La presidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos, sostuvo que la crisis económica que golpea al país, ha generado que los comerciantes se enfoquen en las ventas informales.

“Lo que vimos hace dos años con el Dakazo lo estamos viviendo en la actualidad, porque se está obligando a los comerciantes a vender por debajo de los costos con la Ley de Precios Justos; el comercio irremediablemente va a la quiebra”.

Ramos explicó en el programa de César Miguel Rondón por el Circuito Éxitos de Unión Radio, que reponer los inventarios con los precios que actualmente están en el mercado es ir cuesta arriba. “Si nos obligan a vender por debajo del ingreso que se tiene presupuestado bajo una estructura de costos, cómo se hace para reponer el inventario”.

Sobre la medida del Superintendente del Sundde, William Contreras de ordenar rebajas entre 30 y 50% y la denuncia de supuesto sobreprecio entre 300 y 1000%  la presidenta de Consecomercio indicó: “Eso fue un abuso de poder que causó en la colectividad indignación, porque atacó con el imperio de la ley. La pregunta es por qué no ofertan el precio de la gasolina, que es de  los venezolanos, del Estado, por qué no lo ofertan”.

Ramos sentenció que la inflación se ha devorado la economía del país mientras no se tiene capacidad de compra. “Yo soy una trabajadora como lo son todos los venezolanos y que pagamos nuestros impuestos para que funcionarios como Contreras, cometan ese tipo de atropellos; no se está atacando al comerciante sino al gentilicio venezolano, el venezolano es trabajador y cumple con sus obligaciones como los empresarios, los funcionarios, etc”.

EL GOBIERNO QUIERE CAMBIAR LA PERCEPCIÓN de la población antes de las elecciones parlamentarias.  La mayoría de las encuestas refleja que los venezolanos están preocupados por el rumbo del país. El desabastecimiento y el alto costo de la vida encabezan el listado de preocupaciones.

A falta de un plan de ajuste, el Gobierno prefiere repetir la receta que en 2013 permitió al Psuv afianzar una victoria electoral: el “Dakazo”.  El pasado 30 de octubre en su programa “En Contacto con Maduro”, el presidente de la República ordenó “peinar toda la economía nacional y establecer los nuevos mecanismos en defensa del precio justo, contra la especulación, para proteger el pueblo”.

La frase recuerda a otra que pronunció hace dos años. “Que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes, ya basta”, expresó Maduro en noviembre de 2013 a propósito de una fiscalización en Daka. Luego vinieron las inspecciones y las rebajas forzadas de precios en comercios de todo el país.

La economía está en una peor situación que en 2013 y los inventarios del sector comercio nunca se recuperaron del todo. Pero las autoridades han caminado paso a paso hacia el «Dakazo II» para intentar cambiar la opinión de los venezolanos en torno a la crisis y el desabastecimiento antes del 6 de diciembre.

Uno a la vez

Gobierno negocia importaciones 

En junio el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y los ministros José David Cabello, Rodolfo Marco Torres y Giuseppe Yoffreda viajaron a Brasil para negociar la compra de alimentos. “Buscar convenios, acercamientos, acuerdos que nos permitan en Venezuela disponer de muchos de los productos que aquí en Brasil son producidos por empresas brasileñas (…) Teniendo a Brasil tan cerca, no tenemos necesidad de buscar tan lejos”, declaró desde Brasil el presidente de la Asamblea Nacional.

Con la compañía JBS el Gobierno negoció importaciones por 2.100 millones de dólares, de acuerdo a un reportaje de Bloomberg. Entre agosto y octubre han llegado al puerto de Puerto Cabello al menos 100 mil toneladas de alimentos (pollo, pernil, carne, leche y margarina) despachados por esa empresa brasilera, de acuerdo a informes que elabora la Cámara de Comercio de Puerto Cabello.

En julio el Gobierno también negoció en Uruguay la compra de 265 mil toneladas, entre arroz, leche en polvo, soja, pollo y queso, por 300 millones de dólares. “¡265 mil toneladas de alimentos para continuar fortaleciendo la seguridad alimentaria de los venezolanos”, expresó en Twitter el ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, Rodolfo Marco Torres.

Cifras de Ecoanalítica indican que la liquidación de divisas para el sector privado ha caído 60% con respecto al año pasado, pero que las importaciones públicas crecerán entre 15% y 20% con respecto a 2014. Así, al final de año las compras públicas en el exterior representarán 58% del total.

