CPI archivos - Runrun

CPI

Fotografías de
Más de 100 fotografías serán presentadas este lunes en la Corte Penal Internacional para engrosar el expediente que cursa contra Nicolás Maduro por violación de DDHH y crímenes de lesa humanidad

 

La noche del sábado 7 de diciembre fueron difundidas en el diario español ElMundo.es una serie de imágenes sobre la muerte de Óscar Pérez, exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y sus seis acompañantes las cuales forman parte de las pruebas que llevaran ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.

Wilmer Azuaje, diputado en el exilio desde finales de enero, es el encargado de llevar las pruebas ante la CPI que, de acuerdo con sus declaraciones al diario español prueban que la muerte de Pérez y sus acompañantes fue “una ejecución extrajudicial”.

Todas estas fotografías forman parte de un especial del rotativo español titulado “Tiros de gracia a los siete rebeldes en la Venezuela de Maduro”, que salió este 8-D en la edición dominical.

Las imágenes, tomadas dentro de la sala de autopsias, fueron entregadas por Sondas Cortez, funcionario del Cicpc y excompañero de Pérez, quien afirmó en una grabación audiovisual, a la que tuvo acceso el medio español, que después de “evaluar” el material se percató “que existía una completa violación de los Derechos Humanos”.

Todas estas fotografías fueron entregadas al diputado Azuaje en Colombia, para que el parlamentario las llevara a las “instancias jurídicas que sean necesarias para que se haga justicia”, como ocurrirá a finales de enero de 2020.

La exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, había expresado en una entrevista con el rotativo español que el 15 de enero de 2018 “irrumpieron en la casa y dispararon ráfagas contra Pérez y los suyos”.

“Algunos presentan incluso orificio en las palmas de las mano y en los brazos; se quisieron proteger ante los disparos”, explicó Ortega y sus palabras fueron confirmadas con la publicación de las nuevas imágenes.

“Hasta en la guerra la vida de los rendidos debe ser respetada según el Derecho Internacional Humanitario”, aseguró la exfiscal.

 

 

Óscar Pérez y un grupo de funcionarios tomaron acciones contra el Ejecutivo de Maduro el 27 de junio de 2018 cuando hurtaron un helicóptero del Cicpc y sobrevolaron varias dependencias públicas como el Ministerio de Interior y Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia.

Desde entonces comenzó una persecución contra este grupo insurgente que buscaba un cambio político en el país. Varias acciones grabadas en las redes sociales evidenciaban los actos de Pérez contra el actual régimen hasta que a mediados de 2018, fueron acorralados en un chalet en el sector El Junquito, municipio Libertador, donde el expiloto del Cicpc documentó lo que estaba ocurriendo a través de videos en las redes sociales hasta momentos antes de su ejecución.

 

Con información de Panorama y TalCual

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) informó este jueves en un informe que en su examen preliminar sobre Venezuela ha incluido las protestas sucedidas en enero de este año en ese país, donde supuestamente murieron más de 30 opositores y un oficial de policía, reseñó la agencia de noticias EFE.

Asimismo, la oficina de la Fiscalía, dirigida por la jurista Fatou Bensouda, dio a conocer su informe anual sobre los exámenes preliminares abiertos en ocho países, entre los que se incluyen Colombia y Venezuela, este último abierto en febrero de 2018.

 

Según informaciones recibidas por Bensouda, entre 30 y 47 opositores fueron asesinados en las protestas sucedidas entre el 21 y el 25 de enero de este año por las fuerzas de seguridad o por civiles que actuaron en coordinación con las autoridades.

Acotó que “algunas fuentes alegaron además que miembros de las fuerzas de seguridad llevaron a cabo asesinatos selectivos de opositores durante allanamientos de casas”.
En el informe indica que entre enero y mayo de este año unas 2.000 personas fueron detenidas supuestamente en Venezuela por motivos políticos y que “la información sobre la duración de esas detenciones no estaba generalmente disponible”.

