SIEMPRE SE HA ENGAÑADO EN ESE CONJUNTO de promesas, decretos, sanciones, planteamientos falaces y venganzas que llamamos política. Este es un régimen en el que las mentiras forman parte de la moral revolucionaria, sin embargo, no consigue mayores adhesiones ante una realidad que es contradictoria, como es el caso de los presos políticos torturados y “suicidados” en esos temibles cuerpos de seguridad, cuyos crímenes y torturas son encubiertos con miles de argucias.
Desde la antigüedad las mentiras acostumbradas en el temible arte de gobernar a los pueblos se ocultaban, se disfrazaban de verdades, y se le cortaba la lengua al que decía que el César no era Dios.
Tarek William Saab, el fiscal designado por la ilegítima asamblea nacional constituyente, en medio de una de sus recurrentes crisis existenciales amenazó a quienes insistan en desmentir el suicidio del concejal Fernando Albán y advierte que lo está evaluando: “Los que dicen la versión contraria y no la han demostrado son personas que están mintiendo y eso ante la sociedad tiene consecuencias”.
El excéntrico ex defensor de derechos humanos deshoja la margarita: o les corta la lengua y las manos a los que denuncien el crimen, para que no puedan agarrar un teclado y expresarlo por las redes, o los entierra vivos en “la Tumba” del Sebin.
Todo es posible en esa mente entrenada en el fisicoculturismo, y como un César caricaturizado afirma que mentir sobre un hecho los colocará en una situación muy delicada: “Si tú no tienes pruebas sobre algo que ocurrió, pero sigues insistiendo en que eso es así, eso es un delito”. Entonces, todos a fingir, las nuevas mentiras consistirán en manifestarse contra las evidencias que aumentan cada vez más y hay que hacerlo mientras la realidad es visible y no coincide con la versión oficial.
Nadie quiere estar preso por decir verdades. Los que hemos sobrevivido a Chávez y a Maduro sabemos que aquí permanentemente se produce una escenificación; que los censores, los pelotones de ejecución que hacen vida en los cuerpos de seguridad del Estado, lo único que prometen son torturas o balas.
El que tenga miedo puede irse del país, exiliarse, meterse en la clandestinidad o callar (“calladitos se ven más bonitos”, Diosdado dixit), si es que quiere quedarse para obtener los CLAP o cobrar los bonos de la miseria otorgados por las misiones. No hay resignación en la población, se trata de sobrevivencia y de miedo parejo.
Rata de dos patas
Todo lo que sucede en Venezuela adquiere dimensiones bíblicas, el desastre financiero, la insoportable hiperinflación, el desabastecimiento y los fenómenos naturales ofrecen la visión de un país devastado. Los apagones eléctricos que dejan a medio país sin corriente ni luz durante horas, cuyas causas son la incompetencia, falta de mantenimiento y la corrupción, pero el gobierno se empeña en negarlo y acusa a los partidos de oposición de sabotaje, algo imposible de perpetrar en instalaciones militarizadas.
Ahora el ministro Motta nos cuenta una versión digna de un documental televisivo y es que en Venezuela se están produciendo apagones que sin los animales no se darían: iguanas, rabipelados, culebras y roedores serían los verdaderos responsables de la crisis eléctrica. Qué gran contribución haría Animal Planet desviando sus cámaras hacia los nidos y madrigueras de ratas electrocutadas en instalaciones de Corpoelec, o hacia los sacrificios de animales que hacen algunos funcionarios en Sorte o en Tinaquillo, que han creado una cultura de la muerte, algo que conoce muy bien la destituida fiscal Katherine Harrington, habitué de un fundo en Tinaquillo donde se practican esos rituales religiosos. ¡Ay Señor, líbranos de todo mal!
LA DOCTORA SORAYA EL ACHKAR ES UNA ESPECIALISTA EN TEMAS DE SEGURIDADy fue nombrada por Chávez para dirigir la Universidad de la Seguridad y estuvo entre los fundadores de la Policía Nacional Bolivariana, PNB. Ella procuró imprimirle una impronta distinta a la nueva policía, con el objeto de borrar aquellas experiencias trágicas que se vivieron con los cuerpos policiales en los años setenta, ochenta y noventa. Conviene precisar que Hugo Chávez fue un crítico muy severo de las violaciones de los derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas y policiales cuando el caracazo, donde miles de ciudadanos fueron masacrados. Eran frecuentes las redadas de las policias en los barrios populares de las principales ciudades donde se asesinaba a jóvenes sin fórmula de juicios y muchachos sanos eran presentados después como delincuentes para justificar las ejecuciones sumarias. La creación de la PNB creó muchas esperanzas, de contar con un cuerpo de policía firmemente comprometiudo en el combate al delito de forma decidida sin que ello implique violar los derechos humano.
Sin embargo, la PNB es hoy una institución desprestigiada, lamentablemente. Durante 2016 se llevaron a cabo las Operaciones de Liberación del Pueblo, que consistió en que miembros de las brigadas élites de las diferentes policías y militares efectuaran acciones nocturnas y el resultado siempre era el mismo, la muerte de jóvenes. Nunca o en muy pocos casos se reportaron heridos. Eso llevó a denuncias muy bien fundadas de violaciones a los derechos humanos al reportarse incontables casos de asesinatos de inocentes, principalmente adolecentes y jóvenes. Fue tan evidente la vulneración de los derechos humanos que las OLP se dejaron de hacer pero sin que hubiese una voloración de las actuaciones y menos la investiagación sobre la muerte de inocentes. Luego aparecieron las FAES, Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB. Ello ha motivado la crítica de la doctora El Achkar la cual citamos textualmente: “Antes habían quedado los tiempos en que los grupos especiales ejecutaban, simulaban enfrentramientos, robaban y amenazaban a familiares de los asesinados. Pues volvieron esos tiempos con el FAES”. Luego afirma que “Hasta cuándo hay que tolerar que el FAES manche la digna misión de la PNB?. Todos los procedimientos fuera de la ley”. Abunda la doctora El Achkar al decir que “Las FAES generan miedo, torturan, no respetan la ley, ejecutan, simulan. No son del espíritu de la revolución bolivariana”. Esta es la denuncia mejor articulada y hecha desde dentro a las ejecutorias de un cuerpo policial que en lugar de infundir respeto, genera miedo. La experiencia del pasado de los escuadrones de la muerte debe ser una experiencia que nunca más se repita. El resto es combatir al delito con determinación, neutralizando a los delincuentes pero sin asesinar a los inocentes. Quienes han dirigido esas operaciones tendrán algún día que rendir cuentas por la muerte de tantos muchachos que no eran delincuentes y cuyo uno delito fue haber sido pobres.
El registro de estas cifras fue hecho por Monitor de Víctimas, un proyecto desarrollado por Runrun.es y Caracas Mi Convive, que combina periodismo de datos, participación ciudadana y periodismo de investigación. A través de la recolección de información -en alianza con ElPitazo.com, EfectoCocuyo.com, Crónica. Uno y El Coorperante- sobre los homicidios que ocurren en la capital venezolana, se busca caracterizar los hechos e identificar patrones que contribuyan con el diseño de políticas públicas orientadas a reducir la violencia.
