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El niño guerrero

Podcast | El diálogo entre el gobierno y el “Niño Guerrero”, el plan piloto del Ministerio de Educación y las muertes de los neonatos en Margarita

En el episodio 234 de este condensado de información semanal, tres grandes reportajes destacaron esta semana por Tal Cual, El Pitazo y Runrun.es, los tres medios digitales venezolanos que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI). 

Desde Tal Cual esta semana nos comparten el trabajo: “Tocorón: autoridades siempre han conversado con el “Niño” Guerrero». Los relatos de funcionarios afirman que antes de la toma del penal,  ya se había conversado y los pranes decidieron irse. «Eso nos lleva a la conclusión de que fue conversado entre el Niño Guerrero y autoridades del gobierno de Maduro, porque siempre se han manejado esas relaciones entre ese preso y los anteriores ministras y ministros, de lo contrario, todavía estarían echando plomo en ese penal con todo el arsenal que han mostrado», aseguró Humbero Prado, del Observatorio de Prisiones. 

“El plan piloto del Ministerio de Educación no es más que un compilado de buenas intenciones» es el #RRPlus que destacan en Runrun.es esta semana. Sobre el plan piloto de educación que propone el gobierno de Maduro, el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, Carlos Calatrava, afirmó que aunque ha estado participando en las mesas de trabajo con los encargados de educación media y de los currículos del Ministerio de Educación, se desconoce cuáles son las escuelas donde implementarán el proyecto.

En El Pitazo destacan el trabajo «Tu hijo murió, la demoledora frase que escuchan las madres en el hospital de Margarita”. 1, 2, 3… 30… 80. No es un conteo fácil. Es impreciso. 80 es la cantidad de madres que entre julio y agosto de 2023 enterraron a sus hijos recién nacidos. Murieron en el hospital Luis Ortega de Margarita, en el estado Nueva Esparta, donde los padres intentan ser escuchados por las autoridades gubernamentales para denunciar las irregularidades que ocurren con la atención de neonatos y sus madres luego de que paren. 

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Además, puedes visitar las páginas web para tener acceso a las noticias y mayor detalle de los reportajes que destacaron esta semana en el Tres en Uno, tu suplemento informativo semanal.

Narración y producción ejecutiva: Luis D. Miquilena

Guión: Francisco Zambrano

Edición y montaje: Abrahan Moncada

Un video difundido en las redes sociales muestra la instalación deportiva, que hasta tiene grama artificial. En Google Maps se pudo corroborar que el estadio se encuentra en la zona norte del Centro Penitenciario de Aragua. En la pared de los jardines del campo de juego se lee el nombre de la megabanda

Fotos/Vídeo: Google Maps / Cortesía

La mañana de este miércoles, 14 de abril, un video se difundió a través de las redes sociales, en el cual se observa un estadio de béisbol con un letrero que dice «Tren de Aragua». La instalación deportiva está ubicada en la cárcel de Tocorón, centro de operaciones de la poderosa megabanda dirigida por el pran Héctor “Niño” Guerrero.

En el vídeo no se especifica fecha, ni hora de la grabación. Sin embargo, se evidencia que las tomas se hicieron en la noche y que el lugar cuenta con un sofisticado sistema de iluminación, que no parece tener nada que envidiarle al Estadio Universitario de Caracas.

En el audiovisual se escucha a una persona diciendo: “Mira ve, la casa de los príncipes. Para que veas, papá, puros juegos de noche. ¿Te gusta así? Mira el estadio, papá. No hay manera, que se vengan las apuestas buenas. En la casa, papá, tú sabes. ¿Te gusta así?».

Aunque en el video no se menciona el lugar donde se encuentran las instalaciones deportivas, funcionarios de seguridad y familiares de algunos reclusos del Centro Penitenciario de Aragua confirmaron a la Alianza Rebelde Investiga (ARI), este 14 de abril, que el estadio de béisbol está dentro de las instalaciones del recinto carcelario, también conocido como Tocorón.

