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Denuncian al FAES por asesinato de miliciano en urbanismo de la Misión Vivienda en Catia

Densi Álvarez era una de las personas que custodiaba una construcción en el urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela denominado “El Socorro”, ubicado en Los Frailes de Catia en Caracas.

A horas del mediodía de este martes 2 de octubre allegados Álvarez, quien era miliciano, aseguraron que funcionarios del FAES ingresaron a las residencias y lo ajusticiaron junto a otro hombre.

Un adjudicado de este complejo declaró que testigos presenciaron como los efectivos hicieron arrodillar a Álvarez y le propinaron al menos cuatro disparos en el pecho.

El vocero dijo que tanto Álvarez como la otra persona ajusticiada vivían en la construcción y cuidaban el espacio. “Tanto a él como a mi nos iban a dar nuestra vivienda, ya estábamos adjudicados por FundaCaracas”.

Indicó que en el terreno conviven alrededor de 20 personas, integrantes de cinco familias.

El portavoz también aseveró que Álvarez estaba involucrado en varios proyectos sociales. “No tenía prontuario, ni estaba armado..allí no hubo enfrentamiento alguno”.

Denunció que los funcionarios causaron destrozos y hasta mataron a animales de crianza que habían en el terreno. “Se llevaron hasta zapatos y comida”.

Desconoce si la familia accederá a denunciar lo que considera una violación a los derechos humanos.

Álvarez vivía en Antímano y deja huérfanos a tres niños: dos varones y una hembra

@franzambranor

Cecodap: los niños deben ser educados para detectar a posibles agresores sexuales

El 14 de septiembre de 2018 un hombre identificado como José Manuel Morgado Bello (48), a quien los vecinos de El Valle conocían como “El Zapatero, abusó y asesinó a cuatro niños en esa zona ubicada al sur de Caracas. El 24 de septiembre, fueron localizados los cadáveres de una niña de 8 años de edad y su madre en una vivienda en la parroquia caraqueña de San Agustín: ambas habían sido abusadas y apuñaladas hasta morir.

En solo 10 días, 5 niños murieron víctimas de depredadores sexuales en Caracas.

Los brutales asesinatos reavivaron la polémica sobre el maltrato y el abuso sexual infantil. Un debate que incluye a la confianza de la familia, la pobreza, así como la ausencia de políticas públicas para prevenir y enfrentar la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.

Para Fernando Pereira, fundador y coordinador de Cecodap, las estadísticas no mienten. “Un porcentaje elevado de los abusadores sexuales está muy cerca de las familias y no tenemos planes educativos para enfrentar esa amenaza”.

Advirtió que Venezuela está en deuda con los niños en esa materia: “Es fundamental formarlos desde muy pequeños para que sepan protegerse de potenciales agresores”.

Considera que, además de la ausencia de programas formativos, hay fallas estructurales en la educación de los niños que los hacen vulnerables ante los abusadores.

Educados para facilitar agresiones

“Al enseñarle a los niños que siempre deben hacerle caso a los adultos y que deben hacer lo que los mayores les dicen, los propios padres hacen a los niños dóciles ante los agresores ”, indicó Pereira.

Los niños deben saber diferenciar entre los distintos tipos de contacto, deben aprender a denunciar a quienes traten de sobrepasarse con ellos, pero con la formación que tenemos actualmente “atrofiamos las cualidades de atención y de alerta que deben tener para enfrentarse a potenciales peligros”.

“La agresión se inicia con cosas aparentemente inofensivas y hasta inocentes como conversaciones, celebraciones y juegos. El abusador hará regalos injustificados, juguetes y dulces serán sus anzuelos; tendrá contactos sospechosos con el niño, intentará llevarlo a parques, a la playa o al cine para pasar a tiempo a solas con él o ella, se hará más osado hasta concretar su objetivo”.

Por eso, insiste Pereira, es tan importante que el niño esté entrenado y conozca los peligros que lo amenazan y los padres estén alerta, porque de esa manera podrán adelantarse  y prevenir posibles agresiones.

