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El Tren de Aragua: detrás de la explotación sexual de migrantes en Latinoamérica
La organización criminal conocida como Tren de Aragua se ha expandido en toda Latinoamérica a costa de uno de los delitos más atroces: la explotación sexual de mujeres y niñas, especialmente venezolanas, a quienes les ha tocado migrar por las condiciones sociales y políticas del país
Audios interceptados a esta megabanda, así como los testimonios de mujeres migrantes víctimas de trata y declaraciones de funcionarios oficiales de Colombia, Venezuela, Chile y Perú hacen parte de esta investigación que detalla cómo opera la red criminal, que empezó en Venezuela, y se expandió con fuerza en al menos cinco países de la región
Este especial realizado en colaboración entre El Espectador, de Colombia, y los medios de la Alianza Rebelde Investiga (Runrun.es, El Pitazo y Tal Cual), de Venezuela revela cómo los concursos de belleza regionales, las academias de modelaje y las falsas ofertas de trabajo son utilizados como mecanismos de captación de mujeres y niñas utilizados por la organización criminal basada en el estado Aragua

 

El Espectador 

Alianza Rebelde Investiga (ARI)

“Los primeros meses que estuve ahí era ‘carne fresca’. Decían: ‘ya llegó carne fresca’, ‘tiene 17 años’, ‘tiene 16’, ‘es una niña‘. Terminé primero en un estudio webcam por la desesperación, la necesidad de tener un hijo al que sacar adelante y no tener un empleo. Nadie está ahí por placer, nadie esta ahí porque le gusta (…) Cuando logras salir de ahí es sumamente difícil porque, si tienes hijos, te amenazan con que van a matar a tus hijos. Incluso tú, teniendo a tu familia en Venezuela, tu familia no está segura. Las amenazas casi siempre son amenazas de muerte”, contó Catalina*, una migrante venezolana que cayó en manos de una red de trata operada por el Tren de Aragua en Colombia.

Desde 2018, cuando la diáspora venezolana se incrementó (más de 7 millones de personas han dejado Venezuela buscando protección y una vida mejor, según Acnur) por la inestabilidad económica y política del país, esa es una de las realidades más dolorosas y palpables de la crisis. Las cifras oficiales sobre trata de personas con fines de explotación sexual no dimensionan el fenómeno y el subregistro de casos es incalculable.  Entre 2018 y marzo 15 de 2023, solo 147 migrantes venezolanas han sido registradas por el Ministerio del Interior como víctimas de explotación sexual en Colombia. 

Catalina es una de las muchas víctimas de este delito que no está en las cifras de las entidades. Migró cuando tenía 16 años, evadiendo los radares de las autoridades migratorias, por la trocha (paso fronterizo irregular) conocida como La Platanera, por los cultivos de plátano que atraviesan el río Táchira, hasta llegar a territorio colombiano. Iba con su hijo de brazos, en busca de un trabajo que le permitiera pagar sus gastos y ayudar con dinero a su familia en Venezuela. 

En La Parada, en esa frontera porosa en territorio colombiano en el departamento de Norte de Santander, a donde llegaron 7.052 migrantes venezolanas en enero de 2023, según los registros de Migración Colombia, el control territorial no es del Estado colombiano, sino de los grupos armados al margen de la ley. Son varios y responden a diferentes nombres: Rastrojos, Autodefensas Unidas Colombo Venezolanas, Paisas, entre otros, pero según las personas que decidieron dar su testimonio para este reportaje, bajo la condición de reservar su identidad por razones de seguridad, el control de la vida y de los principales negocios se lo disputan hoy la guerrilla del ELN y el Tren de Aragua.

El Tren de Aragua es la banda criminal más poderosa de Venezuela, que en los últimos cinco años se ha expandido en Colombia y otros seis países de Latinoamérica (Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Brasil y Panamá). Lo ha hecho financiando y engrosando sus redes y estructuras a punta de extorsiones, secuestros, contrabando, tráfico de estupefacientes y trata de personas, con fines de explotación sexual. Pero este último crimen, a diferencia de cómo se representa en las películas, con formas violentas desde el comienzo, es de cocción lenta y eso dificulta su investigación. 