“Este espacio se utilizaba anteriormente para la práctica de softbol y luego fue reacondicionado por esta organización delictiva (Tren de Aragua)”, señalaron funcionarios de cuerpos de seguridad consultados, quienes pidieron proteger sus identidades.

Se sabía de la existencia de un campo de softbol dentro del penal de Tocorón, desde hace al menos cinco años por trabajos periodísticos y mapas de Google. Pero un funcionario de la Policía de Aragua confirmó que en los últimos meses esa instalación deportiva había sido remodelada para ser convertida en un estadio de beisbol.

“Le colocaron hasta grama artificial”, dijo el efectivo.

El proyecto del estadio que se desarrollaba dentro del penal era un secreto a voces entre los habitantes de Maracay, capital del estado Aragua, pues el traslado e ingresos de materiales hacia la cárcel era notorio.

Los familiares de algunos presos consultados comentaron que estas instalaciones no están disponibles para todos los reclusos del Centro Penitenciario de Aragua. Solo las pueden usar aquellos reos que tienen ciertas jerarquías dentro del grupo delictivo que controla la cárcel.

El Tren de Aragua es actualmente el grupo criminal más poderoso de Venezuela. Tiene operaciones en, al menos, 10 estados del país: Aragua, Miranda, Carabobo, Sucre, Bolívar, Táchira, Guárico, Trujillo, Lara y Zulia.

Además se ha demostrado que hay presencia de sus miembros en cinco países de América Latina que son: Colombia, Perú, Brasil, Chile y Ecuador.

Mediante búsquedas en la plataforma Google Maps se pudo corroborar que este estadio que se ve en el video se encuentra en la zona norte del Centro Penitenciario de Tocorón. Adicional a esto, se observan otras instalaciones deportivas dentro del complejo carcelario.

ARI intentó hacer contacto con las autoridades de la cárcel de Tocorón y del Ministerio de Asuntos Penitenciarios para validar la información; sin embargo, no fue posible establecer comunicación.

 

Ago 07, 2015 | Actualizado hace 3 años
En Tocorón, el riesgo es que te quieras quedar
El penal de Tocorón, popular por su famosa discoteca, Disco Tokio, ofrece nuevas “amenidades” a los presos que allí cumplen condena. El centro de reclusión, ubicado en Aragua, ahora también cuenta con un “banco”, una piscina, un centro hípico, un gimnasio, un zoológico y una variedad de restaurantes

 

EL CENTRO PENITENCIARIO DE ARAGUA, conocido como Tocorón, se mantiene como territorio independiente, donde prevalecen los privilegios para los presos que cumplen su condena allí. Los líderes o “pranes” manejan sus negocios sin ningún tipo de control por parte de las autoridades, y han logrado levantar una infraestructura recreativa que podría ser envidiada por cualquier resort vacacional.

Captura de pantalla 2015-08-05 a la(s) 17.08.45En el penal, que se hizo popular por tener una de las “mejores” discotecas del país, Disco Tokio —recien remodelada— también tiene vende-paga (centro hípico), banco, piscina, gallera, restaurantes, campo de béisbol, bodegas, gimnasio, tiendas de ropa, cancha de futbolito y baloncesto, y hasta un zoológico de contacto -que entre sus animales más preciados tiene dos ponies-.

Aunque no es ni la primera o ni única cárcel que cuenta con una piscina para sus internos —la cárcel de San Antonio en Margarita también tiene la suya—, lo que sí es cierto es que la de Tocorón es de las más recientes y fue concluida y puesta en funcionamiento hace pocos meses. La falta de cemento y cloro, el costo de las baldosas y otros insumos no fue impedimento para que trompos y otras maquinarias de construcción trabajarán al ritmo que marca el dinero que mueven los “pranes”.

