Examen Periódico Universal

El pasado 25 de enero se realizó en Ginebra la Sesión correspondiente al 3er Ciclo del EPU, en el que se evaluó la situación de Derechos Humanos en Venezuela, incluyendo las dificultades de las personas con discapacidad

Organizaciones de la sociedad civil enviaron sus contribuciones presentadas en más de 170 informes y hojas informativas con exposición de casos y recomendaciones, entre ellas, las relativas al tema de la protección de derechos de personas con discapacidad

Consorven denuncia que aún persisten las inequidades existentes a nivel educativo y las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para educarse. Además, ha disminuido el índice de contrataciones a este sector de la población

El Programa de Atención en Salud a las Personas con Discapacidad (PASDIS) adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPPS), cesó definitivamente en sus funciones

En Venezuela no se cumple con las Normas Covenin en la mayoría de las instituciones educativas, públicas y centros de salud, “vulnerando el derecho a la accesibilidad física y comunicacional de las personas con discapacidad”

La Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), junto a otras organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad, presentaron al Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidades una serie de informes y recomendaciones para la implementación de medidas concretas que favorezcan la garantía de los derechos de las Personas con Discapacidad en el país.

Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, recordó que en el 2do Ciclo del EPU, tanto los miembros del Comité como los Estados Parte hicieron algunas recomendaciones, principalmente en lo relativo a los derechos a la salud, educación, acceso a la justicia y accesibilidad comunicacional de las personas con discapacidad.

En principio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los países miembros recomendaron aplicar en Venezuela un Plan Nacional de Derechos Humanos para fortalecer la coordinación y supervisión institucional de las políticas en este tema, específicamente en lo relacionado con la protección social de personas con discapacidad y adultos mayores.

Sin embargo,  no se tienen datos ni información referente a la aplicación plena de este plan, menos aún de forma desagregada según la discapacidad, de acuerdo con Consorven.

En la nota de prensa enviada por Consorven a este despacho, también se indica que se plantearon recomendaciones en temas académicos para que la población venezolana con discapacidad, en especial niños, niñas y adolescentes, pudieran recibir una educación inclusiva que promueva el uso de la Lengua de Señas y Sistema Braille.

Según el informe de Red de Derechos Humanos de los Niños, niñas y Adolescentes (REDHNNA), los niños, niñas y adolescentes (NNA) con discapacidad no cuentan con programas ni medidas de atención especializada, a pesar de tener un marco normativo que promueve la no discriminación.

— Consorven (@Consorven_Ve) January 24, 2022

El acceso a entornos inclusivos para NNA con discapacidad es una gran deuda presente en América Latina. Venezuela no se queda atrás y por eso @funvape, junto a @Consorven_Ve elevó su informe a la EPU. #EPUVenezuelaDDHH https://t.co/QpO1yqbnxF

— Cecodap (@cecodap) January 24, 2022

Sobre ese particular, Consorven destaca que las organizaciones de la sociedad civil y de DDHH no han podido recabar información suficiente para asegurar que tales recomendaciones se hayan implementado por parte del Estado.

En el #EPUVenezuelaDDHH las organizaciones @funvape y @Consorven_Ve consignaron un informe que evidencia la deuda que tiene el Estado con la inclusión de los niños, niñas y adolescentes con dicapacidad. https://t.co/fdua7EviHb

— Caleidoscopio Humano (@CaleidoHumano) January 25, 2022

 “Pero sí hemos hecho importantes hallazgos que muestran las inequidades existentes a nivel educativo y las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a tan importante derecho contemplado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), del cual Venezuela forma parte”, dijo De Gouveia en el comunicado citado.

Falta de protección legal, médica e inclusión a medias

Por otra parte, el presidente de Consorven mencionó la protección de los derechos de las mujeres y niñas frente a la violencia basada en género, a través de la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Según la organización @_CEPAZ

Las mujeres con discapacidad viven una doble discriminación.#EPUVenezuelaDDHH #DDHHSordosVe

— Consorven (@Consorven_Ve) January 24, 2022

De la misma forma, trajo a colación la inclusión de 5% de personas con discapacidad a la nómina de empleados para estimular la oferta laboral y el derecho al trabajo. Sobre este punto en particular, expresó que en la actualidad ha disminuido el índice de contrataciones a este sector de la población.

Según los datos recabados por estas organizaciones, existe evidente deterioro en el sistema de salud pública referente a la falta de insumos y atención a las personas con discapacidad.