 

 

La trata de mujeres para la explotación sexual es una de las más de 20 economías ilícitas en las que ha incursionado el Tren de Aragua. Esta investigación identificó que la relación de los pranes (presos que lideran las actividades en las cárceles en Venezuela) y este delito comenzó entre mediados y finales de la primera década de 2000, cuando las visitas de familiares y parejas a los privados de libertad se convirtieron en pernoctas, con una permanencia prolongada de estas visitantes que comenzaba los viernes y se extendía todo el fin de semana o varios meses. No había un control institucional sobre esta práctica y eso facilitó que ingresaran mujeres y niñas para ser prostituidas.

La exportación de este delito a través de los vagones del Tren de Aragua comenzó entre 2017 y 2018, en los peores años de la emergencia humanitaria compleja de Venezuela. Una funcionaria de la policía judicial explicó que fue durante estos años cuando aumentaron drásticamente las denuncias y detenciones asociadas a este delito.

Aunque no hay cifras oficiales que permitan tener una idea de la gravedad de este delito, la creación de una oficina en la policía científica dedicada exclusivamente a la investigación de la trata en septiembre de 2022, pudiera ser un indicador del crecimiento que ha tenido esta economía ilícita y la preocupación que ha despertado en las autoridades.

La mayoría de las víctimas de trata del Tren de Aragua tienen como destino al menos cuatro países de Suramérica: Colombia (como se ha explicado), Ecuador, Perú y Chile.

En Chile, el grupo criminal parece haber conseguido en la trata para explotación sexual un nicho criminal que permite mover unos 37.000 dólares mensuales solo en la región de Tarapacá, según revela un informe de la fiscalía de esa localidad.

Un funcionario de la policía de Chile, que pertenece a una unidad de élite creada en ese país para investigar al Tren de Aragua, aseguró que actualmente la pandilla venezolana ha concentrado su operación en Chile en dos economías ilícitas: el tráfico de drogas y la trata. Estas actividades le generan al grupo criminal importantes rentas, y además en ocasiones obligan a las mujeres captadas para la trata para pasar droga de un territorio a otro.  

La fiscal de Tarapacá explicó que fue el desmantelamiento de una red de trata de mujeres venezolanas lo que dio origen a la investigación en Chile sobre la presencia del Tren de Aragua. La funcionaria confirmó que entre las víctimas de la organización criminal hay niñas y adolescentes, y dijo que la edad promedio de las víctimas oscila entre los 25 y 35 años de edad. El patrón se repite en Perú, Ecuador y Colombia.

Aquí se puede leer la primera entrega del especial.

 

Detienen a joven por captar a adolescentes para explotación sexual y trata de personas
Este es el tercer caso de trata de personas reportado en menos de un mes en el país

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvo a una joven de 19 años que presuntamente se dedicaba a captar a adolescentes para someterlas a explotación sexual y trata de personas, según informó este sábado el director de la institución, Douglas Rico, vía Instagram.

De acuerdo con el funcionario, Diorezky Alejandra Toro Useche llevaba a niñas y adolescentes, bajo engaño, a hoteles de Caracas en donde era ofrecida a hombres que abusaban de ellas. Por cada víctima, la muchacha ganaba 300 dólares.

El procedimiento en donde fue capturada Toro Useche ocurrió en la avenida Urdaneta, parroquia Altagracia de Distrito Capital. En el sitio rescataron a  dos adolescentes de 15 años que habían tenido «un encuentro íntimo» con un hombre llamado Frank que era buscado por las autoridades, comentó Rico en la red social.

La joven fue puesta a la orden de la Fiscalía con competencia en delitos de trata de personas del Ministerio Público.

 

 

Este es el tercer caso de trata de personas reportado en el país en un mes. El pasado 10 de febrero, funcionarios del Cicpc rescataron en el estado Sucre a dos adolescentes, de 15 y 16 años, de una red de trata de personas, luego de ser reportadas como desaparecidas.

Ese mismo día, el MP informó de la detención de dos hombres y dos mujeres por su presunta responsabilidad en la trata de dos adolescentes, de 13 y 14 años de edad, con fines sexuales, que también habían sido reportadas como desaparecidas en el estado Aragua.

 

Los datos que revelan que venezolanos son víctimas de formas de esclavitud moderna
En el marco de la actividad minera, quienes hacen vida en el sector manifiestan que se prefiere el uso de mujeres jóvenes, advirtió el CDH-UCAB

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) advirtió este jueves, 8 de septiembre, que los venezolanos son víctimas de formas de esclavitud moderna.

De acuerdo con el Informe para Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal de Venezuela, este es el país latinoamericano con mayor índice de personas víctimas de alguna forma de esclavitud moderna.

