Derechos a la salud, educación y justicia de las personas con discapacidad en Venezuela se vulneran a diario
El pasado 25 de enero se realizó en Ginebra la Sesión correspondiente al 3er Ciclo del EPU, en el que se evaluó la situación de Derechos Humanos en Venezuela, incluyendo las dificultades de las personas con discapacidad
Organizaciones de la sociedad civil enviaron sus contribuciones presentadas en más de 170 informes y hojas informativas con exposición de casos y recomendaciones, entre ellas, las relativas al tema de la protección de derechos de personas con discapacidad
Consorven denuncia que aún persisten las inequidades existentes a nivel educativo y las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para educarse. Además, ha disminuido el índice de contrataciones a este sector de la población
El Programa de Atención en Salud a las Personas con Discapacidad (PASDIS) adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPPS), cesó definitivamente en sus funciones
En Venezuela no se cumple con las Normas Covenin en la mayoría de las instituciones educativas, públicas y centros de salud, “vulnerando el derecho a la accesibilidad física y comunicacional de las personas con discapacidad”
La Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), junto a otras organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad, presentaron al Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidades una serie de informes y recomendaciones para la implementación de medidas concretas que favorezcan la garantía de los derechos de las Personas con Discapacidad en el país.
Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, recordó que en el 2do Ciclo del EPU, tanto los miembros del Comité como los Estados Parte hicieron algunas recomendaciones, principalmente en lo relativo a los derechos a la salud, educación, acceso a la justicia y accesibilidad comunicacional de las personas con discapacidad.
En principio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los países miembros recomendaron aplicar en Venezuela un Plan Nacional de Derechos Humanos para fortalecer la coordinación y supervisión institucional de las políticas en este tema, específicamente en lo relacionado con la protección social de personas con discapacidad y adultos mayores.
Sin embargo, no se tienen datos ni información referente a la aplicación plena de este plan, menos aún de forma desagregada según la discapacidad, de acuerdo con Consorven.
En la nota de prensa enviada por Consorven a este despacho, también se indica que se plantearon recomendaciones en temas académicos para que la población venezolana con discapacidad, en especial niños, niñas y adolescentes, pudieran recibir una educación inclusiva que promueva el uso de la Lengua de Señas y Sistema Braille.
Según el informe de Red de Derechos Humanos de los Niños, niñas y Adolescentes (REDHNNA), los niños, niñas y adolescentes (NNA) con discapacidad no cuentan con programas ni medidas de atención especializada, a pesar de tener un marco normativo que promueve la no discriminación.
— Consorven (@Consorven_Ve) January 24, 2022
El acceso a entornos inclusivos para NNA con discapacidad es una gran deuda presente en América Latina. Venezuela no se queda atrás y por eso @funvape, junto a @Consorven_Ve elevó su informe a la EPU. #EPUVenezuelaDDHH https://t.co/QpO1yqbnxF
— Cecodap (@cecodap) January 24, 2022
Sobre ese particular, Consorven destaca que las organizaciones de la sociedad civil y de DDHH no han podido recabar información suficiente para asegurar que tales recomendaciones se hayan implementado por parte del Estado.
En el #EPUVenezuelaDDHH las organizaciones @funvape y @Consorven_Ve consignaron un informe que evidencia la deuda que tiene el Estado con la inclusión de los niños, niñas y adolescentes con dicapacidad. https://t.co/fdua7EviHb
— Caleidoscopio Humano (@CaleidoHumano) January 25, 2022
“Pero sí hemos hecho importantes hallazgos que muestran las inequidades existentes a nivel educativo y las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a tan importante derecho contemplado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), del cual Venezuela forma parte”, dijo De Gouveia en el comunicado citado.
Falta de protección legal, médica e inclusión a medias
Por otra parte, el presidente de Consorven mencionó la protección de los derechos de las mujeres y niñas frente a la violencia basada en género, a través de la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Según la organización @_CEPAZ
Las mujeres con discapacidad viven una doble discriminación.#EPUVenezuelaDDHH #DDHHSordosVe
— Consorven (@Consorven_Ve) January 24, 2022
De la misma forma, trajo a colación la inclusión de 5% de personas con discapacidad a la nómina de empleados para estimular la oferta laboral y el derecho al trabajo. Sobre este punto en particular, expresó que en la actualidad ha disminuido el índice de contrataciones a este sector de la población.
Según los datos recabados por estas organizaciones, existe evidente deterioro en el sistema de salud pública referente a la falta de insumos y atención a las personas con discapacidad.
Como ejemplo, citaron que el Programa de Atención en Salud a las Personas con Discapacidad (PASDIS) adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPPS), cesó definitivamente en sus funciones, quedando únicamente en funcionamiento una Dirección General de Salud Integral de dicho Ministerio, la cual, según explican, no cubre los requerimientos de esta población”.
Recomendaciones de Consorven y otras ONG
De Gouveia especificó que el Estado venezolano debe revisar las leyes y normativas vigentes con el objetivo de generar reglamentaciones y planes de acción que propicien el diseño de programas de formación, protección y apoyo para la Mujer con discapacidad, así como generar mecanismos de control y protección que le permitan ejercer la denuncia e independizarse de ambientes en los que sea abusada.
Igualmente hizo hincapié en la importancia de proveer servicios para dar continuidad a programas de atención temprana, rehabilitación y asistencia personal a personas con discapacidad, así como transmitir información en formatos accesibles para cada tipo de discapacidad, empezando por mensajes destinados a la salud pública, así como de asistencia disponible y campañas de prevención.
“La ONU debe exhortar al Estado venezolano a cumplir y hacer cumplir los mandatos internacionales, la Constitución y las leyes nacionales que sustentan los derechos de las personas con discapacidad en cuanto al acceso a la justicia, el debido proceso y la garantía de accesibilidad e inclusión”, concluyó Juan Ángel De Gouveia.
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