El psicólogo Santiago García, se suma a la opinión de Pereira sobre la prevención y la autoprotección por parte de los niños. “Con la adecuada educación, niños y adultos podrán mejorar su estado de alerta ante las señales de abusadores sexuales y así evitar posibles ataques”.

Asegura que, por lo general, las agresiones sexuales contra los niños no se dan en ataques repentinos. “Se producen tras períodos de adaptación del agresor, quien se va ganando la confianza de quienes lo rodean”.

El abuso se conocerá solo cuando es denunciado por la víctima o cuando son descubiertas las evidencias de que ocurrió. Señales que ni el mismo niño puede ocultar como insomnio, pesadillas, miedos injustificados, sangramientos, heridas, moretones o enfermedades venéreas.

“Si la familia está entrenada para la prevención, estará al tanto de los riesgos y trabajará para impedir que se concrete el abuso”, dijo el psicólogo.

Cualquiera puede serlo

Ambos especialistas coincidieron en señalar que cualquier persona puede ser un abusador. “Si una cosa tienen en común los casos de abuso, es que la mayoría de ellos el abusador era un conocido de la familia”, dijo Pereira.

En 90% de los casos los abusadores eran conocidos o familiares de las víctimas. 80% de los abusadores eran mayores de edad y casi 90% de ellos eran hombres, esto da una perspectiva general sobre los abusadores, se desprende de datos manejados por Cecodap y por organismos policiales.

Sin embargo, un alto porcentaje de las agresiones son cometidas por mujeres (20%), menores de edad (15%) y personas desconocidas (entre 10%y 15%) por lo que no hay que confiarse en ningún momento. “Cualquiera puede ser un abusador”, indicó el coordinador de Cecodap.

Estado irresponsable

Fernando Pereira criticó la forma como son manejados los casos de abuso infantil por las autoridades venezolanas. “Cuando existen las instancias, establecidas por las leyes para atender a las víctimas de este tipo de hechos desde diversas perspectivas, esas instancias hacen poco o nada”.

“Por lo general, el abordaje que se hace es policial y casi siempre termina culpando a la familia de lo ocurrido. El Estado no asume su responsabilidad”.

Ejemplo de esto fue el caso de El Valle, donde la madre de cuatro niños fue señalada por dejar a tres de sus hijos en su casa mientras ella le llevaba comida a su esposo preso.

“Trágicamente, los tres niños fueron asesinados y toda la culpa se achaca a la madre, pero vemos que el Estado no asumió la responsabilidad que tenía en ese hecho”.

@carlos_dhoy

Cicpc descarta informaciones sobre masacre en San Juan de las Galdonas

@carlos_dhoy

EL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (CICPC) DESCARTÓ que se hubiera producido alguna masacre en la población sucrense de San Juan de las Galdonas, tal como fue denunciada por habitantes de esa población a través de las redes sociales.

El director del cuerpo detectivesco, comisario, Douglas Rico, declaró que lo ocurrido en San Juan de las Galdonas, fueron dos hechos aislados, uno fue un caso de un asesinato ocurrido en San Juan producto de un enfrentamiento entre bandas rivales y luego tres muertos producto de una resistencia a la autoridad que se produjo en la población de Yaguarapal, ubicada en la misma zona aunque distante de la población de San Juan de las Galdonas.

«Lo de San Juan de las Galdonas ha sido más escándalo por las redes que realidad, hasta ahora una sola persona ha resultado muerta producto de rencillas entre bandas criminales que operan en la zona, en otro hecho ocurrido en el sector llamado Yaguarapal, bien lejos de San Juan de las Galdonas, hubo una resistencia a la autoridad y fallecieron tres personas. Hasta ahora estos hechos nada tienen que ver con lo que se ha manejado en las redes sociales, sobre enfrentamientos que han dejado una gran cantidad de personas fallecidas. Eso es totalmente falso y lo digo con toda responsabilidad», sentenció el jefe del Cicpc.

