drones explosivos

Hay fuertes indicios para concluir que el Ejecutivo sospechaba que algo ocurriría durante el acto celebrado en la avenida Bolívar el 4 de agosto. Y, sin embargo, dejó que continuara el complot

@javiermayorca

Todo indica que el alto gobierno tenía información previa sobre la inminencia de un atentado contra el Presidente durante la celebración del acto con motivo del 81 aniversario de la Guardia Nacional. Aun así, Maduro y su entorno decidieron asumir el riesgo, con la intención de conocer la verdadera profundidad del complot.

Sobre este punto es necesario llevar a cabo una reflexión. Pero antes que la opinión, como siempre, es necesario ponderar los hechos conocidos hasta el momento. De allí surgen los indicios que permiten trazar teorías en torno a un episodio inédito en la historia del país.

Los elementos de convicción más fuertes para asumir la premisa indicada en el primer párrafo son los siguientes:

1. El cambio del escenario. Como se dijo en la entrega anterior (Fénix en Cenizas) el acto aniversario del componente castrense generalmente se llevaba a cabo en Los Próceres y Fuerte Tiuna. La decisión sobre el cambio de lugar donde se llevaría a cabo la parada militar fue tomada en Miraflores la semana previa al sábado 4 de agosto. El lunes se hizo la notificación correspondiente, de manera que el martes se iniciaron –con mucha discreción- los trabajos para la puesta en escena. ¿Por qué escogieron las tres cuadras de la avenida Bolívar, que van desde Parque Carabobo hasta el cruce con la avenida Sur 5? Una fuente militar indicó que allí prevalecieron las consideraciones de seguridad. El mandatario tenía que estar en un ambiente altamente controlado, para mitigar al máximo las amenazas previstas. El toldo donde colocaron la tarima para Maduro y su alto mando estaba cercado por francotiradores. El grupo principal fue apostado en el tope del edificio sede del Poder Judicial. Allí, según testimonios, colocaron un puesto de observación con largavistas y dos fusileros. Testigos indicaron además que el convoy presidencial estaba compuesto por tres camionetas, que fueron estacionadas en el costado norte de la tarima, y orientadas hacia el oeste. De esta forma, ante cualquier eventualidad –como la que en efecto se presentó- el Presidente huiría del lugar vía Miraflores lo más rápido posible. Finalmente, los militares que participarían en el evento (todos de la Guardia Nacional) fueron mantenidos, en el caso más extremo, a unos veinte metros de distancia con respecto a la pareja presidencial. Se evitaba así un escenario como el que posibilitó el asesinato del presidente egipcio Anwar el Sadat en 1981.
2. Rapidez en las imputaciones. El 4 de agosto, poco antes de las 9 pm, es decir, a tres horas de los sucesos en el centro de Caracas, Maduro anunciaba que habían sido plenamente identificados tanto los autores materiales e intelectuales de lo que calificó como un “atentado” en su contra. Precisó además que los financistas de esta acción se encontraban en Florida, Estados Unidos. Para ese momento, aún continuaban los trabajos de búsqueda y colección de posibles evidencias en los dos sitios de suceso. Hubo, además, una acción policial en la que detuvieron a dos de los presuntos autores materiales del estallido de uno de los drones, el que cayó en la fachada norte de las residencias Don Rafael. Pero es poco probable que dos elementos encargados de la autoría material del complot estuviesen al tanto de toda la estructura que los respaldaba, hasta llegar a los proveedores de los recursos financieros. Este es, entonces, un nuevo indicio de la “información privilegiada” que poseía el Ejecutivo sobre lo que venía. Se podría pensar, incluso, en la posibilidad de que la propia operación hubiese sido infiltrada en su fase de ejecución. Hay testimonios según los cuales la camioneta Orlando negra tenía cuatro personas y no dos, como indicó el parte posterior difundido por el fiscal designado por la ANC, Tarek William.
3. No hubo acuartelamiento. El 4 de agosto ocurrió un hecho sin precedentes en cuanto a su audacia, magnitud, alcance e incluso creatividad. Fusionó la característica de simultaneidad, vista por primera vez en los ataques de Al Qaeda contra embajadas estadounidenses en países africanos (Nairobi y Dar es Salaam, 1998), y reproducida luego en Nueva York (2001), Madrid (2004) y Londres (2005), por citar algunos, con la oportunidad que suponía la entrada al mercado civil de las aeronaves no tripuladas y manejadas a control remoto, mejor conocida como drones. A pesar de esto, el Ministerio de la Defensa no ordenó el inmediato acuartelamiento de las tropas, ni siquiera como mera medida de precaución, tomando en cuenta que todo esto sucedió en un entorno netamente castrense. Esa noche, Maduro habló de “máxima alerta”, pero eso no es acuartelamiento. Esto quiere decir que el Gobierno ya tenía –o creía tener- una idea clara en cuanto a las dimensiones del grupo que ejecutó esta acción. En otras palabras, sabía de antemano que luego de lo ocurrido durante el acto de la avenida Bolívar no habría ningún movimiento adicional, cuarteles adentro.
4. Información filtrada. La inminencia de un ataque contra el Presidente era conocida por periodistas y opositores radicales asentados en Estados Unidos desde la propia semana. No fue solo Jaime Bayly, a quien le anunciaron durante una reunión: “El sábado vamos a matar a Maduro”. Otros profesionales también fueron contactados en varias oportunidades, y se les advirtió que apenas ejecutadas las acciones se divulgaría un comunicado para explicar el propósito que tenía este grupo. Ese documento de cuatro páginas comenzó a ser entregado luego de las 6 pm del 4 de agosto. Sin embargo, la difusión al público inició dos horas después. Allí se habla, por primera vez, de la llamada Operación Fénix. Por su extensión, es claro que la redacción de esos párrafos se desarrolló durante horas o días de antelación.

Es posible que el Gobierno desconociera algunos detalles en cuanto al tipo de acción que sería ejecutada el 4 de agosto. Pero no cabe duda que se manejaba sobre la firme convicción de que algo sucedería. Igualmente, con el pasar del tiempo luego de esa fecha fue decantando sus señalamientos. Por ejemplo, no ha insistido en que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia están implicados en los estallidos. Y hasta el momento de la redacción de esta columna el nombre del supuesto financista del complot, Osman Delgado Tabosky, copropietario de una clínica y de un canal de televisión en Valencia, no aparece en la lista de notificaciones rojas de Interpol.

Como punto final, llama la atención que hasta el presente el “pueblo” no haya salido en masa a defender a su mandatario. Las dos movilizaciones que convocaron desde el oficialismo a tal efecto fueron fracasos. Maduro ni siquiera les habló. Desde entonces, no ha vuelto a participar en actos callejeros. Es un Presidente en confinamiento.

