EL PRESUNTO ATENTADO EN CONTRA DEL PRESIDENTE Nicolás Maduro fue, de acuerdo con la información oficial difundida, un plan que ameritó la participación de al menos 19 personas. En el grupo se encuentran ex militares, parlamentarios y civiles. Fueron justo estos últimos quienes se encargaron de la ejecución de lo que hoy se conoce como la “Operación Fénix”, plan en el que se intentó perpetrar un magnicidio con dos drones cargados de C4 y metralla.

Desde el mismo día de los hechos, el pasado 4 de agosto, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ha detenido a 11 sospechosos. De este grupo, cinco (45 %) son menores de 25 años, es decir, se criaron bajo la era Chávez. Otros cuatro (36 %) son menores de 40 años. Solo uno tenía más de 20 años cuando el chavismo llegó al poder. A otro más no se le ha podido verificar la edad.

La versión oficial asegura que el grupo se dividió para actuar en dos escenarios distintos.

Juan Carlos Monasterios, presunto jefe de la operación, junto a Henryberth Rivas Vivas, José Miguel Estrada y Argenis Valera Ruiz llegaron a la avenida Este 12 a bordo de una camioneta Chevrolet Orlando para operar uno de los drones.

El otro equipo, integrado por Brayan Oropeza Ruiz, Yanín Fabiana Pernía Coronel y Alberto Bracho Roquez, hizo volar el otro dron desde el Centro Empresarial Cipreses, en la avenida Sur, a una cuadra de la avenida Bolívar, donde se llevó a cabo el acto.

El primer artefacto perdió el control poco después de elevarse y por eso se estrelló contra el edificio Don Eduardo, en la avenida Este 12, a 50 metros de la esquina El Cristo, donde estalló. El segundo explotó a 80 metros de la tarima presidencial e hirió a siete militares.

Esa misma noche, un panfleto con la frase “Se buscan” en rojo y con el membrete de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Los Andes, mostró los rostros de los jóvenes supuestamente involucrados en el magnicidio. El mayor de este grupo tiene 31 años. En mayúsculas, todos eran señalados como “terroristas solicitados autores de atentado a nuestro comandante en jefe”.

El haber expuesto las fotografías de los presuntos implicados supone una violación del numeral 4 del artículo 119 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), que indica que entre las reglas de actuación policial está la de “no presentar a los detenidos o detenidas a ningún medio de comunicación social, cuando ello pueda afectar el desarrollo de la investigación”. Así lo apunta Gonzalo Himiob, abogado del Foro Penal Venezolano, organización que tiene previsto encargarse de la defensa de algunos de los arrestados. Añade el experto que la divulgación de estas imágenes se hizo sin autorización alguna de los sospechosos aun cuando se presume que son inocentes.

Paradero desconocido

Tras los hechos, Monasterios y Valera Ruiz fueron capturados esa misma tarde en la camioneta Orlando, cuando supuestamente tenían el control del dron en las manos. Rivas Vivas y Estrada lograron huir del sitio.

Ese mismo día también detuvieron a José Gregorio Blanco, un joven oficial de Polichacao que pasaba por la zona con el uniforme en un morral. Acababa de salir de su casa, en Santa Rosalía, y se dirigía a su trabajo. Sus familiares se enteraron a través de los vecinos y lo confirmaron con el cuerpo policial en el que trabaja el funcionario. Sin embargo, por ninguna vía han podido obtener más información sobre el paradero del uniformado.

Oropeza Ruiz, Pernía Coronel y Bracho Rozquez salieron del Centro Empresarial Cipreses sin que los descubrieran, indica la versión oficial. Sin embargo, los dos primeros fueron arrestados horas después, a la 1:30 am del 5 de agosto, mientras atravesaban el estado Barinas en un vehículo Seat Córdoba, con José Del Carmen Pinto al volante, quien también fue apresado. Según Maduro, se dirigían a la frontera con Colombia.

Un día después de las explosiones, la tarde del 5 de agosto, detuvieron en la autopista José Antonio Páez, en el estado Portuguesa, a otros dos sospechosos: Estrada y Bracho Rozquez. Los acompañaban Emirlendris Carolina Benitez Rosales y Yolmer José Escalona Torrealba, quien es hermano de Yilber Escalona Torrealba, señalado por recibir y probar los drones en Barquisimeto, Lara. Tanto este último, como Rivas Vivas y José Gregorio Yaguas, un presunto explosivista, no han sido capturados.