Con respecto a las víctimas, aproximadamente el 74% son mujeres y el 25% está constituido por niñas y adolescentes. Asimismo, 75% de las víctimas femeninas sufren explotación sexual y laboral.

Por otra parte, el informe advierte que las mujeres vírgenes son vendidas entre los 10 y 13 gramos de oro.

En el caso de las víctimas masculinas, según el CDH-UCAB, la tendencia es utilizarlos para trabajos forzosos y traslado y tráfico de armas.

Dado el incumplimiento de condiciones laborales, sueldos, horas y beneficios, el CDH-UCAB señaló que el 90% de los venezolanos son víctimas de la explotación laboral.

Entre mayo y junio del 2020, según el CHD-UCAB, unas 257 personas víctimas fueron rescatadas por organismo de seguridad del Estado «ante el flagelo de trata y esclavitud». De esa cifra, 53 eran niños, niñas y adolescentes.

El CDH-UCAB detalló que las personas son captadas a través de ofertas laborales engañosas o experiencias de vida exitosa falsas.

Actividad minera

En el marco de la actividad minera, quienes hacen vida en el sector manifiestan que se prefiere el uso de mujeres jóvenes, advirtió el CDH-UCAB.

Las edades de las víctimas oscilan entre los 12 y los 35 años. En el caso de las mujeres, son llamadas para trabajos de cocina y «luego son obligadas a servir sexualmente a quienes están en los campamentos mineros».

*También puede leer: Kapé-Kapé: Implementación del Arco Minero aumentó la violencia contra las mujeres indígenas

Cicpc rescata a seis jóvenes víctimas de explotación sexual en Anzoátegui

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, (Cicpc) rescató a seis jóvenes, de entre 15 y 19 años, que eran víctimas de explotación sexual en un hotel ubicado en la avenida Fuerzas Armadas de Barcelona, estado Anzoátegui, según informó este sábado el director de la institución policial, Douglas Rico.

El reporte indica que funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Trata de Personas iniciaron las investigaciones luego de que se denunciara como desaparecida a una de las jóvenes rescatadas. El propietario del hotel y otro hombre mantenían a las muchachas en cautiverio «bajo amenaza de muerte».

De acuerdo con la información revelada, los dos hombres forzaban a las víctimas a prostituirse y les daban 10 dólares cada vez que tenían sexo con un cliente.

 

 

A través de su cuenta en Instagram, Rico señaló que las jóvenes eran captadas por redes sociales, donde les ofrecían trabajos con ingresos de «sumas considerables». El caso fue puesto a disposición del Ministerio Público.

El pasado lunes, Rico informó sobre la creación de las Coordinaciones de Investigaciones sobre Trata de Personas en todo el territorio venezolano, con la intención de minimizar el delito, «dado el incremento de denuncias por parte de familiares de las víctimas», señala un cable de la agencia EFE.

El ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, aseguró, el pasado 29 de julio, que en el país se han desmantelado 11 bandas dedicadas a la trata de personas, aunque no precisó el período de tiempo en el que se llevaron a cabo estas actuaciones. 

 

Niñas y adolescentes migrantes venezolanas en riesgo de terminar en redes de trata en la frontera
César García, director de operaciones y coordinador regional de la Fundación Venezolanos en Cúcuta (Funvecuc), Casa Venezuela, advirtió sobre la actividad sexual por supervivencia

Muchas niñas, adolescentes y mujeres migrantes venezolanas que se van a Colombia, corren el riesgo de ser abusadas y caer en redes de trata.

Así lo reveló el Instituto Venezolano de Prensa y Sociedad (IPYS) a través de su microsite «Tejiendo Redes: Constructoras de Paz en Venezuela».

De acuerdo con un artículo, muchas niñas y adolescentes venezolanas que huyen de la emergencia humanitaria «desconocen sus derechos y tienen la necesidad de protección».

Tal es el caso de Rosa Sánchez, venezolana de 17 años, quien vive desde hace tres años en el corregimiento colombiano La Parada, municipio Villa del Rosario, en el departamento Norte de Santander, frontera con Venezuela.

La joven salió de su país a causa de la situación económica. Ahora, con una bebé de 10 meses, trata de sobrevivir removiendo el espeso barro que se acumula cuando llueve en las trochas que unen ambos países.

Según el texto, Sánchez llegó a Colombia con su madre y en el camino encontró pareja, otro joven venezolano con quien comparte las labores del día.