Al ser consultado sobre el posible nexo entre el triple homicidio ocurrido la semana pasada en el municipio Chacao, con los supuestos hechos de San Juan de las Galdonas por la presunta vinculación con bandas de narcotraficantes que operan en esa zona del estado Sucre, Rico, dijo que no podía haber relación entre algo que no ocurrido, (la supuesta masacre de San Juan), con el crimen de Chacao, «lo único que vincula a los dos casos es que los tres fallecidos en el municipio capitalino eran oriundos del estado Sucre, aun investigamos el móvil que llevó a que esas tres personas fuesen sicariadas«.

A pesar de que el director del Cicpc descartó la versión de la masacre ocurrida entre San Juan de las Galdonas y San Juan de Unare, se han hecho virales versiones extraoficiales de vecinos, quienes denuncian que presuntamente dos bandas rivales se habrían enfrentado por el robo de una gran cantidad de cocaína, choque armado que habría dejado un número no determinado de personas asesinadas.

Habitantes de San Juan de las Galdonas denunciaron a través de las redes sociales que tras la masacre en la población se han vivido hechos violentos como saqueos y robos, por parte de los miembros de bandas que cometen delitos y trafican droga «bajo la mirada cómplice de las autoridades».

Limpieza en división de homicidios de los Valles del Tuy por caso de bailarina asesinada

En rueda de prensa, Rico informó la resolución del caso del asesinato de la bailarina Mayell Hernández. El asesino de la estudiante de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), fue detenido este sábado. El homicida, identificado como William Enrique Infante Borges, de 35 años, expareja de la joven trabajaba para el Ministerio de Finanzas y fue puesto a las órdenes de la Fiscalía General de la República, tal como lo anunció el ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol.

La joven de 29 años fue asesinada el pasado 3 de septiembre en su residencia, ubicada en la población de Charallave, municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda.

Informó que por el caso fueron separados de su cargo varios funcionarios de la división de Homicidios de los Valles del Tuy, debido a la forma negligente como manejaron las investigaciones, «tenemos una averiguación abierta en contra de otros funcionarios».

El comisario también comentó sobre el asesinato de un conocido estilista de Maracay, Sergio José Duarte, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 8 de julio y cuyo cuerpo fue encontrado sepultado y en avanzado estado de composición el pasado domingo 30 de septiembre cerca de la población de El Consejo de Aragua, en las inmediaciones de la hacienda Santa Teresa.

Rico informó que por el asesinato fue detenido Eliécer González Guzmán, quien confesó haber cometido el crimen y haber enterrado al cuerpo, González Guzmán fue quien informó sobre el lugar donde fue sepultado el llamado «El hacedor de misses de Aragua».

Duarte era dueño de una agencia de modelaje y coordinador en el estado Aragua del programa “El Concurso” de Osmel Souza.

Agregó que por este caso hay cuatro personas que se encuentran solicitadas y cuya captura se espera se realice en los próximos días.

En relación al caso del asesinato de una madre y su hija de ocho años ocurrido la semana pasada en la parroquia San Agustín, indicó que fue detenido un adolescente de 17 años, quien se encuentra bajo custodia policial.

Explicó que el móvil del crimen fue una discusión que sostuvo con su tía luego de que lo descubriera consumiendo drogas.

Una vez detenido y en un descuido de sus custodios, el joven intentó escapar del Cicpc, y cayó desde el piso 2, sufrió contusiones, sin embargo está fuera de peligro. Al tratar de verificar esta información, el jefe policial, no dio ninguna información extra.

 

A Eudomar lo detuvo el FAES en Santa Cruz del Este y asesinaron en Fuerte Tiuna

A EUDOMAR EUCLIDES QUIJADA UGAS lo aprehendió la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana en el barrio Santa Cruz del Este, en el municipio Baruta del estado Miranda y posteriormente apareció como una de las víctimas de la masacre realizada por funcionarios de ese organismo en Fuerte Tiuna la madrugada del pasado sábado 8 de septiembre.

Así lo denunciaron familiares de Quijada Ugas en la morgue de Bello Monte.

Giancarlo Espinoza Ugas, dijo que a su hermano de Eudomar lo detuvieron en un operativo el viernes en Santa Cruz y luego de buscarlo por todas partes se enteraron que el cadáver estaba en Bello Monte.

