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Corte Suprema de Justicia

Tribunal de Apelación de Cabo Verde acepta extraditar a Alex Saab a EEUU
Los abogados de Alex Saab apelarán esta decisión ante la Corte Suprema de Justicia 

El Tribunal de Apelación de Cabo Verde en Barlavento, aprobó la extradición del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos.

La información la dio a conocer el equipo legal de Saab a la agencia de noticias EFE, y además aseguraron en un comunicado que la decisión supone un «desafío directo» a la orden del tribunal Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) del pasado 2 de diciembre, que ordenó a Cabo Verde poner bajo arresto domiciliario a Saab.  

Una fuente del equipo de defensa de Saab informó entonces a EFE que el Tribunal, con sede en Abuya y del que es miembro Cabo Verde, falló a favor de que se termine con el actual régimen de encarcelamiento del empresario colombiano.

En opinión del equipo legal del detenido, la decisión del Tribunal de Apelación «no es de extrañar y no hace sino continuar (una) deplorable serie de decisiones en las que los tribunales caboverdianos se han negado a abordar sistemáticamente los argumentos presentados por la defensa» de Saab.

Otra apelación 

La defensa de Alex Saab indicó que apelarán esta decisión ante la Corte Suprema de Justicia e impugnarán «de la manera más enérgica posible».

«Es nuestra intención señalar lo que supone un grave desprecio por parte del Tribunal de Apelación de Cabo Verde al Honorable Tribunal Regional de la Cedeao», agregaron.

Saab fue detenido el pasado 12 de junio, cuando el avión en el que viajaba hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, tras una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por supuesto blanqueo de dinero.

Tras la medida del Tribunal de Apelación, el abogado local principal de Saab, José Manuel Pinto Monteiro, dijo que «un número significativo de los argumentos» que ha planteado la defensa «han sido aceptados hoy por un Tribunal del Reino Unido en su sentencia de negarse a extraditar a Julian Assange a los Estados Unidos».

«Sin embargo, esos mismos argumentos han caído en oídos sordos en Barlavento. Además, la negativa ciega a reconocer la inmunidad e inviolabilidad de Alex Saab frente al derecho internacional consuetudinario establecido desde hace mucho tiempo tendrá repercusiones a largo plazo para Cabo Verde», aseguró.

Saab en la mira

El colombiano mantuvo siempre bajo perfil hasta que apareció en la prensa, cuando la fiscal en el exilio, Luisa Ortega lo acusó, en 2017, de ser uno de los testaferros de Nicolás Maduro.

El empresario, nacido en Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobrecostes alimentos para un programa de ayudas alimenticias del Gobierno de Maduro, conocido como CLAP.

Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con «cientos de millones de dólares».

Estados Unidos también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares (unos 296 millones de euros) supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela. 

Con información de La Vanguardia

Corte Suprema de Colombia ordenó arresto domiciliario para Álvaro Uribe
El día lunes Uribe publicó un comunicado anticipándose a la decisión que tomó la Corte Suprema

Foto: Reuters

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó este martes 4 de agosto el arresto domiciliario del expresidente de ese país, Álvaro Uribe.

De acuerdo con la reseña de BBC Mundo, Uribe es acusado de manipular testigos en un caso que se remonta a una discusión parlamentaria en 2014.

En aquel encuentro el senador izquierdista Iván Cepeda acusó al hermano del expresidente Santiago Uribe de ser partícipe de la creación de movimientos antisubversivos en los años 90.

Se trata de la primera vez que un expresidente colombiano comparece ante la Corte Suprema y es detenido después.

Sin embargo, el día lunes Uribe publicó un comunicado anticipándose a la decisión que tomó la Corte Suprema. El político colombiano, expresó:

«Los delincuentes que arrasaron la paz nacional y llenaron de lágrimas nuestros hogares, sentados en el congreso, y el hombre que rescató la nación y sacó a Colombia de la oscuridad, pagando un precio insólito por vencerlos».

También, el expresidente se pronunció en Twitter respecto a la decisión, señalando que le causa «profunda tristeza» por su familia y por los «colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria».

