CON TAN EXTREMADA DILIGENCIA QUE RESULTA SOSPECHOSA, la Sala de Casación Penal (SCP) del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) mediante sentencia n.° 378 del 6 de diciembre de 2018, declaró procedente la solicitud de extradición de Alejandro Andrade al Gobierno de Estados Unidos, sólo unos días después de que este fuera condenado a diez años de prisión por la Corte de West Palm Beach de Florida el 27 de noviembre, tras declararse culpable por su participación en una trama de corrupción en que desfalcó a Venezuela por más de mil millones de dólares.
También resalta la diligencia de la Fiscalía General en este caso, ya que al día siguiente de la captura de Andrade por el FBI (Oficina Federal de Investigación) el 22 de noviembre en Estados Unidos, el fiscal 28° venezolano solicitó su orden de aprehensión y el Juzgado 42º de Control libró la orden de captura respectiva.
Adicionalmente, el fiscal designado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, anunció la difusión de alerta roja internacional contra Andrade. Posteriormente, el 28 de noviembre, la fiscal 37° solicitó su extradición; el día 30, la SCP recibió el caso y, como ya se indicó, el 6 de diciembre la Sala declaró procedente la solicitud de extradición, es decir, en sólo cinco días hábiles tomó la decisión.
Acceso a la Justicia debe destacar que Andrade fue un importante funcionario del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. Participó en su intento de golpe de estado de 1992 contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez; luego en 1998, durante su campaña electoral fue su guardaespaldas, y posteriormente, pasó a cargos más importantes como su secretario, tesorero de la nación (2007-2010) y presidente del Banco de Desarrollo Económico (Bandes), por mencionar algunos de ellos.
Dejó además una estela de señalamientos y acusaciones por parte de diputados de la Asamblea Nacional en su momento, por numerosos ilícitos de distintas magnitudes que lo llevaron a engrosar la lista de los llamados “boliburgueses”. Años después se conoció que vivía en Estados Unidos, en una zona exclusiva de Florida y que era propietario de quince vehículos (tres de los cuales eran carros de golf) y al menos diecisiete caballos de salto, que fueron confiscados por las autoridades norteamericanas al aprehenderlo.
Ya desde 2007 Andrade estaba bajo investigación del FBI por su participación en un entramado de transacciones ilegales entre funcionarios venezolanos y operadores financieros en suelo norteamericano, aunque su reciente detención fue por haber incumplido los acuerdos de cooperación que mantenía con la Fiscalía Sur del Estado de La Florida, que lo obligaban a proporcionar información acerca de los negocios turbios de altos personeros del Gobierno nacional en territorio estadounidense, pero incumplió esos acuerdos y así, el 27 de noviembre, una corte lo condenó a diez años de prisión.
Por tratarse de delitos cometidos en Estados Unidos, la solicitud de extradición de Andrade que está haciendo el TSJ no es procedente. Es decir, su aprehensión en ese país no fue producto de una solicitud del Gobierno venezolano, de hecho, en ese momento ni siquiera tenía prevista una orden de captura por no haber investigación ni proceso judicial abiertos, sino que su detención y condena fueron por delitos cometidos en Estados Unidos: el no cumplir con los acuerdos a los que se comprometió con la Fiscalía. En todo caso, el teniente retirado podría ser devuelto al país una vez que cumpla su condena, pero no antes.
Lo irregular de la sentencia venezolana antes mencionada, además de una solicitud de extradición que no procede en este momento y en la situación planteada, estriba en que antes de esta petición no había proceso judicial alguno en el país en relación con Andrade. En efecto, de la narrativa del fallo del TSJ se evidencia que la orden de aprehensión librada por el tribunal de control nacional por presuntos actos de corrupción en el año 2007, es posterior a la detención de Andrade en territorio estadounidense.
Tampoco consta en la sentencia del TSJ que el militar retirado haya sido imputado formalmente antes en Venezuela por los delitos que ahora se le atribuyen (peculado doloso propio previsto en el artículo 54 de la Ley contra la Corrupción, concertación de funcionario público con contratista, artículo 72 de la misma ley y legitimación de capitales, artículo 35 de la Ley contra la Delincuencia Organizada), por lo que resalta el tiempo récord con el que decidió la Sala solicitar la extradición, puesto que el 22 de noviembre de 2018 se tuvo noticias de la detención de Andrade por esconder o mentir a los investigadores federales, siendo testigo protegido, y la sentencia del TSJ es del 6 de diciembre.
A la luz de los hechos antes descritos, Acceso a la Justicia plantea las siguientes interrogantes: ¿por qué el Gobierno quiere traer a Andrade? ¿Para hacer justicia en los casos de corrupción en los que estaría involucrado mientras fue funcionario? ¿Para evitar que siga cooperando con el Gobierno de Estados Unidos y delate a personeros de la gestión de Maduro o de Chávez? ¿Para rescatarlo y absolverlo o pasarle factura?
Por la forma como se maneja la justicia en Venezuela, con un juicio “fabricado” a toda velocidad después de la detención de Andrade y con un Poder Judicial que no es independiente, la probabilidad de que la solicitud de extradición del TSJ sea para hacer justicia no resulta evidente.
Con información de Acceso a la Justicia