Según Espinoza, Quijada Ugas de 24 años trabajaba en una charcutería de Petare. Era oriundo de Güiria, estado Sucre, y no tenía hijos. Estuvo preso en Carúpano dos años por robo de teléfono, “pero se había regenerado y tenía tenía cuatro en la capital laborando”, indicó.

“En el informe pusieron que la causa de la muerte fue enfrentamiento, cómo va a haber enfrentamiento, si lo detuvieron en Santa Cruz y apareció en Fuerte Tiuna”, cuestionó.

Integrantes de la familia sostienen que Quijada Ugas no tenía relación con ninguna de las ocho víctimas ni con 23 detenidos que arrojó el operativo del FAES en los edificios ubicados en la institución militar. “No sabemos cómo fue a parar allá”.

Quijada Ugas vivía con amigos en Santa Cruz del Este y formaba parte de una familia de seis hermanos.

Familiares ya hicieron la denuncia en el Cicpc y no descartan organizarse con el resto de los afectados por la masacre para introducir un reclamo en la Fiscalía General de la República.

@franzambranor | 

Foto: Carlos Ramírez

 

INVESTIGACIÓN:

Cumple un año Monitor de Víctimas, un proyecto impulsado por Runrun.es y la Asociación Caracas Mi Convive que combina participación ciudadana con periodismo de datos, periodismo colaborativo e investigación. Tiene como objetivo recabar y analizar los datos sobre los homicidios que ocurren en los cinco municipios del Área Metropolitana de Caracas, en Venezuela. En su primer año, Monitor de Víctimas registró 1.589 casos de homicidios entre mayo de 2017 y abril de 2018, lo que permite calcular que los municipios que comprenden la capital de Venezuela tienen una tasa de 47,31 homicidios por cada 100.000 habitantes. Coche es la parroquia mas violenta con una tasa de 114 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero Petare es la que mas casos de homicidios tiene. Se descubrió que el 87,5% de las personas que murieron por causas violentas nunca cursaron estudios superiores. Se comprueba que en la medida en que el adolescente se desvincula del hecho educativo, aumenta la posibilidad de que ingrese a cualquier círculo de violencia en su entorno. La delincuencia y la policía mataron a 1.331 personas incluyendo un cantante famoso, 569 padres de familia, 101 menores de edad y 62 adfultos mayores. 9 de cada 10 eran venezolanos; 1 de cada dos era negro, mulato o moreno; 95% eran hombres; el promedio de edad era 28 años; 97% de las víctimas eran civiles; 80% de las víctimas murió por arma de fuego corta; 1.013 asesinadas en municipio Libertador; 2 de cada 3 no tenía hijos menores de 18 años y 7 de cada 10 homicidios sucedieron en la vía pública. En 152 casos las víctimas fueron asesinadas por venganza o ajuste de cuentas. Otra causa fueron las riñas y los atrapados en línbea de fuego o balas pérdidas: 66 hombres y mujeres. La violencia de género dejó a 17 mujeres asesinadas. Los organismos de seguridad del Estado ocupan el segundo lugar como protagonistas de la violencia caraqueña. Están involucrados en 41% de los homicidios registrados por Monitor de Víctimas, es decir 543 personas perdieron la vida a manos de policías. Aquí el vínculo: https://runrun.es/rr-es-plus/358022/monitor-de-victimas-un-ano-de-homicidios-y-cifras-rojas-en-caracas.html

 

Migración y masacres policiales explicarían supuesta reducción de homicidios en Venezuela
Las autoridades aseguran que las cifras de delitos están en declive
Autoridades anuncian un descenso en la cifras de homicidios en un país que vive un fuerte proceso migratorio que está impactando en toda la subregión. Millones de venezolanos han emigrado, lo que sumado al cambio de hábitos del venezolano, ha reducido  el número de víctimas potenciales que hay en las calles

 

@carlos_dhoy

EL MINISTRO DE INTERIOR JUSTICIA Y PAZ, Néstor Reverol, informó el pasado 30 de junio que la tasa de homicidios en Venezuela había disminuido 26% y los secuestros habían caído 54%. También anunció que los delitos, en general, se habían reducido 27%. Todo esto durante el primer semestre del año 2018 y en comparación con el año anterior.