 

Bensouda dijo en el documento que espera finalizar el análisis sobre su posible jurisdicción de la situación en Venezuela a principios de 2020 y que, si decide seguir adelante el examen, pasará a la tercera y última fase, en la que se evaluaría la admisibilidad de los casos.

 

Venezuela depositó su instrumento de ratificación al Estatuto el 7 de junio de 2000. Por lo tanto, la CPI tiene jurisdicción sobre los crímenes del Estatuto de Roma cometidos en el territorio de Venezuela o por sus nacionales a partir del 1 de julio de 2002 en adelante.

Argentina entregará informe a la CPI sobre torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas en Venezuela

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS de Argentina, Germán Garavano viajará el próximo 15 de octubre a la Corte Penal Internacional (CPI), que tiene sede en La Haya, Países Bajos, para hacer entrega del informe sobre las torturas, violaciones y ejecuciones que denunciaron haber visto y sufrido decenas de venezolanos que residen en la Argentina.

Garavano tiene previsto reunirse con el fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y entregarle el informe completo, con nombres y detalles de la denuncia de unos 40 venezolanos residentes en el país.

También se remitirá a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien elaboró su propio archivo de denuncias de abusos de venezolanos acosados por el gobierno de Nicolás Maduro. 

A finales del mes de septiembre, El Clarín obtuvo parte del informe que elaboró el Ministerio de Justicia entre julio y agosto de 2019, en donde testimonios de víctimas -sin nombres para preservar las identidades- relataron casos de asesinatos torturas, encarcelaciones y privaciones graves a la libertad física, de violencia sexual, y desapariciones forzadas. También de persecución por razones políticas y en todas se demostraría el uso de la fuerza indebida, también para reprimir manifestaciones. Al menos, 29 de las más de 40 denuncias encuadran dentro de la figura de crímenes de lesa humanidad bajo el llamado Estatuto de Roma. 

Los testimonios fueron recibidos en el Centro de Orientación a Migrantes, que creó el gobierno en julio por decreto para recibir también de manera telefónica los testimonios, que según se afirma disminuyeron tras las PASO del 11 de agosto pasado, en gran parte por temor a un cambio de gobierno.

Este Centro trabajó bajo la órbita de la secretaría de Derechos Humanos, que dirige Claudio Avruj. Los testimonios fueron recibidos por profesionales y técnicos que buscaron como primera medida la extrema protección de la identidad.

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, ya confirmó que retirará a la Argentina del Grupo de Lima, una instancia central en la política de alianza de Argentina hoy con Estados Unidos, y que presiona al régimen de Maduro. Igual hay diferencias dentro del albertismo sobre cómo llevar el tema Venezuela: mientras el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se mostró en Nueva York durísimo contra Caracas, en el cristinismo hay quienes desean un vínculo de negocios y política similar al que hubo en el pasado y, lejos de condenar a Maduro, lo consideran una víctima de factores externos.  

En cuanto a los elementos que Garavano le va a entregar al museo de la Corte sobre la dictadura argentina, se trata de un fichero con réplicas de denuncias sobre violaciones a los Derechos Humanos, un ejemplar del Nunca Más -el emblemático informe sobre las violaciones a los derechos humanos en este país- y las tapas de las versiones de este libro publicadas en Israel, Brasil, Inglaterra, Alemania y España, una serie de fotos del juicio a las juntas militares y copias de su sentencia original firmada.

Cadena perpetua, por Orlando Viera-Blanco
“La presencia de las FARC-EP en nuestro país supone peligro inminente en la región. La CPI tiene el deber de castigar y prevenir estos delitos, por lo que hemos presentado a la Unidad de Informe y Evidencia de la Fiscalía, el citado Acuerdo de Cámara de nuestra AN que rechaza la presencia de grupos guerrilleros armados por libre en territorio nacional.”