Sobre las ganancias, Rosa dijo que su oficio le da para pagar el alquiler del día. Alrededor de 20.000 pesos colombianos, unos 5.40 dólares es lo que logran reunir al final de la jornada.

Necesidad de protección

El artículo señala que el aspecto de Rosa es el de una persona que recibe poca alimentación. Está muy delgada y tiene su dentadura en mal estado, lo cual puede ser señal de desnutrición. Además, tiene dificultades de lenguaje y es un poco retraída.

No obstante, su bebé aparenta estar mejor. Tiene un peso normal y de aspecto sano. Pide estar con su mamá cuando otra persona la carga en brazos.

La joven venezolana contó que en La Parada, donde reside, conoció a unas personas que le ofrecieron al principio apoyo pero que después pretendían quitarle a su hija.

“Cuando iba a tener a la bebé, me llevaron al hospital y quienes me llevaron estaban más preocupados por mi bebé que por mí. Nunca quise regalarla porque sé que puedo hacer todo por ella y salir adelante. Creo que hice lo necesario para que no me la quitarán”, contó.

Sexo para sobrevivir

César García, director de operaciones y coordinador regional de la Fundación Venezolanos en Cúcuta (Funvecuc), Casa Venezuela, advirtió sobre la actividad sexual por supervivencia.

“Vas a ver a venezolanas que las reconoces haciendo está actividad porque deben mandar recursos a sus hijos que se quedaron en el país o dinero para medicamentos del padre o la madre enfermos y por 10.000 o 15.000 pesos (entre tres a cinco dólares) deben recurrir a esta actividad”, advirtió García.

 

Además, señaló la situación de vulnerabilidad de la población migrante en cuanto a la necesidad y el hambre, pues detrás de esto, están los grupos armados que manejan el «negocio».

También, García advirtió de zonas donde incluso se ofrecen las mujeres y adolescentes en el corregimiento de La Parada o en el centro de la ciudad de Cúcuta, las cuales están repartidas y administradas por estos criminales.

Gleidys Oliveros, docente venezolana, migrante, activista social y voluntaria de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) en la zona, advirtió que la explotación sexual está ocurriendo.

Al respecto, Oliveros alertó que muchas niñas son marcadas por grupos delictivos y algunas de ellas se convierten en las damas de compañía de estas personas.

“Ves a esas niñas y aparentemente no están mal, llevan una vida que parece cómoda. Les hacen un tatuaje en una parte del cuerpo para identificar a qué organización criminal pertenecen. Eso lo he visto durante mi estadía en frontera y como cualquier persona tuve temor de inmiscuirme más porque me puede generar un problema. Me limité a observar”, alertó Oliveros.

*Puede leer el texto completo aquí

DDHH olvidados | Yolanda recibió una oferta de trabajo en Colombia y fue víctima de red de tratas
A Yolanda le ofrecieron un trabajo en Colombia y al llegar fue amenazada para que tanto ella como una de sus hijas fueran explotadas sexualmente

@ValeriaPedicini

Una vecina le ofreció a Yolanda* una oferta de trabajo en una ciudad fronteriza de Colombia vendiendo cafés. Todo con la promesa de que podría mejorar las condiciones de vida que tenía Venezuela. Le contó que había estado en el país vecino y le había ido muy bien, así que a ella seguramente también. Yolanda no estaba muy segura porque no quería dejar a sus dos hijas, de 6 y 8 años, pero le dijo que no se preocupara y que podía llevarse a las niñas con ella. 

Se ofreció a pagar los costes del viaje, hospedaje y comida de Yolanda, su esposo y sus dos hijas. Yolanda aceptó y poco tiempo después iniciaron el viaje. 

Los cuatro cruzaron la frontera. Del otro lado del territorio venezolano, una persona les estaba esperando para trasladarles al lugar donde, en principio, iban a residir y trabajar. 

“Resulta que cuando llegamos acá, no era lo que ella nos había dicho”. La vecina le dijo: “No, tú no vienes a trabajar vendiendo tintos. Tú vienes a  trabajar de prostituta. Y tu hija de ocho años ya tiene clientes, porque ella se tiene que acostar con personas mayores que les gusta estar con niñas menores de edad”. 

Yolanda dijo que no. 

Pero uno de los tratantes empezó a acosarla y, finalmente, la agredió sexualmente. “El señor entra al cuarto con un cuchillo y me lo pone en el cuello. Me dice que me quedara quietecita que ahí estaban las niñas y que si yo no abría las piernas, él podía atentar contra la vida de ellas y contra la mía”. 