El anuncio del titular de la cartera de Interior Justicia y Paz fue seguido, casi un mes más tarde, por el del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), comisario Douglas Rico, quien el 25 de julio especificaba que en el primer semestre del año se habían registrado 6.561 homicidios, 25,9% menos que en el mismo período de 2017 cuando se registraron 7.784.

Los voceros oficiales, incluso, informaron sobre algunas de las supuestas causas del descenso de los delitos. Para el ministro Reverol, una de ellas es la activación del Frente Preventivo, instancia que a través de jornadas de formación, deporte y recreación en todo el territorio nacional habría contribuido al descenso de los índices de criminalidad. Para el director del Cicpc se debió al “trabajo en conjunto del Cicpc con otros organismos policiales”.

A pesar del júbilo de las autoridades, a juicio de especialistas la reducción de los delitos podría responder más a situaciones coyunturales, que a políticas oficiales. “Prácticamente no existe una política gubernamental dirigida a atender el tema de la inseguridad, más allá de la represión y la ‘mano dura’ que se ha venido implementando”, señala la sociólogo y especialista en violencia Verónica Zubillaga.

“Una reducción de las cifras de un delito en un período de tiempo debe tener una explicación, sobre todo cuando no hay una política oficial que justifique tal disminución”, agrega el penalista y criminólogo Luis Izquiel.

Keymer Ávila, también criminólogo, agrega que es necesario interpretar el fenómeno de esa reducción desde una perspectiva amplia. “Los delitos no caen porque sí. Si la sociedad cambia, los delincuentes se adaptan a esos cambios, y eso puede producir alteraciones en las faltas que se cometen”.

Más de 8 mil jóvenes venezolanos han muerto en los operativos policiales iniciados con las OLP

Una matanza sistemática

Zubillaga considera que la reducción de las cifras de homicidios y otros delitos puede ser una consecuencia de la “matanza sistemática” que ha venido ocurriendo en el país en los últimos tres años a manos de los cuerpos policiales.

“Desde que comenzaron las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) en el año 2015, se ha aplicado una política vedada de mano dura bajo la cual las fuerzas policiales han ejecutado o asesinado a un número importante de jóvenes que son calificados como sospechosos para las autoridades”.

Explica que, de acuerdo con las cifras suministradas en el año 2016 por de la Fiscal General de la República exiliada en Colombia, Luisa Ortega Díaz, ese año 4.600 personas murieron a manos de fuerzas policiales.

En un mensaje emitido el 27 de diciembre de 2017, el ministro Néstor Reverol afirmó que ese año al menos 4.200 personas murieron bajo el concepto de enfrentamiento con las fuerzas policiales. recordó Ávila.

“Se trata de, al menos, 8.800 asesinatos de jóvenes residentes de barrios en supuestos enfrentamientos con la policía”, calculó Zubillaga.

“Tras años de matanza sistemática sería obvio concluir que las cifras de homicidios y otros delitos hayan tenido una disminución, al haber menos presuntos delincuentes”, asegura la investigadora.

Ávila señala que sería temerario adjudicar exclusivamente a las políticas de mano dura alguna reducción en los homicidios, y agrega que esas políticas podrían ser un instrumento de legitimación de futuras masacres y que continúe en marcha la tendencia general de los últimos años y el incremento de las muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

«No se puede celebrar ni aupar que el Estado acabe con la vida con el argumento de defenderla», concluye Ávila.

Cinco integrantes del Tren de Aragua fueron detenidos por autoridades peruanas cuando planificaban un asalto a un banco en Lima

La delincuencia que migró

De acuerdo con Zubillaga, hay un fenómeno que aún no ha podido ser cuantificado y que también podría tener incidencia en las cifras: la migración de criminales, bien sea individualmente o en bandas organizadas. “Lo que vimos con los cinco miembros del Tren de Aragua detenidos en Perú seguramente se repetirá. Tenemos una población que participaba en crimen organizado que ha emigrado, eso también puede tener un efecto”.