 

ACOMPAÑADO DEL H.E. de Venezuela en Honduras, Claudio Sandoval, destacado Abogado y profesor en Derecho Internacional, y del Diputado y ex Embajador Walter Márquez-infatigable activista de DDHH-nos fuimos a La Haya. Márquez fue a darle seguimiento a un par de denuncias que tiene contra la Fiscal de la CPI Fatou Bensouda; complementar su denuncia sobre deportaciones forzosas y darle impulso a otra petición de investigación a Maduro por delito exterminio [la cual por cierto ha sido admitida en el marco del examen preliminar dictado por la Fiscal en fecha 8 de Febrero de 2018]. Participamos como observadores ante el Mecanismo de Supervisión Independiente que sustancia la denuncia contra la Fiscal, y presentamos ante la Unidad de Información y Evidencia de OTT (Office of The Prosecutor), el a Acuerdo de Cámara de la AN de fecha 03 de Septiembre 2019 que rechaza la presencia de las FARC y la narcoguerrilla colombiana en Venezuela

 

Adicionalmente sostuvimos encuentros con varios Embajadores en aras de sensibilizar la impostergable necesidad de hacer justicia. 

Alertar y Prevenir

El artículo 7 del Estatuto de Roma tipifica delitos de lesa humanidad. a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Diez de esos once delitos han sido manifiestamente violados por el régimen de Maduro según se desprende de los 85 párrafos del reporte de la Alta Comisionada de DDHH de las UN, Michelle Bachelet. Y esos delitos constan en más de 110 reportes e informes presentados, reporte de expertos de la OEA y denuncia de seis naciones de los Estados Partes: Argentina, Chile, Colombia, Canadá, Paraguay y Perú. 

La presencia de las FARC-EP en nuestro país supone peligro inminente en la región La CPI tiene el deber de castigar y prevenir estos delitos, por lo que hemos presentado a la Unidad de Informe y Evidencia de la Fiscalía, el citado Acuerdo de Cámara de nuestra AN que rechaza la presencia de grupos guerrilleros armados por libre en territorio nacional. 

El preámbulo del Estatuto de Roma apela a la unidad de los pueblos y  sus culturas como patrimonio común y a la “preocupación que este delicado mosaico pueda romperse en cualquier momento por causa de millones de niños, mujeres y hombres que han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad”. Reconoce el Estatuto de Roma  que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad,  por lo que siendo de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, “no deben quedar sin castigo, debiendo [la CPI] poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes”.

Nuestro informe de contextualización ante la CPI evidencia la grave situación que significa para Venezuela y Colombia, la presencia activa y cooperación confesa del régimen venezolano con las FARC, esto es, la servidumbre de libre tránsito de la narcoguerrilla por territorio Venezolano.

 

Justicia universal como factor de quiebre y solución

Algunos piensan que órganos como la CPI, ONU, OEA son una suerte de teatro de operadores diplomáticos sin potestad real de actuar y producir soluciones, donde los principios de no intervención, no injerencia y autodeterminación de los pueblos, son camisas de fuerza para prevenir y reprimir efectivamente a regímenes autoritarios, cómplices de organizaciones criminales.

Pero en un mundo globalizado no sólo en lo económico sino también en la valoración, tutela y defensa de los DDHH, los derechos fundamentales del hombre y los delitos contra la humanidad, la voluntad política de las naciones también encuentra articulación y mecanismos coercitivos, que debemos impulsar. Esta lucha no podemos darla desde feudos o bloques grupales o normativas. Todos los venezolanos conocedores de la Justicia Penal Internacional, diplomáticos en funciones de seguimiento y control de procedimientos y jefes de Estados, deben hacer causa común en esta causa. Urge unidad de propósitos y esfuerzos en este importantísimo campo de la justicia penal global que no albergo duda es un factor fundamental para lograr una salida forzosa institucional en Venezuela.

Venezuela no puede seguir sometida perpetuidad. El autoritarismo se vence de tres formas. Con desarrollo sostenible, las armas o la justicia. Por lo pronto no hay modelo sustentable aplicable. Tampoco tenemos armas. Nos queda sólo la justicia. En La Haya [justicia]… está la salida.     