Cuando el hombre intentó abusar sexualmente de una de sus hijas, Yolanda reaccionó. Lo empujó, agarró sus cosas y escapó de la vivienda. 

Una vez Yolanda se encontró con su esposo, le contó lo sucedido y este fue a retirar sus pertenencias de la casa. Pasaron la noche en una plaza pública y una pareja de policías se acercaron a preguntarles por su situación. Le contaron lo sucedido y los policías dijeron que no era la primera vez que ese señor tenía problemas y que ese tipo de historias solían ocurrirle a mujeres venezolanas.

Yolanda y su familia pasaron varias noches durmiendo en la calle y un día, mientras su marido estaba fuera, se acercó un hombre que le preguntó si era venezolana y se ofreció a ayudarle. El hombre la puso en contacto con una organización que ayuda a personas en situación de vulnerabilidad. 

La organización entró en contacto con varios organismos nacionales e internacionales, así como con la policía especializada en el delito de trata de personas, pero esta entidad no atendió la solicitud de manera inmediata. La asistencia básica, como la compra de productos básicos de aseo y alimentación, salud primaria, hospedaje en un hotel y medidas de protección se la brindaron varias organizaciones, pero fue de carácter temporal. 

Yolanda sigue esperando justicia

Yolanda presentó una denuncia por el delito de trata de personas ante la Fiscalía General de la Nación de la ciudad en la que se encontraba. No obstante, el personal de la Fiscalía determinó que su caso no se correspondía con un delito de trata de personas con fines de explotación sexual, sino de inducción a la prostitución. Esta decisión tendría graves consecuencias posteriormente en el reconocimiento de sus derechos y de medidas de protección. 

Pero ella no se detuvo. Unos días después, con el apoyo de una organización, Yolanda se acercó a la Secretaría de Gobierno con el propósito de activar la ruta de protección y asistencia para la atención de víctimas de trata, pero los funcionarios que la atendieron le informaron de que en su caso no era posible activar dicha ruta, pues en la denuncia ante la Fiscalía el delito registrado era inducción a la prostitución

Una de las organizaciones envió información sobre la situación de Yolanda a la Defensoría del Pueblo correspondiente, entidad que, a su vez, solicitó a la Secretaría de Gobierno Municipal de la ciudad que activara la ruta de atención inmediata a víctimas de trata de personas. La respuesta fue la misma: no procedía porque su caso no había sido registrado como trata de personas. 

Ante la falta de protección debido a los problemas de identificación como víctima de trata y debido a la grave situación económica en la que se encontraba, Yolanda decidió volver a Venezuela junto a su familia. Al llegar a su ciudad natal, empezaron a recibir amenazas de muerte por parte de la red de trata, así que decidieron volver a Colombia. Pero las amenazas continuaron. Esta situación fue puesta en conocimiento de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía para que otorgaran medidas de protección, pero Yolanda nunca recibió respuesta.

La autoridad competente en la protección de víctimas de trata no activó de manera integral la ruta de protección y asistencia a la Yolanda que tenía derecho. No tuvo acceso a vivienda, ni a empleo, ni a las mínimas condiciones de sobrevivencia y sus hijas se encontraban sin escolarizar.

Tanto ella como su familia presentaban serios problemas de salud que no habían sido tratados debido a que no contaban con afiliación al sistema de salud. Las continuas amenazas hicieron que Yolanda tuviera mucho miedo por su seguridad y la de su familia, algo que afectaba seriamente su salud psicológica. 

Acompañada por Women’s Link, Yolanda llevó su caso a la justicia, donde llegó hasta la Corte Constitucional. Yolanda reclamaba ser reconocida como víctima de trata de personas y que la Corte dictara medidas urgentes y estructurales para que las autoridades colombianas mejoraran su capacidad de coordinación, identificación y protección integral a todas las víctimas de trata, incluidas sus familias, especialmente en el nuevo contexto de COVID-19. Se trata de la primera vez que la Corte revisa un caso de trata en el que la víctima es una mujer migrante y ordena medidas de protección.

517 mujeres venezolanas fueron rescatadas de redes de trata de personas durante el año 2020, según registró el informe “Libres y Seguras” de la organización civil Mulier Venezuela, presentado en el III Seminario de Trata de Personas, organizado por Éxodo.