Como ejemplo, citaron que el Programa de Atención en Salud a las Personas con Discapacidad (PASDIS) adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPPS), cesó definitivamente en sus funciones, quedando únicamente en funcionamiento una Dirección General de Salud Integral de dicho Ministerio, la cual, según explican, no cubre los requerimientos de esta población”.

Recomendaciones de Consorven y otras ONG

De Gouveia especificó que el Estado venezolano debe revisar las leyes y normativas vigentes con el objetivo de generar reglamentaciones y planes de acción que propicien el diseño de programas de formación, protección y apoyo para la Mujer con discapacidad, así como generar mecanismos de control y protección que le permitan ejercer la denuncia e independizarse de ambientes en los que sea abusada.

Igualmente hizo hincapié en la importancia de proveer servicios para dar continuidad a programas de atención temprana, rehabilitación y asistencia personal a personas con discapacidad, así como transmitir información en formatos accesibles para cada tipo de discapacidad, empezando por mensajes destinados a la salud pública, así como de asistencia disponible y campañas de prevención.

“La ONU debe exhortar al Estado venezolano a cumplir y hacer cumplir los mandatos internacionales, la Constitución y las leyes nacionales que sustentan los derechos de las personas con discapacidad en cuanto al acceso a la justicia, el debido proceso y la garantía de accesibilidad e inclusión”, concluyó Juan Ángel De Gouveia.

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 Las primeras y segundas revisiones del EPU de Venezuela tuvieron lugar en octubre de 2011 y en noviembre de 2016, respectivamente

Este 25 de enero, la situación de los derechos humanos en Venezuela será evaluada por tercer año por el mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

Venezuela es uno de los 12 Estados que será examinado por el Grupo de Trabajo de la EPU desde el 24 de enero hasta el 3 de febrero. 

Según reseña la página web del examen, entre los documentos en los que se basa el EPU para analizar la situación de cada Estado destacan: un informe nacional con información presentado por el Estado bajo examinación; una compilación de los informes de expertos y grupos de trabajo independientes conocidos como los Procedimientos Especiales, los Órganos de los Tratados de derechos humanos, y otras entidades de las Naciones Unidas y un resumen de la información proporcionada por los actores interesados pertinentes, incluyendo las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones regionales y las organizaciones no gubernamentales.

Durante este tercer ciclo del EPU, se espera que los Estados especifiquen las medidas que han adoptado para aplicar las recomendaciones formuladas en sus exámenes anteriores, a las que se comprometieron a hacer un seguimiento, así como a poner de relieve la reciente evolución de los derechos humanos en el país.

La delegación de Venezuela estará presidida por la vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. El Grupo de Trabajo del EPU tiene previsto aprobar las recomendaciones de Venezuela a las 3:00 pm del 28 de enero.

La situación de derechos humanos en Venezuela será considerada por tercera vez por el mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, el martes 25 de enero que será transmitido en vivo por webcast. Más detalles⬇️ https://t.co/GH8VjiuOy3

— ONU Venezuela (@onuvenezuela) January 20, 2022

Las organizaciones de la sociedad civil venezolana enviaron informes al #EPUVenezuelaDDHH que abordan 34 temáticas sobre situaciones de violación de DDHH en el país de modo general y en derechos específicos https://t.co/1gFDVPmAMb pic.twitter.com/hHKuaKcErR

— Examen ONU Venezuela (@VE_ONU) January 24, 2022

La libertad de expresión y los derechos humanos

En una nota publicada en el portal del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), se destaca que la libertad de expresión y el acceso a la información pública es de las más graves en el país.

De acuerdo con datos del Ipys Venezuela, en los últimos cinco años fenómenos como la censura, la opacidad, la desinformación, la persecución, el hostigamiento, y la criminalización han tomado mayor forma en el país. 

«La opacidad en cifras  y el ocultamiento de información de interés público ha sido adoptada como política del Estado venezolano. La prensa ha sido perseguida, intimidada, agredida y criminalizada», afirma Ipys. 

El instituto también señala que diversos organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Unesco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones de la sociedad civil han exhortado al Gobierno de Venezuela a respetar las garantías universales y que además, en el segundo ciclo del EPU, el Estado venezolano recibió 19 recomendaciones relativas a la libertad de expresión y al acceso a la información.

No obstante, 18 de esas exhortaciones continúan sin ejecutarse y solamente se ha implementado una de manera parcial.