 

@ovierablanco 

Embajadores de Guaidó entregan denuncia ante la CPI

ESTE MIÉRCOLES, LOS REPRESENTANTES DIPLOMÁTICOS de Venezuela en Canadá y Honduras; Orlando Viera-Blanco y Claudio Sandoval, introdujeron ante la Corte Penal Internacional (CPI) un acuerdo que rechaza la presencia de grupos terroristas en Venezuela.

El documento fue aprobado por la Asamblea Nacional (AN), el pasado martes, para rechazar la presencia de grupos terroristas de las FARC, ELN, Hamas, Hezbollah e Isis.

“¿Cuánto más debe esperar nuestro país, cuánto sufrimiento y devastación debe acumular nuestro pueblo, para que se haga justicia? Para colmo, a los ojos del mundo en días pasados, disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) comunicaron la decisión de alzarse en armas contra el Poder Constituido en la hermana República de Colombia, operando con la complicidad del régimen de Caracas, lo cual se desprende de la realización de la Reunión del Foro de São Paulo, celebrada en Julio pasado en Caracas”, dijo Viera-Blanco.

Sandoval expresó que “este llamado a la CPI es en el contexto de documentar actividades criminales que se facilitan en territorio venezolano, entorpeciendo los acuerdos de paz que se han suscrito en la hermana república de Colombia.”

Los diplomáticos venezolanos también informaron que sostuvieron una reunión con los Embajadores de Canadá y Ecuador, donde solicitaron muy especialmente que Ecuador se adhiera a la denuncia interpuesta por Argentina, Colombia, Chile, Perú, Paraguay y Canadá.

 

Walter Márquez: Fiscal de la CPI debería ser inhabilitada

EL EXDIPUTADO WALTER MÁRQUEZ  dijo este martes a Efe que la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, “está inhabilitada moralmente y debería ser inhabilitada jurídicamente” para investigar las denuncias que llegan al tribunal contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Márquez, antiguo miembro de la Asamblea Nacional (AN), estuvo más de una hora reunido con el Mecanismo de Supervisión Independiente de la CPI en La Haya para interesarse sobre las dos quejas que ha interpuesto contra Bensouda, la primera de las cuales ya ha sido admitida a trámite.

«Los objetivos son dos. Uno, que se aparte a Bensouda por ser corresponsable de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela por omisión y, dos, que se enjuicie a Maduro por ser el responsable directo personal como jefe de Estado, como jefe de gobierno y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas», explicó.

El ex diputado acusa a la fiscal de negligencia e incumplimiento grave de sus funciones por no abrir una investigación contra el régimen de Venezuela, a pesar de que «se han formalizado más de 110 denuncias», aseguró.

Si Bensouda no se aparta de forma voluntaria de su cargo, el ex diputado iniciará un proceso de recusación contra ella porque «no es garantía de transparencia para Venezuela en la búsqueda de justicia frente a los crímenes de lesa humanidad de Nicolás Maduro», indicó.

Márquez presentará esta semana la ampliación de una denuncia que presentó contra el régimen de Venezuela por las supuestas deportaciones forzosas de 22.000 colombianos en la frontera, ocurridas en 2015.

 

*Con información de EFE

Representantes de Guaidó evalúan más acciones ante la CPI

José Ignacio Hernández, Procurador General nombrado por el presidente encargado, Juan Guaidó, se reunió con el representante diplomático de Venezuela en Canadá, Orlando Viera-Blanco para evaluar nuevas acciones y presentarlas ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Desde 2018 la fiscalía de la CPI aceptó denuncias sobre presuntas violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Actualmente está en curso una investigación preliminar y además seis países de la región apoyaron una solicitud de investigación y enjuiciamiento en contra de Maduro por violar Derechos Humanos.

Igualmente los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron enviar el informe de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en el que hace una radiografía de la situación actual de la situación económica, política y social de Venezuela. Esto para que sea tomado en cuenta en la investigación de la CPI.