“La sociedad venezolana está afectada transversalmente por la violencia, convirtiéndose en un eje fundamental para poder leer a los venezolanos”, señaló la abogada y directora de Cofavic, Liliana Ortega. El resumen anual de 2017 de la fundación InSight Crime ubica a Venezuela como el país más homicida de la región, con una tasa de 89 homicidios por 100 mil habitantes. Por su parte, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) registró 26.616 homicidios en Venezuela durante 2017.
Zonas más violentas
La psicólogo social, criminóloga y doctora en Estudios del Desarrollo, Magally Huggins, explicó que los grupos delictivos tienden a concentrarse en sitios donde la posibilidad de hacer un proyecto de vida, lejos del delito, son menores. “El sujeto de la violencia se construye día a día y nada estimula más la delincuencia que la impunidad”.
Los vecinos de Catia, municipio Libertador, denunciaron el aumento de casos en los que la muerte se produce en otras zonas de la capital y los cuerpos son abandonados en las riberas del río Guaire, a la altura de Los Flores, por ejemplo. “A un señor del Junquito, como de 60 años, lo secuestraron y lo mataron, encontraron su cuerpo en el Guaire. Varios cadáveres fueron arrojados en la zona cercana al río es muy sola y muy oscura”, contó un residente de la zona.
Los casos más frecuentes son ajuste de cuentas y redadas policiales; según los líderes en la zona no existen bandas organizadas de delincuencia común, ya que el control lo tienen los llamados colectivos o grupos armados afectos al gobierno que asumieron el control de gran parte del oeste de la capital de la República. “Hace unos días quitaron la luz de todo el sector porque buscaban un joven que estaba robando en las casas, nosotros desde las nuestras oíamos pasar las motos”, relataron los vecinos.
La directora de Cofavic, Liliana Ortega, explicó que según el Derecho Internacional todos los crímenes que comentan particulares, en los que se pueda probar que hay tolerancia del Estado, constituye responsabilidad internacional del mismo.
Por otra parte en las parroquias que conforman la zona del centro de Caracas (Sucre, Candelaria, San José, 23 de Enero, La Pastora, Altagracia y Catedral) se registraron 160 asesinatos en seis meses; siendo el robo, el ajuste de cuenta y la violencia policial los móviles con mayor número de víctimas .
La psicólogo social Magally Huggins denunció que en la capital existen zonas controladas por grupos delictivos gracias a la impunidad, lo cual ha permitido que tomen el control del tránsito en las calles y el tráfico de drogas, entre otras actividades. Indicó también que, en muchos casos, algunos de estos líderes delictivos tienen vínculos con los miembros de los cuerpos policiales del Estado.
“En Propatria, la policía entra a los bloques buscando personas solicitadas, pero a la semana sigue habiendo los mismos problemas de drogas y violencia”, contó Yonderwin Zambrano, líder en esta zona.
Los vecinos comentan que la comunidad siente mayor temor cuando entran los cuerpos policiales que por los mismos delincuentes. “Cada banda tiene su lugar y hay zonas a las que no se puede acceder, pero la gente teme más a la policía. Hubo un caso en el que los cuerpos de seguridad entraron a la cancha buscando a una persona solicitada y mataron a gente inocente que no estaba relacionada” señaló Zambrano.
El 77% de las muertes violentas en Caracas son en la vía pública, 19% en viviendas y 3% en establecimientos comerciales. De los casos de asesinatos en las viviendas 64% (129 casos) fueron muertes registradas como resistencia a la autoridad y ejecuciones policiales, solo 30 casos fueron por robo.
En el mes de septiembre El Nacional reseñó la muerte de Edward López Ojeda, tenía 20 años de edad y era mecánico. Su familia denunció que la Policía Nacional Bolivariana abrió la puerta de su vivienda, en la parte alta de La Vega, se lo llevó y lo asesinó de un disparo en el pecho. Dentro del municipio Libertador, las parroquias La Vega, El Paraíso, Santa Rosalía, El Valle y Coche, zonas del sur oeste de Caracas, registraron 284 homicidios, 121 de ellos fueron resistencia a la autoridad y ejecuciones.
Esteban Farías, líder en la parroquia La Vega, relató el caso de cuatro jóvenes que la policía se llevó de La Ladera y fueron encontrados muertos en Mamera, parroquia Antímano. En La Vega el mayor número de casos se registra por robo, sin embargo los enfrentamientos con la policía son constantes. Farías también recuerda un caso en el que un joven se enfrentó contra los cuerpos de seguridad y al querer lanzar una granada, esta le detonó antes y le amputó el brazo; en ese hecho murieron dos personas que no estaban solicitadas.
Víctimas menos visibles
Entre los meses de mayo y enero en Caracas se registraron 68 mujeres asesinadas, 69% de ellas en el municipio Libertador.
De estos 68 casos, 22% tuvo como móvil el robo y 19% entra en la categoría de violencia de género. no de los casos que más conmovió a los vecinos de Propatria en el oeste de Caracas fue el de Ana Luna, una joven de 16 años asesinada por su pareja. “Los vecinos contaron que estaba en una fiesta y le dispararon en la frente por celos, ella tenía una bebé de 6 meses”, dijo Yonderwin Zambrano, líder en esta zona.
Para la abogada Liliana Ortega, la violencia de género es un tema por el que hay que continuar trabajando a pesar de que ha habido algunos avances; pero considera que al igual que todas las violaciones a Derechos Humanos, este tema también está en un manto de impunidad.
Monitor de Víctimas también registró que durante nueve meses 83 menores de edad fueron asesinados. La comunidad de Petare recuerda la muerte de Carlos Rivera, un joven de 17 años, que era parte del equipo Deportivo MB de la zona. Estaba celebrando con sus amigos el triunfo de su equipo, pero cuando iba regresando a su casa recibió un disparo desde un carro en el barrio Los Trailers. “A Carlos le gritaron y por curiosidad volteó, en ese momento le dispararon, pero no era a él a quien buscaban”, contó uno de sus compañeros y líder de la zona, Eyker Racero.
La psicóloga social Magally Huggins indicó que cada vez los delincuentes son más jóvenes, pero a la vez cada vez más las víctimas del delito también son más jóvenes. “Las condiciones de vida de nuestra juventud son muy carentes. Los ejemplos positivos cada día son más escasos”, señaló.
Solo en el municipio Sucre se registraron 23 (28%) asesinatos a menores de 18 años. El promedio de edad en general entre las víctimas es de 47 años, sin embargo 161 (12%) de los 1.242, registrados en nueve meses, eran menores de 20 años.
“El Estado es el responsable de que no se comentan violaciones de Derechos Humanos, de los menores y de cualquier persona, debe velar porque se cumpla el derecho a la vida, a la integridad personal y al debido proceso.”, señaló Liliana Ortega.
Móviles de la violencia
Los casos de violencia policial (resistencia a la autoridad y ejecuciones) lideran la lista de los móviles con 571 muertes, 46% de los casos, en segundo lugar el robo con 298 crímenes, 24%, y el tercero ajuste de cuenta con 124 asesinatos, 10%.
“Está claro que todos los planes de seguridad ciudadana han fracasado, que no hay resultados positivos, ni para mejorar la seguridad ciudadana y mucho menos para garantizar los Derechos Humanos; las cifras sobre ejecuciones, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales son elocuentes”, indicó la directora de Cofavic, Liliana Ortega.