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La organización remitió un informe a propósito del III Examen Periódico Universal de Derechos Humanos

Pese a que el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece que el máximo juzgado es el responsable de garantizar la «supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales», el organismo rector del Poder Judicial no ha hecho más que anular la carta magna y desmantelar con sus decisiones la democracia venezolana. Así lo denunció Acceso a la Justicia al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El señalamiento lo realizó la agrupación en el informe que remitió a la instancia con sede en Ginebra, Suiza con motivo del III Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos, al que Venezuela deberá someterse a finales de este año.

El comportamiento del TSJ frente a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 es para Acceso a la Justicia una clara demostración de que el Poder Judicial, comenzando por su máxima instancia, no actúa conforme a lo estipulado en el texto fundamental.

En el reporte se lee lo siguiente:

«En diciembre de 2015 los venezolanos le dieron la mayoría de la AN a la oposición. Sin embargo, esta no se había instalado aún y ya había comenzado a ser neutralizada por el TSJ, que la eliminó de facto a través de 145 sentencias, desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2020».

Además, se recuerda que «Solo en 2020 el TSJ dictó veintiséis fallos contra la AN, de los que aún se desconoce el contenido de muchos. En el último lustro, el máximo juzgado emitió en promedio una sentencia cada doce días contra el Legislativo».

En el informe, se destacan los fallos 155 y 156 que la Sala Constitucional dictó en 2017, no solo porque mediante los mismos liquidó al Parlamento y el máximo juzgado se arrogó sus facultades, algo que la carta magna no le permite, sino porque además esos fallos desencadenaron una ola de protestas antigubernamentales que se prolongó por casi cuatro meses y que fue duramente reprimida por las autoridades.

Persecución a la orden del día

El TSJ no se limitó a neutralizar al Parlamento dominado por la oposición, sino que también emprendió una campaña de persecución contra sus miembros. Al respecto, Acceso a la Justicia denunció esto ante el Consejo de Derechos Humanos:

«Para mayo de 2020, más de noventa y seis parlamentarios de oposición y disidentes del chavismo, principales y suplentes, habían sufrido algún tipo de persecución política. El TSJ tuvo un rol protagónico en el caso de una treintena de diputados opositores, violando su inmunidad parlamentaria. Cinco de ellos han estado presos y para junio de 2021 al menos dos continuaban privados de libertad: Juan Requesens (con medida de casa por cárcel) y Gilberto Sojo (quien lleva más de cuatro meses detenido [para el momento del envío del informe])».

El voto en la mira

Como si no fueran suficientes los ataques a la AN, poder público que, junto a la máxima autoridad del Ejecutivo, es electo directamente por los ciudadanos y que realmente representa la pluralidad del país, Acceso a la Justicia denunció que el TSJ ha pasado el último lustro socavando el derecho al voto, pilar de cualquier democracia civilizada, pues tanto en las presidenciales de 2018 como en las parlamentarias de 2020, las salas Constitucional y Electoral no colaboraron activamente para que las elecciones se celebraran sin cumplir con los estándares internacionales y diseñando incluso una oposición «a la medida».

La organización recordó que el máximo juzgado, junto al Consejo Nacional Electoral (CNE), maniobró para neutralizar a los partidos opositores y disidentes del chavismo, a fin de acabar con cualquier posible competidor real del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Así, de sesenta y siete partidos inscritos en el CNE para diciembre de 2015, «tres años después (…) solo quedaban diecisiete partidos políticos, y de ellos solo cinco de oposición».

Como si lo anterior no fuera suficiente, de cara a las elecciones parlamentarias celebradas en diciembre de 2020, el máximo juzgado intervino e impuso directivas a nueve formaciones políticas opositoras (Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Movimiento Republicano, Acción Ciudadana en Positivo y Bandera Roja) y disidentes del chavismo (Tupamaro, Patria Para Todos y Compromiso País).

Asimismo, autorizó al CNE ―designado por el mismo TSJ, por cierto―, a reformar la legislación electoral para favorecer al oficialismo, algo que logró, pues la alianza gubernamental se hizo con el 92% de los escaños de la AN, aunque solo tenía el 68% de los votos.

Para leer el informe La consolidación de un Estado de hecho en Venezuela, haga clic aquí.

LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS en Venezuela y Ecuador ocupó parte de la agenda del primer día de actividad del 39° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que inició este 10 de septiembre en Ginebra, Suiza.