Breves

* Está en marcha una operación policial internacional para impedir el accionar de las redes de trata de personas desde Venezuela. Esta pesquisa comenzó el mes de junio, y es coordinada a través de Interpol. Aunque el deterioro de la situación económica amplía la magnitud de los grupos vulnerables hasta abarcar a casi todo el país, se ha determinado que estas redes están especialmente activas en los estados Bolívar, Sucre y Táchira, además del eje Distrito Capital-Vargas-Miranda. Como parte de esta investigación se pudo identificar y localizar a un grupo de evadidos de una cárcel del estado brasileño de Roraima, que viajó a Ciudad Guayana para intentar la captación de jóvenes que luego serían prostituidas. La Guardia Nacional también ha participado en cursos de instrucción sobre este delito. El viernes, efectivos de este componente aprehendieron a dos hombres en la ciudad vacacional Los Caracas, donde supuestamente habían instalado un campamento para reclutar menores de edad y luego incorporarlos a grupos de prostitución en otros países. El caso fue notificado a la fiscal octava del estado Vargas, Yaniska Ramos.

* El 15 de agosto, la organización no gubernamental Acceso a la Justicia divulgó el testimonio de un ex líder estudiantil, Hasler Iglesias, cuya mamá fue asaltada el 20 de julio en El Cementerio. Luego de este suceso la víctima, en compañía del ex presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), intentó consignar la denuncia correspondiente en dos sedes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Y fueron tantas las barreras colocadas por los jefes policiales y el tiempo perdido que al final la mujer desistió. Esta es una prueba más de lo que se ha reiterado en este espacio: la criminalidad en Venezuela no está en baja, como sostienen los voceros del Gobierno. Lo que ha disminuido es el número de denuncias admitidas y procesadas. Y eso es así debido a que cada día el ciudadano/víctima encuentra mayor número de trabas para notificar lo que ha sucedido. Lo vemos en el tratamiento a los delitos de mayor impacto. En el caso de los robos, en Cicpc piden hasta facturas de los bienes que el hampa se llevó. Si hablamos de secuestros, las denuncias tienen que ser formuladas por familiares directos, pues de lo contrario no las reciben, tal y como sucedió en una subdelegación del oeste caraqueño en 2017. En cuanto a los hurtos de partes de vehículos, como por ejemplo pueden ser las baterías, los agentes no consignan las denuncias, sino que elaboran una constancia para que el propietario pueda adquirir el repuesto nuevo. En los casos de extorsiones telefónicas, tampoco se levanta el acta con las formalidades de ley una vez que la víctima se ha presentado ante la oficina policial. Simplemente, toman nota y despachan eso así. Todo esto tiene una finalidad: disminuir de manera artificiosa el número de denuncias recibidas, para que al final los representantes del Ejecutivo intenten hacernos creer que la criminalidad disminuyó.

Para el exiliado líder opositor acusado por las autoridades de Venezuela de dirigir un plan fallido para asesinar al presidente Nicolás Maduro, la mayor amenaza para el asediado líder socialista podrían ser sus detractores uniformados.

Julio Borges, quien en su día presidió la Asamblea Nacional controlada por la oposición, dijo el martes que la detención de dos militares de alto rango en relación con un ataque con drones cargados con explosivos plásticos es otra muestra de que las fracturas en el seno de las fuerzas armadas de Venezuela van en aumento.

«Hoy el conflicto es dentro del gobierno. No solamente entre ellos al nivel político sino, más importante, dentro de la fuerza armada venezolana», señaló Borges en una entrevista con The Associated Press en la capital de Colombia, Bogotá.

Sus declaraciones se produjeron horas después de que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el arresto del general Alejandro Pérez y del coronel Pedro Zambrano en el marco de la investigación sobre el ataque del pasado 4 de agosto. No se ofrecieron detalles sobre sus supuestos papeles en la trama.

Las autoridades dijeron que por el momento han detenido a 14 personas mientras se busca a Borges y a otros presuntos conspiradores. Maduro acusó a Borges de conspirar para entrenar a saboteadores antigubernamentales en Colombia e introducir los drones y explosivos utilizados en el ataque desde el otro lado de la frontera.

Borges, quien huyó a Colombia con su familia tras el fracaso de las negociaciones con el gobierno este año, dijo que no conocía de antemano la trama.

«Para nada», afirmó desde su sencilla oficina en un anodino edificio en Bogotá.

Casi desde el momento del ataque, la oposición venezolana advirtió que Maduro utilizaría el incidente para intensificar la persecución de sus rivales mientras el gobierno trata de calmar el descontento por la grave crisis económica que sufre el país. En la última semana, el número de sospechosos y arrestados casi se duplicó.

Entre los detenidos hay otro legislador de la oposición, Juan Requesens, quien está acusado de traición e intento de homicidio.

Las autoridades distribuyeron un testimonio grabado de Requesens que dicen que muestra la admisión de su implicación en la supuesta trama, aunque el opositor nunca menciona el incidente en sí. En el video se escucha a Requesens diciendo a los investigadores que ayudó a Borges a pasar a uno de los supuestos cabecillas del complot desde Colombia a Venezuela.

Familiares de Requesens niegan que haya participado en complot alguno y señalan que fue encarcelado injustamente por criticar abiertamente al gobierno de Maduro y sus políticas, que para la oposición son las culpables de la severa escasez de alimentos y medicamentos y de una descontrolada hiperinflación que, según el Fondo Monetario Internacional, podría alcanzar el millón por ciento a finales de año.

El ataque con los drones se produjo cuando Maduro ofrecía un discurso en una ceremonia militar en Caracas. Las imágenes del acto, que se estaba emitiendo en vivo en la televisora nacional, muestran cómo Maduro, su esposa y otros funcionarios de alto rango miran de pronto hacia el cielo. El video se centra entonces en cientos de soldados uniformados que abandonan su formación en pánico.

De acuerdo con la versión de las autoridades, dos drones se dirigían al escenario desde el que hablaba el presidente, pero el ejército logró desviar a uno de forma electrónica mientras que el otro se estrelló en un edificio de departamentos cercano. Siete soldados resultaron heridos y Maduro salió ileso.

Desde que asumió la presidencia en 2013, después de la muerte de Hugo Chávez, Maduro ha tratado de conservar la lealtad de las fuerzas armadas concediendo bonificaciones desproporcionadas a los soldados y cargos gubernamentales a oficiales destacados. Con la economía venezolana en números rojos y su producción de petróleo cayendo a niveles nunca vistos desde la década de 1940, su respaldo es ahora más importante.

Tanto Maduro como la jerarquía militar rechazan que esté aumentando el descontento en las fuerzas armadas, pero analistas señalan que sí se percibe entre los soldados rasos, muchos de los cuales necesitan ahora un segundo empleo para mantener a sus familias.