Izquiel se suma a la opinión de que entre las razones de la supuesta reducción de los delitos se encuentra la agudización de la crisis que ha multiplicado la diáspora venezolana.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, (Acnur) calcula que hay 1,5 millones de venezolanos refugiados en diversos países desde el año 2014, pero la falta de datos oficiales sobre el fenómeno migratorio nacional hace que solo se cuente con cifras variables obtenidas a través de organismos internacionales.

Para la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), serían 2,3 millones de migrantes. Otros estudios y encuestas establecen que entre 4 millones y 6 millones de personas habrían cruzado las fronteras desde el año 1999, cuando el expresidente Hugo Chávez llegó al poder.

Izquiel calcula que si 4 millones de venezolanos emigraron, sería aproximadamente 15% de la población. “Se trata de una cantidad importante de venezolanos que no pueden ser objeto de delitos o cometerlos”.

Agrega que, aun cuando inicialmente la migración venezolana era casi exclusivamente de profesionales, el deterioro de las condiciones socioeconómicas hizo que pronto el éxodo se masificara. “Gente de todas las clases sociales comenzó a huir del país y, entre esa masa humana, también emigró una importante cantidad de delincuentes que no solo huyen de la crisis, sino que también escapan de la policía y buscan nuevos horizontes hacia donde expandir sus actividades criminales”.

Esta última migración es la que Izquiel considera ha tenido más impacto en las cifras nacionales de inseguridad, a la vez que ha afectado la seguridad en los países hacia donde migraron los delincuentes.

“Esto no quiere decir que el delito va a desaparecer. Puede caer durante un período pero si no se toman medidas para recuperar los espacios para la sociedad civil, si no se invierte en educación, en cultura, deportes, recreación, más temprano que tarde el espacio que dejaron libre los delincuentes serán llenados por otras bandas”, concluye Izquiel.

Cambio de hábitos

El criminólogo Keymer Ávila agrega que “la reducción de crímenes no ocurre de manera espontánea. Como todo fenómeno, tiene sus causas”.

Explica que en los últimos años el venezolano ha experimentado evidentes cambios en sus hábitos, alteraciones que han sido consecuencia de la dinámica económica del país que pueden haber afectado las cifras de inseguridad.

“En un período de menos de dos años hemos tenido las protestas ocurridas durante casi todo el año 2017, falta de efectivo, fallas eléctricas, escasez de alimentos y de combustible, crisis del transporte público, hiperinflación, desempleo, inseguridad y saqueos, entre otras calamidades. Eso cambió muchos nuestros hábitos, la gente prácticamente está encerrada en sus casas, solo sale para ir al trabajo, comprar comida y regresar», señala.

El venezolano no tiene vida nocturna y la vida social se reduce a las horas del día, lo que sumado a todos los cambios vividos en los últimos años «provocaron cambios en los hábitos que pueden haber generado una reducción de los delitos a unas horas y el incremento en otras”.

Agrega que a eso hay que sumarle el hecho de que el venezolano hoy en día es mucho más precavido que antes. “Es posible que haya menos delitos porque porque hay menos víctimas potenciales en las calles”, indica Izquiel.

Madre espera que hagan justicia a un año de la muerte de su hijo

ELIBETH PULIDO TIENE UN AÑO ESPERANDO que se haga justicia en la muerte de su hijo, José Daniel Bruzual Pulido, pero hasta ahora sus esperanzas parecen desvanecerse puesto que el expediente ni siquiera ha llegado a manos del fiscal 127º, Yendry Hernández designado en la investigación.

Pulido presume que no existe expediente relacionado con ese homicidio ocurrido la mañana del 22 de agosto de 2017.

Recuerda que ese día salió muy temprano a trabajar mientras que José Daniel, quien era electricista, se quedó en la vivienda con sus dos hijos, de 4 y 2 años de edad. Ambos quedaron a su cargo luego de la separación de la madre de los niños.

Desde que ocurrió el homicidio Pulido ha estado pendiente del avance de la investigación pero aparentemente ésta estaría como el primer día. En vista de que todo parece haber quedado en el olvido para las autoridades envió una comunicación al fiscal 127º pidiéndole que adelante la pesquisa y se practiquen las diligencias inherentes para determinar la identidad de los autores del homicidio cometido en su casa del callejón Rondón de Santa Rosalía, en La Bandera.