Fueron ochenta y cuatro ONG de ambas naciones (treinta y dos de Ecuador y cincuenta y dos de Venezuela) las que tuvieron un derecho de palabra, que fue asumido por nuestro director Alí Daniels, y el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Eduardo Trujillo, quienes rebatieron el informe que sobre estas naciones presentó el ex-experto independiente para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, Alfred de Zayas.

El documento de De Zayas, consignado ante el Consejo de DD. HH. en diciembre pasado, niega en el caso venezolano la existencia de una emergencia humanitaria, contradiciendo los dieciocho pronunciamientos internacionales que se han dado entre julio de 2016 y agosto de 2018 para referirse a la crisis, y que incluyen dos informes del propio Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.

Al asumir la vocería sobre las inconsistencias metodológicas en las que incurrió De Zayas durante su misión oficial para estudiar los programas de gobierno de ambos países, Daniels expresó la preocupación de las ONG que rubrican la declaración ante la opacidad y transparencia con la que se preparó y desarrolló la visita, así como de la información parcializada que se entregó durante y al final del recorrido.

Atendiendo a estas condiciones, el informe leído por el director de Acceso a la Justicia advierte que “cualquier valoración sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y Ecuador”, con base en la visita de De Zayas “debe considerar la ausenciade los necesarios requisitos en cuanto a tiempo, transparencia y equilibrio”.

En consistencia con lo planteado, Daniels destacó que la falta de equilibrio del documento del ex-experto, que llegó a manos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se muestra sin miramientos, pues de las casi quince páginas que lo conforman, doce fueron dedicadas al caso Venezuela, y apenas dos páginas y media a Ecuador. La discriminación incluso se trasluce en los seis párrafos de conclusiones, en las cuales apenas tres líneas se refieren a este último país.

Debido a lo ocurrido con el informe de De Zayas, las ONG alertaron al Consejo de DD. HH. de las Naciones Unidas, que “estaría en mejor posición para entender la situación crítica que enfrenta el país si el Estado permitiera las visitas solicitadas”.

Recordaron que en los últimos quince años –desde 2003– en al menos once procedimientos especiales se ha solicitado visitar Venezuela, mientras que con ocasión del Examen Periódico Universal (EPU), “veinticuatro países hicieron recomendaciones sobre la necesidad de abrir canales de diálogo con los procedimientos especiales y permitir visitas”, pero a la fecha ninguna de estas ha sido aceptada por el Estado venezolano.

Escrutinio al contenido

La intervención del director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello versó sobre las características de la crisis humanitaria que vive el país, y cómo el informe de De Zayas descarta la realidad que padecen millones de venezolanos.

Específicamente, Trujillo cuestionó como el ex-experto, sin haber concluido su recorrido por el territorio nacional, y mucho menos sin haber procesado la información recolectada, que abarcó la proporcionada por organizaciones independientes, adelantó opinión negando la emergencia, que ha sido avalada por organismos internacionales defensores de derechos humanos.

Precisó que el exsecretario General de la ONU, Ban Ki Moon, así como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), así como órganos regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han expuesto la gravedad de la situación en Venezuela, que se ha traducido en la violación sostenida y masiva de derechos humanos.

Pese a esto, advierte que el Estado venezolano en lugar de reconocer u ocuparse de la precariedad que sufre la población por la ausencia de acción gubernamental en la garantía de derechos básicos como seguridad, salud y alimentación, entre otros, está “haciendo uso instrumental de las declaraciones” de De Zayas “para pretender neutralizar las advertencias de la comunidad internacional”, y hacer caso omiso a “uno de los mayores éxodos de población en la región desde la creación del ACNUR en 1950”.

Ante esto, Trujillo informó que ochenta y cuatro ONG de Venezuela y Ecuador llaman al Consejo de Derechos Humanos a que evalúe realizar una visita de seguimiento a Venezuela que le permita al nuevo experto independiente, Livingstone Sewanyana, constatar de primera mano la realidad del país.

Lo dicho está en concordancia con el discurso pronunciado por el canciller Jorge Arreaza, quien durante su intervención ante el Consejo llamó a Sewanyana a tomar en cuenta el documento presentado por su antecesor, pues para el Gobierno venezolano sí es objetivo e imparcial, pues ni es selectivo en la información que presenta, ni sostiene una posición política determinada.

Nueva gestión

Al tiempo que el caso venezolano pudo ser expuesto, la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, asistió a su primera ronda de sesiones del Consejo de DD. HH. de la ONU como alta comisionada.