«Maduro enfrenta un divorcio con las fuerzas armadas que se ha manifestado en diferentes rebeliones que han sucedido en los últimos meses», señaló Borges. “Hoy por hoy, para mí hacen que se haya abierto un camino irreversible».

El incidente con el dron no fue el primer ataque contra el gobierno de Maduro. El agente de policía Oscar Pérez robó un helicóptero con el que sobrevoló Caracas en junio de 2017, lanzando granadas al edificio de la Corte Suprema. Él y varios camaradas fallecieron en una balacera con la policía tras meses prófugos. Hace un año, una pequeña banda de hombres armados asaltó una importante base militar.

Según el abogado Alonso Medina Roa, 154 miembros del ejército fueron detenidos en los últimos meses a medida que crece el descontento y la inestabilidad en las fuerzas armadas.

Borges, fundador del partido Primero Justicia, fungió como el principal negociador de la oposición en el fallido diálogo con el gobierno y es uno de los líderes más visibles del resquebrajado movimiento antigubernamental.

Maduro se refirió a él como el cerebro del ataque con drones y las autoridades venezolanas solicitaron su extradición desde Colombia.

El dirigente acusó a Borges de ser un “asesino” en la televisora estatal. “La vida le dio la oportunidad de hacer política libremente en Venezuela pero se ha convertido en un asesino en Colombia”, agregó.

Borges restó importancia a las palabras del mandatario, que describió como otra acusación infundada de un ejecutivo que afirma con regularidad haber frustrado ataques opositores.

«El miedo es el último recurso que le queda al gobierno», declaró Borges. «Quiere aparecer como si fuera un gobierno fuerte. Y no es».

EL SUPUESTO ATENTADO CON DRONES sufrido por el presidente Nicolás Maduro el sábado 4 de agosto en la avenida Bolívar de Caracas, marca un punto de inflexión en la crisis política venezolana. Los profesores Carmen Beatriz Fernández, Luis Salamanca y Carlos Raúl Hernández analizan las repercusiones de este hecho y el impacto que puede tener en la lucha por el poder en el país:

Camino bloqueado

“En las pasadas elecciones de octubre (regionales), buena parte del electorado se convenció de que no había salida por vía electoral. Eso se reforzó con el proceso presidencial del 20 de mayo. El dilema de participar o no en elecciones no es banal, los sistemas políticos tratan de incorporar a la mayor parte de la población y líderes políticos para que tengan la certeza de que ellos caben. Cuando pasa lo contrario, empiezan los problemas”, advierte Fernández, directora de la firma de consultoría política DataStrategia.

La experta señala que el supuesto atentado deja en evidencia que “existen personas convencidas de que no hay salidas pacíficas a la tragedia que vive Venezuela. Buena parte de la sociedad siente que ‘no cabe’ y, entonces, su opción de participación está por fuera del sistema y los radicalismos toman protagonismo. La sociedad venezolana trató de incluir a los radicales en el pasado, a diferencia de Colombia”.

Con respecto a la discusión sobre la veracidad del hecho, Fernández recuerda que durante estos 19 años de revolución bolivariana, primero con el difunto comandante Hugo Chávez y ahora con Maduro, se han denunciado decenas de intentos de magnicidio. “Si ha habido tantos, qué hace a este atentado distinto. Lo hace distinto que esta vez es verdad, pero sufren de una pérdida de credibilidad nacional e internacional. El tema de la falta de credibilidad está presente en este debate”.

La directora de DataStrategia resalta que el supuesto atentado desnudó las “vulnerabilidades” de la seguridad presidencial y el carácter “poco pretoriano” de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con la imagen de la estampida de los militares en plan “sálvese quien pueda”.

“Otro punto de discusión que se abre en este momento versa sobre la legitimidad moral del tiranicidio. Un debate filosófico y ético que se ha visto en estas primeras horas. En Venezuela no hay tradición de tiranicidio, pero sí la hay en República Dominicana con el dictador Rafael Leonidas Trujillo y en otros países. Estamos viendo gente que en el medio de su desesperación percibe que no existen salidas distintas a la violencia, eso es lo que hace este episodio tan peligroso e impredecible. Los problemas serios comienzan cuando tú extingues las salidas pacíficas y electorales”, concluye Fernández.

Oposición militar

Aclarando que aún no se ha podido determinar la posible participación de miembros de la FANB o de cuerpos de seguridad del Estado en el supuesto atentado, Salamanca destaca la irrupción de una “oposición militar” contra Maduro. “Hay un malestar en la FANB que muestra que algo está pasando allí. La mayor preocupación de Maduro es la FANB”, afirma el politólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

El académico sostiene que lo ocurrido es producto del “plan de asalto definitivo al poder con Maduro diciendo que no sale ni con votos ni con balas. Andar por un camino anticonstitucional genera riesgos, tendrá que lidiar con una oposición militar”.

“Hay la sensación de que algo real pasó allí. Esa ‘verdad’ no la vamos a poder conocer mientras no haya una investigación independiente y será utilizada por el régimen para sus fines políticos. El escalamiento no se detiene allí y ahora viene la réplica del gobierno, que responderá al nivel del intento fracasado, con acciones muy duras y represivas contra la oposición y la Asamblea Nacional”, apunta Salamanca.

El investigador de la UCV se detiene en los efectos de este hecho sobre la oposición venezolana. Parte de la premisa de que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) “ya no es el motor de los cambios políticos”.

“La MUD quedó sin respuesta después del 20 de mayo y está siendo puesta a un lado por otros actores. Le sale una corriente alterna que no se identifica con la oposición y busca el cambio a su manera. ¿Quién dirigiría el país en caso de que un intento de ese tipo fructifique? No hay sujeto político organizado coherente que puede conducir una transición abrupta. ¿Con quien se manejaría el país ante un escenario de ese tipo?”, interroga.

Salamanca opina que el supuesto atentado es el último eslabón de “una larga cadena de hechos de debilitamiento de Maduro”, cuya gobernabilidad pone en entredicho debido a la profundización de la crisis económica, el aumento de la protesta social y la erosión de su legitimidad y base de sustentación.

“Después del 20 de mayo hay para la revolución y la oposición una etapa marcada por el fin de la democracia. Estamos en una dictadura que puede ir a más. La revolución ya sabe claramente que se acabó ‘lo fácil’, no tiene dinero ni liderazgo, y el país ha colapsado. Los actores políticos estén metidos en una situación muy riesgosa”, concluye.

Autogol

“Cuando ya es muy difícil para mí dudar que se atentó contra la vida de Maduro, el caso dron sirve para construir modelos de lo que no se debe hacer. Una acción terrorista masiva, una masacre en la tribuna, y un estado interno de caos en el país, revela niveles de imbecilidad desconocidos en la política venezolana”, atiza Hernández.