Comida “casa por casa”

A las compras masivas que ha realizado el Gobierno nacional en los últimos meses le siguió un plan para distribuir los alimentos en los denominados “mercados comunales” y hasta “casa por casa”. A finales de agosto, Maduro dijo que los mercados comunales serían uno de los objetivos principales para la distribución de alimentos. El pasado 3 de noviembre informó que en las próximas semanas iban a desplegar 5 mil mercados comunales en todo el territorio nacional. Pero el Gobierno también diseñó un “sistema de distribución casa a casa” para “llegar directo al pueblo”, según informó Johán Hernández, viceministro de producción Alimentaria, en septiembre pasado. Dicho plan aún continúa.

Dakazo alimentario

Desde la oposición han denunciado que el Gobierno prepara una especie de “Dakazo alimentario” para generar una falsa sensación de abastecimiento antes de las elecciones. “La gran pregunta es, ¿Dónde está esa comida porque no está en los anaqueles? No está en los abastos, no está en la mesa de los más humildes. ¿La están escondiendo para sacarla cinco o seis días antes de las elecciones y decir que hay una burbuja de abastecimiento? Si es eso están jugando con candela, están jugando con el hambre del pueblo”, manifestó recientemente Jesús “Chúo” Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

La semana pasada el Gobierno inicio un operativo en los mercados mayoristas y municipales con el Comando Nacional de Precios Justos. En algunos casos se llevaron toneladas de alimentos que consideraban que los comerciantes estaban acaparando.

De nuevo llegan “rebajas” antes de las elecciones

El pasado 20 de octubre el Presidente de la República ordenó “peinar” la economía. Pocos días después, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) inició inspecciones en tiendas de centros comerciales.Las autoridades instaron a los responsables de esos locales a bajar los precios entre 10% y 50%. El Gobierno también instaló un Comando Nacional de Precios Justos, estructura que se asemeja a la del Órgano Superior de la Economía creada en 2013, pocos meses antes del “Dakazo”.

Desde el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) se ha cuestionado la medida. “Las autoridades saben perfectamente que en el país no hay inventarios, porque la producción interna no ha sido estimulada ni las importaciones complementarias se han hecho  debidamente por la ausencia de subastas y la imposibilidad de adquirir divisas”, expresó la organización en un comunicado de prensa.

Para el economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, el intento por revivir un nuevo “Dakazo” es una “medida desesperada” que traerá más problemas a la economía. “Yo veo el alcance del Dakazo extremadamente limitado y por eso creo que al final vas a tener una presión en términos de la escasez y desabastecimiento que se puede prolongar más allá de diciembre y lo vas a tener para el próximo año”.

De acuerdo al estudio de opinión Venebarómetro, de la firma Croes, Gutiérrez & Asociados, el impacto de un eventual «Dakazo» parece limitado. El más reciente sondeo, cuyo trabajo de campo se realizó en la segunda quincena de octubre, muestra que el 67,8% de la población afirma que un eventual «Dakazo alimentario» no «alteraría»  la preferencia electoral de los encuestados de cara al 6 de diciembre. Sólo el 26,8% manifestó que una medida de este tipo «haría más probable que votara por los candidatos del oficialismo / Psuv».

La estrategia electoral del gobierno, si es que pudiéramos ponerle un nombre al “camorrerismo” oficial, ha estado orientada desde principios de año a reeditar el llamado «Dakazo». Medida politiquera que logró remontar la cuesta de una oposición consolidada a fuerza de televisores en remate y un llamativo discurso sobre especulación, que para variar culpaba a los empresarios de las desgracias del país y prometía combatirlos mediante la «guerra económica». Aquella alharaca rindió frutos, al menos en lo político, el desgobierno se hizo con la mayoría de las alcaldías y gobernaciones en diciembre de 2013, pero la escasez no solo no terminó, los anaqueles quedaron vacíos y no volvieron a llenarse. La situación hoy es tan grave, que al ver los precios de 2013 los añoramos, una nevera costaba unos 60 mil bolívares, hoy pasa el millón de bolívares.

Si estuviéramos frente a una verdadera guerra, no solo el gobierno estaría derrotado, sino revolcado. Pero no hay guerra y los revolcados somos los venezolanos, producto de una política económica que fracasó, pero que no quieren reformar porque eso implica reconocer que el “legado” no fue más que destrucción, que el llamado socialismo del siglo XXI no sacó a nadie de la pobreza, sino que los hizo más miserables, más dependientes.