“La decisión provisional de la Corte Constitucional permitirá mejorar de manera inmediata la situación de Yolanda y su familia. Esperamos que cuando la Corte emita una decisión de fondo sobre este caso, muchas más mujeres víctimas de trata, sin importar su nacionalidad ni su estatus migratorio, puedan acceder a las medidas de corto y mediano plazo contempladas en la ley que les permitan recomponer sus vidas”, afirma Ana Margarita González, abogada de Women’s Link Worldwide.

*Yolanda es un nombre ficticio para proteger su identidad y seguridad.

 

Dhayana Fernández-Matos Abr 25, 2021 | Actualizado hace 4 semanas
Feminización de las migraciones

@dhayanamatos

Hablar sobre migraciones se ha convertido en un tema cotidiano en la vida de la población venezolana. Todas las personas conocen a alguien o tienen algún familiar que, debido a la crisis humanitaria del país, ha tenido que salir. Y la diáspora no deja de crecer.

Según la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Migrantes y Refugiados de Venezuela (R4V), se estima en 5.642.960 las personas venezolanas en movilidad y, a este ritmo, es bastante probable que para finales de año se superen los seis millones.

Colombia con un total de 1.742.927 entre personas refugiadas y migrantes, Perú con 1.049.970 y Chile con 457.324, son los tres países con la mayor proporción de personas de nacionalidad venezolana.

Destaca el hecho de que se trata de una migración sur-sur, ya que más del 75 % del total se concentra en la región latinoamericana. En ese sentido, es importante tener presente que los países de destino no son los que presentan los índices de desarrollo humano más alto; se trata de países que tienen problemas estructurales no resueltos. Se distinguen por tener una institucionalidad débil en la mayoría de los casos, hay corrupción en distintos niveles, presentan altos índices de criminalidad, violencia contra las mujeres basada en el género y descomunales brechas sociales. En ese contexto, muchos venezolanos viven en condiciones de pobreza en países con un alto porcentaje de su población que también está en estas circunstancias.

Aunque estos estados no son el “sueño” colombiano, peruano, chileno o ecuatoriano de alguien, no obstante, son sociedades que, aun en sus circunstancias, están en mejores condiciones socioeconómicas y sanitarias que las que tiene Venezuela. Esto lleva a muchas personas a trasladarse y a insertarse en el mercado laboral de los países de destino, en condiciones precarias y son vulnerables a la explotación en sus distintas manifestaciones.

La magnitud de la migración venezolana –entendiendo migración en sentido amplio que incluye también a las personas refugiadas, solicitantes de refugio, necesitadas de protección internacional, migración pendular y otras formas de movilidad humana– ha sido comparada, por la rapidez con la que se ha dado y por la afectación en los países vecinos, con la ocurrida en Siria.

Se observa que el interés en la migración venezolana ha venido creciendo constantemente. Se realizan investigaciones a nivel nacional e internacional sobre distintas dimensiones de este proceso. En este sentido, se precisa destacar cómo viven las mujeres, las niñas y las adolescentes este fenómeno.

Es importante tener presente que hombres y mujeres no se ven afectados de igual manera por el proceso migratorio. Se requiere tener un enfoque de género, centrado en las mujeres, e interseccional, que permita evaluar el impacto que este fenómeno tiene en la vida de las mujeres, adolescentes y niñas migrantes venezolanas.

Desde los años 80 del siglo XX, se comenzó a indagar sobre la feminización de las migraciones, que se refiere no tanto al aumento del número de mujeres en los procesos migratorios –lo que no es novedoso– sino a comprender sus propias motivaciones y experiencias en dichos procesos. Además, implicó que se desmontara la falsa creencia de que las mujeres siempre migraban con un hombre: su pareja, novio, padre, hermano, entre otros, para que se empezara a observar que tenían sus propias motivaciones y que sus procesos migratorios diferían de los de estos. En definitiva, que “las aves de paso también son mujeres”, en referencia al título de un trabajo pionero en esta materia, escrito por Mirjana Morokvásic en 1984.

En el caso de las mujeres venezolanas migrantes, se requiere visualizar que su desplazamiento es muy variado. Están las que se trasladan con su pareja y conforman familias nucleares de padre, madre, hijos e hijas, pero existen otras maneras de desplazarse. Las madres que se trasladan con sus hijos sin la compañía de un hombre; las que son madres, pero se trasladan sin sus hijos, quedando estos en Venezuela bajo el cuidado de otra persona, en la mayoría de los casos, otra mujer; las que se van con una pareja y sin hijos; las que se van con familiares hermanas/os, primas/os, entre otras/os; las que lo hacen con amistades y las que lo hacen solas.

