gobernador de la entidad, José Vielma Mora, afirmó que “estaban totalmente uniformados”. “Se cree, se está evaluando, que sean paramilitares. Alrededor habían botas militares, fornituras, pertrechos militares, parte de un fusil AK y de un fusil utilizados por el Ejército colombiano», dijo.

También se ha manejado la versión de que los cadáveres correspondan a un varios jóvenes desaparecidos en Ureña en los últimos meses.

5. Los Urabeños

10 de marzo de 2014. El vicefiscal general de Colombia, Jorge Fernando Perdomo, aseguró que las primeras hipótesis del asesinato de los cinco colombianos, hallados en las cercanías del Río Táchira, apuntaban a que los responsables serían miembros de la banda criminal los “Urabeños”.

4 de mayo de 2015. El grupo irregular Los Urabeños también ha sido señalado como el posible responsable de la matanza de las doce personas halladas en la aldea La Mulata. Las investigaciones del caso fueron asignadas por el Ministerio Público venezolano a las fiscales 2º nacional auxiliar, Grendy Duque; 20º del Táchira, Marelvis Mejía, y 8º de ese estado, María Arthaona.

Los Urabeños es una de las denominadas bandas criminales emergentes (Bacrim) que operan en la frontera colombo-venezolana. Tanto “Los Urabeños”, como “Los Rastrojos” y “Las Aguilas Negras” son grupos paramilitares derivados de las, hoy extintas, Autodefensas Unidas de Colombia.

Desde su formación, estimada en el año 2006, se han dedicado al contrabando de extracción de combustible y a actividades vinculadas con el narcotráfico. La militarización del lado venezolano de la frontera no parece ser un factor disuasivo de las acciones de estos grupos irregulares, que defienden el control territorial.