Durante su exposición reconoció la gravedad de la situación venezolana, ya que junto a Nicaragua fue uno de los dos primeros países de los que mencionó graves violaciones a los derechos humanos.

En detalle, dijo que desde la publicación del último informe de la Oficina que ahora dirige ha recibido información sobre violaciones de los derechos socioeconómicos, civiles y políticos en ambas naciones; mientras que se eleva el número de personas que salen de estos territorios ante la precariedad de las condiciones de vida.

También refirió que el Gobierno venezolano no ha demostrado ser abierto para asumir medidas que atiendan las situaciones documentadas por la Oficina del Alto Comisionado de los DD. HH. durante las protestas masivas de 2017.

Dinámica

El 39° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que inició este 10 de septiembre, continuará hasta el próximo 28 del mismo mes.

Se espera que la agenda abarque nuevos espacios de exposición y debate de Estados y sociedad civil organizada sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Al cierre de la actividad es probable que se emita algún tipo de pronunciamiento que busque orientar las acciones a futuro de los países donde los DD. HH. estén siendo violentados, para preservar su disfrute y defensa.

Con información de Acceso a la Justicia 

La escasez de alimentos y medicinas que padecen los venezolanos es culpa de un bloqueo en el que participan bancos internacionales y grupos nacionales. Así lo denunció en el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas el Gobierno, el cual, no obstante, rechazó pedir cualquier tipo de ayuda exterior para superar este supuesto complot, por considerar que las ofertas que se le han hecho no tienen “ningún ánimo constructivo”.

“Enfrentamos una incesante guerra en nuestro país en el ámbito económico, que afecta el pleno disfrute de derechos básicos de la población. Tal bloqueo se produce mediante el acaparamiento y el sobreprecio de medicamentos y alimentos, el contrabando de extracción y las acciones de entidades financieras internacionales que obstaculizan transacciones internacionales del país para la adquisición de productos alimenticios y de salud”, afirmó la ministra para el Servicio Penitenciario, María Iris Varela, al presentar este jueves la respuesta formal del Ejecutivo a las 274 recomendaciones que le formularon durante el II Examen Periódico Universal de Derechos Humanos (EPU).

Tal y como se esperaba, la funcionaria, en representación del Estado, no aceptó las sugerencias que países como Canadá le hicieron para aceptar la ayuda internacional que países y organismos internacionales han hecho para superar el desabastecimiento, alegando que en ellas “hay un trasfondo político y forman parte del constante asedio contra la democracia venezolana”.

Sigue leyendo esta nota de Juan Francisco Alonso en Crónica Uno

El Estado Venezolano desestimó 81 recomendaciones del informe final del Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, llevado a cabo en Ginebra.

En el segundo examen realizado en noviembre de 2016, el Estado venezolano recibió 274 recomendaciones de 102 países miembros de la ONU. De este total, aceptó 193 y tomó nota de 81 (42%), manifestando no estar en disposición de cumplir 53, que representan 65% del total de las anotadas.

En las 28 recomendaciones que el Estado desestimó como “anotadas” se encuentran ratificar los protocolos de denuncia en casos de tortura y violaciones a derechos del niño; garantizar el respeto a las libertades de expresión y asociación y un entorno propicio para la sociedad civil; poner fin a la prisión arbitraria y liberar a todos los presos políticos; respetar el debido proceso y los derechos humanos de las personas privadas de libertad; garantizar derechos a personas transexuales, transgénero y parejas del mismo sexo; y aceptar la asistencia y la cooperación internacional para enfrentar la crisis del sector salud y la escasez de alimentos, ésta última por no tomar en cuenta la guerra económica, el asedio y la amenaza de “poderes fácticos y políticos–económicos de ciertas élites nacionales e internacionales”.

Conforme a los procedimientos del EPU se permite a los Estados hacer una excepción con algunas recomendaciones en las que sólo se tome nota, sin que esto signifique desentenderse de ellas. Manifestó no estar dispuesto a implementar un gran número de recomendaciones que están dentro de sus obligaciones

“La mayoría de estados que participaron en el EPU llamó la atención del Estado venezolano sobre la afectación de un amplio espectro de derechos humanos, la falta de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado y la negativa a invitar al país a representantes de los Procedimientos Especiales”, dijo Feliciano Reyna, quien habló en nombre de las 170 organizaciones autónomas de la sociedad civil venezolana.