Esta variedad también se evidencia en las razones que manifiestan para salir del país. Si bien hay una línea de base común, la crisis humanitaria, algunas privilegian la escasez de alimentos, de medicamentos, o ambas, como motivo para irse. Otras, las dificultades para acceder a servicios de salud para sí mismas o para su familia. Para algunas, la inseguridad es el factor que más influyó, mientras que, para otras migrantes, es la desinstitucionalización del Estado, la corrupción y la falta de garantía para el ejercicio de sus derechos humanos, el motivo principal. En no pocos casos, hay una combinación de distintas razones.

Un factor en el cual coinciden las venezolanas migrantes es en la preocupación por su condición migratoria, principalmente en los casos en que se encuentran en una situación administrativa irregular, debido a las limitaciones que ello acarrea para la obtención de un trabajo, acceder a un centro de salud, conseguir que les arrienden una habitación o una vivienda y, en general, para el ejercicio de sus derechos humanos.

Esta preocupación por la condición migratoria la comparten las mujeres con los hombres migrantes. No obstante, si se incorpora un enfoque de género, centrado en las mujeres, se pueden observar las diferencias entre unas y otros.

En cuanto al derecho al trabajo, por ejemplo, la falta de documentos expone a todas las personas a trabajos precarios, pero en el caso de las mujeres, además de la explotación laboral, su condición de vulnerabilidad, las expone a ser víctimas de explotación sexual y de distintas formas de violencia contra las mujeres basada en el género.

En distintas investigaciones hechas en Perú, Ecuador, Colombia –incluidas las realizadas por quien suscribe este artículo–, entre otros países, las venezolanas han dado su testimonio de cómo la estigmatización sexual del origen nacional se convierte en un riesgo permanente y constante en sus vidas.

En el ámbito laboral esta estigmatización se manifiesta de distintas formas. Desde el acoso sexual que sufren por parte de los empleadores, o la discriminación por considerar que todas las venezolanas son “quita maridos”, “ejercen la prostitución”, “son fáciles”, por lo que se rechaza su contratación.

En el caso de las que trabajan como vendedoras ambulantes, diariamente se enfrentan al acoso y a proposiciones sexuales de los hombres, lo que incluye, en no pocas ocasiones, agresiones verbales y violencia física por parte de estos cuando son rechazados.

Los casos de violencia y acoso sexual no son denunciados por las venezolanas por distintas razones, entre las que cabe resaltar el miedo a ser deportadas debido a su situación de migrante irregular.

A este panorama, deben agregarse los riesgos que tienen de ser víctimas del crimen organizado y caer en redes de trata de personas y explotación sexual.

En este sentido, es preciso alertar que hay un tráfico con las mujeres venezolanas que parece no importarle a nadie. Ni al Estado venezolano que no se pronuncia ni toma medidas para proteger a sus nacionales, ni tampoco a los Estados receptores, que no las consideran en sus estrategias y políticas migratorias. Sus vidas son consideradas desechables.

En cuanto a la vivienda, también hay que hacer un análisis diferencial de género que visualice las experiencias de las mujeres, lo que resulta más acuciante cuando se habla de desalojos. Esta problemática se ha visto intensificada en el contexto de la pandemia de la covid-19 y ante las dificultades existentes para la obtención de medios de vida, principalmente en los casos de quienes se dedican a la economía informal.

Una encuesta regional sobre desalojos de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, realizada por la Plataforma R4V con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2021, arrojó como resultado que, de las mujeres que son cabezas de hogar, el 92 % tiene personas menores de 18 años bajo su cuidado, por lo que un desalojo puede tener un impacto desproporcionado en sus vidas.

A lo dicho en el párrafo anterior, debe agregarse que las venezolanas se ven expuestas a sufrir acoso y distintas manifestaciones de violencia por parte de los arrendatarios, quienes se aprovechan de su situación de poder y de la vulnerabilidad de las migrantes, para solicitar, y en algunos casos exigir por la fuerza, sexo a cambio del pago del arrendamiento.

En materia de salud, se sabe que muchas mujeres se trasladan a parir fuera de Venezuela debido a las circunstancias en las que se encuentran los centros hospitalarios del país, que no aseguran condiciones mínimas de atención ni para ellas ni para las y los recién nacidos. 