Después de pasar dos puestos de control de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y recorrer parte de la calle principal, que da acceso al penal, los visitantes de Tocorón también consiguen tiendas de ropa y bodegas en las que no hay colas ni escasez de productos, como en los abastos Bicentenario. “Aquí adentro se pueden comprar compotas, pañales, toallas sanitarias, champú, detergente, jabón de baño o lo que quiera”, dijo el familiar de un recluso, que prefirió no dar su nombre.

En el estadio con frecuencia se realizan campeonatos de softbol y béisbol, con la participación de equipos externos femeninos y masculinos. No se sabe quién autoriza el ingreso. Pero estos visitantes reciben un trato especial. No son requisados y solo les piden mostrar las cédulas de identidad. Luego son escoltados por presos armados hasta al final de las extensas instalaciones del penal, reveló un visitante, que pidió mantener su identidad en reserva por seguridad.

En los restaurantes, como El Sazón del Hampa, la visita puede comer desde un sancocho hasta una paella y una parrilla a precios similares a los de la calle.

“En el lugar hay niños y mujeres casi permanentemente. Allí se sigue manteniendo la pernocta de familiares y los presos hasta tienen mascotas”, contó la mujer que frecuenta el penal para visitar a su hijo.

Aunque no existe un inventario del “parque” de armas que tienen los reclusos del penal, un sencillo ejercicio de observación permite hacer un balance del arsenal: armas largas, granadas, revólveres y pistolas automática. El 12 de julio, una comisión de la Policía de Aragua que patrullaba la carretera San Francisco-Tocorón, sintió en vivo el poder de fuego que tienen los presos de Tocorón. La unidad fue atacada a tiros desde la azotea del penal, resultando herido por bala de fusil un funcionario policial.

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Bancarización penitenciaria

Como si se tratara de un juego de monopolio, donde cualquiera puede hacer realidad la fantasía de tener su propio banco, los «pranes» de Tocorón crearon uno a su medida. La piscina, el zoológico o la discoteca no son lo que más impresiona ahora a los visitantes del penal. “Lo que más llama la atención es una especie de banco que opera en las instalaciones. Sí, un banco”, repite el familiar de un recluso, como queriendo convencerse de que era verdad lo que había visto.

Este establecimiento financiero, de reciente funcionamiento, opera en una casita de tablas. Está custodiada por dos hombres que portan armas largas. En la puerta hay un aviso, hecho en papel bond blanco, en el que claramente se leen los números de cuentas de varios bancos.

“Las cuentas que aparecen en la puerta del banco pertenecen a familiares del ‘pran’ de la cárcel y en éstas los presos (en realidad su familia) deben depositar semanalmente ´la causa´ —una cuota fija que cada recluso debe pagar solo para tener derecho a estar en el penal—”, según explicó el familiar de un preso, que declaró bajo la condición de anonimato por temor a represalias en contra de su pariente.

Este “servicio bancario” lo usan principalmente los familiares de los presos que están fuera del estado Aragua y que no pueden trasladarse semanalmente al penal. El dinero es movilizado a través de transferencias electrónicas. A falta de cajeros automáticos, los parientes depositan en las cuentas de los “pranes”.

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Adicionalmente el banco de Tocorón presta dinero a los privados de libertad con un cobro de intereses semanales que oscila entre 10% y 20%, dependiendo del monto y del lapso de pago del total recibido.

Desde hace varios años, Tocorón está bajo control del “pran” Héctor Guerrero, alias “El Niño Guerrero”, quien se dio a conocer en 2012, cuando se fugó supuestamente con la ayuda de su novia de entonces Jimena Araya, conocida como “Rosita”. Un año después fue recapturado. Actualmente hay versiones de que la administración de Tocorón está en manos de tres reclusos o ex reclusos, cuyas identidades se mantienen en secreto. Durante la toma militar del sector San Vicente se vinculó con el control del penal a un hombre llamado Johan José Romero, apodado «Johan El Petrica», quien también sería líder de una organización delictiva denominada “tren de Aragua”.