El sociólogo se pregunta: “De morir ese día un centenar de personas entre políticos y militares, ¿hubiera caído el poder en manos de los atolondrados, como aspiran quienes asumieron autorías y/o conocimiento previo del asunto? ¿O habría una especie de Guerra Federal, un desencadenamiento arrollador de violencia?”.

“En situaciones homólogas se producen oleadas de asesinatos, violaciones, saqueos, incendios, pases de facturas, invasión de hogares por las turbas. El poder hubiera quedado en manos militares, pero también en bandas de delincuentes, el narcotráfico, y no es que los uniformados hubieran buscado para entregarle los mandos, precisamente, a quienes llevan 20 años denigrándolos”, comenta el articulista.

El también sociólogo de la UCV indica que “el gobierno aprovecha para reprimir y su primera reacción es acusar a todo lo que se mueve: la oposición, que son mil cosas distintas, la oligarquía colombiana, el expresidente Juan Manuel Santos, los norteamericanos. Acusa sin pruebas a los diputados Julio Borges y Juan Requesens, allana ilegalmente sus inmunidades parlamentarias y se esperan más atropellos”.

“Un acontecimiento que la torpeza del gobierno tornó dudoso, lo aclaran unos impresentables que suscriben desde Miami y Bogotá”, fustiga Hernández, quien concluye que “nuevamente sus contrarios le abren a Maduro el camino del éxito que le permite recuperar la iniciativa política y fortalecerse en el chavismo, mientras la comunidad internacional está en el incómodo predicamento de no condenar un acto terrorista”.

@pppenaloza

ALTO

LAVANDO LA CARA: 

El gobierno que mas ha perseguido a los medios de comunicación libres, los ha disminuido o destruido al no darles papel o no renovarles las licencias, los ha venido señalando como enemigos suyos y no les permite hacer preguntas en sus “conferencias de prensa”(¿o dictados?), se ha valido de las investigaciones que esos medios hicieron -y hacen- del atentado frustrado para explicarle al mundo lo sucedido ese sábado 3 de agosto. Los videos mostrados, sin darle sus merecidos créditos, salieron de Telemundo hasta Runrun.es, pasando por La Patilla, El Pitazo o Efecto Cocuyo. Peor aún, Maduro llega a utilizar voceros de la ultraderecha de Miami para desatar sus iras contra los opositores o justificar sus acciones antidemocráticas. Que triste debe ser para sus funcionarios -muy bien pagados y recompensados con casa, carro, viajes, divisas y guardaespaldas- saber que a la hora de la verdad poco les importan ellos. Algunas declaraciones de esos voceros floridianos han servido de soporte a las torturas y persecuciones rojas rojitas. No se puede olvidar. Rojitos dixit…

MISERABLES: 

No hay otra palabra para definir a quienes mostraron al diputado Requesens en ropa interior llena de excrementos para que la opinión pública “internalizara” que se había “chorreado” tras su prisión y vejámenes en el SEBIN. Peor aún, un gobierno que mata gente todos los días – por criminalidad, éxodo, falta de medicinas o comida, o los ajustes de cuenta entre facciones- demuestra su maldad publicando en las redes el accidente de hace un año en el que en chofer del diputado Julio Borges atropella, por error, a un niño vecino compañerito de los hijos del parlamentario. Grabado todo por los funcionarios del SEBIN, que lo perseguían las 24 horas, y señalándolo como el culpable y cobarde que “huyó” del sitio cuando corría a su casa desesperado. Usar elementos tan innobles, mintiendo, buscando tapar el video de Requesens no tiene perdón alguno. Es la venganza venática, con maldad, desde los laboratorios de un régimen que cada día retrocede a Venezuela a etapas superadas hace mas de 70 años. Solo en petróleo (cifras de ayer de Caracas Capital Markets) ya regresamos a igual producción que en 1947. ¿No les importa?

EL PRESUNTO ATENTADO EN CONTRA DEL PRESIDENTE Nicolás Maduro fue, de acuerdo con la información oficial difundida, un plan que ameritó la participación de al menos 19 personas. En el grupo se encuentran ex militares, parlamentarios y civiles. Fueron justo estos últimos quienes se encargaron de la ejecución de lo que hoy se conoce como la “Operación Fénix”, plan en el que se intentó perpetrar un magnicidio con dos drones cargados de C4 y metralla.

Desde el mismo día de los hechos, el pasado 4 de agosto, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ha detenido a 11 sospechosos. De este grupo, cinco (45 %) son menores de 25 años, es decir, se criaron bajo la era Chávez. Otros cuatro (36 %) son menores de 40 años. Solo uno tenía más de 20 años cuando el chavismo llegó al poder. A otro más no se le ha podido verificar la edad.

La versión oficial asegura que el grupo se dividió para actuar en dos escenarios distintos.

Juan Carlos Monasterios, presunto jefe de la operación, junto a Henryberth Rivas Vivas, José Miguel Estrada y Argenis Valera Ruiz llegaron a la avenida Este 12 a bordo de una camioneta Chevrolet Orlando para operar uno de los drones.

El otro equipo, integrado por Brayan Oropeza Ruiz, Yanín Fabiana Pernía Coronel y Alberto Bracho Roquez, hizo volar el otro dron desde el Centro Empresarial Cipreses, en la avenida Sur, a una cuadra de la avenida Bolívar, donde se llevó a cabo el acto.

El primer artefacto perdió el control poco después de elevarse y por eso se estrelló contra el edificio Don Eduardo, en la avenida Este 12, a 50 metros de la esquina El Cristo, donde estalló. El segundo explotó a 80 metros de la tarima presidencial e hirió a siete militares.

Esa misma noche, un panfleto con la frase “Se buscan” en rojo y con el membrete de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Andes, mostró los rostros de los jóvenes supuestamente involucrados en el magnicidio. El mayor de este grupo tiene 31 años. En mayúsculas, todos eran señalados como “terroristas solicitados autores de atentado a nuestro comandante en jefe”.

El haber expuesto las fotografías de los presuntos implicados supone una violación del numeral 4 del artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que indica que entre las reglas de actuación policial está la de “no presentar a los detenidos o detenidas a ningún medio de comunicación social, cuando ello pueda afectar el desarrollo de la investigación”. Así lo apunta Gonzalo Himiob, abogado del Foro Penal Venezolano, organización que tiene previsto encargarse de la defensa de algunos de los arrestados. Añade el experto que la divulgación de estas imágenes se hizo sin autorización alguna de los sospechosos aun cuando se presume que son inocentes.

Paradero desconocido

Tras los hechos, Monasterios y Valera Ruiz fueron capturados esa misma tarde en la camioneta Orlando, cuando supuestamente tenían el control del dron en las manos. Rivas Vivas y Estrada lograron huir del sitio.