Esto genera críticas y rechazo por parte de las poblaciones de acogida, que consideran que los recursos públicos se gastan en extranjeras. A lo que se debe agregar comentarios xenófobos de figuras públicas, como en el caso de la periodista colombiana Claudia Palacios, quien en un artículo de opinión titulado Paren de parir, se preguntaba por qué las venezolanas traían hijos al mundo, ante el futuro incierto que les esperaba.

Este artículo encendió las redes sociales y los comentarios a favor o en contra de la opinión de Palacios no se hicieron esperar. Lo más grave de este caso, es que quien habla, se dice feminista y defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero que es incapaz de ver, desde su posición privilegiada, la realidad de las migrantes y mostrar empatía. Que desconoce la mirada interseccional necesaria para visualizar que se trata de mujeres en su mayoría pobres, muchas de ellas sin posibilidades de acceder a métodos anticonceptivos o incluso, sin tener control sobre sus cuerpos y su sexualidad.

También es importante mencionar, en materia de salud, el síndrome de estrés crónico que padecen las personas migrantes en general y en particular las mujeres. El psiquiatra español Joseba Achotegui lo llamó “Síndrome de Ulises”, en referencia al héroe mitológico, vencedor de muchas batallas pero que siente añoranza por Penélope y su vida anterior.

En entrevistas con mujeres migrantes, es recurrente que manifiesten sus emociones y la tristeza por abandonar su tierra. Estas emociones repercuten en su salud física y mental. Algunas expresas ahogos, dolores articulares, cefaleas, irritabilidad, ansiedad, insomnio, entre otros síntomas que no parecen tener una causa física, sino que se encuentran ligados al proceso de extrañamiento, al “Síndrome de Ulises”.

Estos párrafos son solo una pequeña muestra de lo que implica la feminización de las migraciones y el impacto desproporcionado que tienen estas en la vida de las venezolanas que deciden o son obligadas a irse.

La preocupación por la situación de las mujeres venezolanas migrantes y los riesgos que deben enfrentar, llevó a la Asociación Civil Éxodo en alianza con Voces de Género y Mulier, con la adhesión de otras organizaciones, a desarrollar una campaña pública por los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres en movilidad llamada “La mejor ruta”, en la que están generando informes técnicos, pódcast, historias gráficas y otros recursos que pueden resultar de gran ayuda para las venezolanas. La información se encuentra disponible en https://linktr.ee/LaMejorRutaVe y @LaMejorRutaVe, para quienes deseen conocer la campaña y adherirse a ella.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Rescatan a venezolanas y colombianas de red de trata de personas en España
Nueve venezolanas y colombianas fueron rescatadas de una red de trata de personas en Alicante, España. Varias de las víctimas se acogieron a la condición de testigos protegidos y, en sus declaraciones, manifestaron que habían sido captadas en Colombia y Venezuela con la promesa de un trabajo que les permitiera mejorar sus condiciones de vida

 

Los agentes de la Policía Nacional anunciaron la detención de 10 personas en Alicante vinculadas con el caso. La investigación permitió dar con anotaciones con cuadrantes de servicios sexuales, dinero, estupefacientes, relojes de alta gama, una pistola simulada y una placa identificativa policial, reseñó la agencia EFE. 

La organización se dedicaba a la trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico de drogas. Las nueve mujeres rescatadas eran obligadas a prostituirse en tres locales. 

La operación policial se inició luego de que los agentes de la Policía Nacional de España detectaron un local con licencia de hotel que se encontraba abierto cuando debía permanecer cerrado por restricciones de la cuarentena. En el inmueble se localizaron cuatro mujeres y los investigadores sospecharon que podían estar siendo víctimas de trata de personas, por lo que iniciaron las primeras gestiones.

Varias de las víctimas de la red de trata de personas en Alicante se acogieron a la condición de testigos protegidos y, en sus declaraciones, manifestaron que habían sido captadas en Venezuela y Colombia con la promesa de un trabajo en España que les permitiera mejorar sus condiciones de vida. Las mujeres tenían hijos en sus países de origen y se encontraban sin trabajo y sin perspectiva de conseguirlo.

Se conoció que la red desmantelada facilitaba a las víctimas los billetes de ida y vuelta, la documentación y el dinero necesario para acreditar los medios de subsistencia y así poder pasar los controles migratorios. Al llegar a España, la organización delictiva les retiraba la documentación y dinero, con lo cual adquirían una deuda que tenían que pagar ejerciendo la prostitución.