En la cárcel de Tocorón hay aproximadamente 7.000 reclusos, entre hombres y mujeres.  No se conocen con exactitud los ingresos y la cantidad de dinero que manejan los pranes de ese penal. Pero al multiplicar la cifra de 7.000 internos por los 500 bolívares que cada uno debe cancelar semanalmente -por concepto de “la causa”-, el resultado es que los «pranes» reciben 3 millones 350 mil bolívares cada semana. Esto representa 14 millones de bolívares mensuales, monto que alcanza para comprar un apartamento de dos habitaciones en zonas como La Candelaria o Los Chaguaramos, en Caracas.

Además de “la causa”, los «pranes» de Tocorón tienen otros ingresos significativos producto de distintos negocios lucrativos asociados a actividades delictivas como venta de droga, extorsión, robo de vehículos y secuestro, entre otros.

Foto-0079En el caso del negocio de los restaurantes, quienes los regentan deben pagar a los «pranes» un monto semanal dependiendo de las ventas. Algunos de los restaurantes tienen aire acondicionado y otros están al aire libre; los mesoneros suelen ser los presos “evangélicos”.

Otras fuentes de ingreso para los «pranes» son las famosas fiestas y los conciertos, con artistas nacionales e internacionales, que se llevan a cabo dentro del penal para celebrar fechas especiales, como el día de la madre, del padre, del niño o navidad y año nuevo. Estos eventos aportan recursos por venta de licores y drogas.

Recientemente un funcionario del Gobierno reveló que 21% del Producto Interno Bruto en Venezuela proviene de la industria del crimen.

Ingresos sobre ruedas

En Aragua es un secreto a voces que desde la cárcel de Tocorón se planifican robos de carros y secuestros. Fuentes policiales aseguran que 90% del hurto y robo de vehículos en la región está dirigido desde la cárcel.

Aunque las autoridades policiales se niegan a hablar oficialmente de este tema, todo el mundo conoce el modus operandi. Los presos tienen bandas que actúan fuera de la cárcel. Ordenan el robo del carro a un ciudadano, le quitan el celular y grabar el número. Luego le regresan el teléfono inmediatamente al dueño con la advertencia de que no debe denunciar ante la policía, pues será contactado para negociar la devolución del vehículo.

Transcurridas dos o tres horas del robo del automóvil, el dueño es contactado y conminado a pagar una suma que varía de acuerdo al tipo de carro. El monto exigido como rescate va desde 70 mil bolívares por carros muy viejos hasta 700 mil en el caso de las camionetas.

“El dueño, si quiere recuperar su carro debe acudir al penal de Tocorón con el dinero en efectivo. Allí lo dejarán pasar sin revisarle el bolso en el que lleva la plata para el rescate. Otra fórmula consiste en que si la persona no quiere entrar, un tercero (por lo general un ex preso) lo espera en la puerta de la cárcel, donde recibe el dinero, y es el encargado de entregarlo al ‘pran”, explica una de las víctimas.

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Una vez verificado el monto, el dueño del vehículo recibe las llaves y las instrucciones que lo llevan al lugar donde el auto se encuentra estacionado. Algunas personas han tenido que retirar sus carros en centros comerciales (en Maracay, La Encrucijada y hasta en La Victoria) y otros en alguna avenida o calle poco concurrida.

A Marcos, quien vive en La Victoria, estado Aragua, le robaron su camioneta hace dos semanas. “Me interceptaron dos parejas de motorizados cuando salía de una pequeña parcela que tengo en Zuata. Me apuntaron con una pistola, me hicieron abrir la puerta de la casa y de allí se llevaron dos televisores LCD y tres aires acondicionados que fueron cargados en la camioneta. Después me pidieron mi número de teléfono y me dijeron que no denunciara”, relató.

Pero antes de marcharse los delincuentes hicieron una advertencia aterradora: “Sabemos dónde vives. Sabemos en qué colegio estudia tu hijo. Más tarde te llamamos para negociar. Tranquilo que te vamos a devolver la camioneta”, dijeron, deslizando el nombre del plantel.