La psicólogo social y criminóloga Magally Huggins expresó que la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) demostró que hay zonas de Caracas en donde la arremetida policial es más fuerte. “En el caso de Petare parecería que hay un nivel de convivencia entre la población y la delincuencia, y la policía entra prácticamente en complicidad con ellos” opinó.
Los vecinos de Petare contaron que a diferencia de otras zonas, los mayoría de las muertes violentas en el municipio Sucre son por robo, ajuste de cuenta y enfrentamientos entre bandas. Sin embargo, según lo registrado por Monitor de Víctimas, el 30% de los homicidios en el municipio fueron por violencia policial. “Creemos que no hay tantos casos de resistencia a la autoridad y ejecuciones debido a la corrupción, los cuerpos policiales pasan de largo por la zona. En sectores como La Dolorita, El Chorrito y El Torre es muy peligroso acceder”, denunció uno de los líderes comunitarios.
Uno de los casos que recuerda la comunidad fue la muerte de “Justo”, uno de los presuntos líderes del narcotráfico, quien fue asesinado supuestamente en un ajuste de cuentas en la parte baja del barrio San Isidro, en Petare. Sin embargo Monitor de Víctimas registró en total solo nueve casos de enfrentamiento entre bandas, de los cuales siete sucedieron en el municipio Libertador.
Según la abogada Liliana Ortega, el Estado debería hacer un plan integral que permita desarrollar, lo que se llama en derecho internacional, las garantías de no repetición, que son aquellas que van dirigidas a las víctimas secundarias y a la sociedad. Que incluya reformas legislativas, acciones de reconocimiento, reparación integral a las víctimas y cohesión social, ya que considera que cada caso tiene que ser estudiado de manera específica para determinar las medidas.
“Está la vía de investigar y sancionar a los responsables, pero también están las garantías de no repetición para contribuir a la reducción de violencia y reparación de las víctimas, ambas tiene que ser transitadas por el Estado” apuntó la directora de Cofavic.
Por otra parte, la psicóloga social Magally Huggins, explicó que para disminuir los niveles de delincuencia debe haber una red articulada interministerial con la sociedad civil y que el Estado que no estimule la violencia. “Con este nivel de deterioro, normalizar el sistema de justicia sin ocuparse del sistema educativo y la violencia intrafamiliar, los esfuerzos no serán suficiente. Debe haber una limpieza de los cuerpos policiales y también ocuparse de la población”, dijo finalmente Huggins.
Dos semanas después de su muerte,el carro de Eduard Alejandro Tovar Tovar, de 28 años de edad, estaba en la misma calle de La Bandera, en la parroquia Santa Rosalía del Distrito Capital, donde lo había dejado. Todavía le faltaba el caucho que le habían robado y por el cual él había decidido ir hasta la calle Los Cocuyos del barrio El Cañao, ubicada en el mismo sector, a unas cuantas cuadras de su casa, cerro arriba, en un intento por recuperarlo. Quería pedirle a una banda de “robacauchos” que le devolvieran el suyo para seguir con su trabajo de taxista. Fue por eso que subió a la barriada aquel mediodía del martes, 28 de noviembre. Pero en el camino, una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que hacía un operativo antisecuestro en la zona, le disparó y lo golpeó hasta matarlo.
“A Eduard lo agarró la policía allá arriba y le pusieron una capucha y unas esposas”. Eso fue lo que dijo un vecino que pudo llamar a la vivienda del joven y contar lo que acababa de ver. De inmediato, la familia se movilizó hasta el sitio. Su esposa, sus tías, sus hermanos, sus primos, todos intentaron llegar hasta el lugar exacto donde lo tenían, pero el perímetro estaba cerrado por los uniformados. Cuando pedían información a los funcionarios, estos les decían que Eduard no estaba allí. Pero ellos sabían que no era así y temían lo peor.
El caso de Eduard no es único. Las ejecuciones extrajudiciales se han convertido en una denuncia recurrente contra las FAES. Un día antes, Oliver José Plaza Rodríguez, de 24 años de edad, supuestamente cayó tras haberse enfrentado a tiros a los miembros de esta misma división cuando estos hacían un operativo por la calle La Raiza de El Valle. Información policial indica que le incautaron un revólver marca Colt, calibre .38, un vehículo y varias panelas de presunta cocaína. Sin embargo, otras versiones apuntan que Rodríguez Plaza fue sacado de su casa desarmado y asesinado a pocos metros de esta. Su hermano y una mujer fueron detenidos.
De acuerdo con cifras recabadas por Monitor de Víctimas, entre mayo y noviembre de este año, en el Área Metropolitana de Caracas, se registraron 403 homicidios en los que participaron los cuerpos de seguridad del Estado. De estos, 124 (31%) fueron atribuidos a las FAES, que a su vez son las responsable de 62% de las muertes cometidas por la PNB. El móvil principal de estos casos es el de «resistencia a la autoridad”, según reportes oficiales, con 88 casos. Pero también hay 31 ejecuciones extrajudiciales, denunciadas por testigos y familiares de las víctimas; 4 por causas a determinar y una víctima que quedó en la línea de fuego.
Las acciones de la FAES ocurren en un año en el que hubo un incremento de la violencia ejercida por el Estado, tal como lo reporta el informe del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV). Allí se señala que aquellos “dados de baja” por resistir a la autoridad pueden ser interpretados como ejecuciones extrajudiciales debido a las denuncias que han hecho desde parientes de las víctimas hasta la propia Fiscal General de la República, hoy en el exilio, Luisa Ortega Díaz.
“Este tipo de acciones, destinadas no a la contención del delito ni a la aplicación de la ley, sino al aniquilamiento de los presuntos delincuentes, se convierten en un factor que socava la legitimidad de la fuerza pública y concreta la destrucción del pacto social. Estas operaciones pueden gozar de la simpatía de una parte de la población e incluso tener un relativo éxito en el corto plazo, pero la experiencia histórica ha demostrado que no son sostenibles, pues destruyen la institucionalidad y se transforman luego en más violencia para la sociedad”, apunta el informe.
Un par de zapatos y una media ensangrentada
Policías con rostros cubiertos, vestimenta negra, otros de civil, y disparos, muchos disparos. Ráfagas que no paraban por largos ratos. Eso recuerdan los parientes de Edaurd que aguardaron durante horas en las adyacencias de la calle Los Cocuyos, cerca de La Bandera, para tener noticias del muchacho. “Ahí lo que hay es poco de ratas que venden drogas”, les contestó un PNB cuando le dieron la descripción del muchacho. El sonido de los tiros siguió y a este se sumó el de la detonación de dos granadas que, supuestamente, habían hecho explotar los presuntos delincuentes que perseguían.
Los familiares se mantuvieron en el sitio hasta las 6:00 pm, cuando vieron que metieron en una camioneta el cuerpo de un hombre y que tres personas más entraron esposadas por una de las puertas del vehículo. La oscuridad les impidió reconocer a Eduard entre las personas que habían visto de lejos, aunque sí se toparon con dos malas señales: un pariente había visto que un policía llevaba en las manos los zapatos de su Eduard y que los había metido en un carro. Otro se topó con una media ensangrentada de la víctima.