Como decía un trabajador la otra vez en televisión, el gobierno vive buscando al perro flaco al cuál pegarle las garrapatas. Un cuento tras otro, pero nada les funciona esta vez. Quieren una camorra urgente que logré revertir el lógico descontento que tienen la mayoría de los venezolanos.

Hay que recordar que nuestro célebre presidente empezó el año diciendo que se dedicaría exclusivamente a combatir la guerra económica, el 2015 está a las puertas de finalizar y los resultados están a la vista. Primero convocaron a los pocos empresarios que producen en el país a firmar acuerdos en Miraflores, como si la responsabilidad de tomar las medidas para corregir la crisis estuviera en sus manos.

Luego metieron a unos cuantos presos creyendo eso se traduciría en apoyo popular. En el SEBIN siguen algunos y eso no ha cambiado el drama para conseguir los productos básicos. Luego prohibieron las colas en los supermercados, las escondieron es los estacionamientos, implementaron un sistema  de captahuellas, las eliminaron, las volvieron a instalar y así han ido, como el cangrejo, caminando para atrás y para adelante, en un intento desesperado de evitar lo inevitable.

Después lanzaron otra batalla ficticia contra los llamados “bachaqueros”, que lejos de ser una causa, representan una consecuencia de la escasez, un problema que siempre termina alimentando un mercado negro con productos mucho más caros. Allí tampoco hubo resultados, la escasez no desapareció, se recrudeció.

Luego confirmando los pocos escrúpulos que tienen quienes hoy gobiernan, tenemos lo que pasó con el caso de la dama descuartizada en Caracas, allí no solo culparon a la oposición de tener nexos con delincuentes, sino que convirtieron a unos asesinos confesos en su voceros oficiales, poniéndolos a acusar a diestra y siniestra en cadena nacional.

Seguido lanzaron la llamada Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), para «liberar» zonas que ellos mismos habían entregado al hampa. El plan número veinte y dele contra la inseguridad comenzó, como siempre,  con mucho ruido y ministros disfrazados con chaleco antibalas. El resultado: Una mayor explosión de la criminalidad.

Así llegamos a septiembre, con la brillante idea que iniciar una deportación masiva de colombianos, con miras a provocar un conflicto diplomático con Colombia. Tal como lo hicieron con Guyana a principios de año. Pero su mala racha es tal que hasta Juan Manuel Santos subió en las encuestas y ellos siguieron bajado. 

Es que si tuvieran un circo les crecieran los enanos y la mujer barbuda seguro se queda calva. La destrucción de Venezuela es tal que no es posible sacar a la gente de su realidad, para ponerlas a hablar de aventuras belicistas o planes conspirativos. Seguro habrá quien siga creyendo, hacia ellos se debe orientar nuestro mensaje y accionar una vez logremos conquistar una solidad mayoría en la Asamblea Nacional, ellos tienen que tener la oportunidad de comparar entre lo que representó el caos y lo que puede ser un país que marche unido hacia el progreso.

@Brianfincheltub

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Jóvenes reclaman que se quedaron sin cupo en la universidad a pesar de que sus promedios son mayores a los de estudiantes que sí salieron en las listas de la OPSU. Han calificado al nuevo sistema como “Dakazo” universitario

@MariaAlesiaSosa

ALIZ HAMID CHÁVEZ TIENE 17 AÑOS y desde los 8 sabía que quería ser médico, como su mamá. Sus planes se vieron truncados el 15 de mayo de 2015, cuando recibió los resultados de las admisiones de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu): “Usted no fue asignado (a) en ninguna de sus opciones de carrera. Si desea verificar la posición que ocupó, consulte la Lista de Cola de las carreras”.

Los 20 puntos de promedio que mantuvo durante todos los años de bachillerato, no fueron suficiente para cumplir su sueño de estudiar medicina en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), en Barquisimeto.

La UCLA era su primera opción, pero también se apuntó en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y en la Universidad de Los Andes (ULA). En las tres quedó en lo que la OPSU llama “Lista de Cola”, pero muy atrás como para tener alguna esperanza: en la Lisandro Alvarado su puesto en la lista de espera es el 764. Mientras, en la UCV, Hamid le asignaron el número 3.778, y si quisiera inscribirse en la ULA de Mérida, 3.627 bachilleres están en la cola antes que ella.