La reunión se llevó a cabo en la Escuela de Gobierno de John F. Kennedy en la Universidad de Harvard, donde también discutieron sobre las nuevas medidas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ordenó un congelamiento de todos los bienes e intereses del Gobierno de Venezuela en territorio estadounidense.

Sobre esto el Procurador señaló que estas nuevas sanciones no son un embargo en contra de los venezolanos, “sino una prohibición de intercambio comercial y financiero contra el régimen de Maduro, que impide pueda disponer de los bienes de la nación, endeudar más a Venezuela y asegurar que no se ejecuten medidas de apropiación en suelo americano de nuestros assets”.

Igualmente el representante diplomático de Canadá agregó que el régimen de Maduro “pronto terminará de derrumbarse.  La certeza administrativa y jurídica con la que ha actuado Estados Unidos y la determinación de nuestro procurador general,  han blindado nuestros bienes en el exterior, enviando un mensaje demoledor. Quien siga haciendo negocios con Maduro quedará fuera del orden económico internacional”.

Sanciones que preocupan

Sin embargo la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet alertó que esta nueva Orden Ejecutiva puede afectar en la crisis económica venezolana. 

A través de un comunicado, Bachelet expresó su preocupación por el impacto severo que pueden tener  en los derechos humanos de las personas en Venezuela el nuevo conjunto de sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos esta semana”.

“Estas sanciones son extremadamente amplias y no contienen las medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más vulnerables”, señaló Bachelet.

La expresidenta de Chile subrayó que estas sanciones incluyen excepciones para transacciones relativas a algunos alimentos, ropa y medicinas.

“Sin embargo, es posible que aun así lleguen a exacerbar la crisis en la que viven millones de personas venezolanas”, afirmó la Alta Comisionada para los derechos humanos.

Foto: Presidenciave.com

Con información de Presidenciave 

Los Runrunes de Bocaranda de hoy 19.07.2019: MEDIO: Hay sanciones irreversibles
MEDIO
HAY SANCIONES IRREVERSIBLES: 

 

El ministro de Asuntos Exteriores de España en funciones, Josep Borrell, ha pedido -en reiteradas declaraciones por estos días- que “los esfuerzos para el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición en Oslo sean una “prioridad”, al tiempo que ha avisado de que esto no significa que se cree un “escudo contra sanciones” para quienes ejercen la violencia y represión, como los autores de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, fallecido cuando estaba bajo custodia de las autoridades de Venezuela”. Por algo lo asomó. Rumores llegados desde Barbados indicaban que uno de los puntos de tranca era precisamente la petición de levantar sanciones individuales a personeros harto comprobada su participación en crímenes de lesa humanidad. La alerta de Borrell iba en esa dirección, mas aún cuando horas antes la Unión Europea respaldaba en forma unánime el Informe de la Alta Comisionada de los DD.HH. de la ONU sobre la crisis humanitaria y las violaciones ordenadas por la línea de mando -desde Maduro personalmente hasta los policías del FAES pasando por la DGCIM, la DISIP y todos los componentes. Para la guinda del postre -rojo rojito- a Maduro no se le ocurrió otra brillante idea -aunque sí la mas provocadora que esta: “¡Todo el apoyo para el FAES en su labor diaria de darle seguridad al pueblo de Venezuela! ¡Qué viva el Faes!”, exclamó. Con esta declaración desafía lo señalado en el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien denunció los allanamientos ilegales cometidos por la FAES en los barrios populares, y mas de 242 ejecuciones extrajudiciales en 2018 y 37 en enero de 2019, por lo que solicitó la disolución del cuerpo policial calificado por testimonios como un “grupo de exterminio”. ¿Cuchillo para su mismo cuello en la CPI?. No entendemos…

 
PIEDRA EN OJO AJENO: 