Ese mismo día también detuvieron a José Gregorio Blanco, un joven oficial de Polichacao que pasaba por la zona con el uniforme en un morral. Acababa de salir de su casa, en Santa Rosalía, y se dirigía a su trabajo. Sus familiares se enteraron a través de los vecinos y lo confirmaron con el cuerpo policial en el que trabaja el funcionario. Sin embargo, por ninguna vía han podido obtener más información sobre el paradero del uniformado.

Oropeza Ruiz, Pernía Coronel y Bracho Rozquez salieron del Centro Empresarial Cipreses sin que los descubrieran, indica la versión oficial. Sin embargo, los dos primeros fueron arrestados horas después, a la 1:30 am del 5 de agosto, mientras atravesaban el estado Barinas en un vehículo Seat Córdoba, con José Del Carmen Pinto al volante, quien también fue apresado. Según Maduro, se dirigían a la frontera con Colombia.

Un día después de las explosiones, la tarde del 5 de agosto, detuvieron en la autopista José Antonio Páez, en el estado Portuguesa, a otros dos sospechosos: Estrada y Bracho Rozquez. Los acompañaban Emirlendris Carolina Benitez Rosales y Yolmer José Escalona Torrealba, quien es hermano de Yilber Escalona Torrealba, señalado por recibir y probar los drones en Barquisimeto, Lara. Tanto este último, como Rivas Vivas y José Gregorio Yaguas, un presunto explosivista, no han sido capturados.

“Me están vinculando en algo que no he hecho. Soy inocente, reportero independiente. Regresé a Venezuela a visitar a mi familia”, indicó Rivas Vivas a Runrun.es a través de una red social. “Que Venezuela sepa que mis amigos están siendo torturados por esta dictadura. Sí estuve en las protestas pero no soy terrorista”, afirmó el joven de 22 años que se identifica como reportero gráfico.

Ninguno de los familiares de los presuntos implicados ha sido informado oficialmente sobre el paradero de los detenidos. Se presume que pueden estar en la sede del Sebin del Helicoide, aunque también pudieron ser llevados al edificio de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), ubicada en Boleíta, municipio Sucre del estado Miranda. A ninguno de los arrestados se les ha dejado comunicarse con sus parientes.

“A los muchachos detenidos no se les ha permitido el acceso a sus abogados ni a sus familiares, se les ha mantenido incomunicados. En este momento están, desde el punto de vista de la definición técnica, en una situación de desaparición forzada, salvo que los hayan presentado ante tribunales con un defensor público sin que nadie se haya enterado y de manera clandestina”, sostiene Himiob.

Si esta presentación ante tribunales no ocurrió, se estaría ante una nueva violación: la del artículo 236 del COPP, que establece que los arrestados deben ser conducidos ante un juez durante las 48 siguientes a su aprehensión para la audiencia de presentación.

De diputados y financistas

Durante la cadena de radio y televisión que Nicolás Maduro ofreció el martes 7 de agosto para hablar, exclusivamente, del “atentado”, informó quiénes eran los presuntos “cerebros” de las explosiones. Allí se mencionó a Osman Delgado Tabosky como financista y a los militares Rayder Russo Márquez y Oswaldo Valentín García Palomo como presuntos reclutadores y planificadores de las acciones.

El mandatario también aseguró esa noche que dos diputados a la Asamblea Nacional, pertenecientes al partido Primero Justicia, estaban vinculado a la operación: el expresidente del órgano legislativo, Julio Borges, y el parlamentario por el estado Táchira, Juan Requesens. Este último fue detenido mientras se transmitía la alocución presidencial. A ambos les allanaron la inmunidad parlamentaria a través de la asamblea nacional constituyente, totalmente chavista, y se ordenó su captura por medio del Tribunal Supremo de Justicia. Para el resto de los involucrados, incluyendo a un funcionario de Migración Colombia llamado Mauricio Jiménez Pinzón, supuestamente se emitió una alerta roja a la Interpol a fin de arrestarlos.

Se presume, dice Himiob, que los casos sean llevados por tribunales ordinarios, pero con competencia especial en materia de terrorismo. Esto a partir de las sentencias en contra de los diputados, las cuales fueron dictadas sin la presencia de sus defensores, tal como lo establece el COPP. Así, los jóvenes detenidos serían imputados con cargos como homicidio calificado en grado de frustración, terrorismo, asociación para delinquir, instigación pública o a la rebelión.

“A los diputados se les violaron sus derechos al debido proceso porque la forma en la que se les allanó la inmunidad parlamentaria es completamente irregular. Aun cuando la anc hubiera sido legalmente constituida, hubiese tenido facultades para allanarles la inmunidad parlamentaria, porque eso le corresponde a la Asamblea Nacional. Eso, según el artículo 12 de la Constitución, es una ‘usurpación de funciones’ y cuando se incurre en esta, todas las acciones son nulas”, señaló el abogado de Foro Penal.

A todos los implicados, además, también se les ha ultrajado el derecho a la presunción de la inocencia, continuó Himiob, porque desde las más altas esferas de poder se les ha señalado como culpables sin juicio alguno y sin que se lleve a cabo una investigación “objetiva e imparcial” que demuestre qué pasó aquel 4 de agosto.

Mientras tanto, las pruebas mostradas por Maduro en cadena nacional han sido contaminadas debido a su difusión. Todas debieron mantenerse en reserva de las partes (Ministerio Público y defensores de los señalados) hasta que cerrara la fase de investigación preliminar del proceso judicial, la cual finaliza 45 días después de las detenciones.

@loremelendez

EL MARTES 6 DE AGOSTO DE 2018, el partido Primero Justicia denunció que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional había secuestrado a Juan Requesens, diputado de ese partido a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Táchira, y a su hermana Rafaela Requesens, presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela.

En redes sociales circuló un vídeo de la cámara de seguridad del edificio donde vive la familia Requesens, en la Urbanización Terrazas del Club Hípico, al Sureste de Caracas, en el que los hermanos se ven saliendo apurados del ascensor y posteriormente regresan perseguidos por al menos seis oficiales del Sebin. Se observa como Juan es golpeado y la cámara es volteada hacia un punto muerto.

El hecho ocurría mientras el presidente de la República, Nicolás Maduro, implicaba en cadena nacional al diputado en el intento de magnicidio ocurrido el pasado 4 de agosto y horas después de que el parlamentario participara en la sesión de la AN con motivo de la persecución política contra el diputado José Manuel Olivares y su familia. “Me niego a rendirme, a arrodillarme frente a los que quieren quebrarnos la moral. Olivares tenía que sacar del país a su familia, como lo han hecho tantos”, dijo Requesens durante su discurso.

Juan Requesens tiene 29 años y comenzó su carrera política como líder estudiantil de la Universidad Central de Venezuela en el año 2014. Antes de su detención ejercía como Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la AN.

Maduro catalogó a Requesen de “psicópata” y aseguró que colaboró, en complicidad con Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional, para que los implicados en el atentado -según la versión oficial- cruzaran la frontera entre Venezuela y Colombia.