Acusaciones contra Uribe

En septiembre de 2014, el senador Iván Cepeda acusó a Uribe de tener nexos con paramilitares y narcotraficantes a través de los testimonios de varios exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Al respecto, testimonios aseguraron que Uribe y su hermano Santiago fundaron el Bloque Metro, una rama del movimiento paramilitar que enfrentó a las guerrillas de manera feroz.

En el caso de Santiago, este permanece detenido desde el año 2016 y lo acusan de crear otro grupo paramilitar, los Doce Apóstoles.

Tras el arresto de su hermano, Uribe pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigara al senador izquierdista por supuestamente sobornar y manipular a los testigos.

Sin embargo, la corte no solo absolvió a Cepeda, sino que incluyó a Uribe en su investigación por los supuestos delitos de soborno y fraude procesal.

Santos atenderá citación de Corte Suprema por caso Odebrecht

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El ministro colombiano del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que el presidente Juan Manuel Santos y varios miembros de su gabinete atenderán la citación de la Corte Suprema de Justicia para declarar en la investigación premiliminar contra el senador Bernardo Elías por el escándalo de Odebrecht.

“El Gobierno atenderá los requerimientos de la justicia”, dijo Rivera a periodistas y agregó que “este ha sido un Gobierno que se ha caracterizado por ser respetuoso de la administración de justicia y como en todos los casos está presto a dar respuesta a lo que la justicia requiera”.

Una fuente de la corporación dijo a Efe que Santos y otros ministros de su despacho “son llamados a declarar como testigos dentro del proceso” contra el político del departamento caribeño de Córdoba, capturado ayer en Bogotá por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Brasil: Corte Suprema de Justicia le quitó la competencia al juez anticorrupción Sergio Moro en la causa de Lula da Silva

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RÍO DE JANEIRO (AP) — La Corte Suprema de Justicia de Brasil le concedió una victoria al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva el jueves cuando decidió no devolverle a un juez una investigación por corrupción en contra del mandatario. Lula había acusado al juez de parcialidad por enfocarse en su contra injustamente.

En una decisión de ocho votos a favor y dos en contra, la Corte, el más alto tribunal de justicia del país le quitó la competencia del caso Lula al juez Sergio Moro, que lidera una investigación de un entramado de corrupción de sobornos a cambio de contratos en la estatal petrolera Petrobras.

Moro, un juez de la provincia de Curitiba, se ha vuelto en una figura importante del aparato judicial brasileño en los últimos dos años mientras adelantaba la investigación en la que han sido involucrados acaudalados hombres de negocios y prominentes figuras del espectro político brasileño.

Moro fue acusado de no actuar imparcialmente a principios del mes cuando ordenó detener temporalmente y conducir a Silva para que se le tomara una declaración en un interrogatorio como parte de la investigación de Petrobras.

Los partidarios de Silva dicen que Moro está adelantando una campaña en contra del líder del Partido de los Trabajadores y temían que el juez detuviera a Silva indefinidamente, una decisión que se cree que es poco probable que la Corte Suprema tome, al menos en el corto plazo.

La plenaria de la Corte no ha estudiado varios recursos de apelación sobre unas órdenes que suspendieron el nombramiento de Lula como jefe de gabinete del gobierno de su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, lo que le daría una mayor protección legal frente a este tipo de investigaciones.

Según la ley brasileña, sólo la Corte Suprema puede autorizar una investigación penal en contra de un ministro del gabinete o de un congresista y sólo dicho tribunal puede ordenar su detención.

El nombramiento de Lula ha estado en el limbo durante las últimas semanas a la espera de que la Corte Suprema decida sobre los recursos de apelación. Lula, que fue presidente de Brasil de 2003 a 2010, ha negado haber cometido ilegalidad alguna.

Entretanto, miles de manifestantes se reunieron en ciudades de cinco estados de Brasil para apoyar a Lula y a Rousseff, sobre quien pende la amenaza de que se le adelante un juicio político en el Congreso por presuntamente violar normas fiscales.

Los manifestantes se vistieron de rojo, el color que es símbolo del izquierdista Partido de los Trabajadores, o PT, al momento de reunirse en Brasilia, la capital del país, en el centro financiero de Sao Paulo y en otras urbes cariocas.

Los chances de que Rousseff sobreviva un juicio político en el Congreso han disminuido notablemente luego que el partido político más grande de Brasil, el partido Movimiento Democrático, o PMDB, se retirara del gobierno. Esa decisión también ha creado confusión acerca de la permanencia de algunos ministros en el gabinete oficialista.

Líderes del PMDB dijeron el martes que todos los ministros de su partido así como cientos de empleados federales debían renunciar de manera inmediata a sus cargos.

Pero la ministra de agricultura, Katia Abreu, dijo en Twitter tarde el miércoles que no tenía planes de dejar el cargo o salirse del partido. Su tuit sugiere que otros cinco miembros del PMDB tienen la misma posición.

Abreu es una aliada cercana y confidente de Rousseff. No está claro cómo el PMDB responderá al desafío de la ministra.

En la noche del miércoles, la oficina de la presidenta Dilma Rousseff dijo que el ministro de Deportes presentó renuncia a su cargo cuatro meses antes de que se celebren las Olimpiadas de Río de Janeiro. Pero es poco probable que su salida afecte los preparativos del certamen olímpico que se celebrara del cinco al 21 de agosto.

El anuncio puso fin a semanas de conjeturas sobre el destino de Hilton. El funcionario renunció a su partido político luego de que la agrupación rompiera con la frágil coalición de gobierno que lidera Rousseff, en lo que fue interpretado como una apuesta para mantenerse en el cargo. Pero un alto asesor de Rousseff dijo la semana pasada que Hilton renunciaría, aunque el ministro declinó confirmar la dimisión en su momento.

La prensa brasileña ha dicho que Rousseff estaba planeando ofrecer los ministerios que quedaran vacantes a miembros de seis partidos políticos que siguen en la coalición de gobierno para conseguir su apoyo político en la votación que se avecina y que decidirá si se abre un juicio político en su contra.

El juicio político tiene origen en una serie de acusaciones de que Rousseff presuntamente habría violado normas fiscales. La mandataria necesita 172 de 513 votos en la Cámara Baja para evitar que el juicio prospere.

Pero la deserción del PMDB, que ha sido clave de la coalición de gobierno desde que la democracia retornó a Brasil en 1985, aparentemente hará más difícil la labor de Rousseff de evitar el juicio político así como mantenerse en el cargo.

La aprobación de Rousseff se ha desplomado en medio de una la peor recesión que ha afrontado el país en décadas, con un aumento del desempleo y un brote del virus del zika que ha sido señalado como responsable de una serie de nacimientos de bebés con microcefalia.

 

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Corte Suprema de EE.UU. legaliza el matrimonio homosexual en todo el país

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Photo via Facebook de la Casa Blanca

 

El presidente Barack Obama dijo que «Estados Unidos debe sentirse muy orgulloso» tras el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de los matrimonios entre parejas del mismo sexo.

Según el fallo de este viernes, las bodas gay son legales a nivel nacional y ningún estado las puede prohibir,  lo que es considerado una victoria legal para la comunidad lesbiana, gay y transgénero (LGBT), así como para activistas que han luchado por años por este reconocimiento legal.

«Esta decisión es una victoria para los demandantes… para las parejas… para sus hijos… para sus amigos y quienes les apoyan… Es una victoria para Estados Unidos», dijo el presidente.

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Suprema consideró que la Constitución garantiza el debido proceso y protecciones igualitarias bajo la ley lo que significa que las bodas gay son legales en todos los 50 estados de la nación americana.

El juez Anthony Kennedy, en nombre de la mayoría, escribió que la esperanza de las personas gays, que tienen la intención de casarse «no es ser condenado a vivir en soledad, excluidos de una de las instituciones más antiguas del mundo civilizado. Ellos piden igualdad en su dignidad bajo los ojos de la ley. La Constitución les garantiza a ellos esos derechos».

El presidente Barack Obama a través de su cuenta de Twitter aplaudió la decisión de la Corte Suprema y escribió: «Hoy se ha dado un gran paso en nuestro camino a la igualdad. Las parejas de gays y lesbianas ahora tienen el derecho a casarse como cualquier otra persona más».

 

Se trata de la segunda victoria legal en fila para el presidente Obama en dos de los temas más importantes para el país y para su agenda. Ayer, la Corte validó la ley de cuidado de la salud que queda firmemente establecida, tal como lo deseaba el presidente.

Guatemala: Otto Pérez Molina niega haber pedido protección

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El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina negó haber solicitado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad con el cual se busca revertir la decisión de la Corte Suprema de Justicia de iniciar un trámite para el retiro de su inmunidad como mandatario.

En conferencia de prensa, Jorge Ortega, vocero presidencial, dijo que el mandatario no conoce al abogado Edgar José Elías Corominal, quien hizo la solicitud en nombre de Pérez Molina, y que el presidente no ha solicitado nada.

El documento, al que tuvo acceso The Associated Press, está firmado por Elías Corominal, supuestamente a petición del presidente, y en él se establece que Pérez Molina asegura que la acción de la Corte Suprema de tramitar la solicitud para retirarle la inmunidad se habría hecho sin un «profundo y verdadero análisis jurídico».

«El recurso que fue presentado ante la Corte de Constitucionalidad, el Ejecutivo no tiene nada que ver en esa situación; está siendo usado el nombre del señor presidente», dijo Ortega, y aclaró que el viernes personal de la secretaria general de la presidencia se presentará ante el Ministerio Publico para que se hagan las investigaciones pertinentes. La Corte de Constitucionalidad inició el trámite del amparo solicitado.

Pérez Molina dijo el jueves que no tiene ninguna responsabilidad en las acusaciones en su contra por denuncias de corrupción que han dado pie a que se tramite el retiro de su inmunidad como mandatario, y afirmó que queda a la espera del debido proceso.

«No tengo ninguna responsabilidad; me puedo sentir tranquilo que no he cometido ningún hecho delictivo en relación a estas situaciones», afirmó en conferencia de prensa sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia, tomada la víspera, en la que dio trámite y envió al Congreso de la República una solicitud que analiza si le retiran o no la inmunidad para ser investigado.

 

Otto Perez Molina

 

La Corte basó su decisión en la denuncia presentada por el diputado de izquierda Amílcar Pop, que acusa al mandatario de estar vinculado con dos escándalos de corrupción: el primero por la defraudación aduanera por millones de dólares al fisco guatemalteco, de la cual no se ha suministrado el monto, y el segundo por un fraude al Seguro Social por 15 millones de dólares.

En un país de más de 14 millones de habitantes que luchan con problemas sociales crónicos, tales como una tasa de homicidios de 34 por cada 100.000 habitantes, violencia rampante de pandillas, pobreza generalizada y desnutrición infantil, ver a los servidores públicos enriquecerse tan descaradamente fue un punto de inflexión, dijo Adriana Beltrán, analista de seguridad de la Oficina de Washington para América Latina, una organización con sede en Estados Unidos que promueve los derechos humanos en la región.

«Creo que (los escándalos) finalmente demostraron a la población cómo estas redes de la corrupción y el crimen organizado realmente afectan su vida diaria», dijo Beltrán. «Para que ellos dijeran que ‘pagamos impuestos y el Estado no es capaz de proveer los servicios básicos porque están malversando o robando’, creo que con el tiempo esa fue la gota que desbordó el vaso».

Pérez Molina dijo que no existía ninguna línea jerárquica entre las decisiones que tomaron directivos de la Superintendencia de Administración Tributaria y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, instituciones en las que se habrían cometido los hechos de corrupción.

En ambos casos funcionarios de alto nivel y de confianza de Pérez Molina han sido detenidos, como el presidente del Seguro Social, Juan de Dios Rodríguez, ex secretario de Pérez Molina, y Omar Franco, ex superintendente de Administración Tributaria.

 

Protestas por escándalos para presionar al presidente

 

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Cada sábado durante casi dos meses, la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional de la Ciudad de Guatemala se ha desbordado con miles de manifestantes que demandan el fin de la corrupción y la renuncia del presidente Otto Pérez Molina.

La mayoría son jóvenes de clase media, de la generación de los teléfonos celulares, y organizan las manifestaciones sin líderes a través de las redes sociales. Pero en estas marchas también se puede ver a sacerdotes o monjas hombro con hombro con empresarios, y a estudiantes junto a amas de casa, en lo que los analistas llaman ya una movilización de masas sin precedentes que incluso ha cruzado las líneas socioeconómicas, políticas y de clase.

«Es una expresión de frustración acumulada… que finalmente encontró una forma de expresarse públicamente y de forma masiva», dijo Eduardo Stein, exvicepresidente de Guatemala y ex ministro de Relaciones Exteriores. «Hubo gente de muchos sectores de la sociedad hartos de la corrupción».

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A Guatemala no le son ajenas las protestas. Las marchas indígenas y campesinas suelen ocurrir comúnmente. El movimiento anticorrupción es único para constituir y mantener las manifestaciones en la capital por una multitud diversa, en su mayoría bien educada, que se basa en las redes sociales y los dispositivos móviles.

No hay escenarios, sistemas de audio ni políticos que pronuncien discursos en las marchas. En lugar de ello, los manifestantes levantan los puños, cantan el himno nacional y portan banderas nacionales y carteles que critican a la élite política con gritos de «¡Basta ya!».

«Pocas personas pensaban que la sociedad guatemalteca reaccionaría como lo hizo», dijo Pedro Cruz, quien ha participado en varias marchas. «Las protestas son como una primavera democrática donde las personas han salido a las calles para exigir muchas cosas. He visto a la gente despertar».

Las protestas también están dirigidas contra el principal candidato presidencial Manuel Baldizón, quien perdió hace cuatro años contra Pérez Molina y tiene el lema de campaña «Ahora le toca a Baldizón». Las últimas cinco elecciones presidenciales de Guatemala fueron ganadas por quien quedó en segundo lugar de la contienda anterior.

«¡Baldizón, no te toca!», gritan los manifestantes en las protestas.

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Corte Suprema guatemalteca evalúa retiro de inmunidad a Otto Pérez Molina

OttoPérezMolina

 

GUATEMALA (AP) — La Corte Suprema de Justicia dio trámite el miércoles a una solicitud que busca que el Congreso le retire la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina por denuncias de corrupción.

La Corte basó su decisión en la denuncia presentada por el diputado de izquierda Amílcar Pop, que acusa al mandatario de estar vinculado con dos escándalos de corrupción: el primero por la defraudación aduanera por millones de dólares al fisco guatemalteco, de la cual no se ha suministrado el monto, y el segundo por un fraude al seguro social por 15 millones de dólares.

El presidente de la Corte Suprema, Josue Baquiax, dijo en rueda de prensa que la resolución fue unánime y será enviada inmediatamente al Congreso, que deberá elegir una comisión de cinco diputados para investigar la denuncia. En base a la decisión de la comisión, que tiene un plazo máximo de 60 días para entregar el informe, el Congreso decidirá si retira o no la inmunidad al mandatario.

Baquiax dijo que «la decisión se basó en los argumentos del denunciante».

La denuncia de Pop se basa en los casos investigados por las autoridades y por escuchas telefónicas aportadas al caso. En una llamada telefónica grabada se escucha cuando los involucrados en el caso hablan sobre que «El presidente ordenó el cambio de la forma de operar porque ya estaba en curso la investigación (de las autoridades)», dice la denuncia.

«El presidente debe someterse a un juicio penal por lo vínculos y por la posibilidad de que haya cometido varios delitos», dijo Pop.

Para el congresista, iniciar un proceso que podría terminar con el presidente de Guatemala sentado en el banquillo, una decisión sin precedentes desde la instauración de la democracia en 1985, hubiera sido impensable sin la presión de los ciudadanos. En las últimas semanas, miles de personas han salido a las calles para exigir la renuncia de Otto Pérez, una presión que ya le costó el cargo a la exvicepresidenta, Roxana Baldetti. “El descontento popular ha sido determinante”, subrayó.

La demanda de Pop contempla varios delitos que el presidente habría cometido durante su gestión. “El primero, el incumplimiento de deberes, a los que se añaden el encubrimiento propio y la asociación ilícita. Encubrimiento a partir de hechos notorios, como tratar de proteger a la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti y al exsecretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, que permitieron su fuga”.

“Hay indicios suficiente y racionales para afirmar que el presidente cometió cuatro delitos. Entre ellos, el enriquecimiento ilícito. Ahora es responsabilidad del Ministerio Público (Fiscalía) demostrar la existencia de tales delitos y de un juez dictar una sentencia de culpabilidad o inocencia”, añadió.

Con respecto a la posibilidad de que el Legislativo retire la inmunidad al presidente, Amílcar Pop se mostró optimista. “No creo que haya algún diputado que se atreva a contradecir la verdad tan evidente: este Gobierno y sus funcionarios crearon una estructura criminal que ha saqueado los recursos del Estado”, concluyó.

El expresidente Vinicio Cerezo, el primero de la era democrática del país, dijo a la AP que el proceso «es absolutamente histórico, porque Guatemala ha sido un país con una cultura de violencia, de cambios violentos de los sistemas democráticos, pero lo que está pasando en este momento definitivamente indica de que la democracia está operando en Guatemala».

La fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, desarticuló el 16 de abril una red de funcionarios y particulares que desfalcó al fisco guatemalteco. Según las autoridades la red era liderada por Juan Carlos Monzón Rojas, entonces secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Monzón Rojas, actualmente está prófugo de la justicia.

La vicepresidenta tuvo que renunciar del cargo el pasado 8 de mayo, luego de que también se diera trámite a un antejuicio en su contra por su vinculación en la defraudación.

La fiscalía ha allanado inmuebles, inmovilizado cuentas bancarias y prohibido la salida del país de Baldetti por estos hechos. La ex vicepresidenta ha negado su vinculación.

 

* Con información de The Associated Press y El País

Corte Suprema panameña abre caso contra Martinelli por 'pinchazos'

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá abrió el lunes una nueva investigación contra el ex presidente Ricardo Martinelli, por su supuesta vinculación con un controvertido caso de escuchas telefónicas a decenas de personalidades políticas, empresariales y religiosas que se dieron durante  su gobierno (2009-2014).

Por este caso están presos los ex jefes de seguridad del Gobierno de Martinelli (2009-2014), uno de los cuáles es consuegro del ex mandatario, a quien la CSJ también investiga por supuesta malversación de fondos en un plan de alimentos escolares por 45 millones de dólares.

«(El pleno abrió la causa) por los presuntos delitos de inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, peculado, abuso de autoridad y contra la seguridad informática y asociación ilícita», dijo la institución en un comunicado.

Como querellantes fueron admitidos los políticos Mitchell Doens, Bernabé Pérez, Javier Ujuleta, Balbina Herrera, Juan Carlos Navarro y Mauro Zúñiga; el diputado José Luis Varela –hermano del presidente de la República, Juan Carlos Varela-; el abogado Rosendo Rivera Botello –que en el pasado representó a Martinelli-; el catedrático Miguel Antonio Bernal, y el periodista Rubén Polanco, del diario La Prensa. Cada uno de ellos querelló individualmente a Martinelli. El pleno extraordinario de hoy fue convocado precisamente para decidir qué hacer con las 10 querellas.

Las causas judiciales abiertas a Martinelli deben ser dirimidas en la CSJ, dada su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), que asumió el 1 de julio de 2014, al día siguiente del término de su mandato presidencial.

El Ministerio Público probó que se interceptaron las comunicaciones de unas 150 personas, entre empresarios, periodistas, dirigentes de la sociedad civil y políticos opositores al gobierno de Martinelli.

La máquina pinchadora, adquiridad por $13.4 millones a una empresa israelí con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN), está actualmente desaparecida. El actual director del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, presentó una denuncia al respecto.

Martinelli, quien se encuentra fuera del país desde enero, ha denunciado ser víctima de una venganza política dirigida por el actual presidente y antiguo compañero de fórmula electoral, Juan Carlos Varela.

La demanda fue admitida con 10 querellas particulares de los 150 individuos que según la Fiscalía fueron espiados, incluidos líderes opositores, empresarios, aliados políticos, periodistas y hasta al arzobispo de Panamá.

Durante el gobierno del magnate de los supermercados, el país centroamericano vivió un boom económico con tasas de crecimiento de doble dígito; pero también dejó una estela de casos de corrupción que han implicado a varios magistrados de la corte suprema, ex ministros y empresarios.

 

* Con información de Reuters y La Prensa