Cuando iba camino a su casa, Marcos recibió una llamada de un número restringido y le pidieron 700 mil bolívares si quería volver a ver su vehículo. El dinero debía entregarlo personalmente en Tocorón en tres días. El agricultor pidió que le bajaran el monto del rescate, pues no disponía de esa cantidad. “No estaban de acuerdo y dijeron que me volverían a llamar”. Pero antes le recomendaron que vendiera “alguna vaina” para pagarles.

Finalmente los delincuentes aceptaron bajar el rescate a 500 mil bolívares. “Me dieron un nombre que tenía que decir en la entrada cuando me preguntarán a quién iba a visitar. Pasé sin que la Guardia Nacional me revisara el bolso donde llevaba el dinero. En la entrada me esperaban dos hombres, que me llevaron con otro a quien le di el bolso con la plata”, contó Francisco.

El hombre le dijo que confiaba en que el dinero estuviera completo y ni siquiera abrió el bolso. Le devolvió la llave y le dijo: “tu camioneta está en la vía Cagua-La Villa”. Y efectivamente el vehículo estaba en el estacionamiento de un conocido establecimiento de esa carretera.

Casi 100% de las víctimas de esta modalidad delictiva acuden al penal para pagar el recate por su vehículo y al hacerlo los recuperan en perfecto estado. Los que se han negado a pagar son amenazados con ser secuestrados o con que será asesinado algún familiar.

Fuentes policiales señalaron que algunos carros son retirados en el mismo penal, sin embargo no fue posible contactar a alguna víctima que pudiera confirmar que su vehículo estuvo dentro de la cárcel.

La ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, señaló recientemente que 90% de los privados de libertad del país están bajo el nuevo régimen penitenciario en cárceles en las que el Gobierno tiene el control. Pero éste no es el caso del penal de Tocorón, donde mandan los “pranes”.

¿Cuál régimen, Iris?

-En las cárceles que están bajo régimen penitenciario oficial (usan uniforme y son obligados a practicar el orden cerrado) al menos una vez al día los custodios cuentan a los privados de libertad. Sin embargo, en el penal de Tocorón esto no se hace porque los pranes no lo permiten.

-El número exacto de personas dentro del penal, que fue construido por albergar a 900 privados de libertad, no se conoce con exactitud.

-A las 7.000 personas, aproximadamente, que cumplen condenas en ese recinto debe agregarse la población flotante (esposas, hijos y otros familiares) que pernoctan cada fin de semana.

-Detrás del estadio de béisbol hay unas “casitas” de tablas donde viven los “pranes”. Les llamar booguies y se dice que están totalmente equipadas. Tienen cocina empotrada, aire acondicionado, televisores pantalla plana y otras comodidades.

-El área donde viven los pranes, está cerca de uno de los límites de la prisión y es custodiada permanentemente por presos con armas largas, que cumplen funciones de vigilancia.

-De lo que sí se tienen cuentas exactas es del número de presos que fueron trasladados desde El Rodeo. De un total de 400 que fueron llevados allí en 2011 (luego de un motín), solamente quedan 182 en un anexo que denominan Rodeíto y que está bajo el nuevo régimen.

-También se conoce el número de mujeres en el anexo femenino, pues también están bajo nuevo régimen. En total 121 mujeres purgan condena en Tocorón. Rumores entre los presos indican que las autoridades están próximas a cerrar ese anexo.