«Le echaron unos tiros y lo dejaron desangrar como se va a hacer ver en Fiscalía con los testigos que vamos a llevar. Todos vieron cuando le dispararon. A ninguno de la banda que estaban buscando lo agarraron. Simplemente les zumbaron una granada y no los hirieron”, explicó José Gregorio Hernández Tovar, tío de la víctima, en la morgue de Bello Monte, apenas dos días después del asesinato de Eduard. Para entonces, la muerte del joven –de acuerdo con una minuta policial– había sido el resultado de una operación dirigida a la banda de “El Viejo”, dedicada al secuestro, la extorsión y el cobro de vacunas a comerciantes de la zona. Al muchacho lo señalaron como miembro del grupo delictivo y le inventaron un apodo: “El Guácharo”. También, según sus familiares, le “sembraron” un arma de fuego: un revólver Smith & Wesson, calibre .38.
«¿Tú crees que si yo soy jefe de banda, o un garitero, voy a cargar un pedazo de .38? O si yo estoy montado por allá, voy a dejar que ellos me lleguen tan cerca. Ellos (los uniformados) dicen que hubo un enfrentamiento con la banda”, comentó Hernández Tovar, quien formó parte de la extinta Policía Metropolitana (PM).
La parroquia Santa Rosalía, donde ocurrió el crimen de Eduard, es la tercera zona del Área Metropolitana de Caracas donde se ha registrado la mayor cantidad de muertes perpetradas por las FAES. Entre mayo y noviembre, según Monitor de Víctimas, este cuerpo cometió allí 16 homicidios, principalmente en los sectores adyacentes a El Cementerio. Solo la supera El Valle, con 21 decesos, y El Paraíso, con 17, donde están las barriadas que bordean la Cota 905 (declarada “zona de paz” en agosto pasado). En los tres sitios operan numerosas bandas y megabandas dedicadas a delitos que van desde el tráfico de drogas hasta el secuestro y la extorsión.
San Juan, donde está ubicado el barrio El Guarataro, es otra de las parroquias azotadas por las FAES, que dejaron allí 14 muertes entre mayo y noviembre. En estos cuatro sectores del municipio Libertador se produjeron 54% de los homicidios a manos de este grupo policial.
De las OLP a las FAES
Eduard llegó desnudo y muerto al Hospital Leopoldo Manrique Terrero, también conocido como Periférico de Coche, la noche de ese 28 de noviembre. El relato que testigos y vecinos dieron a sus familiares indica que el primer balazo lo recibió 6 horas antes, alrededor de las 2:00 pm, y que aunque tanto los residentes de la zona como el mismo Eduard le explicaron al uniformado que estaban atacando a un inocente, estos continuaron su arremetida contra la víctima en un callejón de la zona, donde lo golpearon y le dispararon repetidas veces hasta deformarle la cara. Lo que permitió reconocer el cadáver fue un par de tatuajes que el joven llevaba en ambos brazos y en los que se leía “Domini” y “Angelina”, los nombres de sus dos hijos.
El ex funcionario y tío de Eduard aseveró que el nombre de su sobrino fue verificado en el Sistema Integrado de Información Policial (Sipol) ese 28 de noviembre y que se comprobó que no tenía ningún tipo de antecedentes criminales. Sin embargo, 48 horas después, apareció una denuncia en su contra.
“O sea, después de muerto, él empieza a delinquir. Ahí podemos dejar claro lo que es un buen procedimiento, cuándo de verdad se da con los autores de los hechos que están delinquiendo y azotando los barrios y cuándo se entra sin medir, sin hacer una previa investigación. Entran echándole tiros a todo el mundo y, cuando ven que la persona es sana y que no tiene nada que ver, entonces terminan matándolo y cuadrando el enfrentamiento”, argumentó. Según él, los miembros del FAES simularon un enfrentamiento y apuntaron hacia las casas de los vecinos de las zonas para que estos no se asomaran por la ventana a ver lo que hacían.
La minuta policial de ese día apunta que, junto a Eduard, cayeron otras dos personas. Sin embargo, estos cuerpos nunca llegaron al Hospital y tampoco se tuvo acceso a sus familiares en la morgue de Bello Monte. Sus identidades, aún hoy, se desconocen.
“Esas dos personas no eran de por allí. Parece que los trajeron de El Cementerio y de Caricuao. Como era un operativo antisecuestro, parece que tenían que montar su teatro bueno allí”, añadió un familiar de Eduard que pidió que no se revelara su identidad.
Historias como las de Eduard tienen puntos en común con las de otras víctimas de las FAES. Su cuerpo se desangró en un lugar que estuvo acordonado por la policía durante horas, tal como ocurrió con Guillermo José Rueda, de 20 años de edad, quien fue sorprendido por los funcionarios la madrugada del pasado 12 de diciembre, mientras dormía con su madre, de 47 años, en su casa en el sector Blandín de la carretera vieja Caracas-La Guaira.
Analis Sosa, suegra de la víctima, contó que los uniformados le dijeron a Guillermo que solo querían hablar con él y que era un operativo de rutina, luego sacaron a su madre y a él le propinaron un tiro en el pecho. Seguidamente, el perímetro se mantuvo cerrado por 9 horas y se simuló un enfrentamiento. Mientras, la víctima agonizaba y perdía sangre. Los policías lo llevaron muerto al Periférico de Catia.
Parientes de Guillermo denunciaron que, durante el hecho, los funcionarios se llevaron varios objetos de valor de la vivienda. Alegaron que el difunto nunca estuvo preso ni solicitado. Llevaba varios años laborando como vendedor informal.
El enfrentamiento en el que supuestamente murió Édgar Alexander Ibarra Ruiz, de 27 años de edad, también fue simulado, según sus familiares. Ocurrió en el caserío Caicaguana de El Hatillo, en el estado Miranda, alrededor de las 9:00 am del 27 de noviembre. Hasta su vivienda llegaron las FAES, quienes sacaron a la víctima de su casa y la asesinaron a pocos metros. Todo el lugar estuvo acordonado hasta después del mediodía, cuando se llevaron el cadáver en una furgoneta que había llegado cuando apenas comenzaba el operativo.
Los procedimientos de estas fuerzas especiales coinciden con los implantados por las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), entre julio de 2015 e inicios de 2017, en los que murieron 560 personas en todo el país, de acuerdo con una investigación de Runrun.es.
Pese a que en estos operativos del FAES no participan otros cuerpos policiales, el actuar de los uniformados es similar y tan violatorio de los derechos humanos como resultaron ser las OLP: toman zonas populares durante varias horas y evitan que los habitantes salgan o entren a estos territorios, arriban con pasamontañas y vestimenta oscura, sacan a las víctimas de sus casas para ejecutarlas o lo hacen dentro de sus viviendas, agreden a los familiares y los amenazan o torturan, roban las pertenencias de los hogares, simulan enfrentamientos y les siembran armas a las víctimas para justificar los homicidios.
El director del Observatorio Venezolano de la Conflictividad, Marco Antonio Ponce, dijo en septiembre de 2016 a El Nuevo Herald que el gobierno de Nicolás Maduro, a través de las OLP, “institucionalizó” este tipo de procedimientos irregulares que desde hace algún tiempo habían sido practicados por los cuerpos policiales venezolanos.