Rafaela Requesens fue liberada esa misma noche mientras su hermano permanece tras las rejas. Al momento de publicación de esta nota han pasado cuatro días sin que los familiares o abogados tengan acceso al diputado.

En Runrun.es analizamos cómo se ha violado el debido proceso en este caso. Al menos cinco artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del Código Orgánico Procesal Penal y de Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes han sido quebrantadas en la detención de Requesens. El “debido proceso” está fundamentado en el artículo 49 de la CRBV y es la mínima garantía de justicia y equidad durante un proceso jurídico.

Violación a la inmunidad parlamentaria

El artículo 200 de la Constitución establece: “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo…” Y, en caso de delito flagrante, -el que se detecta en el mismo momento de cometerlo- “la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia”.

El abogado penalista Luis Izquiel hace hincapié en esa violación a la Constitución y explica que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no tiene facultades para allanar la inmunidad parlamentaria. “La ANC está sólo para redactar una nueva Constitución. Las declaraciones de Nicolás Maduro  el pasado martes son evidencia de una violación a la separación de poderes”, explica Izquiel.

Declaración sin presencia de abogado defensor, juez o fiscal

El viernes 10 de agosto, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, publicó un tuit anunciando “nuevas revelaciones” sobre el magnicidio. El mensaje del psiquiatra y funcionario terminaba con una especie de acertijo: “Confesión de parte, relevo de pruebas, dicen”.

Pendientes! Hoy 12 m nuevas revelaciones sobre el magnicidio en grado de frustración perpetrado x la derecha desesperada. Confesión de parte, relevo de pruebas, dicen

— Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) August 10, 2018

A mediodía fue transmitido, en rueda de prensa, un video en el que Requesens declaraba haber hecho el contacto para ayudar a Juan Monasterio, quien está señalado por el Gobierno como organizador del atentado fallido, a cruzar la frontera desde Venezuela hacia Colombia:“De San Antonio a Cúcuta”, dice el diputado. Esta diligencia, se escucha en el video, fue hecha por Requesens por órdenes de Julio Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional, actualmente exiliado en Colombia y a quien también la ANC allanó la inmunidad parlamentaria por este caso.

Los familiares de Requesens han denunciado a los medios de comunicación que estas declaraciones se hicieron sin la presencia de su abogado defensor ni de un juez o fiscal. “Sacaron un vídeo en el que no hubo abogados ni ningún representación de nuestras partes. Nosotros conocemos a este régimen y lo que es capaz de hacer”, declaró Rafaela Requesens el viernes pasado, frente al Palacio de Justicia, al canal CNN.

En el vídeo, con una duración menor a un minuto, el diputado aparece declarando frente a cámara con un fondo blanco. Rodríguez no comunicó dónde se había realizado y bajo qué circunstancias se había dado la confesión.

#Video 📹| Juan #Requesens: Fui contactado por Julio #Borges quien me pidió pasar a Juan Monasterios de Venezuela a Colombia

#JusticiaYPaz pic.twitter.com/2MHHFAN75Y

— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) August 10, 2018

“Esta declaración no existe en términos penales porque los imputados deben declarar ante su abogado defensor y un juez o fiscal, según sea el caso”, explica Luis Izquiel.

El artículo 139 del COPP establece que “el imputado o imputada tiene derecho a nombrar un abogado o abogada de su confianza como defensor o defensora. Si no lo hace, el Juez o Jueza le designará un defensor público o defensora pública desde el primer acto de procedimiento o, perentoriamente, antes de prestar declaración.”

Confesión bajo tortura

El artículo 33 de la Ley Contra Torturas expresa: “Ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, podrá promoverse como prueba, y el documento que la contenga es nulo de nulidad absoluta. La promoción de esta prueba será considerada fraude a la ley y en consecuencia, acarreará responsabilidad penal y administrativa”.

Diputados de la Asamblea Nacional y miembros del partido Primero Justicia han denunciado que las confesiones de Requesens se hicieron bajo tortura o bajo estado de sustancias psicotrópicas.

Horas después de transmitida la confesión durante una rueda de prensa realizada por Rodríguez, también viceministerio de comunicaciones, en las redes sociales comenzó a rodar un vídeo, aparentemente filtrado por funcionarios del Sebin, en el que se observa al parlamentario en ropa interior y en condiciones degradantes.

Video en medios de comunicación

“Juan Requesens confiesa su complicidad y denuncia que lo hizo a órdenes de Julio Borges. ¿Qué van a decir ahora, que Requesens está mintiendo?”, dijo el ministro Jorge Rodríguez en rueda de prensa luego de mostrar el vídeo del diputado.

“Según las reglas de actuación penal, no se puede mostrar a ningún imputado en los medios de comunicación”, dice el abogado Izquiel. El numeral 4 del artículo 119 del COPP dice que no se debe  “presentar a los detenidos o detenidas a ningún medio de comunicación social, cuando ello pueda afectar el desarrollo de la investigación”.

La fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, también asilada en Colombia, se pronunció sobre el caso: “Exhibieron a una persona que detuvieron arbitrariamente, le allanaron la inmunidad parlamentaria y lo exhiben públicamente en los medios incriminándose e incriminando a otras personas producto de la tortura psicológica y física”

Traslado fuera del lapso de tiempo a tribunales

La ley establece un plazo máximo de 48 horas para la presentación en tribunales desde el momento en que el imputado es detenido. Pasadas esas horas sin la debida presentación, la persona tendría que salir en libertad.

“Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su aprehensión, el imputado o imputada será conducido ante el Juez o Jueza, para la audiencia de presentación, con la presencia de las partes y de la víctima si estuviere presente y resolverá sobre mantener la medida impuesta, o sustituirla por otra menos gravosa”, reza el artículo 236 del COPP.

Sin embargo, fue el viernes 10 de agosto, pasadas 60 horas desde su detención, cuando Requesens fue trasladado desde los calabozos del Sebin hasta el Palacio de Justicia, al centro de Caracas. Sus familiares denunciaron que luego de cinco horas de espera en tribunales la audiencia fue diferida sin dar explicaciones.

#URGENTE Luego de esperar 5 horas, la audiencia de mi hermano @JuanRequesens ha sido DIFERIDA. Se cumplen 72 horas de su secuestro. Favor #RT

— Rafaela Requesens (@RRequesens) August 10, 2018

@kathypennacchio

¿Qué pasó realmente el sábado en el centro de Caracas? ¿Cuáles serán las consecuencias de estas acciones? Venezuela pareciera entrar en una nueva escalada de violencia política

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

¿Qué pasó la tarde del sábado 4 de agosto en los alrededores de la avenida Bolívar? Cuando han transcurrido cinco días de ese incidente es posible colocar algunos hechos sobre la mesa, y con base en ellos trazar tres teorías o posibles explicaciones. Algunas de ellas, como se verá, no son del todo excluyentes, y la asignación de un mayor valor que las demás depende de factores como la intuición, la afinidad política o el simple deseo de que Venezuela tenga un futuro en un sentido específico.