Jesús Yajure Jun 05, 2015 | Actualizado hace 9 años
La guerra sin cuartel declarada en Aragua

La toma del barrio San Vicente de Maracay por cuerpos de seguridad el 13 de mayo de 2015 puso de manifiesto la batalla campal entre policías y bandas armadas en la entidad. Vecinos y líderes comunales de este sector acusan a la Policía de Aragua de arremeter con violencia contra inocentes y de “robar” en las viviendas

 

Jesús Alberto Yajure
Laudelyn Sequera

 

“Dígame usted, ¿Qué barrio de este país no tiene madres con hijos presos o delincuentes? Pero no todos aquí somos malandros. Lo que hicieron no tiene nombre. La Guardia y el Cicpc se portaron a la altura. Pero Poliaragua fue un desastre. Insultaron, golpearon, maltrataron a todo el mundo. Se metieron a robar. Por eso es que no los queremos”, relata una vecina del barrio San Vicente, en Maracay.

“Aquí se quería gobierno, pero no policías”, agrega rodeada de familiares. Luce indignada, molesta. Accede a hablar dentro de su casa. No quiere que la vean conversando con periodistas, menos que se publique su nombre.

Su relato es apenas uno de los testimonios recogidos en este enorme barrio al suroeste de Maracay, tras la toma del pasado 13 de mayo por más de 1.500 funcionarios de organismos de seguridad del Estado. Situado junto a una zona industrial otrora pujante de Aragua, hay lotes abandonados entre los 22 sectores en los que está dividido, donde familias construyen ranchos de madera y lata. Se respira desempleo, pobreza. Las aguas negras corren por las calles.

En un rancho de lata y madera, un hombre con acento andino relata junto a su esposa cómo fue aquella toma. Muestra una herida en la cabeza: “Me dieron un cachazo. Preguntaban por pranes, que dónde estaban. No conozco a ningún pran, y como no les daba nombres, me golpeaban”. Se sube la camisa y deja ver moretones en la espalda. “Se llevaron los teléfonos y cinco mil bolívares que tenía ahorrados. Hasta se robaron la canaimita de la niña”.

Las autoridades no lo decían, pero buscaban a tres presuntos delincuentes a los que asocian con Héctor Guerrero Flores, conocido como “El Niño Guerrero”, el pran de Tocorón. Los objetivos eran Johan José Romero, apodado “Johan Petrica”; y Larry Amaury Álvarez, alias “Larry Changa”. Los tres tienen prontuario y han estado en la cárcel de Tocorón. Según las autoridades, controlaban una banda conocida como “Tren de Aragua”, a la que organismos de seguridad habían plantado una guerra sin cuartel.

Otra vecina —piel morena, baja estatura― muestra la puerta de su casa, rota a patadas: “No dejaron ni que abriera. Le dije a la oficial ‘¿qué vaina es, qué te pasa? Aquí vive gente decente’. Yo trabajo cuidando niños, ¿quién me va a pagar mi puerta?”.

Desde enero hasta mayo de 2015 fueron asesinados 24 funcionarios de Aragua. Una sede policial en El Mácaro fue atacada con granadas en abril. Luego en mayo, delincuentes atacaron otras dos estaciones en Villa de Cura y Turmero. La reacción se aceleró durante abril, cuando murieron 33 presuntos delincuentes durante procedimientos policiales. Los delincuentes daban un golpe, la policía lo devolvía. Siempre con muertos de por medio.

En un rancho de lata del sector El Infiernito, junto a un vertedero de basura, una mujer relata: “Nos golpearon delante de los niños. Me sacaron de mi casa desnuda. Se llevaron los teléfonos, nos reseñaron como si fuéramos unos delincuentes”.

El rechazo a la Policía de Aragua es latente y reconocido por las autoridades. José Sosa, supervisor jefe de la Comisaría de San Vicente, afirmó a Runrunes: “Cuando yo llegué aquí, el 19 de enero, ya había un choque entre la comunidad y la Policía. La gente no entiende muy bien el trabajo policial. Se molestan cuando se detiene a gente que anda con delincuentes”. Y agrega: “Esto nunca ha sido zona de paz, eso es mentira… Si alguien sustrajo alguna cosa de una vivienda, los vecinos debieron haber venido a poner la denuncia”.

A toda ¿vida?

