exílio

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ESTE LUNES LOS MAGISTRADOS del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Thomas Alzuru y Alejandro Rebolledo, presentaron su desincorporación a la institución.

Elyangélica González, periodista venezolana, aseguró que en una carta dirigida al presidente del Tribunal, Miguel Angel Martí Tortabú, los magistrados pidieron que sus nombres no sean utilizados en las convocatorias.

«Sírvase no utilizar nuestros nombres en cualquier convocatoria, resolución, reunión, acuerdo, decisión, procedimiento y actuaciones, acciones o actos que estimen necesario o útil, para sus designios”, dice la misiva entregada por los magistrados Alzuru y Rebolledo.

De acuerdo con González, los magistrados no creen en la aplicabilidad práctica de las sentencias y decisiones tomadas por la instancia jurídica en el exterior, y cuestionaron la actuación de la entidad, asegurando que no tiene legitimidad pues nunca se constituyó como tal.

Junto a Alzuru y Rebolledo, serían ocho los magistrados que, juramentados por la Asamblea Nacional, no forman parte de las decisiones del Tribunal Supremo en el Exilio, entre los que se encuentran Evelyna Dapolo, Gonzalo Álvarez, Gonzalo Oliveros, Ángel Zerpa, Manuel Reyes Peña y Jesús Rojas.

#HACEMINUTOS El Magistrado Tomás Alzuru y el Magistrado Alejandro Rebolledo, juramentados por la Asamblea Nacional, acaban de presentar su des-incorporación de la “iniciativa Tribunal Supremo de Justicia Legítimo o TSJ en el exilio” #24sep

— Elyangelica González (@ElyangelicaNews) 24 de septiembre de 2018

#HACEMINUTOS En misiva enviada al Mag Miguel A. Martí Tortabú, piden “sírvase no utilizar nuestros nombres en cualquier convocatoria, resolución, reunión, acuerdo, decisión, procedimiento y actuaciones, acciones o actos que estimen necesario o útil, para sus designios”

— Elyangelica González (@ElyangelicaNews) 24 de septiembre de 2018

#HACEMINUTOS Con esta des-incoporación, serían 8 los Magistrados, en su momento juramentados por la Asamblea Nacional, que en la práctica, no están haciendo parte de ninguna de las decisiones del llamado TSJ en el exilio. Paso a nombrarlos #24sep

— Elyangelica González (@ElyangelicaNews) 24 de septiembre de 2018

#HACEMINUTOS Evelyna Dapolo, Gonzalo Álvarez, Gonzalo Oliveros, Alejandro Rebolledo, Thomas Alzuru, Ángel Zerpa, Manuel Reyes Peña y Jesús Rojas. La información puede corroborarse revisando las firmas en las recientes resoluciones #24sep

— Elyangelica González (@ElyangelicaNews) 24 de septiembre de 2018

#HACEMINUTOS La razón de la des-incorporación consiste en la creencia de ambos, en que las decisiones tomadas por esta instancia son inaplicables en la práctica, asunto que advirtieron repetidas veces y no acompañaron en su momento #24sep

— Elyangelica González (@ElyangelicaNews) 24 de septiembre de 2018

#HACEMINUTOS También están en desacuerdo, con que esta iniciativa, actúe como un Tribunal Supremo extra muros, carente de legitimidad pues nunca se constituyó como tal, sino que se nombró un grupo de Magistrados principales y suplentes #24sep

— Elyangelica González (@ElyangelicaNews) 24 de septiembre de 2018

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó solicitar al Reino de España la extradición del anterior ministro y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, así como solicitar a Colombia la extradición de la fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz y uno de los fiscales de su administración, Zair Mundaray.

A través de la Sala de Casación Penal, el máximo tribunal venezolano declaró procedente la solicitud de extradición a Ramírez, acusado de los presuntos delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación.

Por su parte, a Ortega Díaz le acusan por su presunta participación en los delitos de traición a la patria; usurpación de funciones; uso de documento público falso; uso de sello falso; ocultación y retención; falsa denuncia o acusación y asociación. A Mundaray también le adjudican la presunta participación en el delito de traición de la patria y usurpación de funciones públicas.

La ruptura de Ramírez con la administración de Nicolás Maduro se concretó cuando fue forzado a dejar su puesto como embajador ante las Nacionas Unidas en Nueva York, Estados Unidos, el noviembre del año pasado. En ese momento, en lugar de regresar a Venezuela, partió al exilio sin dar a conocer el país a donde se dirigía.

Desde entonces, Ramírez se convirtió en un crítico del gobierno de Maduro y del estado en que se encuentra la petrolera estatal que manejaba.

Luisa Ortega Díaz fue destituida de su cargo como Fiscal general de la República en agosto de 2017 por la impuesta Asamblea Constituyente por estar presuntamente incursa en varios delitos de corrupción dentro del Ministerio Público.

Por ello, se le embargaron sus cuentas y propiedades, y se declaró al MP en emergencia  para hacer una renovación de la institución y “luchar contra la impunidad”. Desde entonces, el puesto de fiscal es ocupado por Tarek William Saab, antiguo Defensor del Pueblo.

El 31 de marzo de 2017 declaró que las sentencias  155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ, que despojaban a la Asamblea Nacional de sus competencias y anulaban la inmunidad parlamentaria constituían “una ruptura del orden constitucional”. Desde entonces, empezó a criticar la actuación represiva del Gobierno contra las protestas antigubernamentales que surgieron desde esa fecha y desmontó versiones que se pretendían instaurar desde el Ejecutivo sobre la muerte de algunos manifestantes, como Juan Pablo Pernalete.

Luego de ser destituida por la ANC, Ortega Díaz se vio obligada a salir del país, y desde entonces ha llevado denuncias a organismos internacionales, entre ellos la Corte Penal Internacional, acusando a Nicolás Maduro y varios de sus funcionarios como responsables en la violación de derechos humanos.

*Con información de Tal Cual

En una ocasión, el conjunto de acciones emprendidas por el grupo de personas que desde hace casi dos décadas gobierna Venezuela, así como sus resultados, fue calificado como una colección de calamidades en este espacio. Cualquiera que crea que en la repisa sobre la que el coleccionista exhibe sus objetos está llena, debería pensarlo dos veces. Cada cierto tiempo aparece un nuevo elemento impresentable, ya sea la hiperinflación, el repidemias erradicadas y resucitadas, la violencia hamponil extrema o los apagones recurrentes. Como puede verse, algunos son completamente nuevos para los venezolanos. Otros son adefesios por los que el país sí ha pasado antes, recogidos del basurero más hediondo de la historia. Hay uno que ha pasado algo por debajo de la mesa debido al número muy limitado de personas a las que que afecta directamente, pero que debería ser visto como una afrenta por todos y cada unos de los ciudadanos. Se trata del destierro.

Cualquier alergría producida por la excarcelación del exdirigente estudiantil Villca Fernández se volvió de inmediato estupor amargo al ver que de una mazmorra en El Helicoide lo remitieron a un avión rumbo a otras latitudes. El artículo 50 de la Constitución reza que “ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos”. No importó. Igual montaron a Fernández en esa aeronave. Así, como Jalisco.

Pareciera que el poder decidió establecer una nueva forma de restringir las actuaciones de sus adversarios y que la aplicará cada vez que lo juzgue conveniente. Porque la expulsión de Fernández no es la primera que ocurre durante esta autoproclamada revolución. Nadie debe olvidar que los activistas del partido Voluntad Popular Francisco Márquez y Gabriel San Miguel ya pasaron por eso. En 2016 los detuvieron mientras se preparaban para respaldar la movilización ciudadana a favor de un referéndum revocatorio presidencial. Por meses estuvieron tras las rejas. La suerte de “Pancho y Gabo”, como los conocían coloquialmente, fue durante todo ese tiempo asunto de interés para millones de sus compatriotas. Al final los sacaron de su celda, pero con la condición de enviar de inmediato a San Miguel a España, y a Márquez a Estados Unidos.

Como ya se dijo antes, el exilio forzoso es una práctica punitiva que Venezuela conoció mucho antes de que hubiera una revolución socialista. De hecho, se trata de una de las medidas sancionatorias más antiguas en la historia de la humanidad. En la culta Atenas de la Grecia clásica se aplicaba el ostracismo, que era la expulsión de un ciudadano por una década. Dos lustros sin poder pisar la polis. La pena era impuesta por un cuórum de la Asamblea contra aquellos percibidos por la sociedad como una amenaza. Tal vez el caso más célebre haya sido el del campeón de Salamina, el general Temístocles. Luego de que lo desterraran, prestó sus servicios militares ni más ni menos que a los persas a los que combatió en nombre de la libertad helénica. Claro, difícilmente se puede juzgar las leyes de la Atenas de hace dos milenios y medio desde el punto de vista moral contemporáneo.

De vuelta a Venezuela, los destierros fueron una praxis común de los sucesivos gobiernos del tumultuoso siglo XIX para anular políticamente a sus rivales. Caudillos que exiliaban a otros caudillos. En la centuria siguiente el extrañamiento fue reanudado por Eleazar López Contreras, para quien era una alternativa menos brutal que las predilectas de su predecesor: La Rotunda y el Castillo San Felipe de Puerto Cabello. Más que rudimentarios militares de provincia, los exiliados de esta época fueron la generación fundadora de los primeros partidos políticos modernos venezolanos.

Pero acaso el más connotado autor de exilios forzosos en nuestro siglo XX haya sido Marcos Pérez Jiménez. Si bien el esperpento de Michelena tenía afinidad por los barrotes e incluso por el gatillo para anular a quienes clamaban por la restauración de la democracia, también optaba a veces por una suerte de ostracismo caribeño que, a diferencia del mediterráneo antiguo, era una imposición exclusiva suya y de sus adláteres. Tal fue el destino del ya entonces veterano dirigente Jóvito Villalba. Apenas se conoció que URD arrazó en las elecciones de 1952 para formar una asamblea constituyente, los resultados fueron alterados para favorecer a los partidarios del gobierno militar. Al líder de la tolda amarilla lo expulsaron de Venezuela al muy poco tiempo.

Hubo muchos otros casos, sobre todo de militantes de AD y el PCV. A veces el destierro era un castigo secundario aplicado a quienes antes pasaban por las siniestras cárceles de la dictadura. Así ocurrió por ejemplo con el joven miembro de la resistencia adeca José Ángel Ciliberto (el mismo que tres décadas después fuera vinculado con escándalos de corrupción en el gabinete de Jaime Lusinchi).

Pues bien, tales experiencias de calabozo y exilio inevitablemente recuerdan a lo que ha sucedido con Francisco Márquez, Gabriel San Miguel y, ahora, Villca Fernández. Comentando el trance por el que estos tres activistas políticos pasaron, un pariente me dijo que “les hicieron tremendo favor, porque aquí no se puede vivir”. El comentario lo hizo de buena fe, pero es incorrecto. Sin importar lo deteriorado que esté un país, nadie puede quitarle a sus ciudadanos el derecho de vivir en él (excepto, desde luego, cuando la justicia de otra nación requiera a alguien por delitos cometidos en su territorio). La decisión de seguir aquí o emigrar pertenece a cada individuo y a nadie más. Por eso resulta repulsivo saber que una vez hay más venezolanos desterrados. Por eso y por otras miles de razones es necesario un cambio político.

@AAAD25

El opositor venezolano Villca Fernández viajará a Perú luego de ser excarcelado este jueves, en un proceso de liberaciones prometido por el presidente Nicolás Maduro tras su cuestionada reelección el pasado 20 de mayo, informó la ONG Foro Penal.

«Quedan muchos aún en los calabozos de la dictadura»

*Con información de AFP Y El Nacional

El 30 de abril se realizo la Sesión Especial Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para fijar nuevos elementos complementarios a los encuentros anteriores que ya habían retratado la dramática situación venezolana. En esta oportunidad el análisis se concentró en destacar la crítica realidad generada por el masivo éxodo venezolano y las consecuencias que le ocasiona a los países de la región que se encuentran afectados por el desequilironterbrio de cientos de miles de refugiados que aumentan cada día, para lo cual el máximo organismo hemisférico intenta dar respuestas de cómo solucionar el drama humanitario exportado debido a la negligencia y crueldad de la Administración de Caracas.

@milosalcalay

MUD propone elecciones presidenciales en diciembre

La Mesa de la Unidad Democrática propuso este jueves la realización de las elecciones en diciembre de este año y no el 20 de mayo. ”La realización de una elección el 20 de mayo de este año es una precipitación con fines ventajistas, por lo que está claro que lo que conviene al interés nacional es la realización de una verdadera elección presidencial en el primero o segundo domingo de diciembre de este año, tal como lo han exigido la Unión Europea, el Grupo de Lima, y otras instituciones internacionales”, dijo la diputada Delsa Solórzano, durante la lectura de un comunicado en rueda de prensa. Unión Radio

Lucena asegura que el evento del 20M no se va a suspender

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, calificó la decisión de la Eurocámara de no reconocer las elecciones presidenciales en Venezuela, como un despropósito y un acto de injerencia. Respecto a la solicitud de la mesa de la Unidad Democrática de posponer las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo, Lucena dijo que las elecciones se mantienen en pie. “Aquí hay una elección el 20 de mayo, el cne no está considerando ni lo tenemos en la agenda hacer un cambio de fecha para la elección”. Unión Radio

TSJ en el exilio declaró la suspensión de Maduro como presidente de Venezuela

El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio declaró este jueves la suspensión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, así como su inhabilitación para ocupar cualquier cargo público. “El TSJ tomando en cuenta nuestro deber de mantener la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, siendo el máximo y último interprete de la Constitución. Declara expresamente la suspensión de Nicolás Maduro Moros como presidente de la República y su inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo de función pública”, dijo Miguel Ángel Martín, presidente del organismo El Impulso

AN advierte sobre profundización de recesión económica en 2018

La Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, AN, ofreció este jueves el balance del Producto Interno Bruto, PIB, en los primeros meses del año. El diputado José Guerra, presidente de dicha comisión, expresó que con la disminución del 3 % de la actividad económica podría estar cerrando el año con una caída otra vez de alrededor de 15 o 17 % en al año 2018. Unión Radio

Venezuela y Holanda acordaron reciclar níquel

En aras de concretar acuerdos de extracción y comercialización de níquel a partir de los residuos de la industria, el Ejecutivo nacional y la empresa holandesa Fondel Metals reciclarán la escoria metálica producida en la planta Corporación Venezolana de Minería (CVM) Loma de Níquel, ubicada en el estado Aragua. Como parte de una ampliación de negociaciones de la Expo Venezuela Potencia 2018, el ministro  para Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano informó que “esta escoria es un pasivo ambiental y con la tecnología de la empresa Fondel Metals vamos a extraer el mineral, fomentando la aplicación de procesos ecoamigables y reduciendo los daños al ambiente”.  El Mundo

Escotet arribará a Venezuela y pedirá liberación de directivos de Banesco

Juan Carlos Escotet, presidente de Banesco, se trasladará a Venezuela para que liberen a los 11 directivos del banco que fueron aprehendidos por estar presuntamente involucrados en «irregularidades que atentan contra la moneda venezolana». Ante las acusaciones del gobierno, Escotet arribará al país y está dispuesto a entregarse a cambio de que liberen a todos los directivos que fueron detenidos este jueves, informaron fuentes exclusivas para El Nacional Web.  El Nacional

Eurocámara pide la suspensión inmediata del proceso ilegítimo del #20May en Venezuela

El pleno de la Eurocámara aprobó hoy por amplia mayoría una resolución que rechaza las elecciones presidenciales anticipadas del 20 de mayo en Venezuela y pide su “suspensión inmediata”. La resolución, que obtuvo 492 votos a favor, 87 en contra y 77 abstenciones, condena “de manera enérgica” la convocatoria de elecciones presidenciales adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente, con el respaldo del Consejo Nacional Electoral. La Patilla

Irán amenaza con abandonar el acuerdo nuclear si EEUU lo denuncia

Irán advirtió el jueves que abandonará el acuerdo con las grandes potencias sobre su programa nuclear si el presidente estadounidense Donald Trump decide ejecutar su amenaza de denunciarlo el 12 de mayo. «Si Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear, nosotros no seguiremos tampoco», afirmó Ali Akbar Velayati, consejero del Guía Supremo para asuntos internacionales, en declaraciones publicadas en la web de la televisión pública. AFP

Los magistrados “legítimos” solicitaron la aprobación de un “antejuicio de mérito” contra el presidente Nicolás Maduro y los diputados votaron continuar un “proceso judicial”. En el Parlamento estiman necesario llamar a capítulo a los jueces en el exilio para evitar confusiones

@pppenaloza

La Asamblea Nacional no se quemó con la papa caliente. Por ahora. En otra demostración de malabarismo político, la mayoría parlamentaria superó el debate sobre el antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro sin sufrir daños y relanzando la unidad. No obstante, diputados advierten la necesidad de “marcarle la cancha” al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio para no verse envueltos en un desaguisado de proporciones ciclópeas.

Las diferencias entre la AN y el TSJ en el exilio inquietan a los legisladores. El tema va más allá del “antejuicio de mérito” –según los togados- o del “proceso judicial” –según los asambleístas-. ¿Qué pasaría si los magistrados “legítimos” resuelven imponer un Ejecutivo en el exilio y le ciñen la banda presidencial al exalcalde Antonio Ledezma? Ante la falta de coordinación y de una estrategia definida, la Cámara es un hervidero de especulaciones.

El Poder Legislativo evitó en todo momento utilizar el término “antejuicio de mérito”, que sí emplearon tanto los magistrados “legítimos” como la fiscal destituida, Luisa Ortega Díaz. La propuesta de orden del día para la sesión de este martes 17 de abril señalaba como único punto la “consideración de la solicitud de autorización para continuar el proceso al ciudadano Nicolás Maduro Moros”.

El acuerdo que votaron los 105 representantes de la Unidad apunta que “existen méritos suficientes para continuar el proceso judicial que por hechos de corrupción se le sigue al ciudadano Nicolás Maduro Moros, por parte de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia designados y juramentados por esta Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela”.

La junta directiva de la AN, encabezada por su presidente Omar Barboza (UNT-Zulia), y los jefes de las 15 comisiones permanentes se reunieron entre lunes y martes para revisar este espinoso asunto. Muchos tenían reservas sobre el procedimiento. En el plano jurídico, destacaban que el antejuicio de mérito debe ser impulsado por la Sala Plena del TSJ, conformada por 32 jueces, pero en este caso la iniciativa solo cuenta con el aval de los 13 principales nombrados en julio de 2017 por la Cámara.

Para rematar, tarde conocieron que el presidente del TSJ en el exilio, Miguel Ángel Martín Tortabu, tiene doble nacionalidad (española-venezolana), lo que le impediría ejercer como máximo juez de la República, de acuerdo con la Carta Magna. Además, resaltan que tres de los 13 magistrados no suscribieron el documento. El doctor Alejandro Rebolledo, miembro de la Sala Penal en el exilio, manifestó su disconformidad vía Twitter hace una semana indicando que “jamás me prestaré para crear falsas expectativas en esta lucha por salir del crimen organizado que gobierna en Venezuela”.

La AN resolvió este entuerto recogiendo en su acuerdo que el “proceso judicial” es adelantado por “los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia”, es decir, no por la Sala Plena del máximo juzgado del país.

Mucho cuidado

La otra objeción es de carácter política. Los asambleístas sostienen que el TSJ en el exilio jamás consultó al Poder Legislativo su opinión sobre la solicitud de antejuicio de mérito. No se preocuparon por escuchar el criterio de la mayoría parlamentaria, que debe enfrentar en el terreno los ataques del gobierno de Maduro. Por esa razón, enfatizan que esta acción no forma parte de una estrategia común para enfrentar al régimen chavista y a esta hora nadie puede precisar claramente cuál será su destino.

A pesar de las críticas internas, diputados explican que terminaron alzando sus brazos por cuatro razones: 1) en el pasado ya aprobaron la responsabilidad política de Maduro y el abandono del cargo, así que este “proceso judicial” se enmarcaría en los esfuerzos por luchar contra la corrupción relacionada con el caso Odebrecht y provocar el cambio político, 2) en palabras de un legislador, “no podíamos darle la espalda a la gente que exige acciones concretas para buscar una salida”, 3) fortalecer la maltrecha unidad, y 4) la presión en las redes sociales donde ya algunos aseguraban que los representantes opositores “traicionarían” a los venezolanos.

Pasada la prueba, parlamentarios subrayaban la necesidad de establecer un diálogo con el TSJ en el exilio y definir con los magistrados “legítimos” los límites de sus actuaciones. “Si siguen con su ‘antejuicio’ y condenan a Maduro, ¿qué viene después? ¿Nombrarán un gobierno en el exilio? ¿Designarán presidente de la República en el exilio a Antonio Ledezma?”, preguntaba un asambleísta planteando escenarios hipotéticos. Sea el de la esquina de Dos Pilitas o el de Bogotá, el TSJ es un quebradero de cabeza para la AN.