Las informaciones sobre los hechos fueron logradas mediante entrevistas con fuentes vivas y el análisis de diversas fuentes documentales. El problema con las fuentes de primer tipo es que temen salir a la luz debido a la posibilidad de represalias. Igualmente, siempre es posible que una fuente viva cometa errores de percepción, en especial en una situación tan comprometida como la que se vio esa jornada.

La puesta en escena

El acto con motivo del 81 aniversario de la Guardia Nacional nunca se había realizado en la avenida Bolívar. Lo tradicional y castrense era usar Los Próceres. Fue precisamente allí donde se llevaron a cabo los ensayos correspondientes, en los días previos de la misma semana, con tropas enviadas desde Miranda, Vargas y el propio Distrito Capital. Este cambio hizo que el comandante de la agrupación, general de brigada Edwaurd Castellano Jáuregui (jefe de la Zona 11 de Zulia), describiese el acto como una “inédita parada militar”.

No obstante, durante toda la semana se hicieron preparativos en las aceras de la avenida Bolívar. La colocación de las estructuras sobre las que serían puestos luego los toldos y tarimas comenzó el martes, según testimonios de vecinos. Pero los obreros no decían para qué era tanta parafernalia.

Según Castellano, en el acto estuvieron 18 mil efectivos del componente militar. Pero un conteo de los que estaban firmes en la parada reveló que en realidad eran 2.500. La notificación sobre el lugar donde se llevaría a cabo el acto fue difundida en las unidades castrenses con 48 horas de anticipación.

Algunos guardias comenzaron a llegar al lugar de la celebración a las 9 am, según testimonios. Pero el grueso llegó en autobuses a la 1 pm. Estos colectivos se estacionaron en el sótano del edificio de los tribunales. La comitiva presidencial arribó un poco antes de las 5 pm.

Debido a las características del lugar, los francotiradores de la Casa Militar se apostaron en la parte superior de la fachada este del edificio de los tribunales, otro arriba de la tarima presidencial, e igualmente en tres edificios de los alrededores. Maduro utilizó tres camionetas, que durante el acto permanecieron estacionadas atrás de la tarima, en la avenida Este 6.

En las horas previas al acto, se encomendó a la Policía Nacional la remoción de los vagos que tradicionalmente merodean por la zona. A esta labor la denominan “profilaxia”.

Previo a la celebración, la Casa Militar advirtió a los vecinos del sector que la movilidad estaría restringida, especialmente en los flancos ubicados atrás de la tarima presidencial, y que no podrían permanecer sobre los techos de algunas edificaciones.

La prensa oficial estaba en la isla central de la avenida, justo donde finalizaba la agrupación de parada. Desde allí tenía vista directa a lo que sucedía en la tarima donde se encontraba Maduro, configurada en forma de túnel, cerrado por ambos costados, así como en las partes superior y trasera.

Los drones

A partir del minuto 13 del acto, la televisora oficial comenzó a emitir tomas aéreas hechas mediante aeronaves no tripuladas, conocidas como drones. Esto coincidió con el traslado en vehículos blindados del comandante de la agrupación de parada.

La dirección de la transmisión alternaba las tomas del dron con la hechas por una cámara estática ubicada en un plano superior, y otras en tierra.

El dron de uso oficial también era negro. Su cámara asemejaba un domo en la parte inferior, tal y como se pudo apreciar durante un par de segundos antes de que saliera a sobrevolar la parada.¡

Aunque es posible que este aparato estuviese dando vueltas alrededor de los participantes, su utilización con fines de transmisión cesó prácticamente a partir del minuto 40.

Los testigos coinciden en señalar que el dron que estalló (marca DJI serie 600, según el ministro de Relaciones Interiores) estuvo dando vueltas alrededor de la parada, e incluso en la parte trasera de la tarima, por un lapso que va entre cinco y ocho minutos. Uno precisó que el dispositivo había despegado desde la parte interior del túnel que pasa debajo de la sede tribunalicia, y que comunica a las avenidas Bolívar y San Martín. Para ese momento, no se permitía la circulación de vehículos por ese corredor. Otro testigo observó que el inicio del vuelo coincidió con el anuncio de Maduro en el sentido de que su alocución estaba por finalizar.

Las explosiones

La primera explosión ocurrió aproximadamente a las 5:50 pm, de acuerdo con testigos. La aeronave de control remoto estaba en la pista sur de la avenida, a la altura de Parque Carabobo, y fue acercándose en leve descenso, hasta que detonó a 80 metros de la tarima, sobre la tercera asta bandera que estaba en la pista norte, en línea diagonal con respecto al busto de Ernesto Ché Guevara.

“Fue como un destello de luz. Se vio plateado, y de hecho casi no lo pude ver”, explicó una vecina del sector.

Con el estruendo, los residentes se asomaron y pudieron apreciar cómo caían alrededor de la tarima algunos restos del dron.

“Era como papelillo, quedó totalmente destruido”, afirmó el habitante de un edificio ubicado al norte de la avenida Bolívar.

De inmediato, comenzó a salir una humareda desde la acera de la pista sur, donde estaban toldos para oficiales y constituyentistas invitados. El origen del humo no fue precisado por los testigos. Pero sí indicaron que la explosión del dron más el humo bastaron para que se iniciara la estampida.

Antes de las explosiones comenzó a llover. Uno de los camarógrafos de una cadena internacional, Carlos Saavedra, dio por terminada la pauta y caminó a su residencia con la finalidad de cambiarse de ropa. Cuando circulaba a pie entre las esquinas Cristo y Viento, en la avenida Este 12, se percató de que dos sujetos hacían los preparativos para volar otro dron. En ese momento, se escuchó el estruendo ocasionado por el primer aparato. El camarógrafo creyó que estaban culminando la celebración con fuegos artificiales.

Los sujetos que estaban entre Cristo y Viento eran jóvenes. Saavedra pensó que podría tratarse de funcionarios del Gobierno, y optó por grabar el vuelo de ese dron. Cuando el aparato cobró altura entre los edificios, los individuos abordaron una camioneta Chevrolet Orlando negra, donde estaban otras dos personas. El dron, casi de inmediato, comenzó a bajar, pegado a la fachada norte del edificio Don Eduardo. Cuando estaba a la altura del piso 4, perdió por completo la estabilidad y se desplomó sobre el techo del apartamento del piso 1. Aunque parecía desactivado, aún permanecía con las luces rojas y verdes encendidas. Una vecina que lo vio recordó que era “como un arbolito de navidad, pero redondo”.