En julio de 2014, el Gobierno de Aragua, a través de la Misión A Toda Vida Venezuela anunció la puesta en marcha de una fábrica de bloques en San Vicente. El proyecto preveía la inclusión de “jóvenes que han tenido la difícil experiencia de transitar por el sistema penitenciario y la pena de privativa de libertad”, expresó Reinaldo Hidalgo, encargado del programa en la entidad.

El proyecto de la bloquera —con un desembolso de Bs. 500 millones— fue el primer acercamiento entre autoridades e integrantes de una organización que luego se conocería como “Tren de Aragua”, acusada por el gobierno y cuerpos de seguridad de ejecutar asesinatos, ataques con granadas a comisarías, cobrar vacuna e instaurar el caos en la entidad.

Vecinos de San Vicente protestaron el 23 de abril contra el patrullaje y la presencia de la Policía de Aragua. Incluso, fueron más lejos y pidieron el cese del supuesto “acoso” contra Johan Petrica. El general Antonio Benavides Torres, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) para el centro del país, replicó al día siguiente que no permitirán que grupos hamponiles impongan sus reglas.

El golpe de las autoridades se selló con el procedimiento en San Vicente. Las autoridades allanaron cientos de viviendas, asesinaron a tres presuntos delincuentes y detuvieron a más de 800 hombres, 16 de ellos con prontuario: 11 por presunto tráfico de droga; 3 solicitados por homicidio; uno por robo y otra por incumplimiento de medidas cautelares.

En este amplio despliegue se incautaron una escopeta, una pistola, un revólver, una granada y dos envoltorios de droga, según informó el general Jesús Suárez Chourio, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) en una rueda de prensa el día después del procedimiento.

Algunos vecinos ya habían denunciado el cobro, por parte de delincuentes, de 500 bolívares como pago de vacunas y cuotas a cambio de la garantía de que no habría robos ni otros delitos. Ese  sería el trato que aparentemente impusieron las organizaciones criminales tras lograr sacar a los policías bajo amenaza y con el argumento de que San Vicente era “zona de paz”.

“Tren de Aragua”

Los presuntos delincuentes abatidos durante el enfrentamiento en San Vicente fueron: Edgar Alexander Valderrama Ayala, a quien se le incautó una pistola; y Carlos Eduardo Ribas Rodríguez, atrapado con una granada y una escopeta supuestamente perteneciente al “Tren de Aragua”; Johan José Cárdenas Leal, conocido como “Johan Maleta”, quien tenía un revólver y lo ejecutaron en la sala de su casa, en la calle 1ero de Mayo, según reveló Contrapunto.

Al día siguiente, el gobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, afirmó que el estado sería “zona de paz y de vida”. También aseguró que en el procedimiento en San Vicente se garantizó “el derecho colectivo a la paz”.

Los delincuentes, algunos de los cuales participaban en proyectos de la Misión A Toda Vida Venezuela, se convirtieron de pronto en “cazapolicías” que atacaban y disparaban a uniformados. El blanco de las balas siempre es la cabeza, en la mayoría de los casos registrados. La guerra obligó a los cuerpos de seguridad a patrullar las calles en grupos de más de ocho funcionarios para poder repeler cualquier ataque, según indicó un oficial activo de Poliaragua a la periodista Laudelyn Sequera.

Los escoltas de altos funcionarios del gobierno no han escapado de estos ataques en Aragua, a pesar que el gobernador El Aissami  afirmó que la entidad era “potencia en seguridad” y que incluso formó parte de su propuesta de campaña electoral en 2012. Días después del operativo en San Vicente aparecieron fotografías de “Larry Changa” junto con el hoy exministro de Deporte, Antonio “El Potro” Álvarez.

Fani Moreno y Sonia Herrera, líderes militantes del PSUV en San Vicente, cuestionan todo el operativo en la comunidad: “Si el gobierno les tendió la mano, ¿Por qué ahora los traiciona? ¿Por qué buscaban a esos pranes aquí, cuando ellos salían en fotos con funcionarios del Gobierno?” 