En mayo de 2015 se concretó la decisión que había sido tomada el 16 de diciembre de 2014, por el ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández: La OPSU se atribuyó la asignación de al menos 70% de los cupos en las universidades autónomas del país.

Hasta este año, las universidades concedían 30% de sus cupos a los que ingresaban por esa vía. Ese porcentaje —conforme a lo que dice la Ley de Universidades—, lo decide el Consejo Universitario de cada casa de estudios.

La publicación de los nombres seleccionados por la OPSU se hizo en una acto público en el que participó el ministro Fernández, así como el Presidente de la República. “Primera vez que esto se hace en la historia de Venezuela y tenía que hacerlo la revolución bolivariana. Queremos democratizar constitucionalmente el acceso a las universidades”, dijo Nicolás Maduro en el evento. Agregó que si “alguna universidad se opone a la Constitución, allí están las instancias judiciales para que diriman cualquier intento de desconocer este sistema de democratización”.

El ministro Fernández también defendió el nuevo sistema de ingreso, con el argumento de que era parte de una estrategia para “democratizar” la educación superior. El diputado del Psuv por el estado Trujillo, Manuel Briceño, declaró que la asignación de cupos universitarios por la OPSU “no es un asunto de Gobierno, sino políticas del Estado venezolano en esa materia”. 

La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) pidió, el 9 de junio, la anulación del nuevo sistema de asignación de cupos. La rectora de la UCV, Cecilia García Arocha afirmó que la propuesta de la OPSU viola la Carta Magna y la Ley de Universidades.

El vicerrector académico de la UCV, Nicolás Bianco, declaró que la intención del Estado no es democratizar. “Lo que quieren es masificar la educación, y hacerlo fraudulentamente”.

 ¿Cuánto valen las notas?

En los últimos 40 años, las notas del alumno representaban 97% del índice para entrar a las universidades. Ahora, con el nuevo sistema nacional de ingreso, el peso de los criterios que conforman el índice se distribuyen de la siguiente forma: 50% las notas de bachillerato, 30% las condiciones socioeconómicas, 15% la territorialidad y 5%, la participación en procesos anteriores y en actividades sociales. 

El rector de la ULA , Mario Bonucci, alertó que no hay estudios que respalden las recientes decisiones, y catalogó los nuevos criterios como subjetivos. “Hace seis meses le pedimos al ministro que nos mostrara el estudio para cambiar el criterio, y no nos ha mostrado nada”, señaló.

Enrique Planchart, rector de la Universidad Simón Bolívar (USB), coincide. “Quitando la nota de bachillerato, todos los criterios son subjetivos ¿Cómo se miden esas cosas?”, se preguntó. 

Bonucci considera que el cálculo de la condición socioeconómica a través de una encuesta en Internet brinda una variable ilustrativa que no puede ser validada. Destacó además, que el nuevo criterio produce un sesgo “en el cual el buen estudiante de liceo público o privado va a ver obstaculizado , o incluso imposibilitado su ingreso a la universidad”.

Representante de Asociación Venezolana de Rectores Universitarios

Es el caso de Aliz Hamid. El nuevo sistema de admisión le negó un cupo en las tres universidades a las que aspiró ingresar, a pesar de que 100% de los estudiantes que fueron admitidos, tienen un promedio menor que el de ella. Ninguno tiene 20.

Hamid estudió en Las Colinas, uno de los colegios privados más exigentes de Barquisimeto, estado Lara. “Mi familia hizo un esfuerzo muy grande para que saliera bien preparada. Que yo venga de un colegio privado no significa que tenga mucho dinero, de hecho no lo tengo. No tomaron en cuenta para nada mi empeño”, explicó la alumna de quinto año.

Dice que, aunque no le guste al ministerio, la actitud y el esfuerzo se manifiestan en las notas, y no en el tipo de vivienda del alumno. 

“Tienen que empezar por mejorar la educación de bachillerato, no tengo problemas en que entren personas de colegios públicos, pero no nos pueden rechazar a nosotros con ese criterio”, reclamó. 

Aliz confiesa que ya pasó por una etapa de llanto, molestia y ahora lo que siente es frustración. Además ya es muy tarde, todas las pruebas de admisión cerraron. Ahora tendrá que esperar, al menos un año, para poder presentar una prueba interna en otra universidad. “Yo jamás me imaginé que después de fajarme cinco años para mantener mi promedio de 20 puntos, iba a ser población flotante al salir de bachillerato”, repite incrédula. 

Alfonzo Chávez, tío de Aliz, trabaja en la UCLA, y confiesa que lo que más molestia le causa es que en su  casa, siempre le inculcaron la superación a través de los méritos. “Hace algunos años cuando ella me comentó que quería estudiar Medicina, le dije que, ni porque yo trabajara aquí, ni porque su mamá fuera médico egresada de la UCLA iba a entrar a la universidad. Insistí: ‘Sólo lo harás si te esfuerzas y estudias”. Pero ni siquiera con la máxima nota, fue premiada con el cupo. 

Hay mucha indignación en la familia Hamid-Chávez . La madre de Aliz, Liz Chávez, fue a la OPSU a reclamar por el caso de su hija y lo que consiguió fue una cola de personas afectadas por lo mismo, pero ninguna solución. Sólo en la promoción de Aliz, hay cuatro alumnos con promedios de más de 18 puntos que querían estudiar medicina y no tienen cupo en la universidad.

Aliz nunca había pensado irse del país, pero reconoce que las circunstancias la obligan a contemplar posibilidades con becas en el exterior. “Preferiría quedarme aquí, yo quiero ser médico para ayudar a mi país, aquí veo la necesidad, pero esta situación lo obliga a uno a pensar otras cosas”.

ENTREVISTA

LUIS FUENMAYOR TORO: «Se está premiando la pobreza»

Por: Víctor Amaya

«Como no hay electrodomésticos, repartieron cupos». Luis Fuenmayor Toro cree que el nuevo método del Sistema Nacional de Ingreso Universitario tiene trasfondo político, y electoral. El exrector de la Universidad Central de Venezuela (1988-1992) recuerda que el debate por la equidad en los nuevos ingresos es de vieja data, pero ya se había comenzado a corregir hace más de una década.

Fuenmayor rescata la expresión «aptitud académica», porque ella determina las potencialidades de formación de cualquier persona y está «poco influenciada por condicion social, género, etc».

Citando un estudio que realizó y publicó en 1999 para comprar el ingreso universitario entre 1984 y 1998, sostiene que en aquél primer año «no había discriminación». «El 75% de quienes entraban lo hacían por la Prueba de Aptitud Académica (PAA), que era un examen nacional, en todos los colegios y liceos del país». El asunto cambió -dice- a finales de la década siguiente cuando «solo el 19% de quienes entraban a las universidades lo hacían por la PAA».

Es la consecuencia, asegura Fuenmayor, de que las propias instituciones académicas asumieran en control del ingreso, mediante pruebas internas. «Ya en 1995 se notaban cambios en las tendencias (que favorecían a los estudiantes de las ciudades, de mayor poder adquisitivo y provenientes de planteles privados). Fue la consecuencia de esas pruebas internas que se hacen las sedes de cada universidad. Imagínate que un estudiante de Apure quiera entrar en la UCV: Tendría que viajar, pagar estadía, traslados. No es justo», sostiene el exrector.

«Controlar el ingreso da poder», asegura el profesor, quien puntualiza en la Universidad Simón Bolívar, por ejemplo, define quién estudia en su campus sin participación de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU). Aclara, no obstante, que no se trata de «unos profesores perversos» que quieren exluir a la gente, como muchas veces se ha señalado. Apunta además que la calidad de los estudiantes hará que se aprovechen mejor los recursos y hasta que la universidad resulte mejor evaluada cuando se distingan sus promedios académicos, de permanencia y de graduaciones.

En 1999, Luis Fuenmayor asumió la presidencia de la OPSU, mientras Hugo Chávez se instalaba en Miraflores. Desde allí, dice ahora, intentó corregir las iniquidades de ingresos fortaleciendo la PAA. «Pudimos hacer cosas porque Chávez no se metía en eso, básicamente». Confiesa que con el mandatario solo pudo reunirse una vez.

La nueva PAA se dividía en dos partes: habilidad numérica y habilidad verbal, «que pasó a ser comprensión lectora y se le comparaba era con su propia cohorte y no en promedio nacional», apunta quien estuvo en la OPSU hasta 2004. Tres años después, la PAA fue «ilegalmente eliminada» y se pasó a un sistema multivariable «donde el 97,5% del peso lo tenía el promedio de notas», priorizando el rendimiento académico. Ello significó que «no se siguió avanzando en el plan que habíamos formulado, cuyo objetivo era eliminar las pruebas internas».

Ahora, con el nuevo sistema de ingreso «dejaron por fuera a la gente de estrato D, los menos pobres, y a todo el que no sea considerado excluido. Los ricos tienen tanto derecho a ingresar como los demás. Se está premiando la pobreza».

El exrector cree que lo peor de la película está por verse, en septiembre, cuando toque iniciar el año académico y pudieran verse algún tipo de enfrentamiento entre quienes ingresaron y los nuevos excluidos.

Con el objetivo de evitar la «actividad de los especuladores«, el Gobierno venezolano dispuso otra medida que empezará a regir inmediatamente: el control a la venta de bicicletas.

Julio Peña, presidente de la Cámara Venezolana de Bicicletas, informó que se exhortó a la tiendas a vender una bicicleta por persona. En caso de que los padres tengan varios hijos, propone presentar su partida de nacimiento.

«Hay gente que nos dice que tienen tres o cuatros hijos (…) Pero traiga su partida de nacimiento, la gente de la tienda verificará que los niños son suyos y le venderán el producto», afirmó en el programa Entre todos, transmitido por VTV.

Según publica El Nacional, Peña instó a las personas a que, para garantizar la oferta, compren sólo la cantidad que necesiten: «235 contenedores llegarán al país. En menos de 15 días, ya estarán en las tiendas», subrayó.

«Las bicicletas a precio regulado son compradas y revendidas a través de Internet. Pasa que abastecemos las tiendas y llega un grupo de personas y compra varias para luego colocarlas en tiendas virtuales y las venden en cuatro o cinco veces su valor», concluyó.

En otro orden, esta semana Maduro reeditó el «Dakazo» y lanzó a los venezolanos a la caza de electrodomésticos baratos.

Vía Tal Cual

Presidente de Fedecamaras, Jorge Roig considera que las fiscalizaciones a comerciantes estas navidades es causa y consecuencia del “Dakazo”

Largas colas y caos marcaron el jueves 6 y viernes 7 de noviembre las jornadas de venta del programa Mi Casa Bien Equipada. El Gobierno se vio obligado a mudar el operativo a los abastos Bicentenarios.

Jesús Alberto Yajure | @albertoyajure

Es viernes 7 de noviembre de 2014 por la noche y una multitud de casi 300 personas grita y jadea en una de las tribunas del paseo Los Próceres, que por estos días luce repleto de toldos en los que se venden productos de la cesta básica —incluyendo algunos de los ingredientes para la elaboración de hallacas y pernil a Bs. 80 por kilo—, ropa, calzado, teléfonos celulares, colchones, arepas rellenas, y productos de la estatal Lácteos Los Andes, casi desaparecidos de los anaqueles de supermercados. Hay colas por todos lados, gente que camina con bolsas repletas de harina de maíz y leche en polvo; camiones identificados con el logo de Mercal entran y salen, los despachadores mueven carretillas de aquí para allá mientras descargan mercancía.

El alboroto en un área donde hasta el miércoles 5 de noviembre se distribuyeron artículos de línea blanca es visible desde lejos. Un tumulto rodea a una mujer que está sentada en una silla y que apunta en hojas sueltas los datos de aquellos que aún permanecen en una cola: nombre, cédula y número de teléfono. Hay confusión, la gente que recién llega con perspectivas de acampar durante la noche pregunta qué sucede, cuál es el procedimiento, cuál es la fila, qué pasa si no tengo número en el brazo.

“Es que yo estoy llegando ahorita”, “¿La venta es aquí o en Plaza Venezuela?”. El despelote se acrecienta cuando —en medio de una discusión— una mujer vocifera: “¿Por qué se va a anotar tanta gente si aquí solo había 256 cuando se presentó el peo?”

De despelote en despelote

El caos y una trifulca (jueves 6 y mañana del 7 de noviembre) que dejó al menos dos personas heridas, provocaron que la suspensión en la venta de electrodomésticos del programa ‘Mi Casa Bien Equipada’, en el Paseo Los Próceres. En la cola de viernes por la noche, las personas esperan la entrega de números para comprar artefactos distribuidos por el Gobierno a precios subsidiados. Algunos cuentan que un hombre fue herido de una puñalada, mientras que, en otro incidente, una botella fue lanzada a la cabeza de un agente de la FANB, en los hechos que precedieron la suspensión de la venta como se estaba haciendo.

“La gente se salió de las tribunas, se cayeron a coñazos, había gritos y empujones. Eso fue horrible”, narra una mujer que, a las 7 pm ya llevaba más de cuatro horas en cola.  El cansancio de quienes tenían hasta dos días acampando en la calle ganó cuando un grupo se abalanzó y rompió el orden. Los episodios del jueves repitieron el viernes y obligaron a cambiar el procedimiento.

Esta información la confirma un funcionario de apellido Rodríguez: “Lo que sucede es que está llegando gente del interior del país. Son muchos los que necesitan comprar. Pero ha habido mucho desorden. Usted quizá tiene necesidad, pero hay también gente que está detrás de los equipos para revenderlos. Imagínese, una laptop aquí cuesta 8.300 bolívares cuando en la calle vale casi 40.000 mil”.

El rally militar

El funcionario también explica el procedimiento que operó hasta el miércoles 5 de noviembre: Se hacía una cola que daba acceso a un ticket o comprobante de cita. Después se debía acudir a la Academia Militar, donde se solicitaba el equipo que se deseaba comprar; luego había que hacer otra cola para pagar y —finalmente— retirar el electrodoméstico.

-¿Pero están vendiendo los productos o no?

-No, eso se tuvo que suspender por el problema que hubo ayer [jueves] y lo que pasó hoy [viernes]. Los electrodomésticos se van a vender desde ahora en el Bicentenario de Plaza Venezuela, respondió el funcionario trajeado de verde oliva.

Una mujer que camina por el paseo Los Próceres recuerda: “Lo que pasa es que aquí se formó una tángana, después vino la ministra (Isabel Delgado, de Comercio e Industria) y la gente se volvió como loca, la pitaron. Parecía como si la fueran a linchar. Por eso suspendieron la venta y ahora parece que sólo se hará en los Bicentenario”.

La página web del ministerio de Comercio mostraba ayer un banner que confirmaba el cambio de señas: las ventas de línea blanca se harían sólo en los Abastos Bicentenario, de Plaza Venezuela y Terrazas del Ávila, y a través de un sistema de citas. El funcionario militar recomendó: “Hay que tener paciencia, esto va a mermar porque el operativo será hasta el 25 de diciembre. En la Guaira hay 1.000 containers con mercancía traída de China”. Pero la gente no desiste.

En la cola de viernes en la noche (7:40 PM), los ánimos se caldean. Una niña llora en brazos de su madre. La madre grita y pide a un joven de chaqueta negra, que hace las veces de organizador, que la incluya en la lista. Él responde: “mi amor, yo no tengo chapa del Gobierno”, aunque porta un marcador en la mano con el que raya números en los antebrazos de la gente. Otro joven de camisa a rayas se solidariza con la mujer y su hija e interviene: “Chamo, ellas están aquí desde ahora, pero todo el mundo se les ha coleado, anda con una carajita, anótala ahí, vale”.

Nada. A unos metros del lugar, una señora mayor pregunta a otro de los supuestos “organizadores” de la cola: “Hijo, dígame una cosa, sólo para saber… ¿Cuándo nos van a vender a los de la tercera edad? Aquí no hay prioridad para nosotros”. El hombre no responde, ni siquiera él lo sabe: “Señora, venga mañana a ver”. Otra mujer se desgañita: “Aquí hay que quedarse y dormir, ya yo tengo mi número. El que quiera chaca-chaca nueva tiene que joderse como nosotros”.

-¿Y para qué es esa lista?

-Esa es la lista que le van a dar a la ministra para que entreguen las citas, responde la señora de la chaca-chaca.

Número en el brazo

La resolución no tarda en llegar. Los líderes del grupo deciden que sólo los que tengan número en sus brazos hasta el 256 —los que estaban cuando se canceló la entrega de citas— serán incluidos en la lista que será entregada a la ministra. El resto deberá volver mañana y ver si puede acceder a la cita para compras.

Un hombre que esperaba junto a su esposa en la cola se desanima. La mujer entró y salió de la cola varias veces, cada vez pedía que le guardaran el puesto. “Ya vuelvo”. Cuando por fin desistieron, el señor dijo: “¡Nos vamos! Esto está muy mal organizado, cómo es posible que uno pierda horas aquí y ahora resulta que sólo van a anotar a 256 personas”.

A su lado, una muchacha celebraba a medias. Muestra en su brazo el número 116. Ella sí entrará en la lista. Sin embargo, no parece sentirse afortunada. Confiesa que no confía mucho en el sistema: “Yo tengo este número, estoy aquí desde ahora, pero es que mira, están anotando los datos en hojas de cuaderno. ¿Quién me asegura a mí que de verdad le van a dar esa lista a la ministra, que de verdad nos van a dar la cita?”.

Un par de familias abandonan la fila. De regreso, otro grupo se aglomera en torno a un oficial que aporta algunos datos. Repite: “Todo se hará en Plaza Venezuela”. Algunos lucen dispuestos, hasta que una muchacha les aplasta el entusiasmo: “¿Plaza Venezuela? Si esto aquí es un infierno, allá todo está peor, la cola llega a la fuente. Ni de vaina me voy yo pa’ allá”.

Vía El Universal 

Desde la noche del viernes las personas se concentraron en la sucursal de General Import ubicada en el centro de Caracas, para aprovechar las «rebajas» que el Presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció en transmisión televisiva ese mismo día, pero el comercio no operó durante todo el fin de semana.

De allí que, desde antes de las cinco de la madrugada de ayer comenzara a formarse nuevamente la cola. Unas 600 personas estaban anotadas en la lista, con sus respectivos números marcados en el antebrazo, esperando turno para entrar. A las 12:00 del mediodía abrieron la santamaría y los presentes celebraron con aplausos. Una escena similar a las que se observaron durante el «Dakazo» del año pasado.

El sargento de la Guardia Nacional Bolivariana a cargo de custodiar la venta supervisada informó que sólo se podían comprar tres artículos por persona y ninguno podía repetirse. «Si van a comprar un carrito, de ese sólo pueden llevar uno. Si es una muñeca, de esa sólo una», explicó el uniformado.

Indicó que sólo cinco productos habían sufridos «rebajas significativas en el precio». «Esas Barbies no están aquí, vienen en camino», explicó. Dos camiones con mercancía habrían sido despachados desde los depósitos de General Import ubicados en Guarenas para tal fin.

En el resto de los juguetes, la rebaja en el precio fue poco notable, entre 80 y 100 bolívares. «No se sorprendan si no ven los precios que están esperando. Lo que regularon no está ahí y si está,no todos tienen los precios marcados», advirtió el funcionario.

En los artículos electrónicos sólo hubo rebaja de 100 bolívares en un reproductor de sonido en formato MP4. Todo lo demás quedó con el mismo valor.

La primera persona en salir manifestó que en los tres juguetes que adquirió gastó 1.000 bolívares.

Se conoció que el muñeco de acción Max Steel tiene un precio de 140 bolívares, mientras que las muñecas Barbies cuestan a partir de Bs 500.

En grupos de 25 personas avanzó la fila. Ana María López llegó a las 5:00 de la mañana y tenía el número 136. Lidia Martínez lo hizo a las 6:30 y tenía el 212. Ambas dudaban de poder entrar a comprar, porque en el establecimiento tienen un horario de atención al público hasta las 4:00 de la tarde.

«Esto es una decepción. No hay casi mercancía y según dicen los que salen, todo está caro. Lo que regularon no está. Si me voy hay que volver a madrugar», expresó López.

El funcionario a cargo del operativo en el establecimiento señaló que la orden de los fiscales era traer la mercancía de los depósitos.

El esquema de las actuales fiscalizaciones es el mismo que aplicó el Ejecutivo en noviembre del año pasado, cuando fueron rebajados los precios de los electrodomésticos, ropa, calzado, juguetes y papelería, entre otros rubros.

Los fiscales llegaron el pasado viernes a la tienda General Import y luego de «ajustar» los precios, de acuerdo con la metodología definida por la Superintendencia Nacional de Precios (Sundde), permitieron la venta supervisada de productos.

Durante el fin de semana también fueron fiscalizadas cadenas de tiendas que también fueron objeto de la misma medida el año pasado, como es el caso de Traki.

En la jornada de ayer, funcionarios de la Sundde realizaron inspecciones en varios estados del país, en zapaterías, tiendas de ropa y jugueterías, como parte del operativo «Navidades Felices».

En el estado Portuguesa fueron incorporados 20 fiscales a este plan implementado durante la temporada navideña.

La coordinadora de la Sundde en la entidad, Selua Daboín, informó que «esta nueva fuerza fiscalizadora resguardará las utilidades y la economía de nuestro pueblo».