“Me están vinculando en algo que no he hecho. Soy inocente, reportero independiente. Regresé a Venezuela a visitar a mi familia”, indicó Rivas Vivas a Runrun.es a través de una red social. “Que Venezuela sepa que mis amigos están siendo torturados por esta dictadura. Sí estuve en las protestas pero no soy terrorista”, afirmó el joven de 22 años que se identifica como reportero gráfico.

Ninguno de los familiares de los presuntos implicados ha sido informado oficialmente sobre el paradero de los detenidos. Se presume que pueden estar en la sede del Sebin del Helicoide, aunque también pudieron ser llevados al edificio de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), ubicada en Boleíta, municipio Sucre del estado Miranda. A ninguno de los arrestados se les ha dejado comunicarse con sus parientes.

“A los muchachos detenidos no se les ha permitido el acceso a sus abogados ni a sus familiares, se les ha mantenido incomunicados. En este momento están, desde el punto de vista de la definición técnica, en una situación de desaparición forzada, salvo que los hayan presentado ante tribunales con un defensor público sin que nadie se haya enterado y de manera clandestina”, sostiene Himiob.

Si esta presentación ante tribunales no ocurrió, se estaría ante una nueva violación: la del artículo 236 del COPP, que establece que los arrestados deben ser conducidos ante un juez durante las 48 siguientes a su aprehensión para la audiencia de presentación.

De diputados y financistas

Durante la cadena de radio y televisión que Nicolás Maduro ofreció el martes 7 de agosto para hablar, exclusivamente, del “atentado”, informó quiénes eran los presuntos “cerebros” de las explosiones. Allí se mencionó a Osman Delgado Tabosky como financista y a los militares Rayder Russo Márquez y Oswaldo Valentín García Palomo como presuntos reclutadores y planificadores de las acciones.

El mandatario también aseguró esa noche que dos diputados a la Asamblea Nacional, pertenecientes al partido Primero Justicia, estaban vinculado a la operación: el expresidente del órgano legislativo, Julio Borges, y el parlamentario por el estado Táchira, Juan Requesens. Este último fue detenido mientras se transmitía la alocución presidencial. A ambos les allanaron la inmunidad parlamentaria a través de la asamblea nacional constituyente, totalmente chavista, y se ordenó su captura por medio del Tribunal Supremo de Justicia. Para el resto de los involucrados, incluyendo a un funcionario de Migración Colombia llamado Mauricio Jiménez Pinzón, supuestamente se emitió una alerta roja a la Interpol a fin de arrestarlos.

Se presume, dice Himiob, que los casos sean llevados por tribunales ordinarios, pero con competencia especial en materia de terrorismo. Esto a partir de las sentencias en contra de los diputados, las cuales fueron dictadas sin la presencia de sus defensores, tal como lo establece el COPP. Así, los jóvenes detenidos serían imputados con cargos como homicidio calificado en grado de frustración, terrorismo, asociación para delinquir, instigación pública o a la rebelión.

“A los diputados se les violaron sus derechos al debido proceso porque la forma en la que se les allanó la inmunidad parlamentaria es completamente irregular. Aun cuando la anc hubiera sido legalmente constituida, hubiese tenido facultades para allanarles la inmunidad parlamentaria, porque eso le corresponde a la Asamblea Nacional. Eso, según el artículo 12 de la Constitución, es una ‘usurpación de funciones’ y cuando se incurre en esta, todas las acciones son nulas”, señaló el abogado de Foro Penal.

A todos los implicados, además, también se les ha ultrajado el derecho a la presunción de la inocencia, continuó Himiob, porque desde las más altas esferas de poder se les ha señalado como culpables sin juicio alguno y sin que se lleve a cabo una investigación “objetiva e imparcial” que demuestre qué pasó aquel 4 de agosto.

Mientras tanto, las pruebas mostradas por Maduro en cadena nacional han sido contaminadas debido a su difusión. Todas debieron mantenerse en reserva de las partes (Ministerio Público y defensores de los señalados) hasta que cerrara la fase de investigación preliminar del proceso judicial, la cual finaliza 45 días después de las detenciones.

@loremelendez