“Estos son comandos armados que principalmente asesinan a personas pobres en los sectores populares, que han realizado masacres en los barrios de Caracas”, afirmó Ponce. “En esas masacres han sido asesinados presuntos delincuentes y también vecinos”.
Jhon Hernández (nombre ficticio para proteger su identidad) pudo vivir para contarlo. El pasado 12 de octubre, alrededor de las 8:00 am, fue víctima del exceso policial implementado por este cuerpo de seguridad. Jhon, quien presenta una discapacidad, se encontraba en Caricuao en la casa de una tía arreglando una moto cuando llegaron los uniformados del FAES.
La víctima contó que los funcionarios propinaron varios disparos al aire para asustar a los vecinos que se encontraban asomados en las ventanas de la zona y obligaron a Hernández a ingresar a una vivienda. Dentro de la propiedad lo sometieron a torturas psicológicas y físicas.
“Ellos me decían que me iban a matar, que les dijera si era malandro o no. Y yo les decía que no era de la zona y que solo estaba arreglando una moto, pero seguían atacándome. Me dieron varios golpes y estuve desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde dentro de esa vivienda sometido a toda clase de torturas por parte de estos funcionarios que dicen ser la ley”, contó.
Luego de aquel momento, la víctima reveló que su cédula desapareció, pero logró sobrevivir a las torturas de los uniformados. “Ellos ni respetaron que estaba mocho de una pierna”, expresó.
“Estos grupos siempre son más de lo mismo. Mientras no se mantengan acciones puntuales y no se toque la coyuntura, no hay estructuración, no se van a manifestar cambios y en algunos casos, dependiendo de la situación, se reflejarán los excesos policiales”, expresó Miguel Dao, ex director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, al tiempo que señaló que se debería realizar un análisis de cada caso en los que han actuado las FAES.
Hombres jóvenes como objetivo
La mayoría de las víctimas del FAES son principalmente jóvenes de entre 16 y 25 años. Algunos de ellos, al menos 40 (32%) de los 124 casos, han estado en algún momento detenidos por robo, secuestro u otro delito por el que pagaron una condena.
Tras salir de prisión, estas personas son el objetivo de este grupo policial. Son varias las familias que han informado que su pariente estaba bajo presentación o que estuvo detenido en algún momento y que murió en manos de la FAES, algo que pareciera ser una estrategia que aplicó este año tanto este cuerpo policial como el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc).
El 80% de las personas que han muerto por este grupo han laborado como albañiles, comerciantes informales y mototaxistas, según lo informado por sus familiares.
El accionar de estos funcionarios-principalmente- es sorprender a sus víctimas cuando están desprevenidos, ya sea dentro de sus hogares o fuera de ellos, cuando realizan alguna actividad diaria.
Las horas de incursión de los uniformados son, primordialmente, en la madrugada cuando la persona está durmiendo o se encuentra impróvido.
Los disparos que profieren los funcionarios contra los infortunados se efectúan a quemarropa. El 90% en áreas del pecho, en los costados y espalda. Luego de cometer aquel acto, en algunos casos, frente a sus familiares y niños, propinan varios disparos al aire para simular un enfrentamiento y acordonan todo el lugar, impidiendo el paso de familiares y residentes de la zona.
En otro aspecto, se dice dentro de los estatutos de la fuerza policial que un buen uniformado no debería actuar fuera de la ley y mucho menos cometer robos, un hecho que está desvirtuado.
En todos los casos de ajusticiamientos y supuestos enfrentamientos los familiares denunciaron robos en sus viviendas por parte de funcionarios cuando llevaban a cabo los procedimientos en las zonas caraqueñas.
“La pesadilla de los delincuentes”
Aunque sus acciones comenzaron meses antes, la FAES fue presentada oficialmente durante una alocución presidencial el 14 de julio de 2017, dos días antes de la consulta nacional que realizó la oposición para medir el rechazo contra el gobierno de Nicolás Maduro, y en medio de un clima de conflictividad social que se había prolongado por casi 4 meses. Su misión, de acuerdo con las palabras del propio primer mandatario, era la de combatir la inseguridad y actuar «contra el crimen y el terrorismo”.
Aunque fueron ideadas por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol Torres, la presentación del cuerpo corrió a cargo del viceministro de Seguridad Ciudadana, Alexis Escalona Marrero, quien aseguró que los 641 uniformados que ese día aparecían en las pantallas de televisión habían sido «adiestrados, equipados», y trabajaban “con mística”.
«Día a día salen a la calle con el fin de defender al pueblo, siempre apegado al respeto y a la garantía de los derechos humanos», afirmó Escalona Marrero. Sin embargo, para esta época las FAES ya habían sido señalada por dos masacres ocurridas en mayo: una en la Cota 905, en la que murieron 5 personas, y otra en Artigas, donde se registraron 7 caídos. En ambos casos, los familiares de las víctimas denunciaron que algunos de los fallecidos habían sido sacados de sus viviendas, que se llevaron cosas de sus casas y que fueron ejecutados extrajudicialmente.
En ese mismo acto se mostraron los 35 vehículos, 180 motos y unidades antimotines (Vene-4, Jacks, ballenas y barreras) que les fueron adjudicadas para sus operaciones y se anunció que el equipo tendría 1.000 miembros para finales de año. “Tienen el entrenamiento para defender y proteger al pueblo frente al crimen y frente a las bandas terroristas alentadas por la derecha criminal y terrorista que ha pretendido durante más de 100 días hacer de nuestro país un escenario de guerra para justificar la intervención imperialista extranjera. No han podido ni podrán. En Venezuela vencerá la paz, vencerá el pueblo unido. Activada las Fuerzas de Acciones Especiales”, dijo Maduro para despedir el contacto.
Las minutas policiales del FAES los muestran como una especie de justicieros. Al pie de cada una se pueden leer párrafos como este: “¿QUIÉNES SOMOS?… LOS QUE NO DESMAYAN… LOS QUE NO DESCANSAN… LOS PROTECTORES DEL PUEBLO… LA PESADILLA DE LOS DELINCUENTES… SOMOS PROFESIONALES… SOMOS EFICIENTES… SOMOS IMPLACABLES… SOMOS F.A.E.S”.
En estos mismos escritos se utilizan términos como “neutralizar” o “dar de baja”, para referirse a las personas que resultan muertas en los operativos. También se habla de “fallecidos”, cuando en realidad lo que ocurrió fue una muerte violenta. Subrayan también que los uniformados disparan cuando se ven en la “imperiosa necesidad” o para “repeler una acción ilegítima”. En las incautaciones son frecuentes los hallazgos de revólveres, calibre .38, con seriales destruidos. Los caídos, la mayoría de las veces, son identificados por sobrenombres. Sin embargo, cuando se denuncian ejecuciones extrajudiciales, los familiares suelen señalar que a las víctimas no tenían estos alias.
Hernández Tovar, tío de Eduard y ex PM, criticó que los funcionarios del FAES no sean juzgados por crímenes como el que cometieron contra su sobrino.
¿Eliminan la Policía Metropolitana y meten a esta basura? Porque yo no voy a decir que en la PM éramos buenos, pero por lo menos hacíamos el trabajo. A nosotros sí nos caía todo el peso de la ley. Aquí, como esto es mandado por el gobierno, hay que taparlo (…) Ya está bueno de que aquí todos los días estén matando gente sana y lo quieran cuadrar como si fuera un delincuente. A mí no me van a venir a echar cuento. Porque lo que ellos están aprendiendo lo que a mí se me está olvidando. Andan vuelto locos para ver a quién le dan un tiro», sentenció.
LOS REPORTES DE DELITOS ORGANIZADOS EN VENEZUELA subieron en 80,5% en el tercer trimestre de 2017 frente al mismo periodo de 2016 informó hoy la ONG Paz Activa en un texto donde señala la presencia de organismos públicos de seguridad como los involucrados “con mayor frecuencia” en estos actos.
“Las instituciones cuyos funcionarios se involucraron con mayor frecuencia en crímenes organizados” fueron “especialmente los cuerpos policiales (39,5%) y, dentro de ellos, la Policía Nacional Bolivariana (13,2%) y el CICPC (policía científica) (7,9%)”, señaló la ONG en su informe.
Los datos para el estudio se obtuvieron tras el análisis “sistemático” de 399 textos periodísticos de “50 diarios y medios de información de circulación impresa y digital” nacionales como regionales entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año.
El estado Zulia, fronterizo con Colombia, fue la zona donde se registró la mayor cantidad de denuncias de este tipo, con 92 casos (23,2%), seguido del de Miranda (centro norte) y que incluye a la capital Caracas con 38 reportes.
Dentro de los delitos tipificados como crimen organizado el de la extorsión fue el más denunciado según las informaciones recogidas por Paz Activa.
“El 68,8% de las extorsiones vinculadas con organismos oficiales refirieron la implicación de funcionarios policiales (56,3%) o militares (12,5%), ascendiendo a 33 el número de tales funcionarios implicados, detenidos y/o imputados por el delito de extorsión”, reveló el estudio.
En cuanto al sicariato o asesinato por encargo las cifras aumentaron en este tercer periodo en un 174 % “siendo la venganza en un 78,4 % de los casos el móvil del delito”.
En esos tres meses “por lo menos 89 personas fueron asesinadas por sicarios, ascendiendo la cifra de víctimas de sicariato a 232 durante los primeros nueve meses del 2017”, informó la ONG.
Mientras, los casos de contrabando ascendieron un 235,3 % mientras que los de secuestro se redujeron en un 29,6%.
“Sólo cuatro personas murieron por concepto de secuestro durante el tercer trimestre”, cita el informe.
Según el Observatorio Venezolano de la Violencia el país registró en 2016 un total de 28.479 asesinatos (91,8 muertes por cada 100.000 habitantes) mientras que la Fiscalía rebaja esa cifra a 21.752 homicidios intencionales o dolosos.
En una comparación entre los Operativos de Liberación del Pueblo y el Plan Zamora, dentro del cual han ocurrido detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y demás irregularidades a residencias en zonas que han manifestado contra del gobierno nacional, se repiten violaciones al debido proceso violaciones a derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad
Paola Martínez, Luisana Solano y Yeannaly Fermín
LOS ÚLTIMOS OPERATIVOS DE CUERPOS de seguridad del Estado contra las comunidades que han protestado contra el Gobierno de Maduro en los últimos dos meses asemejan el mismo modus operandi de las Operaciones para la Liberación del Pueblo (OLP) creadas para acabar con la inseguridad, pero que han sido denunciadas por la violación de derechos humanos.
Objetivos
Las OLP consisten en una “toma” temporal de una zona en que retienen a hombres y mujeres para posteriormente ser verificados en el Sistema Integrado de Información policial (SIIPOL) y de determinar si han cometido algún delito, según lo dicho por voceros del oficialismo. Sin embargo, luego de las operaciones han salido a la luz denuncias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales, entre otras violaciones a derechos.
Por otro lado, desde el comienzo de las protestas el 1 de abril de este año, grupo de funcionarios de seguridad han emprendido operaciones en las zonas donde se han reportado continuas manifestaciones contra el gobierno de Maduro por parte de los manifestantes. Estas operativos ocurridos bajo el Plan Zamora han devenido en detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, robos, destrozos, entre otras violaciones y crímenes que denunciaron víctimas y testigos.
El analista Oswaldo Ramírez concluye que son “prácticas de amedrentamiento como intento de apaciguar el descontento social que conscientemente vulneran derechos constitucionales y sobre todo DDHH suscritos en tratados internacionales que son además imprescriptibles”. Han sucedido en Lara, Carabobo, Barinas, Bolívar, Táchira, Miranda y en la ciudad de Caracas, específicamente en El Paraíso, La Vega, Montalbán, La Quebradita, y demás sectores.
Víctimas
Voceros del Gobierno y de los cuerpos de seguridad han tildado a las personas contra las que arremeten durante las OLP como “paramilitares”. El ministro de Interior, Justicia y Paz Néstor Reverol, declaró que la nueva fase de la OLP busca proteger a los sectores vulnerables que son víctimas de la violencia criminal, y que ha traído modelos extranjeros como el «paramilitarismo colombiano» con delitos como secuestro, extorsión y homicidios. En el caso del Plan Zamora, voceros del Gobierno y de los cuerpos de seguridad han tildado a las personas contra las que arremeten durante los operativos de represión como “terroristas”.
Instrumentos
Los cuerpos policiales están facultados para usar la fuerza únicamente tras haber cumplido una serie de requisitos que además indican que no se puede recurrir a ella sin que haya mediado la intervención previa de un órgano de carácter jurisdiccional o administrativo porque de esa manera la fuerza se ampara en una base jurídica. El Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC) señala que «el uso de la fuerza debe estar sustentado en, al menos, tres componentes: la oportunidad en que ésta debe utilizarse; el tipo y cantidad de fuerza que corresponde emplear; y la responsabilidad que debe haber por su uso».
Sin embargo, en la ejecución de las OLP ha resaltado el uso desproporcionado de la fuerza que resulta no solo de la falta de mediación, sino del ataque indiscriminado con armas de fuego por parte de los funcionarios de seguridad estatales al usar armas de fuego y armas de guerra, prohibidas en diversas situaciones para el resguardo de los derechos humanos, los cuales han sido violados en estas operaciones.
En el caso de los allanamientos ilegales a residencias, que ocurren desde abril, testigos denuncian que los cuerpos de seguridad tampoco cumplen los parámetros policiales y sin haber mediado, ni presentar ninguna resistencia a las órdenes policiales, los ciudadanos han sido bombardeados con gas lacrimógeno y les han disparado perdigones. Resalta aquí el ataque indiscriminado con armas de fuego no necesariamente contra personas, sino contra infraestructuras, electrodomésticos, vehículos y en una ocasión, contra un perro doméstico que fue herido por el disparo de perdigón de un GNB.
Victimarios
Durante algunas de las OLP, han actuado decenas funcionarios pertenecientes a distintos cuerpos del Estado como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). Un ejemplo es la operación realizada en en El Valle a principios de marzo.
Una modalidad similar ha sido usada durante los operativos en que han participado funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Fue el caso en el ataque de en varias zonas de San Antonio de los Altos (Miranda) a finales de mayo y en el del Conjunto Residencial El Paraíso, Los Verdes, a principios de junio. Resalta la ausencia del Cicpc en estos casos.
Daños causados
En las primeras OLP realizadas en el país, El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) realizó un balance de los destrozos realizados por los cuerpos de seguridad durante los operativos. Un total de 3.463 viviendas fueron allanadas forzosamente y en ninguno de los casos presentaron una orden judicial. Más de 200 viviendas ubicadas en el Km. 3 de la carretera Panamericana fueron desalojadas forzosamente y posteriormente demolidas sin importar el paradero de las familias y violando varias leyes que protegen a los niños y adolescentes.
Los afectados por las incursiones de cuerpos de seguridad en edificios residenciales han denunciado destrozos de vehículos, electrodomésticos, ascensores, puertas, portones, ventanas, y demás partes de la infraestructura. Esta situación no solo se reportó en El Paraíso, en otros estados del país también los funcionarios irrumpieron de forma violenta en varios hogares causando destrozos y sembrando el terror. En Carabobo, específicamente en el Municipio San Diego, los efectivos ingresaron a un edificio después de que el gobernador Francisco Ameliach anunciara en su cuenta en Twitter que tres policías habían resultado heridos en las protestas del 15 de mayo. Los resultados fueron los mismos: robos, destrozos y represión. Puerto Ordaz, en el Estado Bolívar no escapó de esta situación y el jueves 26 de mayo los cuerpos de seguridad e inteligencia allanaron los edificios Villa Latina y Los Olivos causando destrozos a la propiedad privada y dejando amenazas en las paredes.
Detenciones arbitrarias
La OLP acumula gran número de detenciones ilegales de acuerdo a Provea. La ONG ha denunciado que en 2014 hubo 3.570 personas arrestadas arbitrariamente, cifra que fue duplicada en 2015 con las 8.000 detenciones llevadas a cabo el año siguiente. A esos 11.570 ciudadanos no se les consiguió ninguna vinculación con hechos delictivos. El estudio de estos operativos señala que, en general, el 90% de las detenciones realizadas han sido de manera arbitraria.
Desde abril de 2017, con las incursiones ilegales en residencias de zonas cuyos habitantes participan activamente en las protestas, las denuncias de detenciones arbitrarias no han cesado. Familiares reportan que los efectivos de seguridad han arrestado a jóvenes sin poseer orden para hacerlo y sin indicarles el motivo de la detención, lo que rompe con el debido proceso al que, como indica la legislación venezolana, tienen derechos los ciudadanos.
Procedimientos
El ingreso a la fuerza a las viviendas y sin ninguna orden judicial por parte de los cuerpos de seguridad, fue una de las características del Operativo para la Liberación del Pueblo. Reportes de periodistas de sucesos y usuarios de la red social Twitter confirmaron que los efectivos militares, policiales y de inteligencia entraban de forma violenta cuando no se les abría la puerta utilizando mandarrias, patas de cabra, tubos y hasta disparos.
También, el ingreso de forma violenta a las residencias sin ninguna orden judicial constituye una violación a la propiedad privada y también a los derechos humanos. Estas violaciones han venido incrementando desde que empezaron las protestas en contra del gobierno nacional en el mes de abril.
La Organización Espacio Público ha dicho que para realizar una allanamiento es necesario que un juez emita una orden judicial y que un fiscal del Ministerio Público esté presente durante el procedimiento. Sin embargo, nada de lo expuesto antes se cumplió en la incursión que realizaron los efectivos militares y policiales en las Residencias Los Verdes en El Paraíso y tampoco en otros estados como Carabobo y Bolívar.
Violaciones de derechos humanos
Las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, tanto en algunos casos de OLP como en otros operativos, suceden con frecuencia. De acuerdo con la asociación civil Provea, durante las OLP se ha violado principalmente el derecho a la vida, derecho a la vivienda, derecho a la libertad, derecho a la integridad personal, entre otros.
Asimismo, la asociación civil Control Ciudadano indica que los operativos en las residencias de manifestantes se viola el derecho a la discriminación por razones políticas, derecho a la libertad, derecho a la comunicación de los detenidos, derecho a la protección de la integridad personal: física, psíquica y moral, derecho a la inviolabilidad del hogar, derecho a la presunción de inocencia, derecho a no ser obligado a confesarse culpable o declarar contra sí mismo, su cónyuge o pariente, derecho a la protección de la familia, derecho a la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y el derecho a la protección de los ancianos.
Otros delitos
Afectados por las OLP han denunciado el robo de dispositivos electrónicos, electrodomésticos, dinero, perfumes, ropa y vehículos. En marzo del 2016, una OLP se realizó en el barrio Primero de Mayo en el Cementerio, días después, los vecinos comentaron al portal web La Patilla que los operativos no cumplen con el objetivo de desarticular las bandas sino que son usadas para despojar de sus pertenencias a los habitantes de la zona. Una de las afectadas de esa OLP fue María Rebolledo, quien narró que los efectivos policiales la sacaron de su casa y se llevaron dinero en efectivo y varios artículos eléctricos.
Los afectados por incursiones violentas de los cuerpos de seguridad en edificios residenciales del El Paraíso, La Vega y Montalbán también han denunciado el robo de dispositivos electrónicos, electrodomésticos, accesorios de vehículos y dinero en efectivo. Usuarios de la red social Twitter informaron que el pasado 13 de junio los funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y secuestro (CONAS) amedrentaron, atacaron y robaron a los propietarios del Complejo Residencial Los Verdes ubicado en El Paraíso. De acuerdo con el Portal web El Pitazo, una fuente les confirmó que los funcionarios golpeaban las puertas de los apartamentos y si se negaban a abrirlas, las tumbaban. Una vez dentro, los efectivos revisaban todo, robaban cosas y si había jóvenes se los llevaban detenidos. También dijeron que los carros que estaban en el estacionamiento fueron destrozados y desvalijados, le quitaban las baterías y los reproductores.
Se trata de un oficial de la Policía Nacional Bolivariana, un funcionario del Sebin y un efectivo de la Dirección de Contrainteligencia Militar
En las últimas 12 horas se reportó la muerte de tres funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado. Una de ellas ocurrió en el municipio Simón Bolívar de la parroquia San Francisco de Yare, sector Ernesto Báez, lugar donde fue localizado el cuerpo sin vida del oficial de la Policía Nacional Bolivariana, Oswaldo Antonio Herrera, quien presentó una herida por arma de fuego. Las autoridades no conocen aún las razones del hecho pero no descartan ninguna hipótesis.
En la avenida Victoria, fuentes informaron que los funcionarios del Sebin Miguel Oviedo y Daniel Mosqueda sostuvieron un enfrentamiento con sujetos desconocidos en un establecimiento del sector. Oviedo recibió un disparo en la cabeza y fue trasladado al Hospital de Clínicas Caracas, donde falleció.
También se conoció que que cerca de las 11:30 de la noche, en el bloque 2 del 23 de Enero, hallaron sin vida a Abraham José Castellano, agente III de la Dirección de Contrainteligencia Militar. De acuerdo con el reporte de testigos, las autoridades describen que el efectivo descendió de su vehículo al llegar a su casa y que le habrían disparado desde un carro que lo esperaba en la zona.
De acuerdo a estadísticas extraoficiales, más de 330 funcionarios de cuerpos de seguridad han sido asesinados en lo que va de 2016.
Desde tempranas horas de la mañana, funcionarios de distintos cuerpos de seguridad tomaron la Cota 905. La operación en este sector dejó un saldo de 14 muertos, un herido y 134 detenidos, según el balance ofrecido por Gustavo González López, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
A continuación se presenta un minuto a minuto de los sucesos de hoy en el suroeste de Caracas:
Nadie entra, nadie sale
4:00 AM
Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se preparan para subir a la Cota 905 como parte de un operativo conjunto de la GNB, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), incluyendo paramédicos de este cuerpo de seguridad, y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalístias (Cicpc), tanto de la División de Vehículos como de la Brigada de Acciones Especiales (BAE).
Todos los accesos a la Cota 905 amanecen cerrados por la GNB. Camionetas estacionadas y funcionarios restringen el paso vehicular.
Fotos: @AdrianitaN y @DarvinsonRojas
8:50 AM
Un helicóptero sobrevuela la Cota 905. Este constituye el apoyo aéreo con el que cuenta el operativo.
Fotos: @AdrianitaN y VTV
9:00 AM
Suben a la Cota 905 aproximadamente 20 funcionarios de la PNB. Más temprano habían subido más de 200 agentes de todos los cuerpos de seguridad.
Carros y detenidos para abajo
9:17 AM
Dirección de Vehículos retira tres vehículos recuperados en la Cota 905.
Fotos: @AdrianitaN
9:27 AM
Sale un cuarto vehículo recuperado de la Cota 905 y sube «La jaula» de la PNB.
Balance extraoficial hasta ahora: 3 heridos.
Fotos: @AdrianitaN
«Es la mejor decisión que han podido tomar. Eso allá arriba está lleno de malandros», dice mujer joven con sus 3 niños mientras baja apurada de la Cota 905. «Yo vivo en la parte de arriba de Los Laureles. Ahí los malandros roban carros, venden droga y uno con sus niños».
«Anoche vivimos un infierno. Los malandros nos mandaban a bajar de los carros a los que subíamos», asegura otra habitante del sector.
9:44 AM
Sube pequeña comisión de la GNB con dos perros antidrogas.
9:57 AM
«Jaula» de la PNB baja repleta de detenidos. Unos 15, aproximadamente. Entre ellos, un menor de edad cuyos familiares aseguran que se encontraba en proceso de ser adoptado.
Bajan el noveno carro de la Cota 905: 7 de ellos fueron trasladados en grúas y 2 manejados por funcionarios. Se estima un total de 20 por recuperar.
Foto: @AdrianitaN
Se multiplica la fuerza
10:48 AM
Baja patrulla del Cicpc chocada y con dos impactos de bala en el parabrisas.
Fotos: @AdrianitaN
10:50 AM
Bajan tres tanquetas, una pickup con 2 detenidos y una camioneta con aproximadamente 5 detenidos.
Foto: @AdrianitaN
11:03 AM
Sale otro lote de detenidos de la Cota 905. Periodistas en el lugar estiman un aproximado de 26 detenidos hasta el momento.
Foto: @AdrianitaN
11:27 AM
Cordón de la GNB restringe acceso a El Naranjal.
Fotos: @AdrianitaN
11:38 AM
Efectivo de la GNB asegura que el sector Las Brisas de la Cota 905 ya fue tomado por este cuerpo de seguridad.
Foto: @AdrianitaN
12:14 PM
Siguen bajando vehículos recuperados por el operativo. Con esta camioneta suman 13. GNB asegura que los carros recuperados son llevados a la sede de Tránsito (Cicpc) de Quinta Crespo.
Foto: @AdrianitaN
12:32 PM
Baja de la Cota 905 grúa remolcando otra grúa chocada. De acuerdo con reporte de Melanio Escobar, el vehículo chocó contra una clínica en Los Laureles tras destruir las rejas de la misma.
Además, bajan a otro detenido. Con él suman, al menos, 38.
Foto: @AdrianitaN
12:45 AM
Suben tres tanquetas a la Cota 905, al tiempo que baja otra «jaula» de la PNB repleta de detenidos.
Foto: @AdrianitaN
Cifras oficiales
1:28 PM
Gustavo González López, ministro de Interior, Justicia y Paz ofrece balance de operativo “Liberación y Protección del Pueblo” que abarcó, durante 48 horas, varias zonas del área metropolitana y el interior del país que estaban bajo control de bandas delictivas. Aseguró que el procedimiento era para “liberar zonas de paramilitarismo colombiano, bandas criminales, extorsión y secuestro”.
Informa que en la Cota 905 el operativo tuvo como resultado: 14 muertos, 1 herido, la recuperación de 20 vehículos, 12 armas cortas, 2 armas largas, 2 granadas fragmentarias y la detención de 134 personas, de las cuales 32 son extranjeros.
Frente a dirección de Tránsito Cicpc, familiares de presos por otros casos reclaman información y solicitan que les dejen llevar comida a los mismos. Mientras tanto, siguen llegando carros rescatados a la sede.
Foto: AdrianitaN
3:36 PM
Alrededor de 200 familiares de detenidos en la Cota 905 esperan por información afuera del destacamento 51 de la GNB en El Paraíso.
Fotos: @AdrianitaN
4:20 PM
Familiar que aguarda a las afueras de la GNB muestra fotografía de cómo se llevaron a los detenidos de la Cota 905.
Foto: Familiar de detenido en la Cota 905
5:57 PM
Aún funcionarios de la GNB no ofrecen lista de detenidos. Entre los capturados en la Cota 905 hay menores de edad, mujeres y extranjeros. Aún no se sabe cuántos de cada uno.
«No nos quitaremos de la puerta», dicen familiares de los detenidos. Aún se mantienen a las afueras del destacamento.
Foto: @AdrianitaN
6:19 PM
Funcionario de la GNB dice que son aproximadamente 200 los detenidos en el destacamento 51. Apenas 65 han sido reseñados. Gran parte de los familiares aseguran que entraron a sus casas a patadas, sin orden de allanamiento.
6:45 PM
Familiares lloran desconsolados tras ver fotografía que muestra a los detenidos arrodillados, con las caras contra el suelo. Solicitan la presencia de la Defensoría del Pueblo.
Fotos: @AdrianitaN
6:49 PM
Una camioneta del Cipc atropelló a familiares que pretendían impedir el acceso al destacamento. No hay heridos.
Desenlaces
7:20 PM
Cifra de fallecidos por el operativo en la Cota 905 asciende a 15 cuando uno de los heridos muere.
7:33 PM
Menor de 15 años es el primer liberado. No tenía antecedentes, ni solicitudes.
Foto: @AdrianitaN
La «perla» final
9:01 PM
El presidente de la República, Nicolás Maduro, durante su alocución asegura que capturaron a 40 miembros del paramilitarismo colombiano en la Cota 905.
“El paramilitarismo colombiano, el narcotráfico colombiano, y toda esa conspiración se ha venido a apoderarse, a contratar, a controlar e instaurar un modelo que le ha hecho mucho a nuestra hermana Colombia. Estoy firmemente decidido a desmontarlo, a enfrentarlo, a derrotarlo, con el pueblo, con la unión cívico-militar policial. La unión de todo nuestro pueblo”, expresó.