De acuerdo a lo que ella pudo observar cuando regresó a su domicilio una vez que los vecinos la llamaron porque en la vivienda se escuchaban disparos y el llanto de sus dos nietos, los autores de la muerte del segundo de sus tres hijos fueron funcionarios de las FAES de PNB, los hombres vestían de civil, llevaban chalecos antibalas color negro y llegaron en unidades policiales.

“A un año de ocurrido no han detenido a los responsables y el tiempo transcurrido juega en contra de la obtención de oportuna justicia”, señala un párrafo de la comunicación dirigida al fiscal.

Pulido además acudió a la Defensoría del Pueblo a plantear su situación y en ese despacho, le manifestaron que sin expediente no podían hacer nada. Por eso ella se pregunta “porqué no hay expediente a un año de lo ocurrido”.

Ahora recuerda que cuando ese día retornó a su casa los policías no le permitieron entrar. Ya el cadáver de su hijo, de 25 años de edad, se lo habían llevado envuelto en una sábana.

La esposa del coronel de la GNB

La muerte del hijo de Pulido ocurrió la mañana del 22 de agosto, en la madrugada de ese día las FAES habían ultimado, en supuestos enfrentamientos, a tres hombres y dos mujeres los presuntos responsables del secuestro de la esposa del coronel de la GNB, Alirio Cruz Ortega, que fue liberada a las 6:00 am. Había sido plagiada la noche anterior en su camioneta Ford Escape en El Cementerio.

Mediante rastreo telefónico la policía científica logró la ubicación de los presuntos implicados y hasta allá llegaron las comisiones de las FAES

Dos de los implicados fallecieron en un tiroteo en una casa del barrio Bruzual de El Valle y las mujeres murieron en una vivienda del barrio San Antonio de la misma parroquia.

Los vecinos le contaron a Pulido que cuando las Fuerzas Armadas Especiales de PNB llegaron al callejón Rondón, José Daniel estaba asomado al balcón y los policías le pidieron que bajara y él se negó por lo que los hombres entraron a la vivienda, lo sometieron y lo golpearon.

Al niño de 4 años lo interrogaron y le preguntaron donde guardaban la pistola de su papá. El pequeño subió con los policías al segundo piso y pensando que se referían al arma de fuego de la pareja de su abuela, que es escolta, les mostró la parte alta del escaparate.

A esa hora el guardaespaldas estaba trabajando y se había llevado el arma de fuego. Sin embargo a José Daniel lo obligaron a arrodillarse y le hicieron el disparo. Luego los policías simularon el enfrentamiento haciendo disparos en las paredes de la casa.

Pulido indicó que mientras eso ocurría a su nieto menor lo encerraron en un cuarto y le pusieron el televisor a todo volumen para que no escuchara lo que ocurría.

Al hijo mayor de José Daniel lo sacaron de la residencia y obligatoriamente tuvo que ver el cadáver de su papá lo cual lo afectó porque ahora se asusta y llora cuando oye ruidos o cuando ve policías.

Elibeth Pulido se pregunta porque a su hijo lo implicaron en ese secuestro cuando su vivienda está ubicada muy distante de los dos sectores de El Valle donde hubo los enfrentamientos con las cuatro personas que presuntamente  implicadas en el plagio.

Expresó que es difícil pensar que José Daniel hubiese dejado solos a sus dos hijos en la casa para participar en un plagio sin tomar en cuenta el riesgo que corrían los pequeños.

A todo lo ocurrido se agrega que los funcionarios policiales cargaron con comida, pertenencias y dinero en efectivo de la familia.

Cinco muertos deja un madrugonazo de las FAES en Caracas

CINCO PERSONAS RESULTARON MUERTAS DURANTE una serie de operaciones emprendidas por la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana en distintos sectores de la ciudad de Caracas durante la madrugada de este lunes 27 de agosto.