«Periodistas, estudiantes, activistas políticos y defensores de derechos humanos son objeto de estigmatización y criminalización y las personas detenidas son sometidas a torturas y tratos crueles; el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo no actúan con independencia, afectando así las garantías de protección de los derechos humanos;  el Servicio de Inteligencia venezolano debe dejar de operar como un sistema de justicia paralelo y debe cesar el uso de la justicia militar para procesar civiles», agregó Reyna.

Reyna señaló que las libertades de asociación, manifestación pacífica y expresión están severamente restringidas en Venezuela.

“Vivimos una emergencia humanitaria compleja, 82% de la población venezolana vive hoy en pobreza, 1 de cada 10 niños y niñas menores de 5 años en 4 estados de Venezuela presentaron Malnutrición Global Aguda en diciembre de 2016, 75% de hospitales públicos no puede prestar atención mínima adecuada por falta de medicinas e insumos y no hay reactivos para pruebas de control para el VIH, 4 millones de personas no tienen desde hace meses acceso a las medicinas que su condición con urgencia requiere”, acotó.

El Estado estuvo representado por la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela,  afirmó que en Venezuela «se respetan todos los derechos humanos y libertades, existe plena independencia y autonomía de los poderes públicos, se garantiza el derecho a referendo revocatorio y la recolección de manifestación de voluntades ciudadanas y se mantiene una sistemática cooperación con el sistema universal de derechos humanos, al que se transmite amplia información».

Dentro de las 53 recomendaciones que “no contaron con el apoyo” del Estado luego de su análisis por considerarlas “sesgadas, confusas, políticamente mal intencionadas y elaboradas sobre bases falsas”, se encuentran:

1. Revertir la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos,

2. Aceptar las visitas solicitadas por órganos de las Naciones Unidas y atender los llamados del Alto Comisionado,

3. Todas las relacionadas con reconocer y restaurar las potestades de la Asamblea Nacional y respetar plenamente la democracia y la participación política,

4.  Todas las referidas a la protección de los defensores de los derechos humanos,

5. Garantizar el cese de la persecución y violencia política,

6. Respetar las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica y adecuar la vigilancia de comunicaciones a las normas de derechos humanos,

7.  Poner fin a la Operación Liberación y Protección del Pueblo,

8. Garantizar los derechos a los colombianos afectados por el cierre de fronteras,

9. Reducir los homicidios, combatir la impunidad y poner fin a los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad,

10. Asegurar mejores condiciones de reclusión para el elevado número de personas detenidas y el excesivo hacinamiento en las cárceles,

11. Eliminar la instrucción premilitar en las escuelas,

12. Ajustar la Ley de Educación a la protección del derecho a la autonomía y la libertad de cátedra.

Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, encabezó la delegación venezolana ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra

Maru Morales P.

Gitanjali Wolfermann

Este jueves cerró para Venezuela el segundo ciclo del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La sesión se realizó en Ginebra y contó con la participación de los 47 miembros del Consejo, 14 ONG y la delegación oficial del gobierno de Nicolás Maduro. La sesión sirvió para que Venezuela confirmara cuáles de las 274 recomendaciones que recibió durante su segundo EPU, realizado en noviembre de 2016, serían aceptadas o anotadas por el país.

La misión gubernamental estuvo encabezada por la ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela, quien defendió enfáticamente la existencia de garantías para la libertad de expresión en el país.

“En Venezuela está prohibida toda restricción al libre ejercicio de los derechos fundamentales, como la libertad de expresión, información, reunión y asociación pacifica y de conformidad con las leyes”, dijo este jueves ante el Consejo de DDHH.

Sin embargo, las cifras y los hechos contradicen tal afirmación de la ministra Varela. De acuerdo al registro del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, entre 2012 y 2015, hubo 2030 violaciones a la libertad de expresión. En 2016 se contabilizaron 763 violaciones a este derecho y en lo que va de 2017 se registran 86 denuncias. Por si fuera poco, la mayoría de las violaciones, son cometidas por el Poder Ejecutivo.

De hecho, las ONG y los países que abordaron el tema de libertad de expresión durante la sesión de cierre del EPU mostraron estar al tanto de esa información. Fue así como la representación de Estados Unidos señaló: “Realizamos un nuevo llamado al gobierno de Venezuela para que los medios de comunicación independientes puedan informar”.

Más específicos fueron los planteamientos de Amnistía Internacional, Cívicus y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos.