Poco después de estrellarse, el segundo dron detonó. La explosión abrió un boquete a la pared del apartamento 22 del referido edificio. Saavedra había cesado la grabación, puesto que había perdido de vista a la aeronave, y se retiraba del lugar. Todavía hoy se pregunta cuál hubiese sido el desenlace si en vez de caer en ese techo el aparato se hubiese estrellado en la calle y él se hubiese acercado a hacerle algunas tomas.

Las detenciones y el comunicado

Los primeros detenidos iban precisamente en la camioneta Orlando. Los agentes de Contrainteligencia Militar, alertados por la detonación que hubo en la avenida Bolívar, recorrían los alrededores y llegaron atraídos por la nueva explosión. Allí vieron a Saavedra aún aturdido. Vieron que tenía el brazalete que le dan a los reporteros gráficos y periodistas cuando van a un acto oficial. Se lo llevaron puesto que era un potencial testigo. Sin embargo, las primeras minutas dieron al camarógrafo por detenido.

A tres cuadras de allí, en la avenida Lecuna, los tripulantes de la camioneta negra fueron aprehendidos. Inmovilizaron sus muñecas con flejes plásticos. Posteriormente, a la 1:30 am del domingo, otras tres personas fueron apresadas en Barinas, cuando iban en carretera hacia Colombia. En total serían siete, aunque a este grupo posteriormente se uniría el diputado Juan Requesens.

Una hora después del incidente en la avenida Bolívar, varios periodistas radicados en Estados Unidos dieron a conocer el contenido de un comunicado donde se anunciaba sobre el inicio de una operación contra el gobierno de Maduro, llamada Fénix. Allí dice que la llevarían a cabo un grupo de militares, tanto activos como retirados. El texto, sin embargo, no hace ninguna referencia explícita al mecanismo mediante el cual se quería ejecutar esta acción.

Tres teorías

Como se afirmó al principio, una ponderación de todos estos hechos permite trazar tres teorías o posibles explicaciones de lo ocurrido el sábado, durante el acto de aniversario de la Guardia Nacional.

1. Una jugada de propaganda. El sistema de intolerancia que se ha instaurado en el país abre la posibilidad de que la violencia sea incorporada por los distintos actores como una forma de comunicación en la acción política. La violencia tiende a escalar, en la medida en que se cierran las compuertas del diálogo democrático. Y tarde o temprano entran en escena los explosivos. La historia está llena de episodios en los que una de las facciones en pugna ha acudido a ellos para hacerle llegar mensajes a la contraparte y al colectivo. También para imponer su voluntad. La voladura del hotel Rey David en 1946 y el asesinato del almirante Luis Carrero Blanco en 1971 son apenas algunos ejemplos. En ambos casos, el objetivo primordial era generar un impacto propagandístico. En el caso del 4 de agosto, hay elementos para pensar que este pudo ser el propósito principal de la acción. La colocación de explosivos en un dron para utilizarlo luego como granada teledirigida es un plan audaz y nunca antes visto en el país. Mucho menos durante un acto militar, donde se supone que prevalece la seguridad. Con lo ocurrido, el grupo que llevó a cabo la operación tuvo por lo menos un notorio debut, que hizo correr en desbandada a las tropas de la Guardia Nacional.

2. Un atentado que fracasó. La ejecución de una acción concertada, en la que participaban de forma casi simultánea por lo menos dos grupos, con utilización de un explosivo rompedor, versátil y de alta potencia como el C4, trasladado en drones hasta los lugares donde se suponía que iban a ser detonados, comporta un alto grado de sofisticación. También un importante costo. Un dron del tipo usado el sábado 4 de agosto cuesta en Amazon entre 4.100 y 4.900 dólares, más unos 550 dólares por el control remoto. De manera que entre los dos aparatos con sus respectivos mandos pudieron gastar unos once mil dólares, sin contar con las erogaciones por el explosivo y la logística que implica el traslado de los equipos y la alimentación de las personas involucradas en el plan. Es, simplemente, demasiado dinero para enviar solo un mensaje. Entonces, habría que entrar en el análisis de un intento de magnicidio. Algo en lo que Venezuela no tiene tradición, a pesar de lo que han jurado Chávez y su heredero. En realidad, el último intento de magnicidio en el país fue en junio de 1960. El objetivo era el entonces mandatario Rómulo Betancourt. Y casi lo logran. Lo demás han sido comadreos que no han llegado al grado de la ejecución. Si la idea era eliminar físicamente a Maduro, cabría preguntarse por qué los perpetradores no acercaron el primer dron hasta una distancia donde la onda explosiva tuviese tal efecto. O dicho de otra forma: ¿por qué el primer estallido fue tan lejos de la tarima donde se encontraba el Presidente? Esto, desde luego, tendrán que explicarlo los ejecutores, si algún día logran aportar su testimonio. Lo ocurrido con el segundo dron, además, sugiere cierta impericia y ausencia de coordinación entre los dos equipos.

3. Un autoatentado. Este era quizá el peor momento en la gestión presidencial. Maduro recién salía del congreso del partido de Gobierno (uno que hasta hace poco intentó reemplazar), y las fisuras en el oficialismo fueron evidentes. Hasta el 4 de agosto la caída podía continuar sin contención alguna. La parálisis nacional es cada vez más profunda, y cada iniciativa gubernamental pareciera ocasionar más rechazo que la anterior. La última, el censo a los vehículos y el registro para obtener el Carnet de la Patria, tenía en pie de lucha a los conductores de transporte público. La hiperinflación asoma para récord de un millón por ciento, y el nuevo cono monetario parece que morirá antes de nacer. Una explosión en cadena nacional, a una altura y distancia prudentes con respecto al mandatario, dejaría algunos lesionados leves, pero especialmente colocaría a Maduro en el rol de víctima. Algunos como Izarra, que desde afuera exigían el reemplazo inmediato del Presidente, ahora quieren congraciarse con él. Al momento de redactar estas líneas, el diputado opositor Juan Requesens ya estaba preso sin fórmula de antejuicio y se anunciaba que pedirían la extradición del también diputado Julio Borges, que no viene al país desde el fracaso de las negociaciones en República Dominicana. De manera que no solo se aprovecha el incidente para cerrar filas, sino también para reorganizar el ataque a lo que resta de oposición política.

Estas tres opciones no son excluyentes unas de otras. Pudo tratarse de un atentado fallido, que luego está siendo capitalizado por las fuerzas del Gobierno. Este parece ser el escenario más plausible. Pudo ser también un gesto propagandístico, al cual han contrarrestado con propaganda y acciones de mayor magnitud.

Si lo del sábado fue ejecutado por una estructura ajena al Gobierno, entonces ya Venezuela entró en una nueva fase de escalada en la violencia. Imposible pensar que tanta tecnología y recursos sean entregados en una sola apuesta.

ALTO

¿FARSA O FALSA?: