Delsa Solórzano

A ambos se les acusó de presunta “instigación al odio” y, según se conoció, los trasladaron al módulo policial de la Bajada del Playón.

La ONG Provea denunció este lunes, 14 de febrero, la detención de dos adultos mayores en La Guaira. A través de su cuenta de Twitter, Provea indicó que los señores fueron identificados como William Echarry, de 70 años; y Ramón Blanco, de 66 años.

De acuerdo con una publicación del sitio web Punto de Corte, estos ciudadanos son integrantes de Mover y del Frente Amplio del estado Vargas.

Tanto Echarry como Blanco se encontraban en trabajo de campaña contra la administración oficialista.

A ambos se les acusó de presunta “instigación al odio” y, según se conoció, los trasladaron al módulo policial de la Bajada del Playón.

William Echarry de 70 años y Ramón Blanco de 66 años, integrantes de @movervzla fueron detenidos arbitrariamente este sábado en #Vargas por efectivos de la policía municipal, mientras colocaban una pancarta exigiendo libertad

Exigimos #LibertadParaEcharryYBlancoYa pic.twitter.com/5x75j5AGla

— PROVEA (@_Provea) February 13, 2022

Tras conocerse el hecho, la dirigente opositora Delsa Solórzano manifestó su rechazo a lo ocurrido a través de un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter.

«El régimen ataca a nuestros adultos mayores no solo con pensiones de hambre, sino además, si se atreven a protestar, los lleva presos», sentenció Solórzano.

El régimen ataca a nuestros adultos mayores no solo con pensiones de hambre, sino además, si se atreven a protestar, los lleva presos. #LibertadParaEcharryYBlancoYa https://t.co/hbvJ9oQOEm

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) February 14, 2022

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La CPI abrió un examen preliminar sobre Venezuela en el año 2018 por la acción de efectivos de seguridad en las protestas que dejaron un centenar de muertos en 2017

La Corte Penal Internacional (CPI) otorgó un plazo de tres meses al gobierno de Nicolás Maduro para entregar documentación, de acuerdo con un documento compartido por la presidenta de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano.

Según el texto, el fiscal de la CPI, Karim Khan indica que “en un espíritu de cooperación, de diálogo y de equidad, el Fiscal aceptó además conceder a Venezuela una prórroga de tres meses, a saber, hasta el 16 de abril de 2022″, dado que el plazo inicial expiraba el pasado domingo.

“Esta prórroga es adecuada y está justificada debido a varias circunstancias, que deben considerarse excepcionales”, añade el documento.

Asimismo, en el documento se indica que la prórroga también da tiempo para que Khan pueda viajar a Venezuela y “entablar un diálogo significativo con el Gobierno de Venezuela sobre cuestiones de admisibilidad con miras a evaluar, entre otras cosas, el alcance y la necesidad de recurrir a posibles procedimientos”.

De acuerdo con Solórzano, «resulta evidente que la CPI no se deja engañar por las pretensiones de la dictadura de simular una falsa reforma del sistema justicia en Venezuela». 

Vale recordar que la CPI, con sede en La Haya, abrió un examen preliminar sobre Venezuela en el año 2018 por la acción de efectivos de seguridad en las protestas que dejaron un centenar de muertos en 2017. El pasado mes de diciembre se conoció que resolvió avanzar en su investigación contra Nicolás Maduro y su administración.

. @IntlCrimCourt sigue avanzando en la investigación del Caso “Venezuela I”. Otorga plazo de 3 meses al régimen para presentar documentación. Esto en aplicación del art. 18.2 del Estatuto de Roma. #JusticiaParaLasVíctimas. Documento en este 🧵 1 pic.twitter.com/Gd28R9IRVP

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) January 19, 2022

Resulta evidente que @IntlCrimCourt no se deja engañar por las pretensiones de la dictadura de simular una falsa reforma del sistema justicia en Vzla. #JusticiaParaLasVíctimas 🧵 2 pic.twitter.com/lB4i8rANSC

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) January 19, 2022

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Esta sería la segunda vez que la comisión presidencial ingresa al campus universitario en horas de la noche 

La noche de este jueves, el gobernante Nicolás Maduro, en compañía de su esposa Cilia Flores y su vicepresidenta Delcy Rodríguez, fueron vistos recorriendo los espacios de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Así lo informó la cuenta en Twitter Viva la UCV, el medio informativo del Movimiento Estudiantil de la casa de estudios.

En un video compartido desde esta cuenta, se observa a Maduro caminando por los espacios de la UCV, acompañado por, al menos, siete escoltas. 

#AlMomento | @NicolasMaduro junto a @delcyrodriguezv recorren espacios de la UCV

¿Que pasará con la autonomía universitaria? ¿Donde están nuestras autoridades? pic.twitter.com/v6UpTjBNBy

— Viva la UCV (@VivaLaUCV) October 22, 2021

Maduro en la #UCV

¿Será que le dieron un cupo por OPSU o lo palanquearon?

De cualquier forma avísenle que:
– Las inscripciones son vía web
– No hay clases desde hace 587 días
– La UCV no se arrodilla ante tiranos
– Un tequeño en el cuadrado cuesta 3 meses de beca estudiantil pic.twitter.com/uf7vBzsh6E

— Viva la UCV (@VivaLaUCV) October 22, 2021

Sobre el hecho, el presidente de la Federación de Centros Universitarios, Luis Palacio Herrera, afirmó que la presencia de Maduro en el campus «mancha el prestigio de la UCV».

«La presencia de Nicolas Maduro en nuestro recinto mancha el prestigio de la UCV, pero queda claro que es a la luz de las tinieblas que puede hacer presencia. Maduro eres sombra, destructor y enemigo de la UCV”, escribió el dirigente estudiantil en su cuenta en Twitter. 

A la luz de la oscuridad ¡siempre serán sombra, tiniebla y maldad!

La presencia de @NicolasMaduro en nuestro recinto mancha el prestigio de la #UCV, pero, queda claro que es a la luz de la tiniebla que puede hacer presencia.

MADURO eres sombra, destructor y enemigo de la UCV. pic.twitter.com/2LEbIc3O3p

— Luis Palacios Herrera (@LuisPalaciosHe) October 22, 2021

La presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, condenó el hecho y lo calificó como una violación a la autonomía universitaria. 

«El Art 109 de la Constitución establece la inviolabilidad del recinto universitario. Debemos vencer las sombras de la opresión #UCV», escribió Solórzano.

Como UCVISTA, como venezolana, condeno la violación de la autonomía universitaria, realizada en horas de la noche por Maduro y sus cómplices. El Art 109 de la Constitución establece la inviolabilidad del recinto universitario. Debemos vencer las sombras de la opresión. #UCV pic.twitter.com/ePB2O6BLqe

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) October 22, 2021

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«Recibo denuncia de familiares: en sótanos de DGCIM y celdas insalubres de Fuerte Tiuna el régimen de (Nicolás) Maduro mantiene a 13 militares y 4 civiles confinados, con escasa alimentación, sin atención médica, sin luz del sol, los están TORTURANDO y matando de hambre», tuiteó la dirigente

La dirigente Delsa Solórzano denunció este 28 de junio que al menos 17 personas que se encuentran detenidas en la Dirección de Contrainteligancia Militar (Dgcim) y en la principal instalación militar del país, el Fuerte Tiuna de Caracas, han sufrido torturas.

«Recibo denuncia de familiares: en sótanos de DGCIM y celdas insalubres de Fuerte Tiuna el régimen de (Nicolás) Maduro mantiene a 13 militares y 4 civiles confinados, con escasa alimentación, sin atención médica, sin luz del sol, los están TORTURANDO y matando de hambre», dijo en Twitter.

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Solórzano etiquetó en este mensaje a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, y no ofreció más detalles sobre su denuncia.

Tampoco indicó quiénes son los 13 militares ni los 4 ciudadanos que se encuentran en estas celdas.

La Dirección General de Contrainteligencia Militar ha sido objeto de denuncias por parte de la oposición venezolana, que asegura que allí las autoridades cometen «delitos de lesa humanidad».

En septiembre del año pasado, una Misión Internacional de Investigación, encargada por la ONU, publicó un informe sobre la situación de derechos humanos en el país.

La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, dijo en aquel momento que su equipo -compuesto por otros dos miembros y un equipo técnico de apoyo- revisó 2.500 incidentes que involucraron 4.600 asesinatos «cometidos por las fuerzas de seguridad», y que pueden «considerar ejecuciones extrajudiciales».

Las principales entidades involucradas en los crímenes son la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y en particular las Fuerzas de Acción Especial (FAES), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Solórzano aseveró que la Comisión de Bachelet en Venezuela, «tiene la obligación» de proteger a los militares detenidos

Foto: EFE/Rayner Peña

Delsa Solórzano, diputada y coordinadora de Encuentro Ciudadano, pidió este domingo, 13 de junio, al equipo de Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU, interceder por militares presos.

A través de su cuenta de Twitter, Solórzano dirigió un mensaje a Bachelet, donde señaló que, pese a que la alta comisionada recomendó el traslado de presos políticos a Ramo Verde, que están en la Dgcim, eso no ha ocurrido.

Por el contrario, según advirtió Solórzano, «se mantiene a presos políticos militares torturados en sus sótanos y en las celdas insalubres de Fuerte Tiuna».

Respecto a los militares, la dirigente opositora detalló algunos casos: El general Hernández Da Costa, el teniente coronel Igbert Marin Chaparro, el capitán de Navío Luis De La Sotta, el coronel Juan Rodríguez Dos Ramos, el mayor Juan Carlos Marrufo y su esposa María Auxiliadora de Marrufo.

«La Comisión de Michelle Bachelet en Venezuela tiene la obligación de protegerlos», apuntó Solórzano sobre estos militares presos.

Familiares de militares detenidos por razones políticas, como el capitán Luis de la Sotta, denunciaron que se encuentran aislados desde que fueron trasladados, algunos han sido castigados en celdas pequeñas.

Asimismo, los parientes de los detenidos denuncia que no se les provee una alimentación adecuada y tampoco se permite al equipo de la Alta Comisionada a que acceda a estos lugares para constatar las denuncias.

El Gral Hernandez Da Costa, El Tcnel Igbert Marin Chaparro, el Capitán de Navío Luis De La Sotta, el Crnel Juan Rodríguez Dos Ramos permanecen bajo custodia de DGCIM, la Comision de @mbachelet en Vzla, tiene la obligación de protegerlos. #LibertadParaLosPresosPoliticos 🧵 2

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) June 13, 2021

Con información de TalCual

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La dirigente califica de «terribles los crímenes de lesa humanidad» que fueron entregados a la Corte Penal Internacional (CPI) y que se encuentran en proceso de estudio

La exdiputada Delsa Solórzano considera que en Venezuela «se violan todos los derechos humanos al mismo tiempo» y reiteró que se cometen crímenes de lesa humanidad que han sido documentados y entregados a instancias internacionales.

Durante su participación en la reunión virtual «Estatus de la violación de DDHH en Venezuela», Solórzano calificó de «terribles los crímenes de lesa humanidad» que fueron entregados a la Corte Penal Internacional (CPI) y que se encuentran en proceso de estudio.

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En el evento, la exlegisladora representó a cerca de 200 víctimas que han presentado sus casos ante la CPI, «que van desde el asesinato hasta la tortura contra una población determinada y por razones determinadas».

Aseguró que «hay fundadas razones para considerar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Paralelamente, el régimen de Maduro está señalado de narcotráfico y terrorismo, es decir, estamos bajo el yugo de una dictadura militar, acusada de narcotráfico y terrorismo».

En su opinión, es «vergonzosa» la decisión del presidente de Argentina, Alberto Fernández, de retirar la demanda a Venezuela ante la CPI, porque «eso viola los principios de cualquier nación que haya pasado por una dictadura como es el caso de Argentina».

«Es parte de la estrategia del régimen para tratar de demostrar que los delitos que se han cometido en Venezuela son violación de derechos humanos y no crímenes de lesa humanidad», precisó.

Se mostró convencida de que la retirada de la denuncia por parte de Fernández no está avalada por Argentina, «una nación que ha sido víctima de una dictadura y de violaciones de derechos humanos; eso no representa el sentir de ese pueblo hermano que le ha abierto los brazos a los venezolanos que han huido de la dictadura».

Argentina se retiró de la demanda que varios países presentaron en 2018 ante la CPI para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo que ha generado polémica entre el Gobierno de Fernández y la oposición de su país.

Si bien la decisión del Ejecutivo argentino de desvincularse de esa solicitud judicial se remonta a marzo pasado, cuando salió del Grupo de Lima -que desconoce a Nicolás Maduro y busca salidas para la crisis que vive Venezuela-, el hecho trascendió el 27 de mayo.

«El 24 de marzo comunicamos oficialmente nuestra retirada del Grupo de Lima, y como consecuencia de eso el 25 de marzo nos bajamos de una denuncia que habíamos hecho como Grupo de Lima, porque ya no pertenecemos a él», explicaron a Efe fuentes de la Cancillería el día que se dio a conocer la decisión.

La comunicación enviada a Guaidó está firmada por el Secretario General de la UIP Martín Chungong

Una misión de la Unión Interparlamentaria visitará Venezuela entre el 21 y el 25 de este mes. Lo confirmó la opositora Delsa Solorzano en su cuenta de Twitter al compartir la carta que envió el organismo como respuesta a la invitación del presidente interino Juan Guaidó.

“En respuesta a la invitación suscrita por el Presidente Juan Guadió dirigida a @IPUparliament @IPUPresident, para enviar una misión a Venezuela para constatar la grave violación a los DDHH de los parlamentarios y el asedio a la legítima Asamblea Nacional. Vienen en junio”, expresó Solórzano en la red social.

La Unión Interparlamentaria es la única organización que representa a la rama legislativa de los gobiernos en una escala mundial. A diferencia de otras, no es una organización intergubernamental, sino que se trata de una institución para el fomento de la cooperación entre los parlamentos entre sí.

“Estimado Señor Presidente: quisiera responder a su carta de fecha 12 de abril de 2021 en la cual extiende una invitación a una delegación del Comité Ejecutivo y del Comité de los Derechos Humanos de los parlamentarios de la Unión Interparlamentaria (UIP) para visitar Venezuela. Al respecto, me complace informarle que el Comité Ejecutivo de la UIP estudió su invitación y consideró oportuno que una delegación viaje a Venezuela para efectuar una misión oficial del 21 al 25 de junio de 2021”, comienza el escrito enviado por la UIP.

“La delegación espera poder reunirse con usted y sus colegas parlamentarios electos en 2015 así como con varios interlocutores cuya contribución será necesaria para el éxito de esta misión”, señala la misiva.

#ATENCION En respuesta a la invitación suscrita por el Pdte @jguaido dirigida a @IPUparliament @IPUPresident, para enviar misión a Vzla, para constatar la grave violación a los DDHH de los parlamentarios y el asedio a la legítima @AsambleaVE, vienen el próximo mes de junio! pic.twitter.com/vUTa7Xx7Be

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) June 3, 2021

La comunicación enviada a Guaidó está firmada por el Secretario General de la UIP Martín Chungong.

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«Señor Padrino, usted no es un civil que le exige al Estado. Usted es el responsable directo de que los soldados venezolanos estén secuestrados por la disidencia de las FARC», tuiteó la dirigente

La oposición liderada por Juan Guaidó responsabilizó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, del secuestro de ocho militares venezolanos a manos de un grupo armado colombiano, identificado como disidencia de las FARC.

«Señor Padrino, usted no es un civil que le exige al Estado. Usted es el responsable directo de que los soldados venezolanos estén secuestrados por la disidencia de las FARC», indicó la exdiputada Delsa Solórzano en un escrito publicado en sus redes sociales.

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La opositora respondió así a una publicación de Padrino en la que exige la puesta en libertad de los militares, con una foto castrense acompañada de la etiqueta #LiberenALosPatriotas, aprehendidos en el marco de los combates en el estado fronterizo de Apure entre la Fuerza Armada venezolana y miembros de los grupos irregulares.

Pese a que los uniformados fueron secuestrados hace casi un mes, el Gobierno mantuvo silencio hasta el sábado pasado, cuando el ministro de Defensa compareció en el canal de televisión pública VTV para leer un comunicado en el que reconocía el hecho, ya dado a conocer una semana antes por la ONG Fundaredes.

Solórzano acusó a Padrino López y la cúpula militar «que sirve a la dictadura de Maduro» de «abandonar a los soldados venezolanos secuestrados por la guerrilla en Apure».

Los enfrentamientos en el estado fronterizo con Colombia, en los que fallecieron un número indeterminado de miembros de los dos bandos, comenzaron el pasado 21 de marzo y continúan dos meses después.

Según un comunicado que recibió el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) la semana pasada, los militares venezolanos fueron capturados por las disidencias de las FARC el pasado 23 de abril.

La Fuerza Armada venezolana, que mantiene una opacidad sobre cómo avanzan los combates, manifestó el sábado pasado que trabajaría con el CICR para su liberación.