AI señaló: “Muchos Estados hicieron recomendaciones para garantizar la libertad de expresión y garantizar un  ambiente de libertad social. Aunque Venezuela aceptó la mayoría de las recomendaciones sobre libertad de expresión, eventos recientes demuestran que en la práctica continúa siendo un desafío el ejercicio pleno de este derecho”.

El defensor de derechos humanos venezolano, Feliciano Reyna, también tomó la palabra en nombre de Civicus, ONG que consultó a 170 organizaciones venezolanas para presentar su informe ante el Consejo. “Las libertades de asociación, la manifestación pacífica y de expresión están seriamente restringidas en Venezuela. Periodistas, estudiantes, defensores de derechos humanos y políticos son objeto de estigmatización y persecución”, señaló Reyna.

Por su parte, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos advirtió que Venezuela atraviesa una crisis en materia de derechos humanos y advirtió que ha habido un incremento de “ataques a la libertad de expresión y atentados contra el derecho de reunión pacífica”.

En respuesta, la ministra Varela señaló que el Estado decidió rechazar ciertas recomendaciones –algunas de ellas sobre libertad de expresión- por considerar que las mismas fueron “esgrimidas de manera politizada y sin ningún marco que las sustenten” Consideró el Estado que determinados planteamientos provenientes de otros gobiernos “fueron realizados de manera sesgada”, con “un trasfondo político y forman parte del constante asedio contra la democracia venezolana”.

Libertad de expresión y acceso a la información pública

«La libertad de expresión se encuentra entre las tres principales recomendaciones que hicieron los Estados durante el Examen Periódico Universal 2016 de Venezuela», apuntó Ramón Muñoz Castro, director de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH), al finalizar la presentación de la delegación venezolana ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el jueves 16 de marzo de 2017.

Muñoz Castro argumentó que la preocupación de las ONG internacionales sobre el estado de la libertad de expresión en Venezuela,  «se desprende de informes presentados por la sociedad civil que denuncian un contexto restrictivo para el ejercicio de la libertad de prensa, expresión y opinión, que afecta a periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general. Con espíritu de diálogo, invitamos al Estado a implementar las medidas necesarias para garantizar la libertad de opinión y expresión como una de las piedras angulares de toda democracia».

El director de la RIDH agregó que es necesario emprender acciones para garantizar el libre acceso a la información pública. «Periodistas y organizaciones solicitan la difusión de estadísticas oficiales y la posibilidad de consultar documentos públicos que generarán un mayor espacio de transparencia en el país. Por ejemplo, los indicadores de inflación de 2016, la actualización de las cifras de mortalidad y de epidemiología, y las Memorias y los informes de gestión del año 2016».

La Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) se pronunció ante respuesta del gobierno a las recomendaciones hechas en el Examen Periódico Universal (EPU) y advirtió que la escasez de medicamentos llegará a niveles catastróficos si las autoridades no reconocen el problema sanitario.

Las 13 recomendaciones relacionadas sobre el derecho a la salud que recibió Venezuela durante el 2do Ciclo del EPU que se realizó en noviembre de 2016 no fueron consideradas prioritarias por el Gobierno, por lo que la organización aseguran que las autoridades desconocen la crisis que viven los venezolanos.

Entre las recomendaciones hechas al estado venezolano se encontraban: la provisión urgente e inmediata de medicamentos, afrontar la escasez de servicios y atender las necesidades básicas del pueblo, así como desarrollar y aplicar políticas eficaces para hacer frente a la crisis de salud y alimentos.

La organización explicó que actualmente el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos que supera el 85% y 95%, respectivamente, afectando la calidad de vida de casi 4 millones de personas que viven con enfermedades crónicas.

“El problema de la crisis de salud seguirá existiendo hasta que el Gobierno no reconozca que existe una situación compleja sobre la salud. Nuestras últimas reuniones con el sector farmacéutico nos indica que en los próximos meses se acentuará la escasez de medicamentos e insumos a niveles catastróficos, lo que generará una disminución en la calidad de vida de las personas con condiciones de salud crónica, e incluso más muertes“, advierte Francisco Valencia, presidente de Codevida.

En Venezuela, indica la Codevida, se ha hecho cotidiana la aplicación de medidas de racionamiento para entregar estas medicinas, vulnerando el derecho a la salud que está consagrado como un derecho universal que no admite ningún tipo de discriminación.

*Con información de nota de prensa