Las operaciones las llevó a cabo la división de Casos Especiales del organismo policial y se realizaron en los sectores Los Guayabitos del municipio Baruta, en Plan de Manzano, parroquia Sucre del municipio Libertador, en la calle Bruzual de la parroquia El Valle y en Mamera, parroquia Antímano del municipio Libertador.

En la primera operación se llevó a cabo en el sector Los Guayabitos, de la carretera Baruta, Cortada del Guayabo, lugar en el que se habría producido un enfrentamiento entre funcionarios policiales, y presuntos delincuentes.

En el enfrentamiento resultaron muertos dos hombres quienes no portaban documentos que permitiera identificarlos.

A pesar de ello, los funcionarios policiales lograron identificar a uno de los muertos como “Leíto cara e pizza”, mientras que el otro fallecido será identificado en la morgue de Bello Monte a través del procedimiento conocido como necrodactilia. Las autoridades policiales presumen que ambos hombres integren la banda de “El 70” de El Valle.

Otro operativo se llevó a cabo en la carretera vieja Caracas La Guaira, sector Plan de Manzano. Allí murió José Ramón Díaz Argotte, alias “Nariz”.

Según la versión policial, los funcionarios realizaban labores de búsqueda de los presuntos integrantes de la banda de “El Nariz”. cuando se encontraban en la calle La Línea, del sector La Ceiba, los uniformados observaron a una persona sospechosa a quien dieron la voz de alto, al parecer el hombre les hizo frente disparando contra la comisión En el tiroteo, el sospechoso recibió varios impactos de bala, fue trasladado hasta un hospital cercano, donde se registró su deceso.

Por otra parte en un operativo de saturación policial que se llevó a cabo en la parte alta del barrio Bruzual, calle 18, final callejón Padrón de la parroquia El Valle, funcionarios de la PNB se enfrentaron a un hombre identificado como Carlos José Echezuría Echezuría de 30 años de edad.

En el tiroteo, Echezuría Echezuría, resultó muerto, al verificar su identidad, los funcionarios detectaron que era conocido bajo el alias de “El Carlitos”, buscado por los delitos de homicidio y apropiación indebida.

Finalmente las acciones policiales concluyeron en la vereda 2, sectror 2 de Mamera, parroquia Antímano del municipio Libertador.

Allí murió Reiber Alberto Caraballo Rivero, alias “Reiber” quien había sido denunciado por vecinos de ser un azote.

Los funcionarios relatan en su informe que cuando llegaron al lugar, observaron a un ciudadano, quien intentó escapar de la comisión policial ingresando a una vivienda, desde la cual disparó a los uniformados, en respuesta los funcionarios se enfrentaron y a los pocos minutos lograron dominar la situación, hiriendo mortalmente a Caraballo Rivero, quien falleció cuando era trasladado a un centro de salud capitalino.

393 asesinatos en manos de la PNB en 15 meses

En el período comprendido entre mayo de 2017 y julio de 2018 un total de 393 personas resultaron muertas en operaciones policiales realizadas por la PNB, lo que representa el 19,7% del total de los registros del mismo período que ascendieron a 1.992 decesos.

Del total de muertes en las que la participaron funcionarios de Polinacional, en 361 de las muertes el deceso se produjo, según la versión policial por enfrentamiento, sin embargo la versión de familiares destaca que 50,1% de esos casos las muertes se produjeron bajo la figura de la ejecución, en total se trató de 181 muertes que fueron denunciadas como casos de presuntos asesinatos perpetrados por funcionarios policiales. En 180 casos las muertes se produjeron en supuestos enfrentamientos con uniformados, en la mayoría de los casos los funcionarios eran del cuerpo táctico de la PNB.

En 15 casos las circunstancias en las que se produjo el deceso de las víctimas no había sido determinado ni por las autoridades policiales, ni por familiares de las víctimas, en 7 casos, la muerte se produjo como consecuencia de que las víctimas quedaron atrapadas en la línea de fuego. Cuatro murieron en casos de ajustes de cuentas, tres en robos. Las tres muertes restantes se corresponden a un muerto como consecuencia de la violencia política del año 2017, una riña y un caso de enfrentamiento entre bandas.