Reproduzco nos segmentos del informe que el colega Juan Carlos Zapata publicó en su portal “www.KonZapata.com” en referencia a la catastrófica crisis que vive Venezuela: “El régimen de Maduro no escucha. Ni siquiera a los expertos rusos. Ni a Putin. Los expertos rusos dicen que el derrumbe de la Unión Soviética no se produjo como consecuencia de sanciones internacionales sino como consecuencia de malas políticas económicas. Maduro y todos los voceros del régimen le achacan a las sanciones la crisis devastadora que sufre Venezuela. Hacen caso omiso al informe Bachelet que señala que la crisis comenzó antes de las sanciones. No oyeron al exministro Jorge Giordani que advirtió en 2013 que luego del extraordinario gasto –al extremo- para elegir al moribundo Hugo Chávez en 2012, había que redimensionar la estrategia para no seguir presionando al máximo las variables económicas. A Giordani lo botaron. No escucharon al expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, cuando planteó en 2015 un plan de ajuste lo purgaron. Sirva estos dos ejemplos como referente de que la advertencia estaba adentro, en el propio chavismo. Las alertas externas sobran, alertas que provenían del BID, el FMI, el Banco Mundial, Fedecámaras, Conindustria y de firmas especializadas. Pero no oyeron. Ramírez ha escrito que el grupo en el poder fracasó por “corrupto, incapaz y ambicioso” (el expresidente de PDVSA por 10 años “dixit”).Un grupo que no ha construido nada, que no ha colocado ni siquiera un ladrillo, no podía manejar un país. Pero Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y todos insisten en hablar de las sanciones. La culpa es de la guerra económica, primero. Ahora son las sanciones.  “La Unión Soviética colapsó no por sanciones extranjeras”. Esto lo dijo Anton Siluánov, primer vicepresidente del gobierno de Rusia y ministro de Finanzas. “La URSS colapsó debido a una “política económica y financiera irresponsable” que el liderazgo del país persiguió en los últimos años de su existencia”. Esto se lee en diario Sputnik, que recoge las declaraciones del ministro dichas en otro medio ruso. ¿Lo sabe Maduro?. Estas palabras deben ser leídas por Maduro, por Cabello, por los ministros de la Economía, que insisten en el tema de las sanciones, y de allí no los saca nadie. Por el contrario, ya parecen estar preparándose para un periodo especial como el que padeció Cuba luego del colapso de la Unión Soviética. Según Cabello, en Cuba la gente resistió gracias a la conciencia revolucionaria y socialista. En Venezuela pasará lo mismo”.  Zapata amplía la data histórica: “Las restricciones externas que se impusieron a la Unión Soviética no desempeñaron  ningún papel”, dijo Suliánov. Paradójicamente, “la URSS colapsó cuando las principales barreras económicas y las sanciones comenzaron a levantarse, durante el período de la perestroika”. Por si fuera poco la directora del FMI, Christine Lagarde, ilustró la situación con esta frase: Venezuela es la historia más triste del continente. Lo dijo hace un año, y hace un mes el Banco Central de Venezuela publicó índices y cifras económicas –índices y cifras oficiales- que confirman el desastre. El mayor desastre de la región. Que por dimensión, equivale a lo dicho por Putin tras el colapso comunista: “la caída de la Unión Soviética es la peor catástrofe geopolítica de la historia”. Más de 25 millones de soviéticos tuvieron que abandonar el país. Hay una línea paralela con Venezuela. El éxodo. Más de 5 millones de venezolanos han huido del país”. Fin de las citas. Con solo leer el informe de la expresidenta chilena Michelle Bachelet tendrían para comenzar a enmendar la plana. A estas alturas del partido será muy difícil para muchos salvar el pellejo de las criminales responsabilidades.

 

OIT: 

La Organización Internacional del Trabajo por fin pudo enviar una delegación a Venezuela para investigar las denuncias de empresarios, patronos, empleados y obreros contra los regímenes de Chávez y Maduro. Las presiones internacionales dieron sus frutos y es así como hay una delegación “in situ” conversando con todos los actores de la crisis. El informe será presentado ante la OIT en noviembre. El solo hecho de que hayan podido constatar en varias regiones el deterioro, cierre y eliminación de puestos de trabajo será decisivo en el resultado del informe.