 

 

 

 

“Las zonas de paz no han dado los resultados esperados”

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El sociólogo Nelson Fréitez estima que los programas para la reinserción de personas vinculadas a actividades criminales deben emprenderse desde el diseño de políticas integrales que incluyan, en principio, mejoras en las condiciones socioeconómicas, pero sin descuidar el acompañamiento del Estado en materia educativa, cultural y preventiva.

Cree que el deterioro de las condiciones de la vida en comunidades y barrios cercanos a centros industriales donde la crisis económica ha obligado al cierre de empresas y la pérdida de empleos constituye un cóctel para el auge delictivo.

“Hay estudios que prueban esto en zonas residenciales, de trabajadores, aledañas a zonas industriales, que se cierran por razones de crisis económicas. Es allí cuando se expulsa a los trabajadores de los procesos productivos, se pierde el empleo y ocurre un proceso que es común, que consiste en la precarización de la vida, por el desempleo, por la informalidad, por la carencia de ingresos de las familias. Pudiera haber procesos de degeneración y delincuencia, actividades ilícitas”.

Pero también hace un balance de los resultados de las políticas implementadas por el Gobierno; y lo que califica como el fracaso de las llamadas “zonas de paz”, decretadas muchas veces por grupos y bandas armadas.

“El gobierno ha adelantado una política —no muy pública por cierto— de las zonas de paz. En la experiencia que tenemos, esto no ha dado muchos resultados. Se han convertido en zonas en guerra por el poder y el control territorial. En el caso de San Vicente, un elemento que podría explicar la magnitud de la violencia es la presencia de bandas armadas que tienen gran poder de fuego, recursos importantes y un nivel de organización que no suelen tener las bandas, sobre todo por el tipo de armamento: fusiles, armas largas, granadas. Esto puede indicar que existan conexiones con centros de poder”.

Fréitez contrasta estas iniciativas con otras implementadas en Latinoamérica, como en Quito (Ecuador) y Medellín (Colombia). Pero también cita resultados positivos de planes privados, como el Proyecto Alcatraz, implementado por la Fundación Santa Teresa en el municipio José Rafael Revenga, en Aragua, y que “ha logrado la regeneración” de jóvenes con un pasado delincuencial a través de estrategias socioeducativas, de adiestramiento, empleo y participación en actividades deportivas coordinadas y con el acompañamiento de un equipo profesional multidisciplinario.

“En Venezuela lo que ha sucedido es que hay todo un problema de poder, de control territorial, por personas que vienen de la exclusión y la pobreza y encuentran en las armas una fuente de poder y reconocimiento. En Quito, por ejemplo, las bandas se desarmaron luego de un trabajo sociocultural, en el que participó la Iglesia católica y hubo todo un trabajo multidisciplinario allí. Las bandas criminales entregaron las armas a la Iglesia y luego el Estado consiguió financiamiento para insertar e incluir a estas personas a través del trabajo y la productividad”.

Vecinos del barrio San Vicente habían protestado para rechazar el patrullaje policial. Otros incluso concedieron que desde hace meses el “Tren de Aragua” había tomado el barrio y ofrecido condiciones para evitar los robos y asesinatos, como el pago de vacunas y la expulsión de la zona de la Policía de Aragua. Fréitez considera que este tipo de dinámicas ocurren cuando el Estado negocia y cede sus espacios, o incluso cuando los ciudadanos no creen en las instituciones.

“Es lo que los sociólogos llamamos “la anomia”, que es como un mundo al revés. La gente no confía en la institucionalidad del Estado. Y el Estado delega y cede espacios y control. Se le da poder a los delincuentes, se les transfiere recursos. Pero estas políticas fracasan sino vienen antecedidas de procesos socioculturales. Cuando no funciona, ocurre lo de San Vicente. Se va de un extremo a otro, se da al traste con todo y se practica un operativo en el que se violan los derechos de los ciudadanos. En este caso, la comunidad es la víctima”.

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