En una ocasión, el conjunto de acciones emprendidas por el grupo de personas que desde hace casi dos décadas gobierna Venezuela, así como sus resultados, fue calificado como una colección de calamidades en este espacio. Cualquiera que crea que en la repisa sobre la que el coleccionista exhibe sus objetos está llena, debería pensarlo dos veces. Cada cierto tiempo aparece un nuevo elemento impresentable, ya sea la hiperinflación, el repidemias erradicadas y resucitadas, la violencia hamponil extrema o los apagones recurrentes. Como puede verse, algunos son completamente nuevos para los venezolanos. Otros son adefesios por los que el país sí ha pasado antes, recogidos del basurero más hediondo de la historia. Hay uno que ha pasado algo por debajo de la mesa debido al número muy limitado de personas a las que que afecta directamente, pero que debería ser visto como una afrenta por todos y cada unos de los ciudadanos. Se trata del destierro.
Cualquier alergría producida por la excarcelación del exdirigente estudiantil Villca Fernández se volvió de inmediato estupor amargo al ver que de una mazmorra en El Helicoide lo remitieron a un avión rumbo a otras latitudes. El artículo 50 de la Constitución reza que “ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos”. No importó. Igual montaron a Fernández en esa aeronave. Así, como Jalisco.
Pareciera que el poder decidió establecer una nueva forma de restringir las actuaciones de sus adversarios y que la aplicará cada vez que lo juzgue conveniente. Porque la expulsión de Fernández no es la primera que ocurre durante esta autoproclamada revolución. Nadie debe olvidar que los activistas del partido Voluntad Popular Francisco Márquez y Gabriel San Miguel ya pasaron por eso. En 2016 los detuvieron mientras se preparaban para respaldar la movilización ciudadana a favor de un referéndum revocatorio presidencial. Por meses estuvieron tras las rejas. La suerte de “Pancho y Gabo”, como los conocían coloquialmente, fue durante todo ese tiempo asunto de interés para millones de sus compatriotas. Al final los sacaron de su celda, pero con la condición de enviar de inmediato a San Miguel a España, y a Márquez a Estados Unidos.
Como ya se dijo antes, el exilio forzoso es una práctica punitiva que Venezuela conoció mucho antes de que hubiera una revolución socialista. De hecho, se trata de una de las medidas sancionatorias más antiguas en la historia de la humanidad. En la culta Atenas de la Grecia clásica se aplicaba el ostracismo, que era la expulsión de un ciudadano por una década. Dos lustros sin poder pisar la polis. La pena era impuesta por un cuórum de la Asamblea contra aquellos percibidos por la sociedad como una amenaza. Tal vez el caso más célebre haya sido el del campeón de Salamina, el general Temístocles. Luego de que lo desterraran, prestó sus servicios militares ni más ni menos que a los persas a los que combatió en nombre de la libertad helénica. Claro, difícilmente se puede juzgar las leyes de la Atenas de hace dos milenios y medio desde el punto de vista moral contemporáneo.
De vuelta a Venezuela, los destierros fueron una praxis común de los sucesivos gobiernos del tumultuoso siglo XIX para anular políticamente a sus rivales. Caudillos que exiliaban a otros caudillos. En la centuria siguiente el extrañamiento fue reanudado por Eleazar López Contreras, para quien era una alternativa menos brutal que las predilectas de su predecesor: La Rotunda y el Castillo San Felipe de Puerto Cabello. Más que rudimentarios militares de provincia, los exiliados de esta época fueron la generación fundadora de los primeros partidos políticos modernos venezolanos.
Pero acaso el más connotado autor de exilios forzosos en nuestro siglo XX haya sido Marcos Pérez Jiménez. Si bien el esperpento de Michelena tenía afinidad por los barrotes e incluso por el gatillo para anular a quienes clamaban por la restauración de la democracia, también optaba a veces por una suerte de ostracismo caribeño que, a diferencia del mediterráneo antiguo, era una imposición exclusiva suya y de sus adláteres. Tal fue el destino del ya entonces veterano dirigente Jóvito Villalba. Apenas se conoció que URD arrazó en las elecciones de 1952 para formar una asamblea constituyente, los resultados fueron alterados para favorecer a los partidarios del gobierno militar. Al líder de la tolda amarilla lo expulsaron de Venezuela al muy poco tiempo.
Hubo muchos otros casos, sobre todo de militantes de AD y el PCV. A veces el destierro era un castigo secundario aplicado a quienes antes pasaban por las siniestras cárceles de la dictadura. Así ocurrió por ejemplo con el joven miembro de la resistencia adeca José Ángel Ciliberto (el mismo que tres décadas después fuera vinculado con escándalos de corrupción en el gabinete de Jaime Lusinchi).
Pues bien, tales experiencias de calabozo y exilio inevitablemente recuerdan a lo que ha sucedido con Francisco Márquez, Gabriel San Miguel y, ahora, Villca Fernández. Comentando el trance por el que estos tres activistas políticos pasaron, un pariente me dijo que “les hicieron tremendo favor, porque aquí no se puede vivir”. El comentario lo hizo de buena fe, pero es incorrecto. Sin importar lo deteriorado que esté un país, nadie puede quitarle a sus ciudadanos el derecho de vivir en él (excepto, desde luego, cuando la justicia de otra nación requiera a alguien por delitos cometidos en su territorio). La decisión de seguir aquí o emigrar pertenece a cada individuo y a nadie más. Por eso resulta repulsivo saber que una vez hay más venezolanos desterrados. Por eso y por otras miles de razones es necesario un cambio político.
